Resolviendo un recurso presentado por Comunidad y Justicia, el máximo tribunal declaró que "la obra debe ser entregada previo acuerdo y a solicitud expresa de la comunidad educativa, sin que su contenido pueda ser impuesto de forma obligatoria".

Con fecha 19 de mayo la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en relación al cuento "Nicolás tiene dos papás". El fallo del máximo tribunal es categórico y aunque rechazó los recursos de protección contra la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), fijó requisitos para la distribución del cuento al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El breve fallo de la Corte Suprema dice expresamente que "la obra debe ser entregada previo acuerdo y a solicitud expresa de la comunidad educativa, sin que su contenido pueda ser impuesto de forma obligatoria". Ello, pues, ya la Corte de Apelaciones de Valparaíso había decretado que la Declaración Universal de Derechos Humanos “reconoce a los padres el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, lo que implica un ejercicio de objeción de conciencia frente a los ataques y violaciones en contra del derecho paterno”. Ambos tribunales advirtieron el peligro que involucra que el Movilh esté autorizado para una distribución libre, sin controles ni requisitos, del cuento infantil. Por eso la Corte Suprema confirmó las condiciones fijadas por la Corte de Valparaíso.

CyJ representó a una de las madres recurrentes cuyo hijo tiene solo dos años y asiste a un jardín infantil de la JUNJI. Esta sentencia asegura un mínimo de respeto a la libertad de conciencia y al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales o religiosas. El Movilh no puede distribuir el cuento sin que se lo solicite la comunidad educativa. La Corte fue clara en exigir que sean los papás y mamás quienes lo soliciten, previa y expresamente, en conjunto con los profesores de párvulo y director de cada establecimiento. Lo importante es que no se puede pasar por encima de los padres en la educación moral y religiosa de sus hijos.

 

Sin embargo, el fallo no deja claro quién deberá fiscalizar que estos requisitos se cumplan por el Movilh. Hasta ahora nadie lo está controlando, ni la JUNJI ni la Superintendencia de Educación, por lo que es posible que muchos apoderados ni siquiera se les haya consultado si están a favor o en contra de que el cuento “Nicolás tiene dos papás” se le lea a sus hijos. Estamos trabajando para que se le dé cabal cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. La semana pasada conseguimos que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados enviara un oficio fiscalizador a la JUNJI para que se informe las medidas de control que se adoptarán al respecto.

Corte Suprema (rol 708-2015), recurso de apelación contra fallo de Corte de Punta Arenas en recurso de protección contra la JUNJI impugnando patrocinio al cuento "Nicolás tiene dos papás". El 21 de abril la Corte Suprema se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. En el fallo la Corte  confirmó la  sentencia apelada, pero se limitó a reproducir únicamente su parte expositiva, teniendo presente en su lugar que el recurso de protección interpuesto no está en condiciones de prosperar en virtud de que “no se ha acreditado por aquellos  (los recurrentes) el interés directo en las garantías constitucionales que se reclaman como afectadas, por lo que carecen de la legitimación activa necesaria para accionar como ha acontecido” (C. 3). Por tanto, el fallo no emite un pronunciamiento de fondo al respecto, sino que más bien se limita a declarar la falta de legitimación activa. Se logra, así, eliminar los considerandos aberrantes de la sentencia de la Corte de Punta Arenas.

La sentencia fue pronunciada por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia Sandoval G. y Sr. Carlos Aránguiz Z.

Corte Suprema (rol 4944-2015), recurso de apelación contra fallo de Corte de Valparaíso en recurso de protección contra la JUNJI impugnando patrocinio al cuento "Nicolás tiene dos papás".  El 9 de abril ingresó a la Corte Suprema la apelación de CyJ contra la sentencia de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Una vez ingresada la apelación, reiteramos una serie de documentos que se acompañaron en primera instancia, pero que no fueron evaluados en su fallo por el tribunal de primera instancia.

El 27 de abril pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Juan Eduardo Fuentes B. y Sr. Carlos Aranguiz Z. y el Abogado Integrante Sr. Carlos Pizarro W. adoptaron un acuerdo y designaron para la redacción del fallo al Abogado Integrante señor Carlos Pizarro W. Actualmente, se está a la espera del fallo de este Máximo Tribunal.

Solicitud de dictamen ante la Contraloría General de la República (número de folio 247188 del año 2014) por intromisiones del Mineduc a la libertad de enseñanza. El pasado 15 de abril del presente, la Contraloría General de la República, emitió dictamen, bajo el N. 29523-2015, sobre nuestra solicitud que presentamos en noviembre del año pasado, con motivo de las "Jornadas de Reflexión de Proyecto Educativo Institucional (PEI)", realizadas por el Ministerio de Educación ("Mineduc").

