Autogol
Por Javier Mena Mauricio. Columna publicada en El Líbero el 26 de junio de 2026.
El gobierno que prometió defender a la familia del Estado acaba de presentar un proyecto para ponerla bajo mayor tutela del Estado. No es un trabalenguas: es el Mensaje N° 060-374, que “fortalece el ejercicio de la responsabilidad parental” y entró a la Cámara este mes.
Su fin es bueno, y hay que decirlo sin reticencia: que los padres estén presentes, que guíen, que no abdiquen. Nadie de buena fe defiende al padre ausente. El reparo no es al fin, sino al medio. Para conseguir padres diligentes, el texto resuelve poner a todos los padres bajo sospecha; para socorrer a la familia que fracasa, instala al Estado como auditor anticipado de la familia que tropieza y se levanta. Y lo hace desde una administración que, se supone, entiende qué es la subsidiariedad —menos tutela, más familia, respeto del hogar frente al aparato—. Es como si los bomberos, hartos de incendios, fundaran una escuela de pirotecnia.
El mecanismo merece mirarse, porque el diablo asoma en el detalle. El nuevo procedimiento “especial, preventivo y tutelar” se gatilla cuando un niño o un adolescente comete cualquier falta —o incurre en una conducta dañosa para sí mismo— y alguien supone que detrás hubo “falta de diligencia” de los padres. ¿Quién puede denunciarlos? Además de la policía, los abuelos, los profesores, el director del colegio y la Defensoría de la Niñez. Si el tribunal sospecha, en cualquier momento, una “vulneración grave”, abre de oficio una medida de protección, que es la antesala cortés de la separación del hijo. Y para corregir a los padres, el Estado los deriva —obligatoriamente— a “programas de habilidades parentales”. El gobierno que jura no reemplazar a los padres los matricula en un curso para aprender a serlo.
Conviene anticipar la objeción, porque es la primera que se hará: la escuela ya denuncia. Hace tiempo que el profesor y el director están obligados a poner en conocimiento de la justicia el maltrato o el abuso que sufre un alumno, y está bien que así sea. Pero adviértase el giro, porque en él cabe todo. Hasta hoy la mirada del colegio se dirigía a quien daña al niño, para protegerlo; el proyecto la voltea hacia los padres, para sancionarlos por lo que el niño hizo. La escuela deja de ser centinela contra el daño y pasa a ser auditora de la crianza: ya no avisa que a un alumno lo lastiman, sino que sus padres no lo educaron bastante bien. A la institución a la que entregamos a los hijos para que los forme con nosotros, el proyecto la enrola como posible acusadora de nuestra idoneidad para formarlos. Y ahí, no en la denuncia del abuso, se quiebra la confianza callada sobre la que descansa la subsidiariedad educativa.
Ahora bien: todo esto se entrega a los tribunales de familia. Y aquí le pido al lector un ejercicio que, sospecho, los redactores del proyecto no hicieron. Que vaya un día cualquiera, a las ocho y media de la mañana, al pasillo de un juzgado de familia. Verá, banca contra banca, a madres agotadas y a padres separados que apenas se miran, a abuelos cargando con lo que otros soltaron, a niños oyendo lo que no deberían. Y verá circular un vocabulario de goma —“interés superior”, “maltrato psicológico”, “buena crianza”— que cada consejero técnico llena con el contenido que su criterio, y el aire turbio de la época, le dictan. Quien haya litigado ahí sabe que ese contenido dista de ser neutral, y con qué vara suele medirse a la familia que no calza con el molde.
Y no se diga que este recelo es manía chilena, fantasma de un litigante mal dormido. Donde el aparato tutelar lleva más años y más holgura, el estándar elástico ya enseñó adónde conduce. En Noruega, el servicio de protección se llevó a los cinco hijos del matrimonio Bodnariu —de tres meses a nueve años— y los repartió en hogares de acogida; el expediente había empezado con la llamada de una directora de escuela, inquieta por una crianza que juzgaba demasiado estricta y religiosa. Los exámenes médicos no hallaron rastro de maltrato, y los niños volvieron a casa recién meses después, tras una protesta internacional. En Alemania, una veintena de policías y asistentes sociales retiró por tres semanas a los cuatro hijos del matrimonio Wunderlich, cuya única falta era enseñarles en casa; entre los riesgos que el tribunal anotó figuraba el apego demasiado intenso de esos niños a sus padres. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que nadie acusará de nostalgia conservadora, no halló nada que reprochar. No afirmo que Chile sea Noruega ni Alemania; afirmo que el peligro no anida en la latitud, sino en el estándar: entréguese a cualquier Estado una vara de goma y la palabra “riesgo”, y tarde o temprano la usará para medir a una familia que no ha dañado a nadie.
Y ya que hablamos de lo que esos tribunales saben hacer, una pregunta directa para los autores del proyecto, sin segundas intenciones: ¿saben cómo trata hoy un juzgado de familia chileno al padre o a la madre que se atreve a dudar de las dudas de un hijo menor de catorce años sobre su identidad sexuada? ¿Han visto con qué naturalidad, bajo el “interés superior” y la “no discriminación”, el progenitor que vacila puede pasar de parte preocupada a sospechoso de vulnerar? No lo pregunto para abrir ese debate aquí, sino para uno más simple: antes de entregarle a ese tribunal más poder sobre el hogar, lo prudente sería averiguar cómo ejerce el que ya tiene.
