Compartimos con ustedes la carta publicada por El Mercurio este viernes 24 de julio, de este profesor de Derecho UC y presidente del Directorio de la Corporación Ciudad del Niño. En ella, se respalda el veto propuesto por el Presidente de la República al proyecto de reforma del SENAME.

Señor Director:

Una vez más se pone en tela de juicio la sincera preocupación de algunos parlamentarios por la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad, proclamada transversalmente como una prioridad del Estado en el Acuerdo Nacional por la Infancia.

En efecto, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia que reemplaza al Sename, y cuya urgencia es indiscutible, encuentra en el Congreso un nuevo traspié para su materialización.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, vetó las modificaciones incorporadas a dicho proyecto por la Comisión Mixta, buscando corregir aspectos realmente preocupantes. Entre estos, la pretensión de primacía de la autonomía progresiva de los niños y jóvenes por sobre el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos que reconoce la Constitución Política.

Otro aspecto relevante que aborda el veto es cómo se complejiza la participación de las instituciones de la sociedad civil, introduciendo exigencias inhibitorias de su accionar que, afectando la relación-público privada, no se condicen con el relevante rol histórico que han cumplido, llenando el vacío de un Estado ausente, insensible e ineficiente.

Ninguna de las modificaciones señaladas se ordena al principio del interés superior del niño que tan livianamente se esgrime. Especialmente cuando mediante una presión ilegítima e ideológica se supedita la aprobación de este urgente proyecto a la aprobación previa de la Ley Marco de Garantías de la Niñez, que ha sido de muy larga discusión, pues requiere consensos valóricos mínimos de todos los chilenos, particularmente difíciles de alcanzar en el momento que estamos viviendo.

«Ninguna de las modificaciones señaladas se ordena al principio del interés superior del niño que tan livianamente se esgrime. Especialmente cuando mediante una presión ilegítima e ideológica se supedita la aprobación de este urgente proyecto a la aprobación previa de la Ley Marco de Garantías de la Niñez.»

El bien común exige no eludir la discusión de fondo, entender la urgencia del problema y ponerse de una vez por todas del lado de los niños, niñas y adolescentes que presencian con desconcierto la insensibilidad de la clase política.