Nuestro reclamo de ilegalidad fue rechazado pues Contraloría estimó que -de los antecedentes acompañados- el Mineduc ha actuado sin irregularidades. Ahora bien, el Dictamen nos aclara varios puntos sobre las actuaciones del Mineduc, tales como: (1) Que la Jornada y sus etapas posteriores de desarrollo por el Mineduc, solo tienen carácter voluntario, por lo que "siempre está la posibilidad de restarse de la iniciativa o, por cierto, decidir no modificar sus proyectos educativos institucionales"; (2) De los Consejos Escolares se declaró que "no poseen facultades resolutivas, a menos que el sostenedor se las otorgue (...) corresponde puntualizar que no se advierte irregularidad en la participación de los Consejos Escolares en las aludidas jornadas en la medida que se respeten las facultades propias que tengan según se ha reseñado precedentemente"; y (3) El Mineduc, a través de la División General de Educación, tendría competencia para prestar apoyo y asesorar a los establecimientos educacionales, lo que le permitiría realizar la cuestionada Jornada o actividades similares con carácter voluntario.

Denuncias ante el Instituto de Salud Pública contra la Facultad de Medicina (rol 3074-15), Facultad de Derecho (rol 3827-15) y Facultad de Cs. Químicas y Farmacéuticas (rol 4129-15) de la Universidad de Chile y demás personas involucradas por promoción de uso ilegal de Misoprostol con fines abortivos. El pasado 22 de abril del presente nos reunimos con la Sra. Pamela Milla, Directora de ANAMED, para discutir sobre la peligrosidad del uso clandestino de Misoprostol con fines abortivos, relacionado a la primera denuncia presentada el 6 de abril pasado. Actualmente, la denuncia se encuentra en la Dirección Jurídica del Instituto de Salud Pública.

El día  28  de abril se presentó una nueva denuncia contra la U. de Chile, esta vez, por un taller realizado en la Facultad de Derecho (rol 3827-15). Asimismo, el 11 de mayo se presentó una tercera denuncia contra la Facultad de Cs. Químicas y Farmacéuticas, por un taller realizado el 5 de mayo.

25° Juzgado Civil de Santiago (rol C-20469-2014), medida prejudicial contra la ONU. El pasado 20 de abril, la jueza del Tribunal rechazó nuestra solicitud de apremios al futuro demandado,  por lo que dedujimos un recurso de reposición con apelación subsidiaria. El recurso de reposición fue rechazado por el Tribunal, por lo que elevó los autos a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de amparo de información pública ante el Consejo de Transparencia (roles C-2717-14 y C-169-15), con motivo del proyecto de ley de aborto anunciado por el Gobierno. El recurso de amparo, rol C-2717-14, fue resulto el 9 de abril pasado. En su fallo el Consejo de Transparencia resuelve rechazar el amparo interpuesto en contra la Secretaria General de Gobierno, por la inexistencia de la información solicitada.

Por otra parte, en cuanto al recurso de amparo, rol C-169-15, este fue resuelto el 15 de abril pasado. Aunque el Consejo de Transparencia rechazó el amparo interpuesto, declaró contra el Sernam lo siguiente; (1) Representó a la Sra. Ministra Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer por haber requerido la subsanación de la solicitud, en términos innecesarios, significando la dilatación del procedimiento; (2) Recomendó a la Sra. Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer que haga entrega de la información que aparece explícitamente mencionada en el proyecto de ley de aborto, ingresado el 31 de enero pasado, así como también todo estudio que le sirvió de fundamento directo, en particular, las estadísticas, estudios de opinión pública, historia de las políticas públicas relativas al tema, iniciativas parlamentarias, las recomendaciones y observaciones realizadas por los distintos organismos internacionales y la legislación comparada analizada.

Reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra Consejo para la Transparencia (rol 4430-2015) por rechazo de entrega de información del Sernam (decisión C-169-15). Con fecha 30 de abril presentamos un reclamo que tiene por objeto que la Corte declare la ilegalidad de la decisión final del C.de la Transparencia y en su lugar ordene a la entrega total de la información solicitada al Sernam respecto de las minutas publicadas en el Mercurio el 11 de enero pasado en relación al tema del aborto.

El Consejo para la Transparencia fundó su decisión final en que dicha información se encuentra bajo el amparo de reserva legal establecido en el artículo 21 N.1 letra b). Sin embargo, en sus fundamentos incumplió el requisito para su procedencia el cual es que dicha entrega de información "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano".  

 

Recurso de amparo de información pública ante el Consejo de Transparencia (rol C-2361-14) por demanda contra Chile ante la CIDH relacionada al matrimonio homosexual. El pasado 5 de noviembre dedujimos recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia, atendida la denegación de información solicitada a la Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia sobre los antecedentes y documentos relativos a la denuncia del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual contra el Estado de Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por haberse rechazado la inscripción en Chile de un matrimonio homosexual celebrado en el extranjero. Actualmente, aún se está a la espera de que en los próximos días ingrese el recurso al Consejo Directivo, donde se revisará y se tomará una decisión que acoge total o parcialmente, o que rechace el amparo por denegación de acceso a información pública.