A ese lugar —no al tribunal aséptico y técnico que alguien imaginó en un escritorio— el proyecto quiere darle más poder sobre el hogar, sobre más materias y con estándares más elásticos. De donde sólo caben dos explicaciones, y sólo dos. La primera, que quienes lo firmaron conozcan ese terreno y, aun así, hayan decidido entregárselo. La segunda, que no lo conozcan; que jamás se hayan sentado a esperar un comparendo de familia. Por caridad —y, francamente, por verosimilitud— me quedo con la segunda. Estarían legislando, con la mejor intención del mundo, sobre un país que no han pisado: han leído el mapa y no el territorio, y han confundido el tribunal que existe con el que les habría gustado que existiera.
Hay deslices más finos —el texto confunde el deber personalísimo de guiar con sanciones patrimoniales y sucesorias, mezclando lo que él mismo distinguía con pulcritud en su primer párrafo—, pero eso es un primor de técnica al lado de lo grueso, que es de principios: un gobierno pro familia, para fortalecerla, la pone bajo la tutela de quienes menos confían en ella. Y las buenas intenciones tienen mala memoria. La maquinaria que hoy se arma con patrocinio pro familia no lleva grabado el nombre de quien la enciende: la heredará, montada y aceitada, la administración que venga, piense lo que piense sobre la “buena crianza”. Quien construye el caballo no decide quién entra en él.
Por lo demás, el Estado no puede dar lo que no tiene. No posee paternidad que conferir, ni fabrica presencia por multa ni cariño por oficio. No se cita a comparendo el amor de un padre. Lo que sí puede hacer —y este proyecto lo hace— es desconfiar del hogar mientras jura defenderlo.
Lo demás se dice solo. Un gobierno que prometió defender a la familia del Estado terminó, con la mejor intención, metiendo la pelota en su propio arco. Quiero creer que es desconocimiento del terreno —y apuro por mostrar “medidas”—, no de doctrina; entre ambos males, es el único que tiene cura. Y la cura es barata: ir, sentarse en la banca de un juzgado de familia, esperar el comparendo. Después, reconocer el autogol y retirar el proyecto, ya que, en política como en la cancha, rectificar a tiempo no desprestigia a nadie: lo honra.
Un primer paso para prohibir la maternidad subrogada en Chile
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 2 de febrero de 2026.
Cerrando su trabajo legislativo, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un proyecto de ley que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada. La votación fue unánime -9 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones-, y con votos de todos los colores políticos (REP, PSC, UDI, EVO, DEM, PS y FA).
Su transversalidad demuestra lo obvio: la cosificación de la mujer no es admisible en nuestro ordenamiento jurídico, así como tampoco convertir a un niño en objeto de transacción.
El proyecto de ley establece que adolecerá de nulidad absoluta todo contrato o acuerdo de maternidad subrogada y sanciona al que actuare como intermediador entre quienes desean acoger a un niño y a la mujer que acepte gestarlo para entregárselo. Además, se incluye a la maternidad subrogada como un posible supuesto del tráfico ilícito de personas.
Una de las principales objeciones que se ha levantado es que se permita excepcionalmente la maternidad subrogada si es que se realiza con fines altruistas. Es decir, que no existiese una contraprestación por la gestación, como podría ocurrir en casos de amistad o parentesco. Pero la ilegitimidad de la maternidad subrogada no depende de su carácter gratuito u oneroso. En ese caso, la cosificación del niño y de la mujer sigue existiendo. La instrumentalización del cuerpo de la mujer y del niño no desparecen haya o no algún tipo de pago. El embarazo no es una prestación de servicios. Ese es el fondo del asunto. En términos simples, el fin no justifica los medios. El deseo de tener hijos no justifica la legitimación de conductas que lesionan la dignidad de terceros.
Existen otros argumentos que también atacan la maternidad subrogada altruista. Uno de ellos es que la explotación se disfraza mediante ofertas de incentivos indirectos. Lo anterior se relaciona directamente con el riesgo de una mercantilización encubierta al tratarse de una zona gris. Otro es que exista una presión moral en caso de arrepentimiento o retractación. Finalmente, es fácil que la excepción se convierta en regla general, y es una cuestión que ocurre normalmente en la legislación chilena, lo que se ve facilitado por una normativa infralegal que en muchos casos va más allá (o incluso en contra) de lo dispuesto por la ley. Si a eso se le suma una ausencia de fiscalización, el mercado queda abierto.
Lo cierto es que la maternidad subrogada separa artificialmente las distintas etapas de la maternidad: gestar, parir, cuidar, criar y amar. En cambio, la maternidad subrogada, incluida la altruista, considera que la gestación es una función aislada que puede ser ejecutada por cualquier mujer y luego transferida a otra, relegando absolutamente la conexión física, psicológica y afectiva de la maternidad durante el embarazo.
Esperamos que la Sala de la Cámara de Diputados, con una nueva integración, ratifique la prohibición y el proyecto pueda avanzar para proteger tanto a las mujeres como a los niños de una práctica inhumana e indigna.
