El fin del PAIG y su experimentación transafirmativa en niños
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 1 de diciembre de 2025.
El Congreso rechazó la semana pasada el financiamiento para el PAIG en la Ley de Presupuestos 2026. El Senado lo rechazó por nueve votos a favor y 18 en contra, y la Cámara lo ratificó por 57 a favor, 61 en contra y tres abstenciones. El PAIG no tiene recursos para funcionar durante el 2026. Fue el gobierno de Boric el que cavó la tumba del PAIG.
Como hemos detallado anteriormente, los problemas y errores del PAIG son graves y numerosos, pero lo esencial radica en su intención: el enfoque transafirmativo, es decir, la validación de la percepción (de niños entre tres a 17 años) de ser del sexo opuesto, disponiendo medidas de acompañamiento personal, familiar y escolar que afirmen dicha percepción. Por ejemplo, fomentar el uso de nombres, pronombres, ropa o uso de baños y camarines del sexo opuesto. El sufrimiento de estos niños por la separación entre su sexo y su percepción, según los transafirmativistas, se origina en el rechazo social (la “transfobia”). La sociedad es la culpable de no respetar la “identidad de género” y por tanto, hay que cambiar la sociedad. Sin duda, un número considerable de padres, asustados y perdidos, aceptaron, pensando en lo mejor para sus hijos, que recibieran atención transafirmativa, coaccionados por el chantaje emocional del hijo trans o hijo muerto. Como es evidente, nada bueno puede salir de esto.
Políticamente, se dio vuelta la tortilla. Cada vez son más los parlamentarios del oficialismo que no entregan su voto favorable, y varios se atreven incluso a rechazar, y la oposición cada vez adopta una postura más unitaria, salvo los descuelgues de Evópoli. Si en 2022, el PAIG se aprobó con 83 votos a favor, en 2025 fueron 26 votos menos. El Informe de la Comisión Investigadora Nº57, cuya primera recomendación fue suspender el PAIG, solo contó con el rechazo de 31 diputados. Defender y apoyar que se experimente con niños no sale gratis.
Esta victoria es muestra del cambio que vive Chile. El Rechazo del 4S fue la primera señal del rechazo a una agenda ideológica identitaria y arrogante, propia de la izquierda progresista y de sus cómplices liberales de la derecha. Se metieron con los niños y cruzaron la línea roja de respetar lo sagrado, como es su inocencia y vulnerabilidad. Las responsabilidades (personales, políticas, penales, contractuales) comenzarán a cobrarse y así mismo, ocupando la neolengua, se exigirán garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición por el daño físico y psicológico causado a miles de niños y sus familias.
El fracaso más evidente en proteger a los niños se materializa en, irónicamente, la Defensoría de la Niñez. El órgano por excelencia encargado de velar por la seguridad y el bienestar de los niños no ha dudado en apoyar y promover el enfoque transafirmativo, llamando a los diputados a rechazar el Informe de la Comisión Investigadora y condenando la votación que dejo al PAIG sin financiamiento. Un fracaso absoluto de una institución al servicio de una ideología.
El PAIG quedó sin recursos públicos, pero el trabajo de erradicar el enfoque transafirmativo está lejos de terminar. La votación de la semana pasada es solo el inicio. El apoyo a transicionar niños se ha extendido a municipalidades, la red de salud, programas sociales relacionados con niños y en el mundo privado campean a sus anchas. No desaparecerán porque se reiventarán, con nuevos discursos (“un retroceso civilizatorio”), eufemismos y discursos victimistas (pronto escucharemos de las alertas por suicidios debido al cierre del PAIG).
El rechazo al PAIG es un golpe fuerte y contundente, que acogió las alertas sobre el escándalo que ocurre en Chile, y un llamado a seguir cuidando a los niños.
Libros para pervertir niños o cómo 2 + 2 = 1
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 24 de noviembre de 2025.
Supongamos que una fundación ofrece textos escolares de matemáticas y que uno de sus títulos proclama: “Matemáticas distintas, o cómo 2 + 2 = 1”. ¿Quién, en su sano juicio, los compraría para la formación de un niño? La situación roza lo absurdo, pero permite iluminar algo esencial. Imagine que una profesora enseñara a sus alumnos que arriba es abajo; que lo rosado se llama azul y lo celeste, rosado; que la sal es dulce y el azúcar, salado; que el fuego enfría y el hielo calienta. O peor aún: que la luz roja del semáforo significa avanzar; que se puede respirar bajo el agua; que basta con saltar y mover los brazos para volar sin caer.
Enseñar tales falsedades no solo impediría que esos niños aprendieran a sumar: les fracturaría su capacidad más básica de enfrentarse a la realidad. Sería formar -si es que puede llamarse así- contra lo real, una anti-educación.
La tradición clásica siempre comprendió que la educación comienza por la mirada. El niño aprende antes de comprender: mira, recibe, confía. Su inteligencia, aún en germen, se abre al mundo a través de ojos que creen lo que ven y, sobre todo, lo que ven mirar a los adultos. En los primeros años no distingue con nitidez la ficción de la verdad, la broma del engaño, la metáfora del hecho. Vive en un estado de receptividad radical.
