Denuncias ante el Instituto de Salud Pública contra la Facultad de Medicina (rol 3074-15), Facultad de Derecho (rol 3827-15) y Facultad de Cs. Químicas y Farmacéuticas (rol 4129-15) de la Universidad de Chile y demás personas involucradas por promoción de uso ilegal de Misoprostol con fines abortivos. El pasado 22 de julio fuimos notificados de la resolución exenta N° 2278 del ISP en donde se rechazó las solicitudes de instrucción de sumario sanitario, lo que significa que la autoridad sanitaria, sencillamente, no investigará a los denunciados por existir una especie de inmunidad de éstos al ampararse en su ‘autonomía académica’ y ‘libertad de cátedra’, declarando que “la Universidad de Chile, en el ejercicio de sus funciones, y haciendo uso de sus facultades, ha destinado un espacio físico al desarrollo de un taller. Esa actividad no es perseguible por esta autoridad sanitaria, en tanto se encuentra amparada por la autonomía académica y libertad de cátedra que detenta todo establecimiento educacional y, más aún, una universidad”.

 

Sin embargo, cabe hacer presente que la autonomía académica y libertad de cátedra tienen límites que respetar y uno de ellos lo da el propio orden jurídico que se ha visto vulnerado en la especie, tal como lo dispone el DFL N°1 de 1981 del Ministerio de Educación, que fija Normas sobre Universidades, en su artículo 6: “La autonomía y libertad académica no autoriza a las universidades para amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con el orden jurídico (…)”.

 

Dado lo absurda de la decisión, es que con fecha 29 de julio pasado, CyJ presentó un recurso de reposición contra la decisión del ISP que busca que se modifique su decisión y ordene dar curso a la investigación sanitaria, aclarando quiénes y qué intereses existen detrás de la propaganda ilegal de este medicamento que, siendo mal usado, pone en grave riesgo la salud de muchas mujeres.

 

Denuncia penal contra aquellos que resulten responsables de la venta ilegal y clandestina de Misoprostol y contra quienes participan o colaboran con las líneas telefónicas abortivas, ante el 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago (RIT 9672-2015).Actualmente, la causa se encuentra en manos de un fiscal de la Región Metropolitana Centro Norte, quien dictó una orden de investigar amplia a la PDI.

 

Recurso de amparo de información pública ante el Consejo de Transparencia (rol C-2361-14) por demanda contra Chile ante la CIDH relacionada al matrimonio homosexual. El pasado 5 de noviembre dedujimos recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia, atendida la denegación de información solicitada a la Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia sobre los antecedentes y documentos relativos a la denuncia del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual contra el Estado de Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por haberse rechazado la inscripción en Chile de un matrimonio homosexual celebrado en el extranjero. Seguimos a la espera de la decisión final del caso.

 

Recurso de amparo de información pública ante el Consejo de Transparencia (rol C-1520-15) por negar información pública la Superintendencia de Educación. El pasado 6 de julio dedujimos recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia, atendida la denegación de información solicitada a la Superintendencia de Educación sobre toda denuncia, expedientes, resoluciones y sanciones dictadas por este organismo y que digan relación con una discriminación por orientación sexual. Es más, se solicitó con censura de sus partes vinculantes para no afectar derechos de terceras personas involucradas, si es que las hubieran.

 

Solicitud de dictamen ante la Contraloría General de la República (número de folio 205630 del año 2015) por patrocinio de la DIBAM a el cuento “Nicolás tiene dos papás”. El pasado 17 de junio del presente, presentamos ante la Contraloría General de la República una solicitud de dictamen con motivo del patrocinio efectuado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (“DIBAM”) a el cuento “Nicolás tiene dos papás”, editado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Actualmente, se está a la espera de que la DIBAM evacue su informe de respuesta.