Chile, vamos a ordenar la casa
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 26 de enero de 2026.
José Antonio Kast presentó a su gabinete de 24 ministros. Dejando de lado las críticas cantinfleras, la objeción a su primera línea por su carácter “tecnocrático” y falta de “tonelaje político” ha sido una de las más comunes. Que una gran mayoría fuesen independientes y pocos tuvieran una familia política que los cuidara se ha visto como una debilidad. Sin embargo, el carácter tecnócrata en un “gobierno de emergencia” puede tener otra explicación.
Quienes siguen de cerca el trabajo en el Congreso son testigos del mix entre creatividad humana y obsesión regulatoria. Basta revisar la cantidad de proyectos de ley presentados por cada parlamentario y comparar entre los presentados y los aprobados. La cantidad de proyectos de ley es inversamente proporcional a su calidad. Leyes buenas buenas buenas no son muchas. El Congreso se juega su reputación anual en un puñado de proyectos de ley. Lamentablemente, se privilegian iniciativas cortas, populistas e innecesarias, mientras que las realmente importantes y “fomes”, como la reforma procesal civil, siguen juntando polvo. El problema para la resolución de las urgencias sociales de Chile no va por la ausencia de legislación. Por supuesto que se necesitan leyes, pero hacer depender la conformación de un gabinete presidencial para el amarre de votos parlamentarios es erróneo.
Tenemos leyes. No todas las leyes se cumplen, ni se ejercen las atribuciones que entregan ni se fiscaliza su cumplimiento. El caso Dorothy es el mejor ejemplo. Sin ninguna nueva ley y ocupando las atribuciones que entrega la legislación vigente pudo, efectivamente, controlar. Pudo fiscalizar. Y cuando la fiscalización arrojaba alertas, se comunicaban los resultados y se exigía, al órgano fiscalizado, que cumpliera la ley, corrigiera y sancionara. Probablemente con la nueva presidenta de la Corte Suprema ocurra lo mismo. Hasta que no se promulgue la ley que resuelva la modalidad del nombramiento judicial y redistribución de funciones, Chevesich podrá lograr resultados aplicando la legislación vigente. La eficacia de la ley pareciera depender de la voluntad de la autoridad encargada de aplicarla y hacerla cumplir, y eso evidentemente es un problema.
Pudiera ser que a esto se refería el Presidente electo, en agosto pasado: «hoy llega una nueva contralora y hace el trabajo. Yo le diría al Gobierno hagan la pega, hagan el trabajo, hoy las leyes están». En un seminario profundizó esta mirada: «Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Por eso cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria, y les lleva a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley». La doctrina socialcristiana y el gremialismo de Jaime Guzmán resuenan absoluta claridad: el Estado (y por ende, todo funcionario público) está al servicio de la persona, que autoridad se ejerce (no se “habita”), la ley tiene una función pedagógica y su incumplimiento debe sancionarse. Aplicar la ley, bajo la potestad reglamentaria que la Constitución entrega al Poder Ejecutivo, es lo que hará el nuevo Presidente. Sus promesas de realizar una auditoría general al Estado, el plan va en la misma línea.
El diagnóstico, evidente para todos, es que Chile requiere, con urgencia, orden y restablecimiento de la autoridad. La anomia ya es contagiosa. El nuevo Presidente, con la sencillez que lo caracteriza (despreciada por un columnista que necesita viadil), sabe que es necesario ordenar la casa.
Otro problema de muchas leyes es que su concreción va más allá de lo que ella misma permite e incluso puede contradecirla. Si con la ley se intentó doblarle la mano a la Constitución, con los reglamentos y decretos pasa lo mismo. Van mucho más allá de lo que la propia ley señala. Por tanto, aplicar la ley es cumplirla prudentemente. Ni más ni menos. Porque hemos caído en los dos extremos: o la ley no se aplica o se aplica según la interpretación del funcionario de turno (sin importar su jerarquía). Se ha normalizado que en la ejecución administrativa de las leyes se incurra en actuaciones que no tienen una fuente legal, se inventen excepciones a partir de principios del soft law, se retuerzan interpretaciones para hacer que la ley diga lo que no dice o se dicten reglamentos que van más allá de lo regulado por la ley. La desprolijidad, la ausencia de sanciones y el despilfarro de los recursos públicos (en las cuestiones más insólitas) es la consecuencia natural de una mentalidad que desdeña a la ley, y en el fondo, el orden. Una mentalidad frívola que desprecia a los que más ayuda necesitan.
En este sentido, el trabajo de las futuras divisiones jurídicas será titánico, pero realmente muy necesario. Hay voluntad de cambio. De revisar y separar la paja del trigo. Por eso, el carácter tecnócrata del gabinete presidencial apunta en la dirección correcta. Suponemos que los ministros deberán priorizar el trabajo de ordenar, auditar, corregir y limpiar sus “piezas”, antes que pasar tres de los cinco días de la semana en el Congreso. Que sean de confianza del Presidente electo responde a que comparten esta mirada de austeridad, eficiencia y respeto a la ley y a la Constitución, y de entender que son servidores públicos. Es probable que la cantidad de proyectos de ley que se envíe al Congreso sea la justa y necesaria, probablemente sobria y sin rellenos monumentales de principios, reconocimientos y creación de más órganos estatales.
