Ningún chileno sobra
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 29 de septiembre de 2025.
Entre las cuestiones trascendentales, comunes y ciertas en todas las personas están aquellas referidas al origen y al fin de su existencia. Todos somos hijos de alguien y todos vamos a morir. Si bien podemos conocer detalles sobre nuestro origen, como la identidad de nuestros padres, no ocurre lo mismo con el término. Nadie sabe el lugar, la hora de su muerte ni el cómo de su muerte. Por lo mismo, siempre es inesperada. Chile y los chilenos se enfrentan, por decirlo de alguna manera, a distintas muertes.
Una de las más comunes es la muerte asociada a la delincuencia y a la crisis de seguridad. El aumento de homicidios en una década se ha quedado en discusiones sobre la forma de contabilizarlos y su variación interanual. Resulta chocante especialmente el aumento de víctimas menores de edad. El sicariato y las muertes violentas se han extendido. En 2024 se registraron 1.200 homicidios (6 por cada 100.000 habitantes), en donde más del 80% de las víctimas son hombres.
Otra se refiere a la muerte por suicidio y su relación con la crisis de salud mental. Chile enfrenta una durísima tarea en esta materia, superando a los homicidios: aproximadamente 2.000 suicidios en 2024 (10,3 por cada 100.000 habitantes), pero una proporción similar entre hombres y mujeres: cinco hombres por cada mujer. Las muertes atribuidas a suicidios aumentaron 10 veces en un siglo, pasando de 0,1% a un 2%. Un estudio de 2024, analizando datos entre 2019 – 2022, alertaba que «las conductas suicidas, autolesiones y suicidios están aumentando de forma alarmante en adolescentes chilenos», y según datos del Minsal del año pasado, el suicidio fue la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 a 29 años.
La tercera acepción es la muerte demográfica. Chile se extingue: 1,16 hijos por mujer en 2024 (dentro del top 20 a nivel mundial). Mueren más de los que nacen. No hay recambio generacional. Los jóvenes chilenos no quieren tener hijos o los postergan. La crisis de natalidad está a la cola de la crisis económica y de seguridad. La inmigración no resuelve el problema, es la cultura chilena de baja natalidad la que impacta en la cultura migrante de alta natalidad y no al revés, por lo que disminuye la tasa de natalidad migrante en lugar de aumentar la tasa de natalidad chilena. Pero, al mismo tiempo, la cultura chilena comienza a perder lo más importante: quienes encarnan, viven y trasmiten la cultura. Muere un país, muere una cultura y una identidad, mueren tradiciones.
Una última referencia son los muertos “egresados” de las listas de espera. En los últimos tres años, más de 30.000 pacientes pacientes “egresaron” por fallecimiento, independiente de su causa, aunque muchas veces la muerte guarda relación con el retraso de atención. Si bien se han hecho esfuerzos para disminuir la cantidad de días de espera, la calidad de vida de estos pacientes se deteriora, física y psicológicamente. Son muertes de quienes «vivieron la espera no desde un intervalo transitorio, sino como un estado permanente, una espera que fragmenta el tiempo y transforma la vida en un eterno ´mientras tanto`, en el que la solución nunca llega».
Imposible no conectar este tipo de muertes. La crisis de natalidad, cuya solución no solo depende de resolver la crisis económica, impactará en la cantidad de muertos “egresados”: una fuerza laboral baja, con problemas de salud mental e incapaz de sostener a una población de adultos mayores creciente hará reventar los sistemas de seguridad social. Pero no basta la tecnocracia.
Chile necesita un cambio de switch rápido y profundo, y parte de su futuro depende de ello. Nadie se salva solo. Hay que cuidar la vida de cada chileno: la de los que vienen, porque traen esperanza; la de los que están, porque cuidan; y la de los que van partiendo, porque transmiten identidad. Ningún chileno sobra, pero no por lo que aporta o puede aportar, sino por ser persona. La dignidad que le corresponde a cada persona es incondicionada y, como señala Dignitas Infinita, «más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre».
El gobierno busca una ley de eutanasia libre
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 22 de septiembre de 2025.
La discusión sobre la eutanasia no ha puesto suficiente atención al detalle normativo del proyecto de ley que el gobierno está impulsando. Es contradictorio que en un Estado al servicio de la persona se defienda la idea de legalizar el asesinato de un ser humano inocente con su consentimiento. El peligro es aún peor considerando la acelerada tasa de envejecimiento, la crisis del sistema de salud y el desborde en la situación de salud mental.
Por otro lado, la señora Sofía Salas afirma que «el presente proyecto de ley dista mucho de ser de «‘eutanasia libre'», como yo sugeriría. En la columna señalé «las causales de eutanasia (…) de las indicaciones del Ejecutivo (prácticamente, eutanasia libre)», cuestión que mantengo, por lo que complementaré sus aclaraciones.
En primer lugar, las indicaciones del Ejecutivo eliminan que el requisito de reiteración de la solicitud de eutanasia conste por escrito y los cuatro momentos establecidos por el proyecto de ley. Que la solicitud sea simplemente reiterada, sin dar detalles, es una exigencia de papel. Además, el gobierno eliminó que la certificación de ausencia de perturbaciones psíquicas que afecten la capacidad de tomar decisiones sea hecha por un psiquiatra, sino que debe ser por un médico tratante, el cual hace el seguimiento al paciente. Pastelero a tus pasteles.