Por eso Aristóteles afirmaba que “quien educa, engendra en el alma”; y Santo Tomás recordará luego que el primer acto del que aprende es fiarse de quien enseña. La pedagogía clásica siempre fue consciente de esta fragilidad preciosa: la mirada infantil es un lugar sagrado, donde la verdad entra, o donde se la hiere para siempre.
Exponer esa mirada a tergiversaciones deliberadas no es un experimento inocente: es una crueldad miserable. Es jugar con la confianza de quien no puede defenderse, ni comprender, ni resistir.
Mucho se nos repite hoy que la educación debe ajustarse a cómo “el niño siente”, “el niño percibe”, “el niño se identifica”. Pero esto confunde un hecho antropológico fundamental.
Los niños, precisamente porque están aprendiendo, no pueden ser criterio de la verdad, de la misma manera que su balbuceo no puede ser regla de la gramática ni sus dibujos regla de la geometría.
Si un niño cree que 2 + 2 = 1, se le corrige; si pronuncia mal una palabra, se le enseña a pronunciarla bien; si llama “perro” a un caballo, nadie piensa que hay que ajustar el lenguaje del resto para acomodarse a su error. Hacerlo sería ridículo, y además inhumano: lo privaría de la posibilidad de comunicarse y comprender el mundo.
La educación no consiste en validar la imagen subjetiva que un niño tiene de la realidad, sino en introducirlo progresivamente en la verdad del ser de las cosas. Eso es precisamente lo que constituye la dignidad racional del hombre: adecuar la mente a lo real, no someter lo real a caprichos subjetivos.
Volvamos a los libros. Dar a niños textos que afirman que 2 + 2 = 1 sería causarles un daño objetivo, independientemente de que ellos los acepten o incluso los disfruten. Ese daño se agrava si el Estado participa en la elaboración y distribución de tales materiales, comenzando por los jardines infantiles.
El Estado, llamado a asegurar una educación de calidad, se convertiría así en agente de distorsión sistemática, como si patrocinara la enseñanza de que la Tierra es plana. Eso no es educación: es adoctrinamiento.
La lengua es clara: según la RAE, “pervertir” significa perturbar el orden de las cosas. Estos hipotéticos textos serían —con toda propiedad— libros pervertidos y, por tanto, libros para pervertir niños.
No es verdad que 2 + 2 sea 1, ni 5, ni 890.779.000. Es una mentira. Y enseñar mentiras a los niños no es un error pedagógico menor, sino una injusticia contra su inteligencia naciente.
No basta que la lectura de tales textos sea voluntaria u obligatoria. La concordancia con la realidad no depende del consentimiento. Un libro que enseña falsedades no educa, punto.
Y hoy, más que nunca, los niños necesitan que se les eduque en la verdad y no que se les someta a ingeniería ideológica pintada con colores.
Desandar el camino de Boric
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 17 de noviembre de 2025.
En una reciente columna, Juan Manuel de Prada rescata la insistente advertencia que hacía G.K. Chesterton sobre la visión progresista del hombre y de la sociedad: «para salvarse, al hombre no le bastará con bajarse del tren del progreso, sino que tendrá que darse la vuelta, hasta llegar a la encrucijada donde tomó el camino errado». Ante el error, no basta con detener el rumbo equivocado, sino que hay que “retroceder”, lo que plantea dificultades inherentes a las circunstancias temporales y estructuras presentes de cada sociedad y época. Lo anterior también aplica a la vida de los países y Chile pronto conocerá si el tren continuará su camino al precipicio o será capaz de detener y, lentamente, echar marcha atrás.
Ese abismo pareciera ser el resultado del caos que se desataría si las crisis nacionales no se resuelven. El crisismo (la explosión coetánea de múltiples crisis) desde 2019 en adelante obedece o a una tendencia de magnificar la gravedad de determinados problemas sociales para atraer atención nominándolos como “crisis” y priorizar su solución o al anticipo de una insostenibilidad cada vez más grande del Estado y de la sociedad. En el fondo, como a todos los problemas se les trata de crisis, cuesta priorizar. Los representantes de cada gremio, sector o ámbito en crisis considerarán que es evidente que lo propio se encuentra en ese grave estado. Es lo que vemos con las crisis en delincuencia e inmigración ilegal, economía e inversión, salud (y salud mental), educación, vivienda y trabajo, por nombrar las más citadas. También hay una crisis laboral, de pensiones, de natalidad, de probidad administrativa y judicial, etc. Y así, suma y sigue.
Por supuesto, las distintas crisis que vivimos (y su solución) no se explican si es que no se mira la crisis moral que corroe a Chile hace décadas: el olvido de Dios y la pérdida de cualquier sentido de trascendencia, la desvalorización de la familia y el matrimonio y el fortalecimiento de un individualismo radical que conoce mucho de derechos y casi nada de deberes. Retomar la conducción no consiste en reducir, en una visión material y asistencialista del bien común, la puntería sobre la técnica correcta para resolver las necesidades sociales, sino, especialmente, atender aquella dimensión espiritual cada vez más abandonada, y que es la otra cara de la moneda.
Ahora bien, ¿todas las crisis se originan en el gobierno de Gabriel Boric y de su sector político? Evidentemente no, no todas. Hay crisis que se remontan a los gobiernos anteriores o cuyas señales no se advirtieron. Pero también es evidente que el camino elegido por este gobierno para enfrentarlas no ha dado resultados.