Es lo que Chile lleva pidiendo hace años.
¿Cuánta información reservada sobre las FF.AA. se lleva el Partido Comunista para la casa?
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 19 de enero de 2026.
El subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, ha tenido la suerte (o habilidad) de durar los cuatro años en el puesto. La Subsecretaría es una institución clave en la seguridad chilena porque autoriza todo el financiamiento de las adquisiciones y renovación de material bélico del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como aviones, buques, tanques, misiles, fusiles, municiones y armamentos en generaly tramita todos los ascensos de los suboficiales y oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Es la primera vez que el cargo es ocupado por un militante comunista. Si bien Eidelstein no pudo integrar el Comité Central del Partido Comunista (Nº 100, con 2.357 votos), su jefe de gabinete y dos funcionarios más sí lo lograron.
Su paso por la subsecretaría no estuvo exento de polémicas. Su elección al cargo, en febrero de 2022, fue criticada por el Presidente electo, José Antonio Kast, por considerarlo absolutamente inaceptable y de estar directamente involucrado con Chávez y Maduro. La llegada de Eidelstein fue la “cabeza de playa” de un “batallón de jerarcas y militantes” comunistas, muchos de exclusiva confianza del expresidente Tellier, como investigó El Líbero. Según una denuncia de la oposición, en octubre de 2022, 70 funcionarios habrían sido desvinculados. Para esa misma fecha, el primer intento de intervencionismo llamó la atención mediática, ya que el subsecretario solicitó información sobre los planes de estudio u bibliografías de las escuelas matrices y las nuevas facultades de la Unidad de Educación Militar, que podría proponer a Eidelstein directrices educativas para las instituciones de educación de las FF.AA., lo que implicaba un grave riesgo de adoctrinamiento político e ideológico y fue motivo de preocupación entre exministros de Defensa, pero la Contraloría determinó que no se ajustaba a derecho y el Ministerio de Defensa dejó sin efecto la resolución.
Luego de las elecciones municipales de octubre de 2024, la Subsecretaría se convirtió en una agencia de empleos para políticos cesantes vinculados al PC, principalmente por la derrota de Hassler. El último episodio fue a fines de 2025, cuando se denunció el intento de un “amarre” al abrir concursos públicos en tres cargos de alta jefatura (Departamentos de Políticas Institucionales, Adquisiciones, y Estudios y Análisis) antes del cambio de gobierno, pero uno de los requisitos para postular es ser funcionario de planta o a contrata, lo que a juicio de diputados de la UDI, confirma la intención de acomodar a personas ya vinculadas con la actual administración.
¿Por qué son preocupantes todos estos antecedentes? ¿Por qué no existiría una aprehensión si fuese un ministerio ocupado por otro partido? Porque el Partido Comunista juega a largo plazo. Es paciente. Siembra y sabe esperar para cosechar. Porque creen en la violencia como una forma legítima de alcanzar el poder y lo demostraron durante el 18O y, también, posteriormente, incluidas las acusaciones constitucionales para destituir al Presidente de la República o el llamado anticipado a elecciones. Porque saben que sin las FF.AA. toda revolución está condenada al fracaso. Porque avanzan dos pasos y retroceden uno. Porque esa Subsecretaría llamó muy poco la atención, en comparación al resto de los ministerios, lo que implicó una menor fiscalización.
Porque, con seis convencionales, dominaron un tercio de la Convención y lograron arrodillar al FA y el PS, redactando un borrador constitucional que dejó a Chile al borde del abismo. Porque calmaron la calle durante cuatro años. Porque están preparándose para activarse, según las conclusiones del último Comité Central, y volver a ser una oposición aún más dura de lo que fueron con Sebastián Piñera. Porque son, de los partidos oficialistas, los que más se opusieron a la agenda de seguridad en el Congreso, rechazando proyectos de ley impulsados por el gobierno, y no dudaron en salir a criticar la Ley Naín Retamal, luego de la absolución en el caso Crespo. Porque su representación parlamentaria es de las pocas que ha aumentado en cada nueva elección entre 2010 – 2025. Porque, a pesar de su lucha interna y con sus socios de coalición, Carmona y Jadue terminarán doblándole la mano al FA y al PS y llegarán a ser el partido hegemónico de la futura posición.
Porque son aliados y defensores de los regímenes dictatoriales de Venezuela y Cuba, como se ha visto recientemente en sus emplazamientos al Presidente Boric. Y son esas dictaduras las que han desestabilizado y actuado en Chile, como en el caso Ojeda.
Porque no se sabe cuánto averiguaron del funcionamiento, financiamiento y cualquier información valiosa de las Fuerzas Armadas. Porque no se sabe cuántos cambios, sutiles y silenciosos, hicieron, ni cuantos militantes quedarán apernados en la subsecretaría. Porque no se sabe qué pueden hacer con la información clasificada sobre secretos militares, planes militares, debilidades y programas de armamentos. Si fueron capaces de poner en riesgo el orden institucional y social chileno durante el 18O y con la Convención, son capaces de hacerlo nuevamente.