Pero, al mismo tiempo, previendo una eventual duda del psiquiatra permite que se pida una segunda opinión a otro médico. ¿Cuál opinión prevalece, si son contradictorias? Asimismo, y esto es lo que va al fondo del asunto, el Minsal sustituye las dos causales de eutanasia o el suicidio asistido originales -(1) enfermedad terminal (aquella que sea incurable, irreversible y progresiva, sin posibilidades de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado), o (2) por el cumplimiento de requisitos copulativos: una enfermedad o dolencia seria e incurable, caracterizada por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades, que le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que considere aceptables- por la siguiente: una condición o enfermedad grave e incurable o terminal. No se exige nada más: ni dolor, ni corto tiempo de vida, ni disminución de las capacidades, etc. Ningún país ni jurisdicción ha tenido la frialdad de aceptar algo así.
Esto es un verdadero bolsillo de payaso que abre la puerta a la eutanasia libre. Aquí cabe desde la anorexia hasta el cáncer. Basta recordar la inquietud de varios promotores y defensores en una sesión parlamentaria sobre el universo de personas que podrían solicitar la eutanasia.
Adicionalmente, la ministra Aguilera propone crear un comité que realice un control obligatorio ex ante de la realización de la eutanasia, eliminando el control ex post (lo que impide fiscalizar el cumplimiento de los requisitos al realizar la eutanasia), pero dicho comité sólo puede ser integrado por funcionarios públicos, impide que los objetores sean parte de él o sean invitados, y no establece una sanción en caso de que el médico incumpla la decisión del Comité, ni siquiera la de denunciar.
Por lo demás, basta ver cómo la pendiente de los países que legalizan la eutanasia se vuelve cada vez más resbaladiza. A los belgas les dijeron que sólo se aplicaría para adultos, pero 10 años después bajaron los criterios etarios. A los holandeses les aseguraron que les informarían sobre el momento de la eutanasia, pero en 2019 un caso judicial aprobó la eutanasia de alguien con demencia que no podía ser informado ni consentir y tuvo que ser inmovilizado para la inyección letal. A los canadienses les prometieron que la eutanasia se aplicaría sólo si la muerte era razonablemente previsible, pero ya no se exige. A los colombianos los calmaron con que sólo se aplicaría en fase terminal, pero eliminaron el requisito en 2021. Y todo esto acompañado de casos de eutanasia contra o sin la voluntad del paciente.
En resumen, una solicitud “reiterada”sin decir cómo, una certificación sobre el estado de lucidez del paciente que no la hace un psiquiatra, una causal que es un verdadero bolsillo de payaso y un comité ad hoc sin molestosos.
Como dije, el gobierno busca una ley de eutanasia libre.
Pluralismo con bozal
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Carta publicada en El Líbero el 21 de septiembre de 2025.
Señor Director:
Sofía Salas nos tranquiliza: las religiones pueden hablar en público… siempre y cuando digan lo que ella considera razonable. Es decir, pluralismo con bozal. Un pluralismo tan abierto que excluye de entrada cualquier argumento que supere su definición privada de razón. Así, en nombre de la diversidad, se pide uniformidad; en nombre de la libertad de expresión, se predica censura previa.
Sus ejemplos lo confirman. Cita a musulmanes y testigos de Jehová para demostrar que hay convicciones religiosas incomunicables. Y, con un elegante giro, concluye que sólo pueden entrar en la plaza pública aquellas afirmaciones que ella apruebe como “razonables”. Pero ¿qué es lo “razonable”? El filtro es tan neutro como un examen que sólo aprueba a los que piensan igual que el examinador.
De este modo, se nos pide a los creyentes no “imponer” nuestras creencias… imponiéndonos la creencia liberal de que sólo la razón reducida merece ser escuchada en la plaza pública. Se acusa a la Iglesia de fideísmo, pero se cae en el fideísmo secular: fe ciega en una neutralidad imposible sobre la cual el diálogo es discusión de sordos.
El verdadero pluralismo no consiste en domesticar la voz de la Iglesia, sino en permitir que se escuche en toda su amplitud. No es la primera vez que se pretende silenciar la voz de la fe en nombre de la razón. Durante la Revolución Francesa, la Virgen María fue expulsada de Notre Dame y en su lugar se entronizó a la “diosa Razón”. Una fiesta solemne, con discursos grandilocuentes, cantos a la neutralidad y promesas de libertad universal. Todos sabemos el desenlace: no vino la paz de los libres, sino la guillotina, los templos convertidos en establos y el reino del terror. La razón, cuando se queda sola y se proclama diosa, indefectiblemente se traiciona a sí misma, siendo reemplazada por la fuerza de una dictadura.
La propuesta de Salas, en versión light, se parece mucho a esa escena: “saquen a María del debate público y pónganle flores a la diosa Razón”. Una sustitución elegante y aséptica que, en nombre de la neutralidad, termina siendo la más dogmática y violenta de las religiones.
Roberto Astaburuaga Briseño – Abogado de Comunidad y Justicia
La voz de la Iglesia en el debate público
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 15 de septiembre de 2025.
En su columna del jueves pasado, Sofía Salas repite un viejo dogma del liberalismo: la Iglesia no debe “imponer sus creencias” y, en el debate público, solo puede hablar con “argumentos racionales”.