Luego de la victoria del Rechazo, el Presidente sostuvo que “no puedes ir más rápido que tu pueblo ni pretender adelantarse a tu tiempo”, por lo que “tendremos que ir más lento”. Como muchos criticaron, el oficialismo veía que se trataba de un problema de velocidad y no de dirección de los cambios -verdaderas transformaciones estructurales de la sociedad-. Para ellos, el Rechazo fue una activación del freno de emergencia de un tren que los llevaba muy rápido al “paraíso”. Pasado el susto, el tren, si bien más lento, siguió avanzado en la misma dirección. La elección de ayer (y la segunda vuelta) indicarán si los chilenos pretenden acelerar el rumbo o tirar del freno, pero esta vez, además, si se decidirán a desandar el camino.
Si los diagnósticos y soluciones del gobierno sobre los problemas de los chilenos son incorrectos, no basta con el cambio de timón. No tiene sentido simplemente cambiar la dirección si seguimos avanzando paralelamente al precipicio, porque el peligro de caer no nos abandonará. Hay que alejarse de él. ¿Esto significa que hay que hacer un borrón y cuenta nueva? No, hay que distinguir aquello que sea bueno y útil, que permanezca y se mejore, aquello que sea perfectible, que se corrija y se enmiende. Pero aquello que está mal planteado de raíz, que provoca un daño, que se detecte la fuente y se elimine. Corresponderá que este ejercicio, orientado por la prudencia, se realice en cada área crítica del Estado y de la sociedad.
Para cerrar nuestra analogía, no decimos que hay que desenganchar la locomotora del resto de los carros y colocarla en el sentido opuesto. Hay que revisar cada vagón, sacar lo inútil y lo pesado de cada uno o incluso desechar más de algún vagón en mal estado, limpiarlos, poner marcha atrás y ahí, solo ahí, emprender nuevo rumbo buscando el verdadero bien común para todos los chilenos.
Los candidatos presidenciales y el PAIG
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 10 de noviembre de 2025.
Sea quien sea el próximo presidente de Chile, debe suspender la ejecución del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG). Un “programa social” dirigido a niños entre tres a 17 años que se perciben del sexo opuesto y que impulsan esa percepción mediante el enfoque transafirmativo, y que además deriva a los niños a intervenciones hormonales que son verdaderos experimentos capaces de provocar daños irreversibles. Un programa, que a pesar de ser objetado técnicamente, se incluyó en el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2026. Cada candidato puede tener sus razones para decidir si se continua o no con una agenda trans que viola sistemáticamente los derechos humanos de los niños.
De partida, solo un candidato se refiere explícitamente al PAIG: Jeannette Jara, del Partido Comunista. La medida 221 de su programa de gobierno propone mejorar y reforzar el PAIG para que la identidad de género de los jóvenes trans “no sea motivo de ruptura familiar y para otorgarle legitimidad pública a este servicio social”, y entre las medidas de refuerzo no hay nada mejor que elaborar (o publicar) recomendaciones técnicas sobre hormonoterapia en jóvenes trans. Si, la candidata del oficialismo propone hormonizar menores, usarlos como conejillos de Indias, destruyendo sus cuerpos y mentes y contribuir al enriquecimiento de la industria farmacéutica. Así, se propone una política pública sustentada en evidencia científica de la peor calidad posible y contraria a las reacciones de los países pioneros en esta brutal maquinación que han decidido restringirlas o derechamente prohibirlas. Una decisión que no sorprende, considerando que 29 diputados oficialistas (desde la DC al PC) –muchos de los cuales van a la reelección– rechazaron el Informe de la Comisión Investigadora Nº57 de la Cámara de Diputados que proponía suspender el PAIG y no permitir intervenciones hormonales ni quirúrgicas transafirmativas en menores de 18 años. En este sentido, el programa de gobierno de Jara sigue la senda del programa de gobierno de Boric.
Ni Johannes Kaiser, ni Evelyn Matthei ni José Antonio Kast se refieren explícitamente al PAIG en sus programas presidenciales, pero un punto en común es que todos se han pronunciado en contra del tema en distintos momentos y destacados parlamentarios de sus partidos han realizado un trabajo de fiscalización y alerta de forma seria y rigurosa, buscando proteger a los niños y a sus familias.
Prácticamente, casi todos los partidos de oposición, salvo Evópoli y Demócratas, han tenido una postura clara y tajante en proteger a los niños, al igual que pocas y valientes excepciones de diputados de partidos del oficialismo. Casi todos los diputados de Chile Vamos (salvo Evópoli), Republicanos, Social Cristianos, Demócratas, Amarillos y Libertarios firmaron la solicitud para la creación de la Comisión Investigadora mencionada; hubo al menos un representante de cada partido en dicha Comisión y más de 50 de ellos aprobaron el Informe Final y solo dos lo votaron en contra (Erika Olivera y Francisco Undurraga). Lo mismo ocurrió en el Senado respecto a prohibir que el Minsal financiara intervenciones hormonales transafirmativas a menores en la Ley de Presupuestos del año pasado (salvo por los votos de Kast y Walker) y defender la norma prohibitiva cuando el gobierno la llevó al Tribunal Constitucional.