 

Demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel (rol T-43-2015) por despido injustificado y vulneración de garantías fundamentales por parte de la I. Municipalidad de San Ramón contra estacionadores de autos indigentes. El pasado 9 de julio del presente año interpusimos una demanda por tutela laboral en representación de un grupo de trabajadores indigentes de la Municipalidad de San Ramón en contra de dicho municipio. La demanda se fundó en que los trabajadores, quienes ejercían las labores de cuidadores de autos durante años en la Municipalidad, fueron vulnerados en sus derechos fundamentales y despedidos sin justificación alguna por parte de la Municipalidad de San Ramón, quien por lo demás no les pagó indemnización alguna por los años de servicios prestados por no contar estos con un contrato de trabajo escriturado, lo cual es ilegal.Con fecha 9 de julio del presente, el tribunal dio curso a nuestra demanda, citándonos a una audiencia preparatoria a realizarse el día 31 de agosto a las 8:30 horas.

 

Denuncia por discriminación arbitraria ante la Superintendencia de Educación contra el Colegio Pumahue de Chicureo (CAS-36470). El procedimiento se ha llevado de manera injusta e irracional, formulando cargos sin que exista un tipo legalmente establecido. Actualmente el proceso se encuentra con un plazo pendiente para reclamar ante el Superintendente de Educación contra la decisión adoptada por el Director Regional. Nuestro objetivo es agotar la instancia administrativa para llevar este asunto ante la Corte de Apelaciones.

 

Demanda de discriminación arbitraria con motivo de identidad de género contra Colegio Pumahue (rol 1165-2015) ante Juzgado de Letras de Colina. La Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar la admisibilidad de la demanda, la cual, a nuestro juicio, pretende impugnar contenidos de las leyes vigentes sobre Registro Civil. Mientras tanto, se evacuó el informe de fondo, y las partes fueron citadas a audiencia de conciliación para el quinto día hábil luego de la notificación por cédula.

 

 

Denuncia ética ante el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social contra Canal 13 por el programa Contacto “Mi hija es transgénero”. Fue presentada la denuncia el 4 de agosto por varias infracciones a la ética periodística, principalmente, por abordar con excesiva parcialidad el asunto del reportaje, exponer la privacidad e intimidad de un menor de edad, y exagerar con morbo sus rasgos femeninos para generar polémica con fines ideológicos.

Proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Boletín N° 9895-11).  El martes 4 de agosto se votó el proyecto en general en la comisión de salud de la Cámara de Diputados. La votación fue 8/5 a favor del proyecto. Luego de la votación en general, pasará a la votación en la Sala de la Cámara, para posteriormente volver a la Comisión de Salud a la votación en particular de los artículos y las indicaciones.

 

Proyecto de ley que da Protección Integral a las Mujeres con Embarazos Vulnerables y al Niño que está por Nacer (Boletín 9873-11). No se ha puesto en tabla en la comisión a pesar de que se ha insistido que es una propuesta y una alternativa mucho más justa y humana para los embarazos vulnerables.

 

Proyectos de ley de Aborto Terapéutico, Inviabilidad Fetal y Violación (Boletines N° 7965-11; 8862-11; 9021-11; 9418-11; 9480-11; 6420-11; 8925-11). No se han puesto en tabla. La discusión sobre proyectos que proponen despenalizar el aborto se ha enfocado en la tramitación del proyecto presentado por el ejecutivo. 

 

Proyecto de ley de Identidad de Género (Boletín N° 8924-07). Continúa la votación en particular del artículo e indicaciones en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El debate se ha centrado en los requisitos para el ejercicio de este supuesto derecho a decidir la propia identidad de género, sobre todo en la posibilidad de que sean menores de edad quienes puedan solicitar el cambio de nombre y sexo.

 

Proyecto de ley que legaliza la eutanasia (Boletín N° 9602-11). Luego que la Comisión de Salud del Senado informará negativamente el proyecto de ley (gracias a los votos de los diputados Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Carolina Goic (DC), se espera la votación en la Sala, que, lo más probable, es que se rechace el proyecto

 

Proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (Boletín N° 7130-07). No se ha vuelto a colocar en tabla.

