Se efectuaron dos nuevos “talleres” sobre el mal uso de Misorprostol con fines abortivos en la Facultad de Derecho y Facultad de Cs. Químias y Farmacéuticas de la U. de Chile.

 

A inicios de abril denunciamos ante el Instituto de Salud Pública (ISP) un “taller” sobre mal uso de Misoprostol para realizar abortos caseros, realizado en la Facultad de Medicina de la U. de Chile. El día  28  de abril se presentó una nueva denuncia contra la U. de Chile, esta vez, por un taller realizado en la Facultad de Derecho. Asimismo, se presentó una tercera denuncia contra la Facultad de Química y Farmacias, por un taller realizado el 5 de mayo.

Esta seguidilla de “talleres” dentro de la más importante universidad pública del país es inaceptable. La U. de Chile está colaborando con la difusión y publicidad engañosa de un fármaco muy peligroso para la salud de las mujeres embarazadas, al facilitar sus dependencias y prestigio para que estudiantes y personas externas a dicha casa de estudios promuevan el mal uso del medicamento. Recordemos que el ISP ya desde el año 2000 advierte los severos efectos adversos del mal uso del Misoprostol por embarazadas, los que además del aborto incluyen fuertes hemorragias, perforación del útero y riesgo vital para la mujer.

 

Por nuestro lado ya nos hemos reunido con la Directora de la Asociación Nacional de Medicamentos (ANAMED) y abogados de la División Jurídica del ISP para que las denuncias presentadas permitan identificar a los responsables del daño a la salud pública que se provoca con la promoción ilegal del fármaco abortivo.

El informe confirma que la mortalidad materna en Chile es inferior en comparación a países que han legalizado el aborto, y sugiere adoptar políticas de prevención y sanción de la venta clandestina de Misoprostol, así como establecer un programa público de acompañamiento para embarazos vulnerables.

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PDESC), ratificado por Chile en 1989, establece un Comité que fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones del tratado internacional. En ese contexto, los Estados presentan informes al Comité PDESC sobre el grado de cumplimiento y avances en tales ámbitos. Por su parte, las organizaciones de la Sociedad Civil pueden enviar al Comité sus propios informes –que se conocen como “informes sobra”- para contrastar las afirmaciones de los Estados.

El 14 de abril CyJ envió al Comité PDESC un informe sobre los párrafos 25 y 52 de las Observaciones Finales al Estado de Chile del Comité PDESC efectuadas el año 2004. La recomendación del Comité PDESC al Estado de Chile, en este punto, fue que revise su legislación y despenalice el aborto cuando se trate de abortos terapéuticos y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.

Luego de explicar la legislación nacional vigente, su aplicación por tribunales, y el mejoramiento de los índices de mortalidad materna en los últimos años, como ONG solicitamos al Comité PDESC efectuar las siguientes recomendaciones al Estado de Chile: (i) El Estado de Chile deberá adoptar las medidas necesarias, de orden sanitario, criminal o de cualquier otra naturaleza, para prevenir el mal uso del medicamento Misoprostol con fines abortivos, y sancionar a quienes lo promueven, venden o distribuyen de manera ilegal, toda vez que su mal uso por embarazadas causa serios riesgos para la salud colectiva e individual de la población femenina; (ii) El Estado de Chile deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir o sancionar la coerción directa e indirecta o cualquier forma de violencia contra la mujer embarazada, que busque forzar su voluntad o conducta hacia la comisión de un aborto; y (iii) El Estado de Chile deberá adoptar las medidas necesarias, de orden legislativo, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para implementar un sistema estatal de programas de acompañamiento a los embarazos vulnerables con riesgo de aborto, especialmente en los casos de existir malformaciones congénitas letales del feto y cuando el embarazo sea producto de una violación. Asimismo, el Estado de Chile deberá adoptar medidas para promover e incentivar el desarrollo de los programas de acompañamiento en la Sociedad Civil.

Puedes revisar aquí nuestro Informe Alternativo de la Sociedad Civil al Comité PDESC.

El lunes 6 de abril se realizó en dicha casa de estudios una actividad de propaganda para el uso clandestino del medicamento y se vendieron manuales de aborto casero.