Si Dios quiere, quien llegue a La Moneda el próximo año contará con un amplio apoyo ciudadano, político y parlamentario para terminar con pseudomedicina experimental, basada en ideología y sin evidencia que causa daños irreparables, y entregar una ayuda real, seria, responsable y que busca lo mejor para miles de niños confundidos y padres asustados. Esa es la oportunidad que tienen los candidatos presidenciales y el bien que pueden lograr.
La eutanasia como un factor de aumento de las tasas de suicidio
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 3 de noviembre de 2025.
Existen muchas y muy buenas razones para oponerse a la legalización de la eutanasia en Chile, pero nos parece relevante abordar el tema del suicidio, debido al alarmante estado de salud mental, y de altas tasas en nuestro país, y el impacto que tendría la legalización de la “muerte digna”.
En el debate sobre eutanasia y/o suicidio asistido (ESA), quienes la apoyan, sostienen que legalizarla reduce la tasa total de suicidios y pospone los que se produzcan, mientras que quienes se oponen señalan que aumentarían tanto las muertes por ESA como por suicidio. En abril de 2022, D.A. Jones comparó las tasas de suicidio entre los países europeos que han legalizado la eutanasia/suicidio asistido y algún país vecino que no lo haya hecho, por cada 100.000 habitantes, entre 1990 y 2016.
Comparando la evolución entre Bélgica y Francia, desde que Bélgica legalizó la eutanasia/suicidio asistido en 2002, la tasa de suicidios no asistidos ha disminuido (3,6: de 19,5 a 15,9), pero no tanto como en Francia durante el mismo período (5,3: de 17,6 a 12,3). La diferencia también se nota si se trata de mujeres: la disminución en Francia fue de 3.7 y en Bélgica fue 1.7. Esto último puede explicarse porque desde 2002 en Bélgica las tasas de muerte autoinfligida aumentan de forma pronunciada y constante. En 2016, Bélgica tenía la tasa de suicidio más alta de la OCDE en Europa occidental. Entre Suiza y Austria, desde 1990, las tasas de suicidio no asistido en Suiza y Austria disminuyen paralelamente, pero, mientras en Austria continuaban descendiendo, en Suiza la tasa de muertes autoiniciadas (suicidio no asistido más suicidio asistido) se estabiliza en 1998 (19,0), cuando el gobierno codifica el suicidio asistido como distinto a otras formas de suicidio, y luego comienza a aumentar (de 16,1 en 2010 a 22,2 en 2017). En las mujeres es aún más dramático: entre 1990 y 2017 la disminución de las tasas de suicidio no asistido es muy similar entre Austria y Suiza. Sin embargo, la tasa de suicidio (asistido y no asistido) de suizas de 9,4 en 1998 casi se duplica a 18,6 en 2017, mientras que la tasa de suicidio no asistido de austriacas bajó de 8,7 a 5,0 en el mismo periodo.
El estudio concluyó que en comparación con las jurisdicciones vecinas sin eutanasia/suicidio asistido, los estados que sí las legalizaron «muestran pruebas claras de un aumento de las muertes autoinducidas y algunas pruebas de un aumento de los suicidios no asistidos». Por otro lado, «ninguna jurisdicción muestra una reducción en el suicidio no asistido tras la introducción» de la eutanasia/suicidio asistido en comparación con los estados vecinos que no la legalizaron.
Otro estudio del mismo año midió las tasas de suicidio en diez estados de EE.UU. que legalizaron el suicidio asistido hasta finales de 2019, comparando los cambios en las tasas de suicidio antes y después de la implementación legal con los estados que no aprobaron dichas leyes. El «análisis considera tanto las tasas totales de suicidio (es decir, incluyendo los suicidios asistidos) como las tasas de suicidio sin asistencia». Concluyeron que existía «evidencia sólida de que la legalización del suicidio asistido se asocia con un aumento significativo del 18% de las tasas totales de suicidios», y este aumento «mostró mayor intensidad en los mayores de 64 años y en las mujeres (40%)». Reconocen que existe «evidencia menos sólida de que el suicidio asistido también se asocie con un aumento de los suicidios sin asistencia (aproximadamente un 6% de aumento en general, un 13% en mujeres). Y no se encontró evidencia de que las leyes de suicidio asistido se asocien con una reducción en las tasas de suicidio totales o de suicidios sin asistencia».
Es necesario considerar lo anterior, tomando en cuenta al realidad chilena. Un estudio de agosto de 2024 (UNAB), revisó el aumento del suicidio en Chile (1920-2010): la tasa actual de suicidio para Chile es superior a 10 por cada 100.000 habitantes (2%), sobre promedio mundial (1,3%); durante la década de 2010, el 53% de todos los suicidios fueron cometidos por personas de 40 años o más, un aumento respecto del 23% durante la década de 1920; y, el 29% de todos los suicidios durante la década de 2010 fueron cometidos por hombres mayores de 50 años, frente al 10% en la década de 1920. Los resultados de la ENS 2016-2017 muestran que, en el país, 1 de cada 10 personas de 18 años y más, ha “pensado seriamente en suicidarse” alguna vez en la vida. Para 2022, los decesos aumentaron a 10,3 casos por 100.000 habitantes.
En 2023, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que buscaba consagrar el derecho a un permiso laboral por hasta 15 días en caso de que un familiar requiera acompañamiento por un riesgo cierto de suicidio (Boletín Nº 16267-13). En la fundamentación del proyecto de ley, se indicaba que Chile, en 2019, era el sexto país de América Latina y el Caribe con mayor alta tasa de suicidios con 9 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio de la región fue 6,2, según cifras del Banco Mundial (El País).