 

Reforma integral al sistema de adopción en Chile (Boletín Nº 9119-18). El proyecto está en la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, y se está votando en particular. Comunidad y Justicia está asesorando legislativamente a los diputados de la Comisión, con el fin de que se mantenga el actual orden de prelación de los postulantes a adoptar, que prefiere, por sobre todas las realidades familiares, a la familia matrimonial. Comunidad y Justicia expuso su opinión respecto a este proyecto, acentuando el derecho de los niños a tener un padre y una madre y la necesidad de preferir a los matrimonios dentro del orden de prelación. El lunes 10 de agosto se volverá a escuchar a las instituciones que lo deseen en esta materia, y luego el ejecutivo presentará sus indicaciones al proyecto en este aspecto (artículo 31 y siguientes del proyecto de ley).

 

Proyecto de Ley que Modifica la ley N° 20.609 para incorporar en el concepto de discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que afecte a la maternidad o al nacimiento, (Boletín N° 9938-17). El proyecto fue derivado a la comisión de salud, y no se ha vuelto a poner en tabla.

 

Proyecto de Ley que Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia”, (Boletín N° 8207-07). Comisión de Derechos Humanos evacuó su primer informe

 

 

Proyecto de Ley que Modifica definiciones y el procedimiento de la ley que establece medidas contra la discriminación (Boletín Nº 10035-17).Se aprobó en general este proyecto, cuyo fin es modificar la ley antidiscriminación. La modificación más relevante, es aquella que plantea eliminar el inciso tercero del artículo 2° de la ley. El proyecto debe ser votado en la Sala del Senado, para luego pasar a la votación en particular. Se están haciendo las gestiones para que el proyecto no se apruebe, ya que modifica los artículos fundamentales que permiten el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, como la libertad de enseñanza o la libertad religiosa.

La 70ª sesión del Comité de los Derechos del Niño (14 Sept – 2 Oct) examinará al Estado de Chile en relación a los avances y desafíos pendientes que tiene nuestro país en el cumplimiento de la Convención. 

El miércoles 1° de julio presentamos al Comité de Derechos del Niño un Reporte Complementario para el próximo examen del Estado de Chile. En el reporte abordamos los siguientes asuntos: (i) Aborto, coerción a abortar, mal uso de Misoprostol; (ii) Niños y transexualismo; (iii) Derecho a la educación y tomas ilegales. El reporte fue presentado en inglés y fue preparado con la ayuda de una abogada brasileña, Dienny Riker, quien estuvo como pasante en CyJ gracias al programa Blackstone de ADF International. 

En sus últimas recomendaciones, el Comité de Derechos de Niños (2007) sugirió al Estado de Chile despenalizar el aborto en casos en que esté en riesgo la vida de la madre. En nuestro informe explicamos al Comité que no tiene sentido aquella recomendación ya que en Chile no está prohibido sanitariamente ni penalizado criminalmente salvar la vida de la madre con efecto indirecto de muerte del feto. No se puede despenalizar aquello que no está penalizado.

En materia de identidad de género, en nuestro informe aclaramos que Chile no tiene ninguna obligación internacional de reconocer el pretendido ‘derecho a decidir la propia identidad de género’, como lo plantea el lobby LGBTI. Más aun, en el informe explicamos que científicamente parece dudoso diagnosticar ‘disforia de género’ en niños pre-adolescentes. Asimismo, denunciamos la exposición que se hizo de la vida privada del niño Baltazar/Andy en el programa Contacto de Canal 13, lo cual nos parece una instrumentalización de un niño para fines políticos.

Finalmente, en materia de derecho a la educación, denunciamos al Comité la situación de paros y tomas estudiantiles que vienen ocurriendo en Chile en los últimos 5 años. Explicamos al Comité que ello ha ido en desmedro de la calidad de la educación y que la propia Corte Suprema de Chile lo ha declarado ilegal: hace falta que el Comité de Derechos del Niño se pronuncie al respecto. Incluso, enviamos al Comité cartas manuscritas de niños quejándose de las “tomas” en el Instituto Nacional.

