Estábamos terriblemente equivocados: la advertencia de un promotor de la eutanasia
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 28 de julio de 2025.
Theo Boer es profesor holandés de ética sanitaria en la Universidad de Groninga. Fue partidario de aprobar la ley de eutanasia en los Países Bajos en 2001, y entre 2005 y 2014 integró un comité revisor de casi 4.000 solicitudes de eutanasia. Sin embargo, para 2015 ya no podía negar los efectos expansivos de la legalización: puertas abiertas que ya no se pueden cerrar. Desde entonces ha visitado distintos países -entre otros, Canadá (2016), Uruguay (2022) o Francia (2025)- advirtiendo sobre el peligro y llamando a buscar una solución verdaderamente digna. El Senado chileno retoma la discusión en agosto, y ojalá los senadores se tomen el tiempo de leer la entrevista a Boer.
Boer no se opone absolutamente a la eutanasia, y considera que podría ser un último recurso en casos extremos. Sin embargo, advierte que legalizarla no apacigua la sociedad: la inquieta, la transforma y la hace más frágil. Cambia nuestra relación con la vulnerabilidad, la vejez y la dependencia. Introduce la idea de que algunas vidas, en determinadas condiciones, ya no merecen ser vividas, ni siquiera cuidadas. El problema no es exclusivo de su país: No he visto ninguna jurisdicción donde la práctica no se haya expandido, ni una sola. Su experiencia no puede ser desoída: «No pensé que llegaríamos tan lejos, y por eso ahora digo a otros países: no hagáis como nosotros, no legalicéis la eutanasia«.
“No pensé que llegaríamos tan lejos…”, comenta Boer. ¿Era previsible? Por cierto que sí. La ampliación de la eutanasia se nutre de su fundamento primero y principal: la autonomía. Los partidarios de la eutanasia plantean la pregunta: ¿Por qué otro tendría que decidir cómo quiero morir? ¿Puedo decidir sobre cómo y cuándo morir? Si la respuesta es afirmativa, la puerta se abre y la expansión comienza de inmediato. Si algunos pueden decidir sobre su muerte, ¿por qué otros no?
Así lo explicaba Boer ante el Congreso Uruguayo: «¿Quién es usted, señor diputado, para decir que solamente va a ser para los pacientes de ELA que ya probaron todo, y no para los pacientes que no quieren probar todo? ¿Quién es usted para decir que es válido para A, B y C, pero no para D, E y F? Ahí tenemos un terreno resbaladizo. ¿Por qué para algunos sí y para otros no?». La discriminación arbitraria está a la vuelta de la esquina. Así, intentar levantar límites o retroceder implica anular el principio legitimador de la eutanasia: la autonomía, que se confunde con la dignidad.
Este temor se manifestó en la última sesión de la Comisión de Salud del Senado chileno en que se debatió sobre la eutanasia, cuando los distintos promotores intentaban obtener respuestas sobre el universo de potenciales candidatos que podrían “elegir” la eutanasia si se aprobaba. ¿Qué enfermedades se incluirían y cuáles se descartarían?
Por otro lado, la expansión no es solo en cuanto a causales, sino también en número de casos anuales, que no ha dejado de aumentar. Bélgica pasó de 259 casos anuales en 2003 a 3.991 en 2024; Holanda, de 1.815 en 2003 a 9.958 en 2024; Colombia, de 4 en 2015 a 271 en 2023; Canadá, de 1.018 en 2016 a 15.343 en 2023; España, de 75 en 2021 a 427 en 2024. En suicidio asistido, Suiza pasó de 187 en 2003 a 1.594 en 2022; Nueva Zelanda, de 16 en 2021 a 453 en 2024; en Estados Unidos, Oregon pasó de 16 en 1998 a 376 en 2024, y California, de 151 en 2016 a 884 en 2023. En Alemania, solo una de las instituciones que prestan “servicios” de suicidio asistido pasó de 21 casos en 2010 a 171 en 2024. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Chile sostiene en el Informe Financiero del proyecto de ley que se realizarían solo 120 eutanasias anuales…
Pero las advertencias no terminan ahí. La pendiente resbaladiza de la eutanasia termina por socavar la propia autonomía que se invoca. El gobierno holandés permitió que se practicara eutanasia en niños entre 1 y 12 años, quienes evidentemente no tienen capacidad de discernimiento. Boer se pregunta: «si se permite matar activamente a un paciente que no ha solicitado la eutanasia porque es demasiado joven para hacerlo, ¿por qué no aplicar el mismo principio a los ancianos que ya no pueden expresar su voluntad? Si se puede matar a un niño gravemente discapacitado a petición de sus padres, aunque él mismo no lo pida, ¿por qué un hijo no podría pedir la eutanasia para su padre anciano y gravemente enfermo, tal vez aquejado de demencia? (…) Desde un punto de vista puramente lógico —por terrible que sea— ¿por qué matar solo a los niños que sufren y están cerca de la muerte natural? ¿Por qué no también a los que tienen una esperanza de vida de cinco o diez años? En este último caso, el sufrimiento sería aún mayor y más prolongado».
