Proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Boletín N° 9895-11).  Luego de la aprobación del proyecto de ley en particular en la Comisión de Salud por 8 votos a favor y cinco en contra, este pasó a la Comisión de Constitución.

La Comisión de Constitución recién ha sesionado tres veces, y el foco de la discusión ha estado en la constitucionalidad del proyecto, es decir, si su contenido pugna o no con las normas de la Constitución que reconocen el derecho a la vida en general, poniendo especial énfasis en la protección del que está por nacer (art. 19 n° 1 CPR). Desde Comunidad y Justicia, hemos insistido en la inconstitucionalidad del proyecto, ya que la protección que ofrece nuestra Carta Fundamental defiende la vida de todos, sin que opere ninguna distinción al respecto. Además, hemos tratado de poner sobre la mesa, la importancia de reconocer la calidad de persona del que está por nacer, tal como lo reconoce nuestra legislación civil y constitucional.

Se espera que el proyecto en la Comisión de Constitución se estudie durante al menos dos meses. Esto, ya que los miembros de la Comisión han insistido en tener el tiempo suficiente para ahondar sobre todos los aspectos del proyecto, siendo la misma Democracia Cristiana quienes han solicitado al Ejecutivo que no le ponga urgencia al proyecto.

Finalmente, durante esta etapa del proceso legislativo, sólo se escuchará la opinión de profesores de derecho expertos en materia de derecho constitucional y penal.

 

Integrantes de la Comisión de Constitución

1.       Dip. Leonardo Soto (pdt.).

2.       Osvaldo Andrade.

3.       Guillermo Ceroni.

4.       Fuad Chaín.

5.       Juan Antonio Coloma.

6.       Aldo Cornejo.

7.       Daniel Farcas.

8.       Hugo Guitierrez.

9.       Cristian Monckeberg.

10.    René Saffirio.

11.    Arturo Squella.

12.    Renzo Trissoni.

13.    Marisol Peña

 

Proyecto de ley que da Protección Integral a las Mujeres con Embarazos Vulnerables y al Niño que está por Nacer (Boletín 9873-11). No se ha puesto en tabla en la comisión a pesar de que se ha insistido que es una propuesta y una alternativa mucho más justa y humana para los embarazos vulnerables.

 

Proyectos de ley de Aborto Terapéutico, Inviabilidad Fetal y Violación (Boletines N° 7965-11; 8862-11; 9021-11; 9418-11; 9480-11; 6420-11; 8925-11). No se han puesto en tabla. La discusión sobre proyectos que proponen despenalizar el aborto se ha enfocado en la tramitación del proyecto presentado por el ejecutivo. 

 

Proyecto de ley de Identidad de Género (Boletín N° 8924-07). El proyecto continúa en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La Comisión ya ha aprobado gran parte del proyecto, y sólo falta que se voten los últimos cuatro artículos (8-11) que tiene que ver con los efectos de la rectificación, el derecho al libre desarrollo y la confidencialidad.

Es necesario resaltar el hecho de que la Comisión durante la última sesión aprobó la indicción del Ejecutivo relativas a reconocer el derecho a la identidad de género de los niños, permitiéndoles que puedan decidir personalmente sobre el cambio de su sexo registral. Sobre esta última votación, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, asesorada por Comunidad y Justicia, presentó una reserva de constitucionalidad, ya que la indicación violentaba de manera directa el derecho a la integridad física y psíquica del niño y el derecho de preferente de los padres de educar a sus hijos. Luego de que termine la votación en particular en la Comisión de Derechos Humanos, el proyecto será estudiado por la Comisión de Constitución, donde se abordaran los aspectos constitucionales del mismo.

Se está estudiando la posibilidad de presentar un requerimiento de inconstitucionalidad contra las indicaciones que permiten el cambio de nombre y sexo de niños.

 

Proyecto de ley que legaliza la eutanasia (Boletín N° 9602-11). Luego que la Comisión de Salud del Senado informará negativamente el proyecto de ley (gracias a los votos de los diputados Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Carolina Goic (DC), se espera la votación en la Sala, que, lo más probable, es que se rechace el proyecto. El proyecto está 9° en la tabla de ordinaria de votación.

 

Proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (Boletín N° 7130-07). No se ha vuelto a colocar en tabla.