En estas materias, acusar de alarmismo o conspiracionismo es ingenuidad.
El próximo ministro de Defensa no solo tiene un gran trabajo de cara al futuro, sino que también hacia el pasado, más allá de realizar auditorías y revisar que la caja cuadre, deberá hacer algo más delicado: indagar cuánta información reservada sobre las FF.AA. obtuvo el Partido Comunista en estos cuatro años.
León XIV recuerda algunas verdades para el segundo cuarto de siglo en Chile
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 12 de enero de 2026.
La semana pasada, el Papa León XIV pronunció un discurso ante el Cuerpo Diplomático que, para algunos, ha sido calificado como el más político de su elección. Al mismo tiempo, la atención mediática se ha centrado en las referencias a Venezuela, la migración y el derecho internacional. Pero el Papa profundizó en otras materias y denunció atentados a la dignidad humana y al cristianismo y que ocurren en Chile.
Ante los típicos y siempre infructuosos cantos de sirena sobre el deber de la Iglesia Católica de actualizarse según los tiempos modernos, el Santo Padre, de forma contundente y clara, recordó la doctrina sobre los bienes fundamentales que ha defendido y promovido históricamente. Recordó la importancia de la institución de la familia, como aquella unión exclusiva e indisoluble entre una mujer y un hombre, que acoge y cuida plenamente la vida por nacer. Ese cuidado al no nacido implica un rechazo categórico al aborto y al financiamiento del derecho al aborto seguro y el cuestionamiento a la asignación de recursos públicos para abortar en lugar de apoyar a las madres: el objetivo principal debe seguir siendo la protección de todos los niños no nacidos y el apoyo efectivo y concreto a todas las mujeres para que puedan acoger la vida. Al mismo tiempo, condenó la maternidad subrogada, como una práctica que considera al niño como un producto y a la madre, al explotar su cuerpo. Del mismo modo, condenó la eutanasia como una falsa forma de compasión, en lugar de promover políticas de auténtica solidaridad y ofreciendo soluciones al sufrimiento humano, como los cuidados paliativos.
El Papa también advirtió sobre los atentados contra la libertad religiosa y la persecución al cristianismo, respecto a la cual muchos prefieren mirar para el lado, como hemos comentado anteriormente. Defendió el rechazo por parte de médicos y profesionales de la salud a participar en prácticas como el aborto o la eutanasia y recordó cómo en América y Europa se extiende una forma sutil de discriminación religiosa contra los cristianos cuando se restringe su capacidad de proclamar las verdades del Evangelio por razones políticas o ideológicas.
León XIV advierte de los problemas de la comunicación de nuestro tiempo porque es necesario que haya acuerdo sobre las palabras y los conceptos que se utilizan, ya que, si las palabras pierden su conexión con la realidad, y la realidad misma se vuelve discutible y, en última instancia, incomunicable. Por ello, las palabras deben volver a expresar ciertas realidades de forma inequívoca y así podrá reanudarse el diálogo auténtico sin malentendidos (…) en nuestros hogares y espacios públicos, en la política, en los medios de comunicación y en las redes sociales. El Papa no desconoce que se está desarrollando un nuevo lenguaje al estilo orwelliano que, en un intento por ser cada vez más inclusivo, acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan.
Muchos de los males denunciados por el Romano Pontífice ocurren y se promueven en Chile, mientras otros ya han sido instalados y son mayoritariamente aceptados. Lo peor es que el Estado se ha convertido en el gran impulso y defensor de dichos males. Se impulsan leyes que permiten la eutanasia y el aborto libre, mientras restringe reglamentariamente la objeción de conciencia; no promueve iniciativas para prohibir la maternidad subrogada. Se impone la perspectiva de género en los reglamentos internos de todo establecimiento educacional desde la más tierna infancia y la perspectiva de género en todo órgano del Estado. Se manipula el lenguaje para introducir la ideología de género en caballos de Troya disfrazados de prevención del abuso sexual, referirse a la eutanasia como “muerte digna” o normalizar que se hormone niños desde los 9 años para intentar cambiar de sexo.
Si en el periodo 2000 a 2025 en Chile el progresismo cultural y el subjetivismo moral causaron graves y dañinos retrocesos en la protección de la vida, la familia, la religión y la educación, en el próximo cuarto de siglo es necesario avanzar en su promoción.
Comenzando el segundo cuarto de siglo, la valentía del Papa de decir las cosas por su nombre, sin distinciones enredadas ni disculpas innecesarias, constituye un llamado a todos los católicos en Chile de vivir y defender públicamente nuestra fe en las leyes, en las escuelas y en el hogar.
Comenzando el segundo cuarto de siglo, la valentía del Papa de decir las cosas por su nombre, sin distinciones enredadas ni disculpas innecesarias, constituye un llamado a todos los católicos en Chile de vivir y defender públicamente nuestra fe en las leyes, en las escuelas y en el hogar.
La Superintendencia del adoctrinamiento ideológico
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 5 de enero de 2026.
