“Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.” – Artículo 12.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En Comunidad y Justicia compartimos una concepción del hombre como un ser cuya dimensión espiritual permite el desarrollo de una riquísima interioridad que puede, además, ser comunicada y participada al resto de la comunidad. Esto no es sino consecuencia de la naturaleza corporal y espiritual de la persona humana y su apertura a la trascendencia.
Creemos que la libertad religiosa y el libre ejercicio de la fe abarcan todas las dimensiones del hombre: personal y social, en su vida privada y pública, pues no son más que una sola, como el hombre es una sola sustancia personal. Sólo hay verdadera libertad para la búsqueda de Dios y el ejercicio de la fe cuando es posible que ella se materialice en todos los aspectos de la vida humana, sea en el trabajo o en el colegio, en el seno de la familia o en el centro de padres, en el debate político y en los medios de comunicación social. Lo contrario exige construir una separación arbitraria que pretende negar al hombre su carácter trascendente fuera de su dimensión personal.
Comunidad y Justicia participa en la tarea de resguardar para todas las personas el derecho a vivir la totalidad de su vida conforme a la fe, manteniendo siempre abiertos los espacios para la libre proclamación de ella, y rechazando cualquier intervención externa tanto de particulares como del Estado que pretendan obligar a los hombres a violar sus conciencias y atentar contra su fe.
“La Constitución asegura a todas las personas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público…” – Artículo 19 número 6 de la Constitución Política de la República.