 

Reforma integral al sistema de adopción en Chile (Boletín Nº 9119-18). La comisión de Familia de la Cámara de Diputados suspendió la votación del proyecto de ley indefinidamente.

 

Proyecto de Ley que Modifica la ley N° 20.609 para incorporar en el concepto de discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que afecte a la maternidad o al nacimiento, (Boletín N° 9938-17). El proyecto fue derivado a la Comisión de Salud, y no se ha vuelto a poner en tabla.

  

Proyecto de Ley que Modifica definiciones y el procedimiento de la ley que establece medidas contra la discriminación (Boletín Nº 10035-17).Se aprobó en general este proyecto, cuyo fin es modificar la ley antidiscriminación. La modificación más relevante, es aquella que plantea eliminar el inciso tercero del artículo 2° de la ley. El proyecto debe ser votado en la Sala del Senado, para luego pasar a la votación en particular. El proyecto está 13° en la tabla ordinaria de votación,

Se están haciendo las gestiones para que el proyecto no se apruebe, ya reforma los artículos fundamentales para el ejercicio de derechos fundamentales, como lo es la libertad de enseñanza.

 

Proyecto de Ley que Modifica la ley N° 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil, en materia de plazos para solicitar el divorcio por cese de convivencia (Boletín N° 10230-18).  Fue ingresado a la Comisión de Familia de la Cámara. No se ha puesto en tabla, y probablemente no se ponga. El proyecto, propone agilizar el divorcio unilateral, eliminando los plazos.

 

Proyecto de Ley que crea el Sistema de garantías de los derechos de la niñez (Boletín 10315-18). Este proyecto fue presentado los primeros días de noviembre por el Ejecutivo, y pasó a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. El proyecto viene, como dice el mensaje del Ejecutivo, a saldar la deuda de nuestro país con los niños de Chile, en el sentido de reconocer los derechos que Convención sobre los Derechos del Niños contiene. En este sentido, la Convención sería el criterio a seguir en el reconocimiento de los derechos del niño.

El proyecto, sin embargo, contiene varias deficiencias:

a.        El reconocimiento de los derechos que se contemplan en la Convención, es, por un lado, deficiente, ya que hay algunos de ellos que el proyecto de ley no reconoce, como el derecho intrínseco a la vida de todo niño. También existen derechos de la convención que el proyecto de ley desvirtúa, como el derecho a la privacidad. En efecto, este derecho que regula la convención, pretende proteger al niño de injerencias ilegales y arbitrarias de terceros en su vida privada y familiar. En cambio, el proyecto pretender que sirva para que los niños puedan mantener privacidad en el uso de los medios de comunicación, incluso impidiendo que sus propios padres puedan conocer.

b.       Por otro lado, el proyecto pretender pretende incorporar a nuestra legislación conceptos ideológicos como “derechos reproductivos de los niños” o “identidad de género y expresión de género” que nada tienen que ver con la Convención sobre los Derechos del niño ni con el lenguaje que se utiliza en general en todos los instrumentos de derechos humanos, ya sean nacionales como internacionales.

c.        Finalmente, se advierte una indebida intromisión de la administración, cuyo fin sería el garantizar los derechos de los niños. Junto con esto, existe una ausencia del fortalecimiento del rol de los padres en la educación de sus hijos, que debería ser el verdadero foco del este proyecto, si se quiere garantizar efectivamente los derecho de los niños.

Lamentablemente, el Ejecutivo le ha puesto urgencia al proyecto de ley, y el presidente de la Comisión, Ramón Farías (PPD) está intentando apurar la discusión lo más posible, con el fin de que el proyecto sea aprobado en general, antes de que termine el año. Esto, sin embargo, sólo demuestra la poca seriedad de parte del gobierno y de quienes lideran la promoción de este proyecto en la Comisión, ya que en lo que va de discusión, el proyecto ha sido duramente criticado.

