Se trató de una actividad “académica”, dijo la autoridad sanitaria.

 

El miércoles 29 de julio Comunidad y Justicia presentó un recurso administrativo contra la decisión del Instituto de Salud Pública por medio de la cual la autoridad sanitaria se negó a investigar e iniciar un sumario contra tres facultades de la Universidad de Chile denunciadas por infracciones al Código Sanitario. Esto luego de que se desarrollaran una serie de talleres que enseñaban a las asistentes cómo hacer un aborto casero con pastillas de misoprostol, medicamento que según la propia autoridad resulta gravemente peligroso para la salud femenina.

El año 2000 el Instituto de Salud Pública dictó un reglamento que restringe la venta de misoprostol para embarazadas ya que “se han reportado efectos adversos serios que incluyen perforación del útero, hiperestimulación uterina, hemorragia vaginal severa, muerte maternal y/o fetal al usar este producto como inductor del parto o abortivo”.

Entre abril y mayo de este año se realizaron talleres que promueven el mal uso de este medicamento con fines abortivos, y donde también se vendían Manuales para realizar abortos caseros, esto en las Facultades de Medicina, Derecho y Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. En su oportunidad, frente a la denuncia de estos hechos realizada por Comunidad y Justicia, el Decano de Medicina, Manuel Kukuljan, reconoció la ilegalidad de la actividad y señaló que “una cosa es dar información y otra es promocionar algo no permitido” (La Segunda, 8 abril 2015).Sin embargo, durante el proceso sanitario el Decano de Derecho, Davor Harasic, informó a la autoridad que los talleres de abortos caseros eran una actividad “académica” protegida por la libertad de cátedra, lo cual constituye parte de la función pública de la Universidad, dice su informe.

El Instituto de Salud Pública decidió no investigar los hechos ocurridos en la Universidad de Chile, declarando que “la Universidad de Chile, en el ejercicio de sus funciones, y haciendo uso de sus facultades, ha destinado un espacio físico al desarrollo de un taller. Esa actividad no es perseguible por esta autoridad sanitaria, en tanto se encuentra amparada por la autonomía académica y libertad de cátedra que detenta todo establecimiento educacional y, más aún, una universidad”.

Esta decisión es absurda: la actividad no era “académica”; no expuso ningún profesor o académico; tampoco era un debate; se trató sencillamente de una actividad ilegal, dirigida a promocionar el mal uso de un medicamento con fines abortivos, engañando a las asistentes sobre los verdaderos riesgos para la salud de las embarazadas. Lo único que exigimos es que se investigue. El recurso administrativo presentado por Comunidad y Justicia busca que el Instituto de Salud Pública modifique su decisión y ordene dar curso a la investigación sanitaria, aclarando quiénes y qué intereses existen detrás de la propaganda ilegal de este medicamento que, siendo mal usado, pone en grave riesgo la salud de muchas mujeres.

Puedes ver un video de los “talleres” aquí: https://www.youtube.com/watch?v=abTDlennhUA

La impresentable decisión del ISP puedes revisarla aquí

Corte Suprema (rol 4944-2015), recurso de apelación contra fallo de Corte de Valparaíso en recurso de protección contra la JUNJI impugnando patrocinio conferido al cuento "Nicolás tiene dos papás".  El 19 de mayo pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema falló el recurso de apelación interpuesto. En su fallo se resolvió confirmar la sentencia apelada dado que, a su juicio, la JUNJI no se ha comprometido a la distribución del cuento “Nicolás tiene dos papás”. No obstante ello, el fallo fijó requisitos al MOVILH para su distribución, ordenando que “dicha obra debe ser entregada previo acuerdo y a solicitud expresa de la comunidad educativa, sin que su contenido pueda ser impuesto de forma obligatoria”, resguardando con ello el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones.

La sentencia fue pronunciada por la Tercera Sala integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sr. Carlos Aranguiz Z. y el Abogado Integrante Sr. Carlos Pizarro W.

Denuncias ante el Instituto de Salud Pública contra la Facultad de Medicina (rol 3074-15), Facultad de Derecho (rol 3827-15) y Facultad de Cs. Químicas y Farmacéuticas (rol 4129-15) de la Universidad de Chile y demás personas involucradas por promoción de uso ilegal de Misoprostol con fines abortivos. El pasado 14 de mayo del presente nos reunimos con la Jefa de Asesoría Jurídica, para discutir sobre la peligrosidad del uso clandestino de Misoprostol con fines abortivos, relacionado con las tres denuncias presentadas ante el Instituto de Salud Pública. Actualmente, las denuncias se encuentran en la Dirección Jurídica del Instituto de Salud Pública a cargo de ella.