Para revisar el informe de Comunidad y Justicia pulsa aquí.

Revisa los demás informes de otras organizaciones de la sociedad civil aquí.

 

Este es un ejemplo más de cómo opera el colonialismo ideológico de los organismos internacionales presionando al Estado de Chile a reformar sus leyes en materias de vida, familia y libertad religiosa. 



El Papa Francisco ha realizado varias veces un llamado a rechazar las nuevas formas de colonialismo: “Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía (…) Digamos NO entonces a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos SÍ al encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la paz” (Discurso en encuentro con movimientos populares en Bolivia, 9 de julio 2015). 

En junio se dio a conocer las recomendaciones del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación al Estado de Chile. Recordemos que este tipo de recomendaciones son no vinculantes para los Estados, pero, en definitiva, van construyendo estándares de soft law que igualmente van siendo aplicados internamente. Este año el Comité recomendó a Chile, entre otras cosas, lo siguiente:

"Salud sexual y reproductiva 

29.Aun cuando el Comité toma nota de la discusión del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, le preocupa la vigencia de una estricta prohibición del aborto. Asimismo, le preocupan las altas tasas de embarazo en la adolescencia, debido en parte a la falta de servicios de salud sexual y reproductiva e información adecuados (Art. 12).

El Comité recomienda al Estado parte que: 

a)Agilice la adopción del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo y garantice su compatibilidad con derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, considerando la ampliación de las circunstancias permitidas; 

b)Redoble sus esfuerzos para asegurar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la entrega de contraceptivos de emergencia; y

c)Amplíe y refuerce la educación, integral y apropiada a cada edad, sobre salud sexual y reproductiva en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria para ambos sexos."

Esto constituye una forma de colonialismo ideológico inaceptable. La prohibición o legalización del aborto es un asunto esencialmente interno de los Estados, que no admite injerencias extranjeras, lo que ha sido reconocido incluso en la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y en la IV Conferencia Internacional de Mujeres de Beijing (1995). Según la Carta de las Naciones Unidas, no están permitidas las intervenciones extranjeras en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados miembros (art. 2.7). 

Puedes revisar las últimas recomendaciones del Comité PDESC al Estado de Chile aquí.

Puedes volver a revisar nuestro informe al Comité PDESC presentado en abril aquí.

 

El 14 de julio el Comité de Derechos Humanos realizó una jornada de discusión para la preparación de un Comentario General sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual se refiere al derecho a la vida.

Los Comentarios Generales del Comité de Derechos Humanos no son vinculantes para los Estados. Sin embargo, a través de éstos se construyen estándares y principios de interpretación que los Estados igualmente aplican internamente, aunque solamente constituyan derecho internacional ‘blando’ (soft law). Por lo mismo, es sumamente relevante intervenir para que los Comentarios Generales o cualquier otro tipo de documentos internacionales no vinculantes protejan la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el Comité está estudiando, dispone lo siguiente: 

"Artículo 6

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital."

 

Con anticipación a la reunión del Comité, el 12 de junio pasado, Comunidad y Justicia presentó un breve informe sobre la protección que en Chile se le da al derecho a la vida, proponiendo al Comité de Derechos Humanos algunos criterios de interpretación, entre ellos: (i) El derecho a la vida debe protegerse desde la concepción (fecundación); (ii) El embrión es persona y merece protección del sistema de derechos humanos; (iii) En general, nadie puede disponer de la vida de otro ser humano; (iv) Nadie tiene dominio ni puede disponer de su propia vida.

Para más información sobre el “Half Day Discussion on the Right to Life”, haz click aquí.

Revisa los informes presentados al Comité de Derechos Humanos aquí.

Revisa el informe de Comunidad y Justicia aquí.