Legalizar la eutanasia sí tiene efectos en la tasa de suicidios: la aprobación de la primera no implica un descenso de la segunda, si no que lo contrario: la evidencia comparada sugiere que sería un factor importante en el aumento de las tasas totales de suicidio y, si bien no con el mismo nivel de certeza, también incidiría en las tasas de suicidio asistido. Chile se encuentra en una delicadísima situación de salud mental, con tasas de suicidio crecientes y mayores a las del promedio mundial. Es altamente probable que, al permitir la eutanasia en Chile, se potencie uno de los factores de riesgo para la realización de suicidios. Lo anterior afectaría políticas públicas tales como el Plan Nacional de Salud Mental 2017–2025, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio o el programa Quédate.
$1.062.125.000 de pesos para implementar la eutanasia en Chile
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 27 de octubre de 2025.
Ese es el precio que el gobierno fijó para implementar la eutanasia en Chile: $1.062.125.000 de pesos el primer año y $862.286.000 para los siguientes, según el Informe Financiero. A nivel individual es bastante menor: cada procedimiento eutanásico costaría $134.780 pesos por persona. Pero, ¿de dónde saldrán los recursos para financiar la eutanasia? ¿Están contemplados en las partidas del Minsal o Tesoro Público del proyecto de ley de Presupuestos 2026? ¿O logran que se apruebe la ley y le dejan el problema de financiarla para el siguiente gobierno?
Así, de aprobarse e implementarse la eutanasia en Chile, al menos 800 millones de pesos serían para financiar su ejecución. El gobierno calcula que serían 240 solicitudes anuales de las cuáles se acogerían 120. Pero cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre la evolución de la eutanasia a nivel comparado sabe que es una pendiente resbaladiza y que año a año aumenta la cantidad de pacientes asesinados por “compasión”. Y si la cantidad de pacientes aumenta, el financiamiento también requerirá una expansión.
¿Acaso estos recursos no podrían tener un mejor destino, como aumentar el presupuesto para capacitar pediatras o perfeccionar servicios de salud mental, entre mil cuestiones más que requieren atención urgente e inmediata?
¿Cuánto más mejoraría la situación de miles de pacientes si esos mil millones de pesos se destinaran a cuidados paliativos (CP)?
Podría contratarse a más equipos multidisciplinarios para atención domiciliaria, incluyendo enfermeras, psicólogos y kinesiólogos, enfocándose en regiones con baja cobertura en CP. También permitiría adquirir más medicamentos e insumos de acuerdo a lo recomendado por la OMS (analgésicos, opioides, bombas de infusión y oxígeno portátil), así como invertir en la compra de más camas paliativas. Se podría ampliar la atención al capacitar a unidades de hospitales rurales o que permita el seguimiento remoto a través de telemedicina. Se estima que la cantidad de pacientes que requerirán de cuidados paliativos en las próximas décadas aumentará casi el doble: de 117.000 pacientes en 2021 a 209.000 en 2050.
Por supuesto, no es un tema de pesos más o pesos menos. Aunque no costara ni un solo peso, la eutanasia seguiría siendo un acto intrínsicamente inmoral.
Pero tampoco puede ignorarse que en las circunstancias económicas a nivel nacional y las necesidades prioritarias a nivel sanitario, la aprobación e instalación de la eutanasia es de una frivolidad y desconexión brutal. ¿Cuántos chilenos sufren en sus regiones por tantas carencias, problemas, atrasos, postergaciones y dolores, y resulta que los senadores que los representan aprueban que fondos multimillonarios se derrochen en leyes que contradicen el sentido común de los chilenos? Algunos dirán que las encuestas reflejan un apoyo mayoritario, pero sería distinto si la pregunta se formulara considerando las necesidades del ámbito de salud según la realidad del distrito y la alternativa de elegir que esos cuantiosos recursos se destinen a solucionarlo o a implementar la eutanasia.
Probablemente, la señora Juanita prefiera que esa plata se destine a comprar remedios, a mejorar el Cesfam que atiende a su hija o tener mejores camas en el hospital regional, y no en financiar que algún día Fonasa le informe que no puede seguir pagando sus tratamientos, pero que la eutanasia, aprobada por el senador que ella votó, cuesta solo $134.780.
$900 millones para que el PAIG siga su experimento transafirmativo en niños
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 20 de octubre de 2025.
El Informe Cass provocó un giro copernicano en la experimentación social, hormonal y quirúrgica con un enfoque transafirmativo en niños y adolescentes. El supuesto consenso mundial se hizo trizas al demostrar que se trataba de medicina basada en ideología y no en evidencia. Organizaciones médicas nacionales e internacionales tuvieron más espacio para que sus alertas fuesen escuchadas y la cancelación por “transfobia” se transformara en un recurso tan inútil como poco creíble. Cada vez son más los países que han adoptado medidas restrictivas o prohibitivas para impedir que se dañe física y psicológicamente a los niños. La discusión en Chile reflotará durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para el año 2026.