El 3 de junio del presente, vence el plazo que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para responder el oficio enviado por el Instituto de Salud Pública en orden a dar respuesta a la denuncia presentada rol 3074-15. Actualmente, se está a la espera de tal respuesta por parte de la Facultad de Medicina.

Denuncia penal contra aquellos que resulten responsables de la venta ilegal y clandestina de Misoprostol y contra quienes participan o colaboran con las líneas telefónicas abortivas, ante el 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago (RIT 9672-2015). El pasado 19 de mayo del presente, interpusimos las siguientes denuncias penales ante el 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago: a) Contra quienes resulten ser responsables del delito contra la salud pública previsto y sancionado en el artículo 314 del Código Penal, por la venta ilegal y clandestina de Misoprostol; y b) Contra quienes participan o colaboran con las líneas telefónicas: Línea Aborto Chile y Línea Aborto Libre, dedicadas a la propaganda y publicidad de la venta ilegal y clandestina de Misoprostol, también previsto y sancionado en el artículo 314 del Código Penal, y, por el delito de asociación ilícita previsto y sancionado en el artículo 292 y siguientes del código penal.

El día 20 de mayo del presente, el 7mo. Juzgado de Garantía tuvo por presentada la denuncia, remitiéndola al Ministerio Público.

Denuncia por discriminación arbitraria ante la Superintendencia de Educación contra el Colegio XXXX de Chicureo (CAS-36470). El pasado 13 de mayo del presente, notificaron al Colegio (patrocinado en el presente caso por CyJ) de la denuncia interpuesta por la Sra. A.E.C., madre del niño Baltazar/Andy, ante la Superintendencia de Educación. La denuncia presentada dice relación con una supuesta discriminación arbitraria por parte del Colegio al negarse a dar lugar a lo solicitado por los apoderados del niño en orden a que éste último sea tratado como mujer, por su condición transexual, por lo que solicitan que él pueda ocupar uniforme de mujer, ser llamado por un nombre femenino y utilizar el baño para mujeres.

El día 18 de mayo del presente, el Colegio denunciado presenta ante la Superintendencia un informe en defensa de su postura, con los antecedentes de hecho y de derecho pertinentes al caso.

25° Juzgado Civil de Santiago (rol C-20469-2014), medida prejudicial contra la ONU. El pasado 7 de mayo, ingresan los autos de apelación a la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol 4591-2015, para buscar revocar la resolución de primera instancia que rechazó la solicitud de apremios contra el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Chile, quien luego de varias citaciones sigue sin comparecer ante el tribunal.

Reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra Consejo para la Transparencia (rol 4430-2015) por rechazo de entrega de información del Sernam (decisión C-169-15). Con fecha 30 de abril presentamos un reclamo que tiene por objeto que la Corte declare la ilegalidad de la decisión final del C.de la Transparencia y en su lugar ordene a la entrega total de la información solicitada al Sernam respecto de las minutas publicadas en el Mercurio el 11 de enero pasado en relación al tema del aborto. La Corte de Apelaciones ordenó la notificación por cédula del reclamo de ilegalidad tanto al Sernam como al C. de la Trasnparencia. El plazo para notificar vence este viernes 5 de junio.

Reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra Consejo para la Transparencia (rol 4716-2015) por rechazo de entrega de información del Minsal(decisión C-197-15). Con fecha 12 de mayo presentamos un reclamo que tiene por objeto que la Corte declare la ilegalidad de la decisión final del C.de la Transparencia y en su lugar ordene a la entrega total de la información solicitada al Minsal respecto de las minutas publicadas en el Mercurio el 11 de enero pasado en relación al tema del aborto.

El Consejo para la Transparencia fundó su decisión final en que dicha información se encuentra bajo el amparo de reserva legal establecido en el artículo 21 N.1 letra b). Sin embargo, en sus fundamentos incumplió el requisito para su procedencia el cual es que dicha entrega de información "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano".  Actualmente, la Corte de Apelaciones ordenó la notificación por cédula del reclamo de ilegalidad al Minsal y al C. para la Transparencia. El plazo para notificar vence el viernes 12 de junio.