El punto tiene algo de verdad. Santo Tomás de Aquino enseña que, para persuadir a quien no acepta lo divino, hay que recurrir a principios comunes de razón natural. Pero Tomás jamás dijo que la Iglesia deba callar su fe. Una cosa es el arte de persuadir, otra muy distinta es el deber de dar testimonio. El sofisma radica en disfrazar el laicismo racionalista como legítima crítica al fideísmo. La táctica es clara: la Iglesia es bienvenida en el foro mientras deje de ser Iglesia.
El laicismo exige que la Iglesia no moleste y se limite a “persuadir” con razones neutras, olvidando lo obvio: nada persuade más que el testimonio fiel. Es el argumento que se encarna, la palabra que se hace carne. Al renunciar al testimonio, se renuncia también a persuadir. Digamos la verdad sin rodeos: “Iglesia, exprésate igual que el resto, Chile es un Estado laico”, lo que en traducción simultánea significa: “no digas nada”.
Así se termina aceptando una Iglesia reducida a un seminario de lógica formal. Una Iglesia con tiza y pizarrón, pero sin altar ni sagrario; un profesor simpático que presenta silogismos “neutros” y luego abandona la sala para no incomodar. Lo que Salas presenta como “sana laicidad” es, en realidad, laicismo ideológico: la pretensión de que solo ciertas voces pueden hablar con todas sus convicciones, mientras a las demás se les exige mutilarlas. Se nos pide a los creyentes dejar la fe en la puerta del foro público, como quien se saca los zapatos al entrar en casa ajena. Pero el espacio público también es nuestra casa.
La ideología liberal que destila la columna de Salas es, en el fondo, una religión que exige fe en su dogma de “neutralidad”. Porque la fe más supersticiosa hoy no es la del campesino que se arrodilla en una ermita, sino la del ciudadano burgués que reza al evangelio del desinfectante: jura que no tiene fe, mientras lleva un frasco de alcohol gel en el cerebro. La ironía es evidente: quienes piden excluir la fe del debate público lo hacen movidos, ellos mismos, por convicciones que trascienden la pura razón. Fe en el progreso, fe en la autonomía, fe en la neutralidad imposible, fe en que hablan sin agenda. Prohíben a la Iglesia hacer lo que ellos practican sin cesar.
Esa confianza ciega en un liberalismo clínicamente aséptico, que promete neutralidad mientras exige devoción absoluta a su vacío, es la más ideológica de las imposiciones. Se presenta como plenitud cívica, pero no pasa de suero envenenado: mata el alma y esteriliza toda posibilidad de vida virtuosa en común, limitando el horizonte a la inmanencia e higiene -tan alegre, tan pulcra, tan neutra…- de un cementerio.
Reducir la voz de la Iglesia a un manual de ética civil es tan absurdo como pedirle a un médico que solo diagnostique, pero nunca recete; o invitar a un poeta a recitar, pero prohibiéndole la metáfora porque “no todos creen en la belleza”. Callar las razones de fe no es neutralidad, es censura. Y se nos presenta como pluralismo lo que, en realidad, es un monólogo obligatorio.
La concesión liberal que se nos ofrece -ese metro cuadrado delimitado por la sola razón natural- obliga a la Iglesia a disfrazarse de cátedra neutral, exigiéndole de facto (y de iure, no seamos ingenuos) renegar de lo que es. Si la Iglesia renunciara a esa misión, sería infiel a sí misma. Sería como un faro que apaga la luz para no ofender a los marineros que prefieren navegar a oscuras. Pedir a la Iglesia que no sea Iglesia es como permitir que un árbol esté en la plaza con tal de que no dé sombra. Muy tolerante.
Más aún, el silencio mundanizado que algunos quisieran imponer a la Iglesia no repara en su consecuencia inmediata: la clausura del misterio y, con ella, el aburrimiento. La razón emancipada del asombro se convierte en racionalismo: no canta, grita; no abre, encierra. Como advirtió Chesterton, la esfera perfecta del racionalista es impecable y sin fisuras, pero también sin ventanas. El loco no carece de razón -decía en Ortodoxia-: tiene solo razón, y nada más.
Por eso el racionalismo es, en esencia, un somnífero. Con discursos largos y bostezos solemnes, reduce la vida a planilla Excel. Creyó que matando al misterio conquistaba el mundo; lo único que conquistó fue el tedio. Y cuando un aburrido tiene poder, se vuelve más peligroso que un loco con cuchillo: la historia lo demuestra con guillotinas, gulags, hornos de Auschwitz y clínicas eugenésicas o abortistas, todas justificadas con lógica impecable.
La cruz, en cambio, no es una esfera perfecta sino una paradoja viva: un palo que interrumpe otro palo, figura que se abre hacia los cuatro vientos y siempre expande la mirada. Mientras la razón sola termina encerrándose en sí misma, la razón acompañada por la fe florece en sabiduría. Lo más irracional es pretender ser pura razón. Lo más lógico, al final, es arrodillarse.
El cristianismo no aburre porque no clausura nada: allí siempre hay paradoja, fiesta, don. La fe introduce en el debate público palabras y paradojas insoportables para el manual racionalista: gracia, pecado, salvación, ángeles y demonios, misericordia; felices los que lloran, los pobres, los hambrientos y los perseguidos, quien pierde su vida la encuentra. Son expresiones que devuelven a la política su dignidad de servicio al hombre real, con hambre y esperanza reales. Expulsar esas verdades no es neutralidad, sino manipulación.