 

Integrantes de la Comisión de Constitución

1.       Ramón Farias (Pdte.)

2.       Daniela Cicardini.

3.       Marcos Espinosa.

4.       Claudia Nogueira.

5.       Sergio Ojeda.

6.       José Miguel Ortiz.

7.       Denise Pascal.

8.       Ricardo Rincón.

9.       Karla Rubilar.

10.    Marcela Sabat.

11.    David Sandoval.

12.    Marisol Turres.

13.    Germán Verdugo.

 

Proyecto de Ley que Crea la Subsecretaría de la Niñez, modifica la ley N°20.530, sobre Ministerio de Desarrollo Social, y otros cuerpos legales que indica” (Boletín 10314-06). Este proyecto fue presentado a la par con el proyecto anterior. No se ha puesto en tabla, tampoco tiene urgencia ni se ha discutido hasta el momento. Sin embargo, en la línea del proyecto de garantías de los derechos de la niñez, se pretende aumentar la presencia del estado, a través de diferentes instituciones, para garantizar los derechos de los niños. El proyecto está en la Comisión de Gobierno del Senado. 

- Proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Boletín N° 9895-11).  El martes 1° de septiembre comienza la votación en particular en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

Las indicaciones de la DC, en general, van en la línea de restringir las tres causales, intentado eliminar las ambigüedades del proyecto. En particular, se elimina la palabra “futuro” de la primera causal, pero se contempla que el médico no deberá esperar el riesgo inminente para intervenir. Se propone que las malformaciones que sufra el embrión sean “letales”. Se propone, también, reducir el límite de semanas de embarazo para abortar en caso de la niña menor de 14 años violada, de 18 a 14 semanas. Finalmente se amplía a “todos los integrantes del equipo médico” la posibilidad para abstenerse cuando hubieren objetado de conciencia. 

El gobierno propone indicaciones en la misma línea, pero no propone nada respecto la objeción de conciencia. 

El proyecto debe votarse hasta total despacho el 8 de septiembre. Luego pasará a Comisión de Constitución, donde se estudiará en particular los artículos que digan relación con la inconstitucionalidad del proyecto, donde se escuchará a la sociedad civil (sobre todo abogados) para que hagan reparos a artículos en articular. Después, se votaría en general el proyecto en la Sala de la Cámara e, inmediatamente después, se votará en particular.

- Proyecto de ley que da Protección Integral a las Mujeres con Embarazos Vulnerables y al Niño que está por Nacer (Boletín 9873-11). No se ha puesto en tabla en la comisión a pesar de que se ha insistido que es una propuesta y una alternativa mucho más justa y humana para los embarazos vulnerables.

Proyectos de ley de Aborto Terapéutico, Inviabilidad Fetal y Violación (Boletines N° 7965-11; 8862-11; 9021-11; 9418-11; 9480-11; 6420-11; 8925-11). No se han puesto en tabla. La discusión sobre proyectos que proponen despenalizar el aborto se ha enfocado en la tramitación del proyecto presentado por el ejecutivo. 

- Proyecto de ley de Identidad de Género (Boletín N° 8924-07). Hasta el momento, la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha votado los primero cinco artículos del proyecto de ley. Lo relevante, es que se votó: 1) la definición de identidad de género, 2) el derecho a la identidad de género y 3) el ejercicio, que no excluye a los menores de edad. La Comisión sesionará este miércoles 2 de septiembre, para continuar con la votación en particular. El peligro que viene: son las indicaciones que pretenden incluir explícitamente la posibilidad de que los niños ejerzan el derecho a la identidad de género.

Desde Comunidad y Justicia, se ha insistido en que el sexo quede, al menos, en los archivos del Registro Civil, para que no se elimine esta realidad objetiva, que tiene relevancia jurídica y social.

- Proyecto de ley que legaliza la eutanasia (Boletín N° 9602-11). Luego que la Comisión de Salud del Senado informará negativamente el proyecto de ley (gracias a los votos de los diputados Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Carolina Goic (DC), se espera la votación en la Sala, que, lo más probable, es que se rechace el proyecto

 

- Proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (Boletín N° 7130-07). No se ha vuelto a colocar en tabla.

 

- Reforma integral al sistema de adopción en Chile (Boletín Nº 9119-18). La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados suspendió la votación del proyecto de ley hasta que ingrese el proyecto anunciado por el ejecutivo sobre “Protección de la Infancia”, cuyo objeto es garantizar los derechos de los niños. Como se ha observado en la prensa, el énfasis está dado en proteger una supuesta intimidad de los niños respecto al derecho preferente de educación de parte de los padres. El proyecto no ha sido ingresado, a pesar de que el gobierno se comprometió ingresarlo durante el pasado mes de agosto. 