El 23 de diciembre recién pasado —fecha propicia para los regalos, pero no para los amarres— la Superintendencia de Educación aprobó dos resoluciones exentas que ordenan a todos los establecimientos de enseñanza básica y media incorporar la llamada “perspectiva de género” como principio rector de sus reglamentos internos y de la disciplina escolar (circulares 781 y 782). La medida fue criticada por asociaciones de padres, profesores, instituciones y diversas autoridades, que la calificaron, con razón, como un nuevo amarre ideológico del gobierno saliente. No es extraño: este particular Grinch educativo consiguió arruinarle la Navidad a más de uno.
En ambas circulares, la idea de fondo se formula con un lenguaje aparentemente inofensivo: no se puede discriminar a nadie por su identidad o expresión de género. Ahora bien, como suele ocurrir con las fórmulas vagas, el problema no está en la consigna sino en sus consecuencias. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Que un hombre de quince años que se identifique como mujer pueda ingresar a los baños o camarines femeninos? Hasta ahí llega el chiste, porque la inmensa mayoría de los padres no estaría dispuesta a tolerarlo y reaccionaría de inmediato. La pregunta es otra: ¿a qué sanciones se exponen quienes se opongan? ¿Estarán los colegios obligados a asumir multas por permitir lo que la autoridad llama, con elegante severidad burocrática, “actos transfóbicos”?
Las circulares se aplican a todos los establecimientos de enseñanza básica y media, incluidos numerosos colegios subvencionados de distintas confesiones religiosas. A la Superintendencia —siempre tan celosa de los reglamentos— se le olvida, con notable comodidad, que su actuación debe ajustarse a la Constitución. Esto implica respetar la libertad religiosa, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la autonomía de los cuerpos intermedios. Para estos funcionarios del nuevo catecismo civil, la inclusión y la diversidad son virtudes muy apreciadas… siempre que estén fuera. Una vez dentro, solo importa excluir toda disidencia y homogeneizar bajo una visión única y obligatoria.
A un gobierno que suele declamar con entusiasmo sobre la participación ciudadana, justo en este punto —justo, justo ahora— no le importó escuchar. La sociedad se oye solo cuando confirma lo que ya se decidió. Es evidente que, de haberse informado de manera transparente a las comunidades educativas, y no de forma selectiva y tardía, el contenido de estas circulares habría sido muy distinto. El fervor por las “mesas de trabajo” y por “escuchar a la calle” se evapora cuando la calle no aplaude. Entonces, la participación se transforma discretamente en decreto.
El contenido ideológico de estas circulares sería casi anecdótico si no fuera porque la llamada perspectiva de género es, en lo esencial, antiformativa. Enseñar a los niños, desde primero básico, que basta con sentirse del sexo opuesto para serlo no es un acto de apertura mental, sino un atentado contra la lógica y la biología, propio de quienes discuten seriamente si la Tierra es plana. La confusión que se introduce no es accidental ni ingenua: es profunda y deliberada.
Cabe esperar que el gobierno entrante —puesto que, contra toda sospecha, es posible caminar y mascar chicle al mismo tiempo— entienda que esta “normativa” debiera tener pronta fecha de vencimiento. Si algo se le reconoce es su declarado respeto por la Constitución y la ley. Restablecer el imperio del derecho no es una consigna grandilocuente, sino una tarea concreta: las leyes regulan materias específicas y dentro de un marco definido. Lo que lo excede no es audaz ni progresista; es simplemente ilegal e inconstitucional. Y, por lo mismo, debe ser corregido. Ni más ni menos.
Not autocrítica
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 29 de diciembre de 2025.
Termina el 2025 y los partidos sacan cuentas. La moda es la autocrítica. Todos tienen que hacer autocrítica, principalmente en la izquierda. No lo hicieron con el Rechazo ni con la segunda vuelta presidencial de 2021. No han querido o no han podido. Pero lo que hemos visto hasta el momento está lejos de ser una autocrítica.
Por un lado, la rapidez en la publicación de algunos análisis hace dudar de su seriedad y valor, intuyendo que responden más a desahogos personales y posicionamientos políticos. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Por otro lado, el alcance de la autocrítica, ¿comprende solo la gestión presidencial o incluye el diagnóstico? La excusa “Mamá, él empezó” para evadir responsabilidades por mala gestión (como la reciente revisión de la Contraloría General de la República) y echarle la culpa al gobierno anterior se convirtió en la salida fácil y barata del Frente Amplio y sus socios.
Los fallos en la gestión son innumerables, graves y, muchos de ellos, ideológicos y vergonzosos. Sin embargo, poco sentido tiene reconocer errores en la gestión, si el diagnóstico sigue siendo el mismo. Algunos de los análisis son una muestra de esto: la autocrítica solo comienza al analizar el desempeño del Ejecutivo en 2022, pero relatan los hechos desde 2010 como lo han hecho durante todos estos años.
Al igual que la Convención, creen que la derrota o fracaso se explica por la forma, por lo que la autocrítica no va por el fondo. Las causas identitarias son un ejemplo. El problema, para ellos, no es incluirlas o no, analizando el mérito de las mismas, sino la profundidad de los cambios radicales que proponían. Las demandas indigenistas, feministas y ecologistas no serán abandonadas. La elitización provocó una desconexión (ejemplo nada más alejado de las demandas de la mujer esforzada y de clase media que una ley que asigna cupos reservados a mujeres en los directorios de sociedades anónimas) de la cual aun no despiertan y tiene toda la pinta de que se hundirán con ellas.