Recurso de amparo de información pública ante el Consejo de Transparencia (rol C-2361-14) por demanda contra Chile ante la CIDH relacionada al matrimonio homosexual. El pasado 5 de noviembre dedujimos recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia, atendida la denegación de información solicitada a la Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia sobre los antecedentes y documentos relativos a la denuncia del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual contra el Estado de Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por haberse rechazado la inscripción en Chile de un matrimonio homosexual celebrado en el extranjero. Actualmente, aún se está a la espera de que en los próximos días ingrese el recurso al Consejo Directivo, donde se revisará y se tomará una decisión que acoge total o parcialmente, o que rechace el amparo por denegación de acceso a información pública.

El art. 314 del Código Penal sanciona a quienes expiden sustancias peligrosas para la salud contraviniendo las leyes y reglamentos sanitarios.

 

El pasado 19 de mayo presentamos una denuncia penal ante el 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago: a) Contra quienes resulten ser responsables del delito contra la salud pública previsto y sancionado en el artículo 314 del Código Penal, por la venta ilegal y clandestina de Misoprostol; y b) Contra quienes participan o colaboran con las líneas telefónicas: Línea Aborto Chile y Línea Aborto Libre, dedicadas a la propaganda y publicidad de la venta ilegal y clandestina de Misoprostol, también previsto y sancionado en el artículo 314 del Código Penal, y, por el delito de asociación ilícita previsto y sancionado en el artículo 292 y siguientes del código penal. El día 20 de mayo del presente, el 7mo. Juzgado de Garantía tuvo por presentada la denuncia, remitiéndola al Ministerio Público.

Con la denuncia buscamos se investigue cómo funciona el <<mercado clandestino>> de Misoprostol en la Región Metropolitana, con la finalidad de identificar a los vendedores ilegales y procesarlos penalmente. Asimismo, se busca establecer los vínculos entre los vendedores y las líneas telefónicas abortistas que a vista y paciencia de la comunidad promueven la adquisición ilegal del medicamento con fines abortivos.

 

*Para no entorpecer la investigación hemos preferido no publicar el contenido de la denuncia.

Proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Boletín N° 9895-11). Continúa la discusión del proyecto en la Comisión de Salud. Las instituciones y personas naturales que expusieron durante el mes de mayo, son: Doctor Zeger y Doctor Illanes; Acompañar-es (Dr. Jorge Neira); SENAME; Aprofa; Colegio de Matronas; Colegio Médico; Doctor Oyarzún.

El proyecto no está en tabla de discusión de la Comisión de Salud. La Comisión decidió realizar el lunes 1 y 8 de junio, jornadas de temáticas para discutir el proyecto de ley, junto a varias ONGs a favor y en contra del proyecto. Comunidad y Justicia continua asesorando a los diputados de la comisión, y a las organizaciones que van a exponer.

Asimismo, la Corte Suprema emitió su oficio dirigido a la Cámara de Diputados en relación al proyecto de ley del Gobierno. Se esgrimieron fuertes críticas, especialmente por el manto de impunidad que el proyecto establece para los violadores, esto, al eliminar el deber de denuncia de los médicos.

 

Proyecto de ley que da Protección Integral a las Mujeres con Embarazos Vulnerables y al Niño que está por Nacer (Boletín 9873-11). No se ha puesto en tabla. Se están realizando las gestiones necesarias para que el proyecto se ponga en tabla, para iniciar su discusión. El objetivo es lograr que este proyecto, redactado por Comunidad y Justicia junto a otras organizaciones, sea una alternativa más justa y humana frente a los embarazados no planificados. 

 

Proyectos de ley de Aborto Terapéutico, Inviabilidad Fetal y Violación (Boletines N° 7965-11; 8862-11; 9021-11; 9418-11; 9480-11; 6420-11; 8925-11). No se han puesto en tabla. La discusión sobre proyectos que proponen despenalizar el aborto se ha enfocado en la tramitación del proyecto presentado por el ejecutivo. 

 

Proyecto de ley de Identidad de Género (Boletín N° 8924-07). Durante el mes de mayo puso en tabla de discusión. El lunes 1° de junio se terminó el periodo para presentar indicaciones, y Comunidad y Justicia asesoró a los senadores de la comisión con el objetivo de limitar, a través de ciertos requisitos, el ejercicio del supuesto derecho de identidad de género.