Un discurso racionalista puede inflar el pecho con “valores” -esa palabra tan superflua que sirve para todo y para nada-, pero, como recordó León XIV, valores sin Cristo son globos desinflados: flotan un rato en los cumpleaños infantiles, pero no cambian el mundo.
Y solo la Iglesia cambia el mundo. No fue instituida para recitar eslóganes dulzones bajo la indulgente permisión laicista, el engaño liberal y el soporífero techo del racionalismo, sino para anunciar a Cristo vivo y procurar que su Reino eche raíces: en los corazones, en las leyes, en las escuelas y en el hogar, todo en perfecta armonía con la razón natural, pero sin limitarse a ella, curando y elevando nuestra miserable naturaleza a punta de paradojas y misterios insondables que arrancan carcajadas. Esa es la Iglesia. Esa es su misión. Ese es su derecho. Ese es su irrenunciable deber.
Por un tercer y bien puesto portazo al aborto libre
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 8 de septiembre de 2025.
En plena campaña electoral, el gobierno está tirando toda la carne a la parrilla. Lo que no hizo en cuatro años, quiere hacerlo en pocos meses. Quiere darse un gustito. Hay una crisis enorme en el sistema de salud, con listas de espera y problemas de financiamiento, pero Boric, Orellana y Aguilera priorizan el aborto (y la eutanasia) libre.
Esperaron a que comenzara la carrera electoral para ponerle urgencia y acelerar la tramitación. Dicen que no tienen los votos, pero les importa más que se discuta, y que pueden negociar la cantidad de semanas para realizar el aborto. Como si se tratara de regatear el precio de la verdura en la feria. Es de una frivolidad y crueldad impresionante. Se dicen feministas, pero no dudan en instrumentalizar el dolor y la vulnerabilidad de la mujer para subir uno o dos miserables puntitos en la Cadem semanal, fidelizando a su 30%. Amiga, date cuenta. Si realmente les importara, lo hubieran presentado antes. ¿Y ahora se vienen a preocupar de las mujeres que abortan y supuestamente mueren, son encarceladas o de bajos recursos? Tuvieron que inventar excusas para atrasar la presentación del proyecto y esperar a apretar el acelerador para que calzara con la campaña electoral. Tampoco les importa no tener los votos. Quieren que se hable de aborto, pero porque sí. Ahí van preparando miradas serias, voces lastimeras y lágrimas de cocodrilo, con el pañolito verde amarrado y alguna cancioncita nueva que se habrán inventado. Un show despreciable y miserable.
El proyecto de ley, por supuesto, está al nivel de las iniciativas de la Convención Constitucional. Aburridamente reiterativo, citando la opinión de cuanto comité internacional se les cruza, el proyecto sería tres veces más corto. La circularidad de sus argumentos daría risa si no se tratara de un tema delicado. Las cifras y estudios manipulados convenientemente intentando que digan lo que no pueden decir. Por supuesto, a escondidas, intentan ampliar las causales vigentes. Si se les debe reconocer que no lo redactaron en lenguaje inclusivo y ahora ocupan la palabra mujer y no persona gestante, persona con capacidad de gestar. Al menos eso aprendieron… aunque basta una levantada de ceja del lobby trans para pedir perdón y cambiarlo.
Como buenos reyes de la voltereta, predican contra la discriminación, pero prefieren ignorar la eugenesia del aborto libre, que se ensaña especialmente en los niños no nacidos con Síndrome de Down (SD). En la mayoría de los países que cuentan con buenas técnicas de diagnóstico prenatal es posible detectarlo a través de la amniocentesis, un estudio con líquido amniótico que sirve para detectar enfermedades o anomalías, como la del SD. Sin embargo, el mal uso de estas técnicas cuando se permite el aborto libre ha provocado un antes y después en la cantidad de nacimientos de estos niños. Se ha calculado que en Europa el 54% de los casos en que se detectó síndrome de Down terminaron en aborto, cifra que sube a 83% en España y al 92% en Islandia. Para ellos no hay inclusión. Hasta ahí no más con la diversidad.
Ninguna vida vale menos, haya nacido o no. Toda madre tiene el derecho a exigir del Estado y la sociedad la ayuda necesaria antes, durante y después del parto para traer su hijo al mundo.
Chile ya les dijo que no quiere el aborto hasta las 14 semanas, cuando la Cámara rechazó en 2021 un proyecto de ley similar. Les volvió a decir que no cuando quisieron meter el aborto libre como un derecho en la Constitución. Pero parece que no aprenden. Será necesario un tercer portazo.
Encuestas sobre eutanasia: volver a la ley del más fuerte
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 1 de septiembre de 2025.
Esta semana, la Comisión de Salud del Senado terminará de escuchar a los expositores sobre el proyecto de ley de eutanasia, para luego votarlo en general. Sus promotores han enfatizado dos argumentos: el largo tiempo que lleva en el Congreso y el alto apoyo ciudadano, según distintas encuestas. Hay que hacer un doble click.