El precio de no haber hecho una autocrítica en serio luego del Rechazo quizás explica las derrotas consecutivas y en especial la última. Si no lo hacen de forma seria, probablemente desaparezcan o se conviertan en el vagón de cola del Partido Comunista hasta el fin de sus días, que es lo mismo.
A nivel de Gobierno, la autocrítica está lejos de llegar. La Ley de amarre y el apitutamiento de les amigues son la mejor muestra de que cualquier ejercicio de autocrítica a nivel partidario será inútil hasta que se produzca el cambio de mando.
Luego del próximo 11 de marzo está claro quién ganará el gallito entre defender el legado y hacer autocrítica.
Antonia Orellana y la tumba del feminismo
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 22 de diciembre de 2025.
Antonia Orellana pasará a la historia como la ministra que llevó el Ministerio de la Mujer al centro del poder político, dotándolo de visibilidad, recursos y acceso privilegiado al comité político. Paradójicamente, ese mismo protagonismo terminó por sepultar el relato feminista que la impulsó hasta allí. Su legado —si es que existe— puede resumirse en un nombre: Monsalve.
Portadora de un feminismo radical revestido de superioridad moral frenteamplista, la derrota electoral del oficialismo expresa también la derrota de su diagnóstico, su gestión y su promesa. Las cifras son elocuentes. Aún distribuyendo de manera conservadora el voto femenino, millones de mujeres optaron por la alternativa que el feminismo gubernamental presentaba como una amenaza existencial: 3.6 millones de mujeres votaron por él y 2.6 por ella. Ajustándolo pudo haber sido, al menos, una diferencia entre un 6% – 8% (780.000 a 1 millón de votos). Tras cuatro años de poder, recursos y agenda prioritaria, el mensaje no convenció. Las advertencias de “retrocesos gravísimos en derechos” no fueron creídas. El electorado femenino no respondió al miedo ni a la caricatura.
La derrota resulta aún más significativa por quién fue el vencedor: un hombre católico, conservador, casado, padre de familia numerosa, identificado con valores de austeridad, mérito y orden. Exactamente el arquetipo que el feminismo oficial ha presentado durante años como enemigo cultural. El contraste no pudo ser más elocuente.
En este contexto se inscribe también la polémica por la restauración del cargo de Primera Dama. La ministra Orellana sostuvo, con razón, que en un Estado moderno no resulta adecuado que una función pública dependa del parentesco. Sin embargo, esa convicción apareció tardía y selectiva: durante este mismo gobierno se creó un cargo ad hoc para la entonces pareja presidencial, presentado luego como un simple “error administrativo”. La incoherencia es evidente.
Pero ningún episodio resultó tan devastador como el caso Monsalve. Allí, el feminismo gubernamental enfrentó su propia prueba de coherencia. Y falló. La ministra de la Mujer no lideró, no interpeló ni exigió responsabilidades políticas claras. La carga recayó en Interior. El silencio de las calles y la ausencia de movilización feminista durante semanas fueron el síntoma más elocuente: el lema “Amiga, yo te creo” dejó de ser universal y pasó a ser selectivo.
Mientras tanto, los resultados de gestión tampoco respaldan el relato. El desempleo femenino se mantiene elevado, los femicidios consumados no disminuyen y los frustrados aumentan. La aprobación de la Ley de Cuidados fue celebrada como un hito, pese a que los recursos comprometidos están muy por debajo de las expectativas creadas. La retórica fue abundante; los resultados, escasos.
Nada ha sido más perjudicial para las mujeres que un feminismo convertido en ideología de poder, incapaz de autocrítica y subordinado a cálculos políticos. No sorprende, entonces, que muchas mujeres optaran por una alternativa que, acertada o no, al menos identificó el problema en su raíz y prometió enfrentarlo.
El balance es claro. El feminismo gubernamental perdió credibilidad, autoridad moral y capacidad de convocatoria. Ese es, quizás, el único legado indiscutible de la gestión de Antonia Orellana.
Apoyarse en el matrimonio
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 15 de diciembre de 2025.
José Antonio Kast es el nuevo Presidente de Chile. Luego de dos campañas presidenciales, la tercera fue la vencida. Probablemente existirán muchos análisis sobre su trayectoria, victoria y los elementos clave de la campaña electoral, pero hay un factor humano que, quizás por obvio se olvida, pero es esencial. El apoyo de la nueva Primera Dama, Pía Adriasola (y los famosos martes de pololeo), y el de su familia, ha sido fundamental, como públicamente lo ha destacado y agradecido varias veces.
Para los chilenos (6 de cada 10), la familia sigue siendo la institución más valorada y el principal apoyo frente a las dificultades. La familia es irremplazable, configura gran parte de la identidad de sus integrantes y en ella más del 90% ve su principal fuente de identidad. Para muchos políticos, el cónyuge suele ser el principal consejero, cable a tierra y pilar de apoyo, orientación y contención, especialmente, en las decisiones y momentos difíciles. La historia está repleta de hombres y mujeres que ocupando (o no) cargos de poder de todo tipo han tenido un apoyo irremplazable en su matrimonio.