El uso ilegal de Misoprostol es el método abortivo más utilizado en Chile. Existe un verdadero “mercado negro” donde el fármaco se ofrece y vende de manera clandestina: por lo general, 4 pastillas de Misoprostol, suficientes para practicar un aborto, cuestan entre $40.000 y $60.000. Además de la muerte del no nacido, el mal uso de Misoprostol trae graves riesgos para la salud femenina. En efecto, la Resolución N° 10.216 del Instituto de Salud Pública (ISP) advierte sobre los serios riesgos para la salud que provoca el Misoprostol en embarazadas: “se han reportado efectos adversos serios, que incluyen perforación del útero, hiperestimulación uterina, hemorragia vaginal severa, muerte maternal y/o fetal al usar este producto como inductor del parto o abortivo”, dice la resolución del ISP. Por lo mismo, la venta de Misoprostol sólo puede realizarse bajo “receta médica retenida”. En suma, el uso ilegal de Misoprostol afecta dos derechos humanos: la vida del que está por nacer, y la salud colectiva e individual de las embarazadas.

Este lunes, CyJ presentó una denuncia sanitaria ante el Instituto de Salud Pública (ISP) por infracción de las normas sobre publicidad y propaganda de medicamentos contra la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. La denuncia se origina por una actividad realizada en el Aula Magna de dicha universidad, denominada “Taller: Uso de Misorpostol”, organizada por un grupo de estudiantes agrupados como “Colectivo Género y Salud”, en conjunto con miembros de la “Línea Aborto Libre”. En el evento además se vendieron manuales para el uso clandestino del Misoprostol con fines abortivos.

La denuncia de CyJ generó una rápida reacción en los medios de comunicación (Chile B, La Segunda, Emol, Terra, Bío Bío, Cooperativa, entre otros), ante lo cual el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile reconoció la ilegalidad del “taller” y se comprometió a iniciar un sumario interno contra los alumnos responsables. No obstante, por nuestro lado, seguiremos dando curso al sumario sanitario ante el ISP para que se investiguen a fondo estos hechos, averiguar quiénes están detrás de la promoción del uso ilegal del medicamento, y que, en definitiva, se apliquen las sanciones a quién corresponda, sean autoridades, profesores o estudiantes de la universidad.

Puedes revisar la denuncia sanitaria aquí.

Explicamos que el proyecto no aborda la realidad del aborto en Chile, desconoce varios tratados de derechos humanos, y facilitará el aborto con la impunidad de quienes lo realizan clandestinamente.


El lunes 4 de abril, el Director Ejecutivo de CyJ expuso ante los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se discute actualmente el proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales. Nuestra presentación levantó varias críticas al proyecto, generando fuertes reacciones de los diputados asistentes.

En primer lugar, se comentó cuál es la realidad del aborto en Chile, la cual no es abordada por el proyecto. Se recordó que en nuestro país más del 95% de las mujeres que tiene intención de abortar no lo hace “libremente” sino coercionadas por su pareja o entorno familiar. También se explicó que en Chile la mayoría de los abortos se realizan clandestinamente a través del uso ilegal del fármaco Misoprostol, con graves riesgos para la salud femenina, lo que tampoco es solucionado con el proyecto.

En segundo lugar, se presentaron las cifras judiciales (2003-2011) que demuestran que en nuestro país, desde la Reforma Procesal Penal, nunca se ha procesado o condenado una mujer que haya abortado en alguna de las tres causales que se quiere despenalizar. En 11 años sólo dos mujeres han sido condenadas a pena efectiva: una de ellas, por realizarle un aborto a otra mujer cobrando dinero; y la segunda, quien abortó voluntariamente sin que se le aplicara ninguna circunstancia atenuante –estando recluida, en cualquier caso, sólo 61 días-. Se le demostró a los miembros de la Comisión que la pena efectiva por delito de aborto ha sido aplicada, principalmente, como sanción contra médicos y enfermeros, varones, que realizan abortos clandestinos o venden Misoprostol.

