En Chile, los medios materiales que permitan el goce del derecho a sufragio son apropiados y eficientes, al punto de recibir elogios por parte de observadores nacionales. Aun así, el diseño sigue pensado para un grueso de la población con capacidades físicas sin alteraciones. Personas que sufran de ceguera, dificultad de desplazamiento o de escritura, u otro tipo de discapacidad se ven en complicaciones a la hora de ir a votar. Muchos de estos obstáculos deben ser resueltos de forma irregular, en el acto y con los medios que se dispongan por vocales de mesa.

El boletín N°9054-06, ingresado por moción parlamentaria a la Cámara de Diputados el día miércoles 07 de agosto de 2013, viene a intentar solucionar el problema. Consta de un artículo único y ordena que se generen en todos los lugares de votación las condiciones adecuadas para que personas con discapacidad puedan votar, de manera fácil y expedita. El Presidente de la Mesa y un Vocal actuarán como Ministros de Fe.

Las Constituciones, Convenciones Internacionales u otros documentos legales que reconocen derechos para los habitantes de un territorio determinado son el primer paso antes del correcto aseguramiento de los mismos. Fuera del valor simbólico que tienen estas declaraciones, devienen en órdenes para el Legislador y la Administración conminándolos a adoptar las medidas legales o administrativas pertinentes que aseguren el ejercicio de estos derechos para todas las personas. Mal podría hablarse de un estado de derecho, por ejemplo, si no contara con sedes suficientes de sus órganos jurisdiccionales para abarcar todo el territorio nacional, o si impusiera exigencias tan demandantes que una parte de la población se viera excluida de acudir a la justicia. Por esto, creemos que esta medida es el primer paso a construir una cultura de acceso para aquellos que presenten algún tipo de discapacidad física, puesto a que se trata de conseguir un acceso justo para el ejercicio de un derecho fundamental. Esperamos que, en un futuro instrumento normativo, como pudiese ser un reglamento de la autoridad correspondiente, se fijen ciertos parámetros mínimos o exigencias para las medidas a tomar. Aun así, celebramos el proyecto y la iniciativa de los diputados.

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Hace ya casi un mes el Estado de Chile fue notificado de la denuncia interpuesta por el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) con el patrocinio de Hunter Carter, abogado norteamericano del estudio de abogados y lobistas ArentFox, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de la denuncia (antesala de una posible demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos) es lograr que la Comisión verifique la existencia de una violación a los DDHH por parte de Chile al no permitir que las parejas de personas homosexuales puedan contraer matrimonio.

La Comisión ha obrado con especial celeridad en la causa, notificando al Estado de Chile en tiempo record, y otorgando un plazo de 50 días para fijar su posición respecto de la admisibilidad de la denuncia, antes de entrar a analizar el fondo del asunto.

La actual situación constituye el episodio final de un disputa que comenzó el año 2010 con la solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Civil por parte de 3 parejas de personas homosexuales que buscaban celebrar matrimonio, en oposición al requisito de diversidad de sexos propio del matrimonio. En aquella oportunidad el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, devolviendo el asunto a la Corte de Apelaciones de Santiago que también rechazó el recurso de protección en contra del Registro Oficial, lo que había originado la causa.

Estamos monitoreando muy de cerca el progreso de la presente causa, con especial preocupación por el actuar previo de la Comisión y de la Corte, ambas muy proclives al reconocimiento de los llamados “derechos de las minorías LGBTIQ”.

Es por lo anterior que el día 19 de Agosto nos reunimos con el director de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Milenko Bertrand, cuyo equipo maneja actualmente todas las denuncias chilenas ante la Comisión, para ofrecer formalmente nuestra colaboración en la fijación de la posición chilena ante la Comisión en relación al fondo de la denuncia presentada, cuestión que fue aceptada por el Sr. Bertrand y su equipo. Adicionalmente, esperamos dirigir nuestros esfuerzos a la elaboración de nuestros propios informes de amicus curiae para presentar ante la Comisión, así como coordinar la presentación de informes de parte de otras instituciones afines a nivel regional y mundial.

Amigos,

Agosto ha sido un mes de muchas novedades para Comunidad y Justicia. Entre otros, ya contamos con nuestro sitio web completamente operativo y nuestra Comunidad de amigos ha seguido creciendo. Con todo, ¡Un muy buen mes!

En primer lugar, hace un par de días quedó completamente habilitada la página web de la Corporación en www.comunidadyjusticia.cl. Como muchos de ustedes saben, nuestro objetivo es que el sitio no sólo sea una carta de presentación, sino que además un espacio para mantenerlos informados de lo que pasa en Chile y en el mundo en torno a los DD.HH., y en especial en los temas que más nos interesan como organización.