El origen del actual proyecto de ley de eutanasia se remonta a cuatro iniciativas de diputados: una de 2011, otra en 2014 y dos en 2018. Todas ellas fueron refundidas en agosto de 2018, aprobándose por la Cámara y despachándose al Senado en abril de 2021. En cuatro años, el Senado solo ha destinado 10 sesiones para su revisión (cinco en 2021, ninguna en 2022 y 2023, 2 en 2024 y 3 en 2025), lo que totaliza apenas cuatro horas de discusión en los últimos dos años. Que un proyecto lleve varios años en el Congreso no significa que se discutió con profundidad. Es evidente que no ha existido un debate serio y profundo, en comparación con otros temas vitales y profundamente delicados. El Gobierno apura al Senado, buscando legislar a matacaballo.
El segundo argumento apunta a las encuestas ciudadanas. Partamos reconociendo que los ciudadanos no son infalibles y se pueden equivocar: el nivel de apoyo o rechazo ciudadano a una medida no dice nada sobre su licitud o ilicitud. Hay medidas controvertidas con gran apoyo ciudadano, pero de ello no se sigue que deban legalizarse o apoyarse: 65,7% repondría la pena de muerte (Signos; mar., 2025); 70% prefiere tener seguridad sobre libertad (Criteria; nov. 2022); 88% apoyaba un segundo retiro del 10% (Pulso; nov., 2020).
Además, la opinión puede cambiar, especialmente si se trata de mediciones a largo plazo: ¿un joven sano que apoya la eutanasia a los 18 o 25 años tendrá la misma opinión cuando sea un adulto mayor de 70 años? ¿Acaso no ha cambiado la opinión ciudadana en temas como apoyo a la migración o retiros de AFP, considerando especialmente los efectos que han tenido? Si se aprueba la eutanasia porque hoy tiene apoyo ciudadano, ¿se podrá revertir si la opinión cambia el día de mañana? No es responsable legislar basándose en encuestas.
Los encuestados pueden estar apoyando algo con lo que en realidad no creen y la aprobación real a la eutanasia sea mucho menor. Un estudio canadiense de 2007 mostró que los encuestados confundía la eutanasia con el retiro de tratamientos (66%), con la provisión de analgésicos que alivian el dolor que también aceleraran la muerte (49%) y con la suspensión del tratamiento (38%). Muchas encuestas no definen lo que es la eutanasia ni se explica cuando se ocupan eufemismos como muerte anticipada/digna/asistida o solicitar/recibir asistencia médica para morir. Es decir, «si la formulación de qué es eutanasia no es precisa, es más probable que los encuestados confundan términos y declaren apoyar algo en lo que en realidad no creen» (Suazo, Un atajo hacia la muerte, p. 26).
Por otro lado, en las encuestas no se pregunta por una opción para aliviar el sufrimiento distinta de la eutanasia, sino que lo reducen a apoyar o rechazar la eutanasia, provocando que los encuestados entiendan, como advertía Houellebecq, que se les pregunta si preferirían que les ayudaran a morir o pasar el resto de su vida en un sufrimiento terrible. Las encuestas no incluyen la alternativa de los cuidados paliativos. Sea porque ignoren su existencia de los cuidados paliativos o no este en las alternativas de respuesta, la aprobación de la eutanasia, como “salida” al dolor, es mucho más alta de lo real.
¿Quiénes responden las encuestas? ¿Enfermos terminales y/o incurables? Las encuestas no detallan el estado de salud de los encuestados, pero difícilmente serán personas que están en situaciones de enfermedad terminal y con dolores insoportables. Los estudios revelan que los pacientes que entran a unidades de cuidados paliativos solicitando la eutanasia, luego de un tiempo, desisten de esta idea: el dolor se alivia, la soledad se reemplaza por el acompañamiento. Si los sanos deciden por los enfermos Chile retrocede a la ley del más fuerte imponiéndose sobre el más débil.
Además, algunas encuestas revelan que los sectores socioeconómicos más vulnerables y los grupos de mayor edad son los que menos aprueban la legalización de la eutanasia: el sector D-E (68,5%) tiene 10,1 puntos menos que el sector ABC1 (78,6%); los de 51 años o más (57,4%) tienen más de 20 puntos de diferencia con los de 18 a 30 años (84,4%) (Pulso Ciudadano; junio, 2025).
Esto es especialmente relevante, porque las causales de eutanasia del proyecto de ley y de las indicaciones del Ejecutivo (prácticamente, eutanasia libre) están muy lejos de coincidir con los supuestos de las preguntas de las encuestas, y, en el fondo, con las convicciones reales de los chilenos.
¿Qué proyectos de ley y reformas constitucionales presentarán los ex convencionales octubristas cuando lleguen al Congreso?
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 25 de agosto de 2025.
Casi una veintena de exconvencionales de la izquierda radical están postulando al Congreso, entre ellos, Bassa, Schounhaut, Achurra, Millabur, Barraza, Loncón, Gutiérrez, Grandón o Woldarsky. El Frente Amplio y el Partido Comunista, líderes en la dirección del proceso constitucional y del actual gobierno, son los partidos que apostaron fuertemente por ellos. La pregunta es: si salen electos, ¿qué harán en el Congreso? ¿Refundar Chile mediante leyes y reformas constitucionales? ¿O fingir amnesia, y hacer borrón y cuenta nueva?