Por eso -aunque haya que decirlo una y mil veces- la eutanasia consiste en matar a un tercero, y el consentimiento del paciente no cambia ese hecho. Los cuidados paliativos y la sedación paliativa son las verdaderas soluciones. Ojalá el Senado chileno no apruebe el proyecto de ley sobre eutanasia.
Es urgente prohibir las intervenciones hormonales y quirúrgicas de cambio de sexo a menores de edad
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 21 de julio de 2025.
El año pasado, el mundo comenzó a encender las alertas sobre las intervenciones transafirmativas de cambio de sexo a menores de edad, que incluían hormonaciones desde los nueve años y cirugías de reasignación de sexo. Con los meses, nuevos estudios revelan más peligros, organismos internacionales emiten alertas y los países continúan tomando medidas restrictivas.
Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que el proyecto de ley de Tennessee que prohibía las intervenciones hormonales y quirúrgicas de cambio de sexo a menores de edad era acorde a la Constitución. La semana pasada, Puerto Rico aprobó una ley que prohíbe las intervenciones quirúrgicas o tratamientos con medicamentos que alteren la biología del sexo de un menor de edad. La ONU, a través de un informe de Reem Alsalem, Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, advirtió sobre el daño que la transición de género pediátrica causa a las niñas. En Chile, el lanzamiento del libro Deshacer el cuerpo, del Instituto de Estudios de la Sociedad, presenta cuatro objeciones intelectuales a la agenda trans que hasta el momento siguen sin una respuesta seria.
Nuestro país no puede quedarse atrás. Los escalofriantes datos revelados por la Comisión Investigadora Nº57 de la Cámara de Diputados no pueden juntar polvo. El Congreso debe prohibir decididamente este tipo de prácticas, puesto que la hormonación y las cirugías no son inocuas, sino que causan daños en su anatomía y fisiología, en muchos casos irreversiblemente, provocando infertilidad, problemas de densidad ósea, etc.
Se trata de proteger a los niños y adolescentes de intervenciones experimentales que buscan modificar su sexo. Ellos tienen derecho a crecer y el Estado debe protegerlos para que se desarrollen en un ambiente sano. La pubertad no es una enfermedad, si no una etapa propia de la madurez que toda persona vive.
Los niños no son conejillos de Indias. La Fiscalía chilena investiga a algunos de los doctores que han participado en este experimento médico. Puerto Rico castigará a los doctores que realicen estas intervenciones con 15 años de cárcel, la revocación de su licencia profesional y 50.000 dólares de multa para las personas jurídicas.
Esto no se trata de colores políticos. Es uno de los pocos temas en los que cada existe un mayor consenso transversal y ciudadano: según la última Cadem, un 76% (12 puntos más que hace un año) rechazaba que se le aplicaran bloqueadores de pubertad para cambiar de sexo a niños.
El silencio del Minsal en esta materia sigue demostrando cómo la salud y la ciencia están secuestradas por la ideología y el activismo. No hay anuncios de investigaciones, ni sumarios, a pesar de contar con tres estudios, desde 2023, que alertan sobre los riesgos y daños que tienen las intervenciones hormonales en niños y adolescentes y que en Chile son más de mil, solo en la salud pública, y no se sabe cuántos más son en la salud privada.
Es hora, por el bien de los niños, de prohibir las intervenciones transafirmativas de cambio de sexo.
El Estado debe cumplir con su deber de fortalecer a la familia
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 14 de julio de 2025.
La crisis del matrimonio y la familia suma nuevos antecedentes que aumentan la gravedad para el futuro de Chile. La semana pasada se publicó un excelente estudio de la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia, que agrupa Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, que analiza y compara distintas mediciones demográficas (mortalidad, natalidad, nupcialidad, esperanza de vida, etc.). A Chile le sobran motivos para preocuparse.
El informe, titulado “Cambios en las estructuras demográficas”, confirma datos preocupantes y añade otros nuevos para Chile, en comparación con los otros 10 países: la tasa global de fecundidad más baja (1,0 nacimientos por mujer); la tasa bruta de natalidad más baja (7,7 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes); una relación de 1 : 1 entre tasa de natalidad y de mortalidad (nace una persona por cada una que fallece), lo que indica un estancamiento poblacional; la segunda tasa más baja de población joven (0 a 14 años), lo que afectará la fuerza laboral futura y la segunda tasa más alta de población mayor (65 años y más), lo que presiona los sistemas de seguridad social y aumenta la dependencia económica.