En el sitio web encontrarán una sección de documentación en la que esperamos subir de forma periódica artículos científicos, informes en derecho o escritos que sean de interés, en especial para promover doctrinas que sean acordes a nuestra visión en torno a los Derechos Humanos. De forma adicional, dentro de los próximos días todos recibirán un correo notificándoles de su nombre de usuario y contraseña. Al acceder con estos datos al sitio a la sección de "Usuarios" del sitio web web encontrarán una blog especialmente reservado a los socios de la Corporación tanto para que lean acerca de nuestra actividad cotidiana, como de noticias relevantes de Chile y el mundo en temas de Derechos Humanos, con la posibilidad de comentar respecto de todas ellas, esperando que se genere dialogo y discusión en torno a estos temas.

Además, gracias a la ayuda de todos ustedes y de la red de contactos que se ha ido generando, hoy la Corporación está cerca de superar los 100 socios. Un numero que nos entusiasma mucho, pues dice mucho sobre el entusiasmo que ha generado esta iniciativa en menos de 6 meses desde su operación. Con la ayuda de ustedes, esperamos mantener este buen ritmo.

Un abrazo afectuoso,
Comunidad y Justicia.

Como fue de publico conocimiento, el 25 de julio pasado la Catedral de Santiago sufrió un ataque por parte de un grupo de manifestantes pro-aborto que traspasaron los límites de la libertad de expresión y derechamente ejercieron actos de violencia, causando no sólo daños contra el templo mismo, sino que amenazando directamente la dignidad de todos los feligreses que ahí  se encontraban.

La lamentable realidad es que estos actos se están volviendo cada vez más comunes dentro de nuestro país. En sus vertientes más violentas, los últimos años nos ha tocado presenciar intentos de incendio de iglesias (como el ataque a la iglesia de la Gratitud Nacional el 2011), agresiones a miembros del clero (como en los ataques a los sacerdotes de la Catedral de Punta Arenas a principios del 2013) y ataques a feligreses, como los del 25 de julio.

A nuestro juicio, este hecho es claramente constitutivo de una vulneración a los derechos de los fieles que en ese día vieron en peligro su integridad física y psíquica, y la vulneración de su libertad religiosa y de culto. El hecho fue condenado de forma casi unánime, salvo por los mismos convocantes que justificaron su actuar violento.

Muchos aspectos son preocupantes respecto de este caso. Lo primero es la impunidad con la que operan estos grupos, pues el sistema ha mostrado ser ineficaz para determinar responsabilidades por los delitos cometidos en el contexto de turbas que actúan conjuntamente (en este caso sólo existe un formalizado hasta la fecha). Lo segundo es la justificación de la violencia por parte de los manifestantes. Como lo muestran las palabras de la líder de los convocantes, ellos ven su posición como la de víctimas de la represión no sólo del Estado, sino que de la Iglesia Católica, y justifican su actuar como el esfuerzo de defensores de los derechos humanos (léase, derechos sexuales y reproductivos de la mujer) oprimidos en sus propios países.

Esto trae a la memoria algunas de las audiencias temáticas de la 147ª sesión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo de este año realizó múltiples audiencias dedicadas a analizar la “situación de los defensores y defensoras de los derecho sexuales y reproductivos” en Colombia, Argentina y las Américas en general, ante denuncias de opresión por parte de los mismos grupos ideológicos que en Chile usan la violencia como un medio de expresión legítimo.

Más allá de que la discusión en torno a si existen o no tales derechos sexuales y reproductivos, y en especial si ellos incluirían la posibilidad de realizar abortos en forma indiscriminada – como se solicita por estos manifestantes – lo lamentable es que la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos toma partido a favor de estos grupos y solicita a los Estados que adopten medidas para proteger y resguardar la labor de estos autodenominados defensores de los Derechos Humanos.

Es por esta razón que Comunidad y Justicia solicitó, conjuntamente con la Alliance Defending Freedom, el Parliamentary Network for Critical Issues y la World Youth Alliance solicitamos conjuntamente una audiencia temática a la CIDH para exponer la preocupante situación chilena respecto a la creciente violencia en contra de la Iglesia y fieles católicos por parte de los mismos grupos que la Comisión le pide a los Estados proteger.

Actualmente estamos esperando la respuesta de la Comisión Interamericana respecto de nuestra solicitud, de forma tal que, en caso de acceder, nos permitirá asistir a la próxima sesión de trabajo en Octubre del presente año.