Cristóbal Aguilera se integró formalmente al equipo de CyJ durante abril. Es licenciado en derecho a la U. de Los Andes y actualmente está realizando su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial. Cristóbal se desempeñará como asesor legislativo, supervisando e influyendo en la tramitación de los proyectos de ley actualmente en discusión en el Congreso Nacional. ¡Bienvenido! 

Proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Boletín N° 9895-11). Continúa la discusión del proyecto en la Comisión de Salud. Las instituciones que expusieron durante el mes de abril, son: Corporación Humanas, Fundación Chile Unido, Miles Chile y Chile es Vida. Los próximos expositores hasta ahora confirmados son: Comunidad y Justicia, Proyecto Esperanza, doctor Fernando Zegers y doctor Sebastián Illanes. Esta semana expuso el Ministerio de Justicia, Salud y Sename. Durante las exposiciones se han hecho varias observaciones al proyecto de ley, principalmente, su desconocimiento de la realidad del aborto en Chile, su falta de precisión técnica, las consecuencias criminales que involucra eliminar el deber de denuncia de los médicos, y, especialmente, al no ofrecer otras alternativas a las mujeres, como acompañamiento u adopción.

Asimismo, la Corte Suprema emitió su oficio dirigido a la Cámara de Diputados en relación al proyecto de ley del Gobierno. Se esgrimieron fuertes críticas, especialmente por el manto de impunidad que el proyecto establece para los violadores, esto, al eliminar el deber de denuncia de los médicos.

Proyecto de ley que da Protección Integral a las Mujeres con Embarazos Vulnerables y al Niño que está por Nacer (Boletín 9873-11). No se ha puesto en tabla. Se están realizando las gestiones necesarias para que el proyecto se ponga en tabla, para iniciar su discusión. El objetivo es lograr que este proyecto, redactado por Comunidad y Justicia junto a otras organizaciones, sea una alternativa más justa y humana frente a los embarazados no planificados. 

 

Proyectos de ley de Aborto Terapéutico, Inviabilidad Fetal y Violación (Boletines N° 7965-11; 8862-11; 9021-11; 9418-11; 9480-11; 6420-11; 8925-11). No se han puesto en tabla. La discusión sobre proyectos que proponen despenalizar el aborto se ha enfocado en la tramitación del proyecto presentado por el ejecutivo. 

Proyecto de ley de Identidad de Género (Boletín N° 8924-07). Se puso en tabla. Continúa la discusión sobre las indicaciones del proyecto en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Se reanudó el debate con el fin de revisar las indicaciones que hasta ahora se han votado (hasta la indicación nº 81).

Proyecto de ley que legaliza la eutanasia (Boletín N° 9602-11). Se puso en tabla, reabriendo el debate. Sin embargo, hace algunos días, la Comisión de Salud del Senado rechazó la idea de legislar. Los senadores Fulvio Rossi (PS) y Guido Girardi (PPD) votaron a favor de la iniciativa, mientras que Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Carolina Goic (DC) votaron en contra de legislar.

 

Proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (Boletín N° 7130-07). No se ha vuelto a colocar en tabla.

El 9 de marzo pasado, Revocando por unanimidad, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago (sentencia de 9 de marzo de 2015, Rol 9901­2014), integrada por los ministros Jorge Dahm y Mireya López y por el abogado José Miguel Lecaros Sánchez (redactor del fallo), resolvió acoger una solicitud de rectificación del sexo en la partida de nacimiento del solicitante y de cambio de nombre femenino por uno masculino. El solicitante manifiesta una identidad de género diversa a su identidad sexual por su forma de vestir y de ser llamado, pero no ha tenido intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual. La sentencia fundamentó su decisión en que “queda en evidencia que la solicitante, si bien tiene genitales femeninos, experimentó durante su vida progresivamente una identificación personal bajo el género masculino, siendo conocida como tal, vistiéndose y presentándose como tal y ser encuentra en la actualidad a la espera de someterse a intervenciones quirúrgicas de genitoplastía masculinizante y masectomía, tras haber realizado los trámites pertinentes” (c.2).

Ahora bien,  el fallo es erróneo por cuanto: (i) Adolece de un vicio de extra petita, al decretar el cambio de nombre y sexo, en circunstancias que la solicitud original se limitaba a un cambio de nombre; (ii) Infringe la ley sustantiva civil (Ley N° 4.808 sobre Registro Civil), pues, los arts. 17 y 18 permiten la rectificación de la partida de nacimiento solamente si existe un "error", lo que no sucede en caso de los transexuales; (iii) Modifica la anterior jurisprudencia que había accedido al cambio de sexo, exclusivamente, si el transexual se había sometido a una intervención quirúrgica de reasignación sexual o genitoplastía, lo que en la especie no ha sucedido (la solicitante está en "lista de espera" para la operación). Como había señalado en un caso anterior la misma Corte de Santiago, ello afecta los derechos de terceros especialmente si se producen conflictos de paternidad.

 

Recomendamos el análisis de la profesora María Sara Rodríguez en El Merculio Legal.