SEÑOR DIRECTOR:
En este nuevo proceso constitucional se debate una cuestión importantísima para quienes creemos en la autonomía de los grupos intermedios frente al Estado. Bajo la consagración de Chile como un Estado social y democrático de derecho, se ha pretendido por algunos comisionados expertos justificar un rol tan intrusivo del Estado que incluso la referencia a que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad sería un “riesgo” para poder impulsar políticas sociales robustas. Cabe preguntarse, ¿qué clase de políticas se querrán impulsar para que la familia sea un estorbo al actuar del Estado?
Esta discusión es especialmente relevante en materia educacional, en la que se decide la formación de las futuras generaciones, pudiendo existir una tensión entre los intereses estatales y los derechos de la familia. Cabe recordar, por ejemplo, los intensos debates en torno a la educación sexual integral. La norma de protección, entonces, debe ser doblemente clara: el derecho y deber preferente a educar -y no solo a elegir la educación- debe recaer específicamente en los padres o tutores legales, en su caso, estableciendo, a nivel constitucional y con claridad, los titulares de esta libertad, así como la autoridad paterna en la estructura social.
María Trinidad Schleyer
Libertad y Desarrollo
Gustavo Baehr
Comunidad y Justicia