El tema no es menor. ¿Habrán renunciado a las ideas que impulsaron en la Convención? Probablemente, no. ¿Intentarán empujarlas, bajo nuevos disfraces, en el Congreso? Probablemente, sí. ¿Tendrán los votos? No lo sabemos. La izquierda radical puso sobre las cartas sobre la mesa con el proyecto constitucional de la Convención, y todo el proceso de construcción de las normas (discusiones en las comisiones y primeros borradores). Eso es en lo que creen, esa es su visión de Chile y a eso volverán, una y otra vez. No hay espacio para la ingenuidad. La presunción de mala fe respecto a su futuro trabajo legislativo está plenamente justificada.
En el fondo, ¿realmente creemos que Loncón se conformará con un proyecto de ley para promover los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en lugar de buscar vías para, gradualmente, abrir camino a la plurinacionalidad? ¿Que a Bassa le bastará con el umbral del 5% de los partidos a la reforma del sistema político y no avanzará en medidas más radicales? Ya solo el hecho de reabrir esas discusiones es una victoria para ellos.
Desde el aborto libre hasta la plurinacionalidad, desde los sistemas de justicia preferenciales a la inflación del Estado como único garante de los derechos sociales, todas las ideas están disponibles para reabrir discusiones y buscar cambios con el solo objetivo de refundar Chile.
El cambio en los quórums constitucionales dobla el riesgo. El Rechazo no tiene asegurada la elección parlamentaria. Si no alcanza la mayoría, la izquierda radical, capitaneada por los líderes de la Convención, no dudará en cambiar las normas y luego reforzarlas con los mismos candados que tanto criticaron. Y nada asegura que con la actual integración del Tribunal Constitucional se puedan detener estos intentos refundacionales. El constitucionalismo transformador no desapareció el 4S.
¿Se puede separar al autor (y su comportamiento) de su obra? Carlos Peña, al diferenciar entre el comportamiento de los convencionales y el borrador constitucional, creía que sí, puesto que «los textos tienen la rara cualidad de independizarse de sus autores». Sostuvo que para desentrañar el sentido de un texto: «se trata de saber lo que el texto dice, no cómo fue la vida o la conducta de sus autores (…) no [se] entiende … un manual de instrucciones para su automóvil enterándose de quién lo escribió y cómo era». Insiste en que lo importante es: «el sentido del texto, porque se independiza de la voluntad de quienes intervinieron o las circunstancias del medio de las que se produjo».
Peña se equivoca. Incurre en una falsa analogía o equivocación categorial. La Constitución y las leyes no son textos meramente técnicos. No buscan regular un procedimiento eficaz para obtener un resultado, sino ordenar la conducta humana libre conforme a la justicia y el bien común. Peña confunde la praxis con la poiesis. La verdad es la contraria: el carácter moral del legislador influye en sus elecciones de fines y de medios. Las leyes son órdenes a determinados fines. Por tanto, las leyes que promueven son, en gran medida, proyecciones de su propia autobiografía. Nos es exagerado sostener que las leyes -como también un programa de gobierno- son una prolongación del ethos político del gobernante. No se puede prescindir de la historia personal ni del contexto histórico y social para entender un texto jurídico y político. Si hubiese candidatos al Congreso que fueron autores de proyectos de leyes que no han contribuido al bien común y ahora buscan una reelección, ¿no es razonable considerar ese antecedente para no votar por ellos?
La presunción de mala fe está totalmente instalada y plenamente justificada para no votar por los convencionales octubristas que pusieron a Chile al borde del precipicio.
La Ley de Cuidados y una brutal ingeniería social
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 18 de agosto de 2025.
El proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados avanza silenciosamente en el Congreso. Busca soluciones a problemas graves y desatendidos por muchos años, especialmente a la situación sin apoyo económico de incontables mujeres que han cuidado a sus hijos o padres o de quienes cuidan a personas discapacitadas o adultos mayores. Lo lamentable es que el gobierno frenteamplista, incapaz de resistir la tentación de querer modificar (transformar) la sociedad según sus premisas revolucionarias introduzca normas ideológicas en tal sentido.
Por un lado, el proyecto de ley agrega el principio de corresponsabilidad social: «se deberá promover una distribución equilibrada entre el Estado y toda la sociedad, especialmente las familias, los hogares, los privados, los profesionales y la comunidad en general, particularmente en las responsabilidades en materia de cuidados de niños, niñas, adolescentes y de personas con dependencia por motivos de salud, de curso de vida o de discapacidad. Para hacer efectivo este principio, el Estado tendrá el deber de educar a la sociedad en su conjunto en materia de cuidados». (literal e) del art. 5). Pero, ¿qué es una distribución equilibrada? ¿Quién lo decide? ¿El funcionario público de turno? ¿Cuáles son los criterios? La intervención estatal en la familia puede terminar siendo brutal. Es bastante preocupante… ¿qué implica, en el caso concreto, que el Estado sea responsable, como un igual respecto a los padres, en materia de cuidar a los hijos? El Estado está para ayudar a la familia, no para participar en las decisiones familiares.