- Proyecto de Ley que Modifica la ley N° 20.609 para incorporar en el concepto de discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que afecte a la maternidad o al nacimiento, (Boletín N° 9938-17). El proyecto fue derivado a la comisión de salud, y no se ha vuelto a poner en tabla.

- Proyecto de Ley que Modifica definiciones y el procedimiento de la ley que establece medidas contra la discriminación (Boletín Nº 10035-17). Se aprobó en general este proyecto, cuyo fin es modificar la ley antidiscriminación. La modificación más relevante, es aquella que plantea eliminar el inciso tercero del artículo 2° de la ley. El proyecto debe ser votado en la Sala del Senado, para luego pasar a la votación en particular. El proyecto está N° 19 en la tabla ordinaria de votación.

Se están haciendo las gestiones para que el proyecto no se apruebe, ya que reforma los artículos fundamentales para el ejercicio de derechos fundamentales, como lo es la libertad de enseñanza.

- Proyecto de Ley que Modifica la ley N° 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil, en materia de plazos para solicitar el divorcio por cese de convivencia (Boletín N° 10230-18). Fue ingresado a la Comisión de Familia de la Cámara. No se ha puesto en tabla, y probablemente no se ponga. El proyecto, propone agilizar el divorcio unilateral, eliminando los plazos. 

- Solicitud de dictamen ante la Contraloría General de la República (número de folio 205630 del año 2015) por patrocinio de la DIBAM a el cuento “Nicolás tiene dos papás”. El pasado 17 de junio presentamos ante la Contraloría General de la República una solicitud de dictamen con motivo del patrocinio efectuado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (“DIBAM”) a el cuento “Nicolás tiene dos papás”, editado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Actualmente.

Actualmente se está a la espera de que la DIBAM evacue su informe de respuesta.

 

 

- Denuncias ante el Instituto de Salud Pública contra la Facultad de Medicina (rol 3074-15), Facultad de Derecho (rol 3827-15) y Facultad de Cs. Químicas y Farmacéuticas (rol 4129-15) de la Universidad de Chile y demás personas involucradas por promoción de uso ilegal de Misoprostol con fines abortivos. El pasado 22 de julio fuimos notificados de la resolución exenta N° 2278 del ISP en donde se rechazó las solicitudes de instrucción de sumario sanitario, lo que significa que la autoridad sanitaria, sencillamente, no investigará a los denunciados por existir una especie de inmunidad de éstos al ampararse en su ‘autonomía académica’ y ‘libertad de cátedra’, declarando que “la Universidad de Chile, en el ejercicio de sus funciones, y haciendo uso de sus facultades, ha destinado un espacio físico al desarrollo de un taller. Esa actividad no es perseguible por esta autoridad sanitaria, en tanto se encuentra amparada por la autonomía académica y libertad de cátedra que detenta todo establecimiento educacional y, más aún, una universidad”.

Con fecha 29 de julio pasado, CyJ presentó un recurso de reposición contra la decisión del ISP, la que sigue pendiente.

 

 

- Denuncia penal contra aquellos que resulten responsables de la venta ilegal y clandestina de Misoprostol y contra quienes participan o colaboran con las líneas telefónicas abortivas, ante el 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago (RIT 9672-2015). Actualmente, la causa se encuentra en manos de un fiscal de la Región Metropolitana Centro Norte, con quien nos estamos coordinando para efectos de colaborar con la investigación. El 31 de agosto presentamos un téngase presente con mayores antecedentes sobre mujeres que hayan tenido complicaciones de salud por uso de misoprostol.

El próximo paso es obtener copia de los avances de la investigación y evaluar una querella criminal.

 

- Reclamo de Ilegalidad en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (rol 8934-2015) ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por la demanda que se lleva ante la CIDH en contra Chile sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario. El día 6 de agosto mediante oficio N° 5987 emitido por la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia resolvió negar la información solicitada limitándose a invocar la causal N°1 letra a) del artículo 21 de la Ley de Transparencia, esto es: “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: […] se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales”, sin embargo no demostró la supeditación de los hechos al supuesto normativo que cautela la información, ni tampoco la relación de causalidad entre otorgar la información solicitada y la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. Dada la infundada resolución, el pasado 24 de agosto, CyJ interpuso reclamo de ilegalidad en contra de dicha resolución con el objeto de dejar sin efecto la resolución del Consejo para la Transparencia y acoger el recurso de amparo interpuesto desde un principio.