Los “martes de pololeo” (la tradición de dedicar unas horas con cierta periodicidad para salir a comer y conversar) de un matrimonio de más de 30 años y nueve hijos contrasta con la tendencia decreciente en las generaciones más jóvenes a casarse y postergar la formación de una familia. Es común encontrar cada vez más noticias y estudios en el extranjero que intentan responder la pregunta sobre esta decisión tan vital. Distintas razones, especialmente de desarrollo profesional y laboral, surgen para aplazar esta decisión. También hay otras, relacionadas con malas experiencias de los propios padres o la dificultad y costos de todo tipo que se imaginan por vivir con otra persona, con todos sus defectos y virtudes. La Encuesta Bicentenario UC 2024 también revela una desconfianza en que el matrimonio dure para siempre, y según cifras del INE 1 de cada 5 matrimonios dura menos de 10 años, y en las generaciones más recientes duran incluso menos. Hay una menor disposición a trabajar a largo plazo en solucionar conflictos maritales.
Es inevitable que en un matrimonio existan desencuentros, que ya no haya tiempo para hablar. Hacerse el tiempo para conversar, con cierta periodicidad, por cierto que ayuda. Se trata de una cuestión de buena voluntad y, especialmente, de perseverancia, que impide que la intensidad del día a día convierta a los matrimonios en dos extraños que comparten techo y rutina. Y esto es fundamental en una sociedad dominada por las redes sociales. Comentario común es “¿para qué salen, si se quedan pegados viendo el celular y no conversan?”. De hecho, según estudios chilenos de 2022 y 2024, la infidelidad se facilita por el contacto de las redes sociales y apps de citas. La presencialidad y desconexión es el mejor antídoto contra la droga moderna de la virtualidad alienante.
A los chilenos nos encantan las tradiciones y las buenas tradiciones hay que mantenerlas y promoverlas. Quizás muchos matrimonios podrían encontrar más tiempo para ellos mismos en los martes (o cualquier otro día) de pololeo y de ponerse al día, apostando por la comida, la perseverancia y la presencialidad. Al menos, ahora tenemos un ejemplo que sí ha funcionado.
Boric quiere eutanasiar a Kast
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 8 de diciembre de 2025.
No se aguantó. Aceleró al máximo la votación del proyecto de ley de eutanasia en el Senado justo la última semana electoral. Su descarado intervencionismo electoral reapareció en un último intento desesperado para forzar su discusión, buscando abrirle un flanco al candidato republicano. La decisión dice mucho de la actitud de nuestro mandatario.
De forma calculada, fría y maquiavélica el gobierno usa la causa de la eutanasia para sus propios fines, sin importarle el dolor de quienes supuestamente accederían a ella si se legalizara. Si hace un par de meses evitó que la votación del proyecto de ley calzara con su visita al Papa León XIV, ahora intenta provocar la votación para perjudicar al candidato presidencial de la oposición. Las promesas de sus cuentas públicas se las lleva el viento. Las urgencias las maneja a conveniencia según lo que la contingencia le indique. En política no todo vale y con el dolor no se juega.
Para el Presidente, hay que ocupar o hacer lo que sea con tal de evitar que Kast llegue a ser Presidente de Chile. En el fondo, le da lo mismo que se apruebe o se rechace la eutanasia. No le importa. Lo que le importa es incomodar a Kast (aún cuando él ya dijo que vetaría la ley). Para Boric, la eutanasia es simplemente un peón más en el tablero electoral que feliz sacrifica a cambio, ¿de qué?
Presionar para votar en época electoral un tema, literalmente, de vida o muerte, revela que ni la una ni la otra le merecen respeto. Chile ya está hasta la coronilla de tener a la muerte desatada en las calles como para que también en los hospitales, los lugares destinados para curar, sanar y aliviar, se asesine a los pacientes. Los doctores también contarán con licencia para matar. Las cosas por su nombre y sin eufemismos. La eutanasia es matar a un tercero inocente. El dolor o el consentimiento no cambian la naturaleza propia del acto.
Como ha sido la tónica en su mandato, el gobierno se cuelga de temas con aprobación ciudadana para subir un par de puntos en la aprobación dominical y empujar su agenda identitaria. X (Twitter) y las encuestas dominan sus decisiones. Existiendo mil y un temas más urgentes que atender y que requieren presupuestos, con hospitales sin remedios y proveedores con pagos atrasados, el gobierno avanza con una iniciativa woke que le cuesta al Estado más de mil millones solo en su implementación. Cuando Chile requiere con urgencia duplicar su cobertura en cuidados paliativos, la verdadera solución a los enfermos terminales o con graves dolores, Boric se da el gustito de derrochar recursos que, además, sabe que el Estado no tiene… o en realidad, no sabe cuánto tiene, como se demostró en la Ley de Presupuestos 2026.
El fantasma de la Convención Constitucional, y su mamarracho que incluía la eutanasia como un derecho constitucional (art. 68), sigue rondando en La Moneda. Todo indica que la estrategia de Boric, la suerte de su candidata presidencial y la votación del proyecto de ley en el Senado tendrán el mismo destino que el 4S: un rechazo.