Por otro lado, un segundo principio fuertemente ideológico es el de corresponsabilidad de género: «En razón de la desigual repartición de cargas de cuidados entre hombres y mujeres, se deberá promover la igualdad de género, especialmente en la distribución de responsabilidad en materia de cuidados de niños, niñas y adolescentes y personas con dependencia; y se procurará la recuperación del tiempo para las personas cuidadoras no remuneradas y la equiparación de la pérdida de ingresos económicos, especialmente en mujeres que se han dedicado al cuidado» (literal f) del art. 5). El problema es que el Estado fija una postura (la forma en que se deben cuidar a los hijos y la distribución del tiempo entre los padres) y se la impone a la familia, quitándole su autonomía. Esto permite al Estado, según el proyecto de ley, ocupar “instrumentos de medición del uso del tiempo” (art. 3), que permiten medir el tiempo que dedican hombres y mujeres al trabajo, cuidado de los hijos, ocio, estudio, etc., lo que plantea problemas respecto a la privacidad y autonomía de la familia y de sus integrantes, y el manejo y uso de la información obtenida que pueda darle el Estado, y no aclara si el uso de estos instrumentos será un requisito para acceder a los programas de cuidado.
Estos dos principios ya se enunciaban en la propuesta constitucional de la Convención Constitucional, y en algunos casos con normas casi idénticas. El afán de que el Estado domine todo, partiendo por la base, la célula, la unidad indispensable de la sociedad, como lo es la familia, no ha desaparecido. La pulsión octubrista y su inagotable afán de hacer ingeniería social solo ha cambiado de fuente. Si antes pretendía refundar Chile, de un solo golpe, mediante una nueva Constitución, ahora busca lo mismo, de forma más gradual, infectando, como el peor cáncer, a la institución social que más ayuda requiere.
La derecha ha fallado hasta el momento en detectar y oponerse a la anulación absoluta del principio de subsidiariedad. Hay tiempo para rectificar y eliminar las manzanas podridas del proyecto de ley.
La eutanasia es un torpedo a los cuidados paliativos
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 11 de agosto de 2025.
El gobierno se ha empecinado en sacar adelante el proyecto de ley sobre eutanasia, radicado en la Comisión de Salud del Senado, y dejarlo como parte de su legado. Nos hemos referido a las advertencia que implica legalizarla según un ex promotor, pero no se debe olvidar que, al aprobar la eutanasia, si bien no se obliga a nadie a pedirla, sí se obliga a todos a considerarla como una opción. En la vereda opuesta están los cuidados paliativos -que sí alivian el dolor-, pero que pueden verse muy afectados si se aprueba la eutanasia, como lo demuestra la experiencia de otros países.
Más de alguno está de acuerdo con la eutanasia, si es que se garantizan los cuidados paliativos como requisito previo o si existe una cobertura adecuada de los mismos. Si bien este argumento no apunta al fondo del asunto, igualmente resulta engañoso. El sistema de cuidados paliativos chilenos se encuentra en un estado tal que, de aprobarse la ley, sería incalculable la cantidad de procedimientos eutanásicos originados por la ausencia o mala calidad de los cuidados, como por la amplísima causal propuesta por el Ejecutivo (simplemente, una enfermedad o condición grave e incurable o terminal).
Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, en 2020 solo el 21,7% de los chilenos que necesitaban cuidados paliativos, los recibían. En una presentación del año pasado sobre los cuidados paliativos en la Comisión de Salud del Senado, se informó que, a noviembre de 2024, existían 8 equipos pediátricos paliativos (2,2 equipos por un millón de menores de 15 años), solo había 59 médicos certificados en cuidados paliativos (se requiere el triple) y solo el 27% de las escuelas de enfermería tienen acceso a campos clínicos para cuidados paliativos. Pero además, la proyección de cuidados paliativos, en un estudio de 2024, que se necesitarían aumentará de 117.000 personas en 2021 a 209.000 en 2050, es decir, un aumento del 79%, impulsado por afecciones cardiovasculares y demencia. Si a lo anterior le sumamos los cuidados que se requerirán por el aumento de la tasa de envejecimiento, el sistema claramente no está equipado como corresponde para atender y cuidar a quienes, de aprobarse la eutanasia, la elegirían al no tener más opciones.
¿Y si se cumpliera todo lo anterior? ¿Y si logramos en pocos años tener el mejor sistema de cuidados paliativos, además de la eutanasia? Un informe del profesor inglés David Albert Jones del año pasado demostró el impacto negativo que tiene la aprobación de la eutanasia en la provisión de cuidados paliativos. Vale reproducir algunas de ellas. Lo primero es que los países europeos que no permiten la eutanasia invierten el triple en cuidados paliativos que los que sí lo hacen. En un sentido similar, los 7 estados de Estados Unidos que autorizan el suicidio asistido tienen un crecimiento menor en cuidados paliativos en comparación al resto. En segundo lugar, cuando se equipara la eutanasia y los cuidados paliativos como cuidados al final de la vida, compiten por los mismos fondos presupuestarios, por lo que los fondos destinados a cuidados paliativos se redirigen para financiar la eutanasia o se comprometen aumentos de gastos que no se cumplen. Por ejemplo, Canadá comprometió 6.000 millones de dólares para financiar los cuidados paliativos durante diez años en el momento en que se legalizó la eutanasia, pero este dinero no se destinó exclusivamente a los cuidados paliativos y, tras cinco años, solo se pudo demostrar que se habían asignado 184 millones de libras esterlinas a los cuidados paliativos.