La causa está en cuenta y debemos notificar a los interesados. Se está evaluando llevar el asunto al Tribunal Constitucional pues parece discutible que un expediente ante un tribunal internacional pueda permanecer en reserva o secreto.

 

- Recurso de amparo de información pública ante el Consejo para la Transparencia (rol C-1520-15) por negar información pública la Superintendencia de Educación. El pasado 6 de julio dedujimos recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia, atendida la denegación de información solicitada a la Superintendencia de Educación sobre toda denuncia, expedientes, resoluciones y sanciones dictadas por este organismo y que digan relación con una discriminación por orientación sexual. Se solicitó con censura de sus partes vinculantes para no afectar derechos de terceras personas involucradas, si es que las hubieran, no obstante lo cual la información fue igualmente denegada.

Actualmente, está en la etapa de formulación de descargos por parte de la Superintendencia de Educación.

 

- Demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel (rol T-43-2015) por despido injustificado y vulneración de garantías fundamentales por parte de la I. Municipalidad de San Ramón. El pasado 9 de julio del presente año interpusimos una demanda por tutela laboral en representación de un grupo vulnerable de trabajadores de la Municipalidad de San Ramón en contra de dicho municipio. El día 31 de agosto a las 8:30 horas, se realizó satisfactoriamente la audiencia preparatoria.

Se citó a las partes a audiencia de juicio para el día 05 de octubre a las 10:30 hrs.

 

- Denuncia por discriminación arbitraria ante la Superintendencia de Educación contra el Colegio Pumahue de Chicureo (CAS-36470). El 24 de julio se rechazó nuestro recurso de invalidación contra la formulación de cargos. De esa decisión se recurrió por reposición, la cual fue rechazada por la Directora Regional; en subsidio se dedujo recurso jerárquico, el cual está pendiente ante el Superintendente.

El 4 de agosto se resolvió acoger ambos cargos formulados contra el Colegio, y sancionando al establecimiento con una multa de 102 UTM ($ 4,5 MM) por infracciones menos leves a la normativa educacional, en concreto, infracción al justo proceso y discriminación arbitraria por identidad de género.

El 25 de agosto dedujimos recurso de reclamación ante el Superintendente. Contra su decisión se puede reclamar a la Corte de Apelaciones, y luego, ante la Corte Suprema.

Se evaluará una acción disciplinaria o penal contra los funcionarios que fiscalizaron al Colegio toda vez que el acta de fiscalización habría sido evacuado con presiones políticas.

 

- Demanda de discriminación arbitraria con motivo de identidad de género contra Colegio Pumahue (rol 1165-2015) ante Juzgado de Letras de Colina. El 18 de agosto se efectuó la audiencia de conciliación, la cual no se produjo. El tribunal ordenó recibir la causa a prueba. Presentamos la lista de testigos, ofrecimos prueba documental y confesional, y dedujimos recurso de reposición para modificar y agregar puntos de prueba, recurso que está pendiente. Una vez resuelto el tribunal deberá fijar fecha para la audiencia de prueba, donde se rendirá prueba documental, testimonial y confesional. Ya está preparada la prueba documental, el pliego de posiciones y estamos preparando las declaraciones de los testigos del colegio.

Con fecha 28 de agosto la Primera Sala de la Corte de Santiago rechazó nuestro recurso de apelación solicitando la inadmisibilidad de la demanda.

 

- Denuncia ética ante el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social contra Canal 13 por el programa Contacto “Mi hija es transgénero”. El pasado 4 de agosto interpusimos una denuncia ética en contra de Canal 13 por mostrar con excesiva parcialidad el tema del transexualismo, por exponer la intimidad y vida privada del menor B.E.E. exagerando con morbo y sensacionalismos y por instrumentalizar la imagen del menor de edad con una finalidad política e ideológica.

INTRODUCCIÓN

En mayo del año 2013, ingresó al Senado el Proyecto de Ley que Reconoce y da Protección al Derecho a la Identidad de Género (Boletín 8924-07), impulsado por los congresistas Ricardo Lagos Weber, Lily Pérez y Ximena Rincón.

