Comisión Interamericana de DDHH: CyJ asume defensa de madre uruguaya que luchó dos años para recuperar el cuerpo de su hija fallecida como consecuencia un aborto no consentido.

En Uruguay los mortinatos de menos de 500 gramos son considerados “desechos patológicos”. El cadáver de la hija de Jacqueline Grosso estuvo dos años en un laboratorio en Montevideo antes de que pudiera darle una digna sepultura.

 

Hace algunos meses nos contactó por correo electrónico Jacqueline Grosso, una esforzada ciudadana uruguaya víctima de violaciones a sus derechos humanos. Estando embarazada de 20 semanas, Jacqueline sufrió una brutal agresión que terminó con la muerte de su hija en gestación. Pero para colmo, en el hospital donde fue atendida le dijeron que no podían entregarle el cadáver de su hija pues era un “desecho patológico” (así se trata clínicamente a los fetos fallecidos pesando menos de 500 gramos), por lo que el diminuto cuerpecito fue trasladado a un laboratorio y colocado en un frasco con formol. Jacqueline tuvo que pelear dos años en tribunales para conseguir la autorización de un juzgado que le permitiera recuperar el cadáver de su hija y darle así una digna sepultura según sus creencias religiosas.

Luego de esta traumática experiencia Jacqueline Grosso se convirtió en una fuerte activista pro-vida en Montevideo. Quiere llevar su caso al sistema interamericano de derechos humanos y le ha pedido a la Corporación Comunidad y Justicia que la representemos.

Durante noviembre presentaremos una petición a la Comisión Interamericana en contra del Estado de Uruguay por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Jacqueline y su hija Victoria Jazmín –de solo 20 semanas de vida-.

En Chile la situación de los mortinatos está regulada administrativamente, permitiéndose a los padres recuperar el cadáver de su hijo fallecido antes del nacimiento para darle sepultura. Sin embargo, se han presentado casos similares al de Jacqueline, incluso, sin que se sepa el paradero del cuerpo del mortinato. En cualquier caso, la legislación no permite inscribir a los mortinatos en el Registro Civil, por lo que son considerados N.N., generando dificultades para diversos trámites.

El caso de Jacqueline Grosso sin duda abrirá importantes discusiones a nivel Latinamericano sobre el reconocimiento de la personalidad y derechos de los niños que están por nacer.

 

 

Puedes revisar un resumen de la historia de Jacqueline aquí.