Un tercer punto que aborda Jones es la “mala fama” que comienzan a tener los cuidados paliativos al asociarse a la eutanasia, reforzando la percepción de que implican poner fin a la vida de forma intencionada, lo que se reconoce en estudios de Canadá, Australia y Oregon. En cuarto lugar, se advierte que luego de la aprobación de la eutanasia, algunos, en Quebec, comienzan a abandonar la medicina paliativa, así como enfermeras que comenzaron a dejar sus trabajos en Ontario porque no podían proporcionar cuidados paliativos. Por último, Jones compara la posición de los países que han aprobado la eutanasia/suicidio asistido en un ranking de 81 países sobre el cuidado al fin de la vida: entre 2015 y 2022, la mayoría de los países con eutanasia/suicidio asistido bajaron en la clasificación en relación con la lista más amplia de países, y salieron del cuartil superior Canadá (9º en 2010 a 22º en 2022), Bélgica (5º en 2010 a 26º en 2022) y Estados Unidos (9º en 2010 a 43º en 2022).
Jones se refiere a uno de los fundamentos invocados para legalizar la eutanasia: el dolor. El dolor no es de las principales razones por las que se solicita la eutanasia (está luego de los problemas existenciales y de los físicos), pero al revisar las cifras de Oregon, Washington y Canadá demuestra que la proporción por el dolor aumenta significativamente al medirse en periodos largos. Es decir, existe una razón para explicar el aumento del miedo al dolor como motivo para solicitar la eutanasia en las jurisdicciones que permiten la eutanasia/suicidio asistido.
Un último impacto negativo de la eutanasia en los cuidados paliativos es que la primera, al ser más rápida y económica, puede frenar los avances en innovación médicas en el campo de enfermedades crónicas y terminales, y en tratamientos para el dolor y cuidados paliativos. Esto cobra sentido si consideramos la “competencia” por financiamiento y los factores mencionados.
Como dijimos, la existencia y calidad de los cuidados paliativos no es un argumento que vaya al fondo del asunto sobre la valoración moral de la eutanasia, pero no se puede desatender que la situación nacional de salud obligaría a innumerables enfermos terminales a considerarla como una salida. No se puede aprobar la eutanasia en Chile.
Newman, el nuevo Doctor de la Iglesia, fue un crítico mordaz del liberalismo
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 4 de agosto de 2025.
El Papa León XIV concedió a San John Henry Newman (declarado Venerable por Juan Pablo II, Beato por Benedicto XVI y Santo por Francisco) el título de Doctor de la Iglesia. A lo largo de sus más de 2.000 años de historia, solo 36 santos gozan de este título. Los Doctores de la Iglesia son reconocidos maestros de la fe para los católicos de todos los tiempos y han ejercido una gran influencia en el desarrollo del cristianismo. Newman fue un teólogo británico brillante y uno de los conversos más influyentes de su tiempo. Y vale revisar algunas de sus posturas sobre el liberalismo, cuestión a la que dedicó parte de sus reflexiones.
Newman nació en 1801 en Londres y fue presbítero de la Iglesia anglicana, pero en 1845 se convirtió al catolicismo, y posteriormente fundó el Oratorio de San Felipe Neri de Birmingham. Similares, e influenciadas por él, fueron las conversiones de Chesterton y Knox. De hecho, un alumno del Oratorio de Newman fue el padre Francis Morgan, quien educó y fue el tutor legal de Hilary y J.R.R. Tolkien, cuando murió la madre de ambos, también conversa al catolicismo.
Resulta llamativa la decisión de otorgar el título de Doctor de la Iglesia a un inglés caracterizado por su feroz lucha intelectual contra el liberalismo, el cual surge en Inglaterra y se desarrolla Locke, Hobbes, Smith, Bentham, Stuart Mill y Keynes.
Gran parte de sus críticas tienen una absoluta vigencia actual. Así, la cohesión de la sociedad no puede depender de la utilidad, el pragmatismo y el interés propio combinado la divinización de la ciencia y con la defensa de ciertos principios morales particulares, si es que al mismo tiempo los liberales insisten en tratar a la religión como un lujo privado y se utiliza el método empírico para resolver cuestiones morales que las ciencias no pueden resolver. De esto último, Newman sostenía que “se extralimitan y se entrometen donde no tienen derecho”, lo que fomenta una mentalidad en los católicos de priorizar determinadas ciencias o la aprobación ciudadana (encuestas de opinión), antes que discutir la postura católica sobre el tema.
La preocupación de Newman por el liberalismo se extendía al peligro que representaba la defensa de una libertad de conciencia absolutamente desvinculada de la verdad objetiva y provocar un relativismo moral que reina sin contrapesos actualmente. La consecuencia está a la vista: pocos planteamientos públicos actualmente reciben tanta indiferencia y ninguneo como defender la existencia de una verdad moral objetiva. Newman estaba convencido de que la conciencia es la defensora de la verdad en lo más profundo de la persona humana y que el camino de la conciencia lo es todo menos un camino de subjetividad autosuficiente: es un camino de obediencia a la verdad objetiva.
La valentía intelectual de Newman sobre la verdad objetiva se conecta con la valentía política de otro santo inglés, como Tomás Moro. Mientras la fuerza de la verdad llevó a Newman a alertar y combatir gran parte de los peligros propios del liberalismo, Moro vivió la verdad de forma coherente, en su vida pública y privada (familia, función pública, amigos y academia), sin separarlas, incluso cuando se jugó la vida.
Eso es lo que necesita Chile. Ciudadanos, especialmente políticos, jugados por vivir y defender esas verdades inmutables en todo tiempo y lugar. En cada elección que se les presenta.