El objetivo principal del proyecto, es crear un supuesto derecho a la identidad de género, que consiste en la posibilidad de cambiarse el nombre y sexo registral (que se consigna en la partida de nacimiento), cuando existe una disociación entre el sexo biológico y la llamada “identidad de género”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica la “identidad de género” como un trastorno mental, que se caracteriza por una intensa y permanente angustia en relación con el propio sexo, conjuntamente con el deseo de pertenecer al otro sexo o con la insistencia de que se pertenece a él.[1]Es interesante advertir que el proyecto de ley hace caso omiso a esta -y otras- referencias científicas, y propone, en cambio, que la identidad de género sea considerada, no como un trastorno de identidad, sino como una realidad que el derecho debe reconocer, con el fin de proteger la dignidad de las personas “trans”: aquellas que “habrían nacido en un cuerpo con un sexo diferente al que biológica y genéticamente tienen”.

La identidad de género, para el proyecto de ley, no sería otra cosa que una “vivencia interna e individual, tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento” (art. 2º, PL). En este sentido, se escinde el aspecto psicológico de la persona del aspecto corporal, pasando este último a ser accidental y, por tanto, no determinante a la hora de definir a las personas como “hombres” y “mujeres”. En la práctica, según los fundamentos del proyecto de ley, la mujer no sería tal por ser genética, biológica y fisiológicamente femenina, sino por su propia vivencia subjetiva. Dicho de otro modo: una mujer puede serlo a pesar de tener genitales masculinos.

El fundamento último que hay detrás de esta propuesta, es la llamada ideología de género, cuyo objetivo es abolir la diferencia sexual, y remplazar la categoría de “sexo” por la categoría de “género”: el hombre y la mujer ya no lo serán por una realidad objetiva, sino por una concepción subjetiva.

PRINCIPALES CRÍTICAS AL PROYECTO DE LEY

La primera crítica que surge, es la concepción de persona que subyace bajo los fundamentos del proyecto. La dignidad del hombre no se entiende si no se hace referencia a lo masculino y lo femenino; realidades que no son subjetivas, sino objetivas. En este sentido, el sexo de las personas, no es algo accidental, sino un elemento sustancial, que las define, y que no es elegible, sino que se debe descubrir y aceptar (en la temprana infancia, los niños deben ir de a poco descubriendo su sexualidad y lo que ello significa).  Los hombres son seres sexuados, y ello implica que la definición misma de persona incluye la referencia a su sexualidad, ya sea masculina o femenina. Más aún cuando la sexualidad es un aspecto fundamental de la comunicación humana, al punto que de la entrega sexual absoluta, puede resultar la procreación (el transexualismo, en cambio, niega este aspecto comunicacional de la sexualidad). Negar lo anterior, como lo hace la ideología de género, es negar la misma definición de persona humana, lo que transgrede gravemente su dignidad.

En segundo lugar, se critica que se haga absoluto caso omiso al hecho clínicamente comprobado de que la identidad de género es un trastorno mental. Al contrario, por ejemplo, de la ley española que, dicho sea de paso, sirve como fundamento del proyecto que actualmente se discute, la propuesta en debate no requiere de ningún diagnóstico médico para certificar que efectivamente estamos frente a una persona que sufre un trastorno de identidad de género. El proyecto sólo exige para ejercer el derecho a la identidad de género, una petición por escrito en la que se fundamente la rectificación del sexo y la modificación del nombre (art. 5º PL), lo que, en la práctica, significará dar a conocer la “vivencia interna de género”.

En tercer lugar, el proyecto no solucionará ninguno de los problemas que dice solucionar, ya que se basa en un engaño. El proyecto no asume la verdadera realidad de las personas que sufren un trastorno de identidad de género, que es sentir un deseo de pertenecer a otro sexo, sino que, a través de una verdadera ficción, convierte registralmente a un hombre en una mujer. Sin embargo, esto no pasa de ser una ficción y un engaño, porque la persona que registralmente se cambia de sexo, verdaderamente sigue perteneciendo al sexo con el que nació. En este sentido, si un “Juan” rectifica y modifica su sexo y nombre, y pasa a ser legalmente “María”, no por eso deja de ser verdaderamente un hombre. Es decir, la propuesta no considera que las personas que sufren trastorno de identidad de género son hombres y mujeres objetivamente, y que eso no se puede modificar.