En nuestro país funciona el PAIG, un programa ministerial para menores entre tres (¡¿?!) a 17 años identificados trans, comenzó a ejecutarse en 2023 en 37 hospitales públicos, con un psicólogo y un trabajador social. Entrega un apoyo psicosocial transafirmativo, es decir, si un niño cree que es una niña o viceversa, el PAIG despliega acciones para apoyar su transición, buscando eliminar los factores de riesgo, y proponiendo un plan de cuidados que incluye acompañamiento psicológico, familiar y educacional. Así, la angustia del menor se origina en la reacción social negativa (la transfobia), y por ende corresponde transformar la sociedad.
Como muestra abundante y sólida evidencia científica, los que niños que inician la transición social tienen altas probabilidades de pasar a la transición hormonal. Ninguno de los defensores del PAIG ha logrado refutar que este funciona como la antesala de la hormonación (desde los diez años con bloqueo puberal y desde los 14 para la hormonación cruzada), puesto que los funcionarios puede derivarlos a las unidades de endocrinología del mismo hospital en el que operan o del más cercano para iniciar la intervención hormonal. Por ejemplo, el PAIG del Hospital de Melipilla, de abril de este año, reconoció en una respuesta de transparencia que al ser psicosocial, no realiza directamente interconsultas. Se remite (para evaluar la pertinencia de entregar esta información), las SIC generadas desde la Unidad de Pediatría a solicitud de PAIG. SIC generadas desde Pediatría HSJM a Endocrinología HSJD. Así el PAIG logra evadir la imposibilidad de derivar a endocrinología. Otros once hospitales reconocieron lo mismo.
Conscientes del grave peligro, el año pasado el Congreso, mediante la Ley de Presupuestos para el 2025, ordenó a la Subsecretaría de la Niñez que el PAIG debía entregar información sobre su ejecución y revisar su diseño e implementación, mediante una Mesa Técnica de “Expertos, y enviar un Informe de recomendaciones al Congreso (glosa 13), que considerara las conclusiones del Informe de la Comisión Investigadora Nº 57 de la Cámara de Diputados, aprobado por amplia mayoría en mayo de 2025. Por supuesto, los “expertos” resultaron ser instituciones públicas y privadas favorables al enfoque transafirmativo, y en lugar de realizar una revisión crítica del PAIG, decidieron fortalecerlo. Si la Comisión Investigadora advertía sobre las derivaciones del PAIG para hormonizar niños, la Subsecretaría proponía formalizarlo mediante protocolos específicos. En lugar de cambiar el corte etario de ingreso por sus errores (básicamente, adelantaron la edad de ingreso de los 11 a los 3 años), los “expertos” lo mantuvieron. Y en lugar de eliminar o prohibir la posibilidad de judicializar a los “padres opositores” que se oponían a que sus hijos ingresaran al PAIG o que no se requería su consentimiento (bastaba con informarles), crítica esencial de la CEI 57, el Informe de la Subsecretaría lo mantuvo, limitándose a enfatizar que los usuarios del PAIG debían contar con «información clara y suficiente para poder decidir libre y voluntariamente su ingreso y continuidad». Es decir, incumplieron absolutamente lo ordenado por la Ley de Presupuestos 2025.
El PAIG continúa financiándose en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 con casi $900.000.000 de pesos, a pesar de ser objetado técnicamente en el proceso de formulación presupuestaria 2026, entre otras cosas, porque aún no permite dimensionar adecuadamente la magnitud del problema ni su evolución, y no presenta indicadores de desempeño ni resultados de evaluaciones anteriores.
El PAIG causa un daño enorme a los niños (y a sus familias) que confían en la solución del Estado, pero que se encuentra con un experimento social que destroza cuerpos y mentes. Aparte de los daños provocados por las intervenciones hormonales y quirúrgicas, ya las medidas de la transición social implementada PAIG (cambio de nombre y pronombre, uso de ropa, baños y camarines del sexo opuesto) son gravísimas, como explicó una endocrinóloga pediátrica en la CEI 57: la transición social es una intervención que modifica las experiencias de vida del niño, el curso espontáneo del proceso de desarrollo psicosexual y la maduración cerebral.
Diputados y Senadores, en sus manos está la responsabilidad de enfocar los recursos en medicina basada en evidencia, y no permitir que esta locura continue funcionando. Debemos cuidar a los niños de una experimentación brutal, catalogada como uno de los mayores escándalos en la historia de la medicina y una violación a los derechos humanos de los niños.
Santo Padre, nuestro gobierno en Chile impulsa el aborto y la eutanasia libre
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 13 de octubre de 2025.
El Presidente partió a Italia. Lo recibirá el Papa León XIV, máxima autoridad y representante de la Iglesia Católica. Pero antes de dejar Chile, Boric pidió bajar un par de cambios en las urgencias legislativas al proyecto de ley de eutanasia, para que la votación no calzara con la visita al Santo Padre.
Una jugada infantil y patética. Como si en el Vaticano no fuesen a enterarse de lo hecho por el representante de un país. ¿Será tan ingenuo de pensar que Robert Prevost desconoce la situación en Chile, mientras vivía su sacerdocio en Perú, hasta antes de su elección? ¿O que en Roma no leen las noticias ni hablan con los representantes locales de la Iglesia Católica? ¿Por qué lo hizo? ¿Una muestra de “deferencia”, de “respeto”? En realidad, es un insulto, un intento de ocultar una fechoría, de hacer pasar por tonto a otro. La verdad, es un poco ridículo: “Mire Santo Padre, llevo meses tratando de que el Congreso me apruebe una ley de eutanasia y presenté otra sobre el aborto libre hace unos meses, pero justo esta semana no se van a discutir ni votar, para que tengamos conversación más relajada. Eso sí, cuando retorne a Chile, vuelvo a ponerle máxima urgencia a las dos cosas”. No se puede tapar el sol con un dedo.