 

Proyecto de ley que legaliza la eutanasia (Boletín N° 9602-11). Luego que la Comisión de Salud del Senado informará negativamente el proyecto de ley (gracias a los votos de los diputados Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Carolina Goic (DC), se espera la votación en la Sala, que, lo más probable, es que se rechace el proyecto

 

Proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (Boletín N° 7130-07). No se ha vuelto a colocar en tabla.

 

Reforma integral al sistema de adopción en Chile (Boletín Nº 9119-18). El proyecto está en la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, y se está votando en particular. Comunidad y Justicia está asesorando legislativamente a los diputados de la Comisión, con el fin de que se mantenga el actual orden de prelación de los postulantes a adoptar, que prefiere, por sobre todas las realidades familiares, a la familia matrimonial.

 

Modifica la ley N° 20.609 para incorporar en el concepto de discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que afecte a la maternidad o al nacimiento, (Boletín N° 9938-17). El proyecto está en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y se ha puesto en tabla de discusión para votar el proyecto en general. Comunidad y Justicia expuso en la Comisión sus comentarios al proyecto, indicando lo beneficioso que sería su aprobación.

 

 

Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia”, (Boletín N° 8207-07). Este proyecto está en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. No se ha puesto en tabla.

El programa Contacto de Canal 13 mostró hace algunas semanas el caso del niño Baltazar/Andy, de 5 años de edad, cuyos padres denunciaron a su ex colegio por una supuesta discriminación por la <<identidad de género>> del menor.


Durante mayo se levantó una fuerte polémica por el caso de un niño de sólo 5 años de edad quien, eventualmente, sería transexual. El caso fue difundido en el programa Contacto de Canal 13 ("Mi hija es transgénero") y se concentró en el drama que ha significado para su familia. Sin embargo, el transexualismo es un asunto complejo, cuya naturaleza y tratamiento médico no encuentra consenso científico, menos aún en el caso de niños pre-adolescentes.

El transexualismo o disforia de género, es definido por la Organización Mundial de la Salud como el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio y de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido (OMS, CIE-10). Sin embargo, no existe consenso en la comunidad científica sobre cuál es el tratamiento adecuado en estos casos. Por un lado, hay quienes proponen cirugías de reasignación sexual acompañados de tratamientos hormonales. Por otro lado, hay quienes rechazan los tratamientos quirúrgicos pues ello no soluciona las aflicciones mentales del paciente, incluso en ocasiones, agravando el cuadro psicológico. Por ejemplo, el Hospital de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.) desde el año 1979 que no realiza cirugías de cambio de sexo como tratamiento del transexualismo: las cifras demostraban que, después de la operación, los trastornos psicológicos continuaban o aumentaban.

Lo cierto es que en los menores de edad, la mayoría de los niños o niñas que dicen sentirse transexuales lo superan en la adolescencia (80-95%). Esto, pues, el desarrollo psicosexual se produce de forma progresiva, culminando su desarrollo recién en la etapa adulta, o a lo menos, en la pubertad. Tratar como transexual a un niño o niña antes de la adolescencia genera un grave riesgo para el menor, en caso que llegada la pubertad, éste supere su trastorno de modo normal.

En la especie, los apoderados del niño Baltazar/Andy, de sólo 5 años de edad, solicitaron a su ex colegio tratarlo según un nombre y sexo femenino, a pesar de tener sexo biológico masculino, que es el que figura en su partida de nacimiento. Asimismo solicitaron se le permitiera usar uniforme de damas, y, además, utilizar el baño de mujeres junto a sus compañeras. El colegio rechazó la solicitud de los apoderados, motivo por el cual éstos decidieron cancelar la matrícula de su hijo y cambiarlo de establecimiento.

 

Recientemente CyJ asumió la defensa del ex colegio involucrado en estos hechos, el cual fue denunciado por discriminación arbitraria ante la Superintendencia de Educación. Más allá de que en Chile no se encuentra reconocido el <<derecho a la identidad de género>>, el caso plantea varias preguntas relevantes: ¿es posible tener un diagnóstico certero de transexualismo pre-adolescente? ¿es conveniente tratar al niño con síntomas de disforia de género como transexual a tan temprana edad? ¿están obligados los colegios, u otras instituciones, a desconocer el nombre y sexo legalmente inscritos en esos casos? ¿puede un colegio ampararse en la libertad de enseñanza para rechazar una solicitud como la que aquí se comenta? ¿cuál es el interés superior del niño en este caso? En definitiva, ¿es arbitrario o discriminatorio tratar a un niño con síntomas de disforia de género según su sexo biológico y registral?