En cuarto lugar, se critica que el proyecto no exija ningún requisito para el ejercicio de este aparente derecho, como el no estar casado o no tener hijos. Esto es sumamente delicado, ya que el cambio de nombre y sexo no es un asunto meramente personal, sino que tiene un impacto social gigantesco, y primeramente en la familia.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DEL PROYECTO DE LEY

En primer lugar, como ya hemos dicho, el proyecto de ley reconoce una identidad de género neutra, que depende de la subjetividad de la persona, haciendo caso omiso de la realidad fisiológica. Las relaciones sociales y jurídicas se podrán ver dañadas, pues los terceros no podrán ejercer el derecho a conocer si se está tratando con un hombre o una mujer, independiente de la forma en que la persona pueda asumir su sexualidad.  

En segundo lugar, puede provocar un fraude a la ley, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que una persona biológicamente hombre, podrá cambiar su identidad de género y casarse con otro hombre.

En tercer lugar, elimina la diferencia sexual que está en la base del derecho de familia. No resuelve el problema que existirá en temas de filiación: con el proyecto podrá ser madre una persona que figura en los registro con sexo de hombre (podrán haber madres que legamente serán padres).

Y así suma y sigue.

¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS?

El proyecto de ley original no contemplaba la posibilidad de que los niños pudieran ejercer el supuesto derecho a la identidad de género. Sin embargo, el ejecutivo propuso modificar los artículos 7º y 8º (indicación 95º, Boletín VII), con el fin de que los niños, en el caso de sentir una vivencia de género diferente a su sexo biológico, pudieran cambiarse el nombre y el sexo registral.

La ideología de género ya es, en sí, una filosofía compleja, que arremete contra la dignidad del hombre. Sin embargo, el tema se vuelve aún más complejo cuando se intenta hacer parte de esta ideología a los niños. Como ya hemos dicho, para la ciencia el trastorno de identidad de género es un trastorno mental. En el caso de los niños ocurre lo mismo, pero se añade el hecho de que, por su edad, se encuentran en mayor vulnerabilidad. Dos comentarios al respecto:

Primero, que la comunidad científica recomienda, cuando un niño sufre un trastorno de identidad, dejar que se supere naturalmente. Recientes estudios demuestra que, antes de la adolescencia, la gran mayoría de los niños supera naturalmente el trastorno de identidad de género. En este sentido, resulta absolutamente imprudente permitir que un niño haga uso de este supuesto derecho, cuando no existe certeza alguna de que realmente sufre este trastorno mental. De la misma manera, tampoco parece razonable, desde el punto de vista clínico, que a un niño pre-adolescente se le trate socialmente según una identidad de género distinta de su sexo biológico pues ello solo agravará el trastorno.

En segundo lugar, parece absolutamente imprudente que el ejercicio de un supuesto derecho, que tiene efectos personales y sociales de gran envergadura, se deje en manos de los niños, cuando ellos, por la etapa de su desarrollo, no tiene suficiente madurez ni conciencia para saber qué están verdaderamente haciendo. Para nuestro derecho, los niños (menores de 18 años) son considerados incapaces.

 

EN QUÉ ESTAMOS AHORA

El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en la etapa de votación en particular, tanto de las indicciones como de los artículos. Hasta la fecha, se han votado los primeros cuatro artículos, que tiene que ver con la definición del derecho a la identidad de género, la definición de identidad de género, el ejercicio del derecho y los requisitos para su ejercicio.

Lamentablemente, en la Comisión de Derechos Humanos existen los votos suficientes para que el proyecto se apruebe: a favor del proyecto está el Senador Quintana, Matta y la Senadora Pérez; en contra del proyecto está el Senador Ossandón y la Senadora Van Rysselberghe.

Desde Comunidad y Justicia, estamos trabajando intensamente para que no se apruebe la indicación que permite que los niños puedan ejercer este supuesto derechos. Hemos hecho lo posible para que el proyecto sea rechazado en su integridad, pero nuestra preocupación radica en este momento en evitar que la conciencia de los niños sea vulnerada. Lo más probable, es que esta indicación sea votada el día 9 de septiembre de 2015.