Como magistralmente describió Daniel Mansuy en su libro “Los inocentes al poder”, nuestro Presidente pertenece a esa generación del Frente Amplio que cree posible asumir el poder político sin asumir los costos de sus errores. Cree que puede presentar e impulsar proyectos de ley sobre aborto y eutanasia libre, cuestiones a las que la Iglesia Católica se ha opuesto, y que basta sacarlas de la pantalla mediática durante la semana en que visita al Papa para que no sea tema de conversación. Es lo mismo que ocurre con la nominación de la expresidenta Bachelet a la ONU: no se puede pedir a EE.UU. que no la veten, mientras borran o reinterpretan los tweets y declaraciones públicas de Boric contra Trump. Así como probablemente la nominación fracase, Boric tampoco logrará ocultarle el tema al Papa.
Pero la decisión es curiosa en otro sentido. En sus dos últimas Cuentas Públicas Boric ha enfatizado que se debe aprobar esta ley de eutanasia, y quiere dejarla como parte de su legado. Ahora, privilegiando las relaciones internacionales, decide postergar la votación. Le importa más su imagen ante el Papa que ser consecuente con sus ideas y electorado, e incluso por aquellos pacientes que cita como razón para impulsar la eutanasia.
¿Cree que el Papa no conoce al cardenal Chomalí, quien ha dado una fuerte pelea para evitar la aprobación de dos leyes que permiten el asesinato de las personas más inocentes y vulnerables de nuestra sociedad, como son los que están por nacer y los que están por morir? Boric, que tanta poesía lee y cita, ¿habrá leído Dignitas Infinita, que condena como atentados contra la dignidad los dramas de la guerra, la pobreza y la migración, pero también el aborto y la eutanasia?
La decisión también impacta en los senadores católicos, de cualquier signo político. Hace menos de un mes, León XIV destacaba la importancia de que los líderes políticos y sociales trabajen de forma coherente con su fe: “No hay separación en la personalidad de una persona pública: no hay por un lado el hombre político y por otro el cristiano. ¡Pero hay un hombre político que, bajo la mirada de Dios y de su conciencia, vive cristianamente sus compromisos y sus responsabilidades!”. Pero el Papa no ignora las consecuencias para el político católico que legisla conforme a su fe, y sabe de las presiones y los costos personales, sociales y políticos que puede implicar, y por eso los anima a tener valor: «el valor de decir a veces ‘no, no puedo’, cuando está en juego la verdad y a no perder la esperanza de un mundo mejor, manteniendo la certeza de que, unidos a Cristo, sus esfuerzos darán fruto y obtendrán su recompensa».
Vale la pena recordar que Robert Prevost, como Obispo de Chiclayo, apoyó la carta de la Conferencia Episcopal Peruana contra la decisión judicial de autorizar la primera eutanasia en dicho país: «la eutanasia siempre será el camino equivocado (…)». Invitamos a recordar lo que ha dicho el Papa Francisco: «La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza».
La ternura del verdugo
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Carta publicada en El Líbero el 9 de octubre de 2025.
Señor Director:
Daniel Loewe celebra la eutanasia como “una buena noticia”: signo de una civilización tan madura que el médico puede escoger si curar o matar según el gusto del paciente. Pero la realidad -esa señora que no lee a los sofistas- dice otra cosa: en Países Bajos las muertes por soledad y trastornos mentales crecieron un 10% en 2024, y Canadá debió postergar su expansión a enfermedades psiquiátricas tras constatar abusos. Cuando la compasión se vuelve política, se transforma en máquina, y las máquinas no tienen remordimientos. Chile, en cambio, ya reconoce el derecho a cuidados paliativos integrales y sedación terminal. Podemos aliviar el dolor sin administrar la muerte.
Loewe invoca la autonomía como fundamento moral supremo, pero su razonamiento gira sobre sí mismo: “La vida vale si la deseo; no la deseo, luego no vale”. Un espejo que se aplaude por coherente. Así, el pluralismo se convierte en dogma y el yo autónomo en religión de Estado. Paradójicamente, hay que respetar la valoración subjetiva de quien quiere morir, pero no la de quien niega ese axioma impersonal. La libertad se impone por decreto: el nuevo paternalismo ordena ser autónomo.
El Estado, antaño protector de la vida, ahora acompaña a la muerte con formulario y testigos lúcidos. No tutela para vivir, sino para desaparecer con protocolo. Y ese pluralismo que niega todo valor común acaba siendo un vacío compartido: si la vida es relativa, también lo son la libertad y la democracia.
Toda comunidad, incluso la más laica, necesita bienes indisponibles: la vida, la verdad, la justicia, la dignidad. Sin ellos no hay suelo común, sólo cálculo. Pero la panacea de la autonomía se desintegra: el individuo moderno, reducido a molécula moral, termina revelándose como un niño que juega a ser rey sobre una silla. Su “mayoría de edad” no es otra cosa que una rabieta perpetua contra todo padre, humano o divino.