Dicho eso, se presentaron observaciones a las tres causales del proyecto. Por un lado, demostramos que en Chile no está prohibido ni penalizado el mal llamado “aborto terapéutico” cuando existe riesgo vital de la madre: nunca se ha procesado o condenado algún médico por salvar la vida de la madre embarazada. La reforma solo provocará confusión, atendida la ambigüedad de la causal que incluye riesgo presente o futuro para la vida de la madre. Sobre la causal de inviabilidad, se señaló la deficiencia técnica del proyecto en orden a encomendar a médicos generales el diagnóstico de inviabilidad, y se insistió en la discriminación arbitraria que se establece contra niños enfermos, derechamente, discapacitados en los términos de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Por último, se cuestionó la amplitud de la causal de violación, y que sea un equipo de salud quien deba evaluar la existencia de la relación sexual no consentida. Asimismo, se advirtió a los diputados que esta causal consagra una discriminación arbitraria contra el niño no nacido, con motivo de una condición de uno de sus progenitores (violador), lo que se encuentra prohibido por la Convención de los Derechos del Niño (art. 2.2).

Finalmente, fuimos enfáticos en señalar a la Comisión que este proyecto de ley, al eliminar la obligación de denuncia de los médicos (art. 175 CPP), está facilitando la comisión de abortos inducidos –en causales distintas a las que se pretende despenalizar- ya que existirá impunidad investigativa en esos casos. De ese modo, los más beneficiados con el proyecto de ley serán las mujeres que abortan clandestinamente, los vendedores ilegales de Misoprostol y los médicos que tienen clínicas abortivas: vale decir, se le confiere impunidad al mercado clandestino del aborto.

Este es un proyecto de ley que no aborda la realidad del aborto en Chile, sino que más bien, facilitará la comisión de abortos ilegales clandestinos, en perjuicio de la vida de los no nacidos y de la salud colectiva de las mujeres.

El video de la audiencia puedes ver nuestra intervención aquí (desde el minuto 33').

Si bien CyJ apeló contra el fallo, la Corte establece un precedente valioso para la protección de la libertad de conciencia y derecho preferente de los padres a la educación moral de sus hijos.

 

El 25 de marzo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso se pronunció frente a dos recursos de protección interpuestos contra la JUNJI, uno de ellos deducido por Comunidad y Justicia. En el fallo la Corte reconoció como parte de la libertad religiosa el derecho preferente de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, establecida, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos: se “reconoce a los padres el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, lo que implica un ejercicio de objeción de conciencia frente a los ataques y violaciones en contra del derecho paterno” y añade que “es probable que una conducta indebida de alguna unidad pedagógica, un jardín infantil, en orden a imponer de manera forzada, unilateral y arbitraria la lectura del libro pueda atentar contra derechos fundamentales de las personas, pero no es esa la materia de autos pues la recurrida es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por otorgar el mencionado patrocinio, y no un jardín infantil en particular que haya actuado de la manera que queda dicha” (c.5°). De ese modo, advirtiendo el peligro que involucra que el Movilh esté autorizado para una distribución libre, sin controles ni requisitos, del cuento infantil, la Corte le fija varias condiciones al respecto: el libro “lo entregará solo a solicitud de parte interesada y que, respetando el derecho y deber preferente de los padres y apoderados sobre la educación de los menores que asisten a los jardines infantiles bajo supervisión de la Junji, son ellos en conjunto con los equipos pedagógicos de esos establecimientos quienes pueden voluntariamente y en la medida que así lo acuerden, realizar el pertinente requerimiento a dicha organización privada” (c.8°).

Sin perjuicio de reconocerse que es “probable” que existan afectaciones al derecho de los padres con la distribución del cuento “Nicolás tiene dos papás”, y estando demostrado que la JUNJI ha omitido cualquier medida de control, fiscalización o resguardo de dicho derecho, la Corte de Valparaíso rechazó los recursos declarando que la JUNJI había actuado dentro de su competencia al patrocinar el cuento y que no existe una amenaza seria de afectación de los derechos fundamentales de los recurrentes. Es por lo anterior que CyJ apeló contra la sentencia.

Puedes descargar la sentencia de la Corte de Valparaíso aquí.

Para descargar la apelación contra el fallo, pulsa aquí.