En realidad, toda vida comienza como deuda: nadie se da el ser ni sobrevive sin otros. La autonomía existe sólo en relación. Cada argumento de Loewe que pretende entronizar al soberano autónomo se apoya en vínculos que muestran la ilusión: el pedestal nunca existió. El liberal cree sostenerse solo, cuando en verdad vive gracias a los demás.
No. La eutanasia no es una buena noticia: es la antesala del último formulario del Estado moderno: “Marque con una cruz si desea seguir existiendo”.
Y entonces, el liberal sonríe, el médico asiente y el paciente -libre, autónomo, plural- se convierte, al fin, en el ciudadano perfecto: el que ya no respira y, por lo mismo, ya no piensa. Cuando una sociedad autoriza a matar en nombre de la compasión, pronto descubre que la compasión es cara y la muerte, barata. Y así, el tan celebrado progreso liberal se revela como lo que es: la administración racional de la desesperación.
Roberto Astaburuaga Briseño – Abogado de Comunidad y Justicia
Lea antes de consumir: Presupuestos alto en perspectiva de género
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 6 de octubre de 2025.
La Ley de Etiquetado de Alimentos trajo las famosas etiquetas octogonales negras con la frase “ALTO EN” si es que determinados productos (papas fritas, chocolates, etc.) contenían una cantidad de calorías, azúcares, sodio o grasas saturadas mayores a las recomendadas. Así, la ley buscaba disuadir de comprar productos poco saludables. Sin embargo, un problema que enfrenta el consumidor común es que no lleva un registro de la cantidad de productos “ALTO EN” que ha comprado. Así, el efecto disuasivo en una compra se puede diluir al no considerar plazos mayores. Por ello, más de alguna vez, cerramos los ojos y simplemente pagamos. Pensamos “no se notará”, pero, si se repite una y otra vez, la acumulación de grasa nos pasa la cuenta. Igual que con la Ley de Presupuestos al meter la perspectiva de género, año a año, en cada ministerio, programa o capacitación posible.
La Ley de Presupuestos de este año es extremadamente alta en perspectiva de género. Tanto así, que la semana pasada, en la exposición de Hacienda y la Dipres ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, en la que se informaron los principales números, el senador Macaya (UDI) llamó la atención sobre el etiquetado de la Dipres para identificar cuánto del gasto público contribuye a políticas de igualdad para mujeres: “El papel aguanta todo, pero de repente aguanta cosas que me gustaría entender de qué se tratan, para que me lo puedan explicar. (Hay cosas) tan especiales, por no calificarlo de otra manera, como el proceso etiquetado para un Presupuesto con Perspectiva de Género. O sea, que se etiquete un presupuesto con perspectiva de género es…, no sé, cuánto se gastarán en esto, a quién estarán contratando para estos fines, me parece que están mal puestas las prioridades”. Se concluyó que un 22,5% del Presupuesto tiene la etiqueta “ALTO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO” (1,31% tiene contribución directa y el restante 21,2% lo hace indirectamente), lo que 18,5 billones de pesos, distribuidos en 22 ministerios.
Hace dos meses, la Diputada Labra (RN) exigía explicaciones al Ministerio de Energía por los casi $4.000 millones en gastos de la Oficina de Género. Posteriormente se descubrió que existían órdenes de compra por $29.000.000 de pesos en consultoría para un documento que promovía la realización de charlas sobre corresponsabilidad y nuevas masculinidades. Y estamos hablando solo de un ministerio.
Otra caso es el del Ministerio de Salud. Como muchas veces no se detalla el contenido de los programas en la Ley de Presupuestos, el Minsal deberá informar al Congreso si incluyen contenidos orientados a la transversalización del género, igualdad de género, perspectiva de género, nuevas masculinidades, orgullo LGBTQIA+, educación sexual, disidencias y/o diversidades sexogenéricas. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, continúa financiando el PAIG (un programa que apoya la transición de niños identificados trans, desde los tres a los 17 años, y que deriva a intervenciones hormonales y quirúrgicas para el cambio de sexo, que pueden causar daños irreversibles, como la esterilidad), con más de $800 millones de pesos. En el Ministerio de la Mujer no se quedan cortos, comprando servicios profesionales para ciclos de perfeccionamiento en redacción jurídica forense y litigación con perspectiva de género. Existen cientos de órdenes de compra para capacitaciones en perspectiva de género en todos los organismos público, desde las municipalidades y seremis hasta las subsecretarías y órganos autónomos, que no están contabilizados en esos 18,5 billones. Y así suma y sigue.
Por supuesto que existen programas que buscarán (y lograrán) una ayuda real y no ideológica para ayudar a las mujeres, como el pago de pensiones de alimentos, cuestiones de salud o medidas especiales para madres en la cárcel que están embarazadas o con hijos pequeños. Pero otra cosa es pintar de color morado toda la Ley de Presupuestos y saltarse varios pueblos. Se requiere más números y menos ideología. Y como esto es algo acumulativo, la cantidad de ideología que le han metido año a año a la Ley de Presupuestos pasa desapercibida, hasta que la situación no da para más. El etiquetado de perspectiva de género en la Ley de Presupuestos es una advertencia para hacer doble click y recortar todo lo que sea necesario, a fin de destinar los recursos de forma responsable a las principales necesidades sociales de los chilenos.