En relación a la familia propiamente tal, se registra un aumento de los hogares unipersonales y de los hogares sin núcleo (que incluyen formas de convivencia no familiar, como amigos, compañeros de arriendo o parejas sin hijos formalizados); una disminución de la tendencia de nupcialidad (3,2 matrimonios por mil habitantes), un aumento en la tendencia a uniones más frágiles y convivencias fuera del matrimonio (33%), mientras solo un 50% corresponde a hogares nucleares (padres e hijos) y la tasa más alta de divorcio (59 de cada 100 matrimonios).
Sobre estos datos se pueden construir distintas interpretaciones para proponer soluciones. Una de ella es que la crisis del matrimonio es una de las razones más profundas de la crisis de la familia y de natalidad, que hemos abordado anteriormente. Solo recordar que las crisis se atacan abordando sus causas y no sus efectos, error de algunas medidas que circulan actualmente como la promoción de las técnicas de reproducción asistida, la corresponsabilidad, los cuidados o los incentivos de todo tipo para tener más hijos.
Baja la cantidad de matrimonios y de hijos y crece la de AUC y de divorcios. El matrimonio es la institución por excelencia para tener y educar hijos, en comparación con cualquier otra forma de estructura familiar. En él, como arrojó un estudio de Idea País, disminuyen las condiciones de vulnerabilidad, se establecen mecanismos más solidarios de las finanzas familiares, los hijos tienen mejores trayectorias académicas y menor deserción escolar, menor propensión al consumo de drogas y alcohol.
Otros datos indican las razones por las que los jóvenes prefieren no casarse ni tener hijos. Ante la alta tasa de divorcios, tales decisiones probablemente se afirmen… ¿para qué casarse y tener hijos si probablemente terminará divorciado? Es necesario que la sociedad y el Estado muestren a los jóvenes que el matrimonio es una fuente de realización personal, de enorme felicidad, de sacrificios y dolores por el bien de las personas que más queremos. El Estado tiene el deber de fortalecer a la familia. Fortalecer significa dar fuerzas, y está claro que la familia se encuentra debilitada. Si esta crisis no es atendida, sus consecuencias catastróficas superarán inimaginablemente las crisis actuales que dominan las portadas. El Estado debe cumplir con su deber.
Ministro Van Klaveren, 12 cristianos fueron asesinados diariamente el 2024
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 7 de julio de 2025.
Ministro, supongo que estará concentrado en cuestiones de gran complejidad e importancia relacionadas con la postura comercial de Trump, la eventual incorporación de Chile a los Brics o el seguimiento a los conflictos bélicos, entre otras materias. Pero, hace años, se viene intensificando la persecución y matanza contra los cristianos en muchos países orientales. La condena contra los perpetradores y la ayuda a los perseguidos genera para nuestro país una obligación moral que no podemos eludir.
Ministro, el pasado 22 de junio, en una iglesia ortodoxa de Damasco, dos terroristas se hicieron explotar, matando a 25 cristianos, entre ellas, una estudiante que fue a encender una vela por un examen y una monja intentaba calmar infructuosamente a un niño de su guardería que salió con sus padres y gritaba: “¡Hay muertos, hay sangre!”. Una semana antes, al menos 200 cristianos, niños, guaguas, padres y madres, fueron masacrados en el estado de Benue de Nigeria, siendo quemados vivos, acuchillados y ejecutados con disparos al intentar escapar de la masacre. En la India, las persecuciones, ataques y hostigamientos a comunidades cristianas cada vez son mayores, resultando con gran cantidad de heridos.
Ministro, no quisiera marearlo con números y datos, pero son escalofriantes, angustiantes y escandalosos. Según el informe anual de la organización Puertas Abiertas, que clasifica los 50 países en donde es más difícil vivir como cristiano, en 2024: 4.776 cristianos fueron asesinados; 7.679 iglesias o propiedades públicas cristianas fueron atacadas u obligadas a cerrar; 4.744 cristianos fueron arrestados, encarcelados, detenidos sin juicio o sentenciados, simplemente por su fe;28.368 hogares, tiendas o negocios pertenecientes a cristianos fueron atacados; secuestraron a 3.775 cristianos; 3.944 sufrieron agresiones o acoso sexual o fueron obligados a casarse con no cristianos; casi 55.000 sufrieron maltrato mental o físico debido a su fe y cerca de 210.000 cristianos tuvieron que huir de sus hogares. Todo simplemente por creer en Cristo.
Ministro, el Parlamento Europeo aprobó en febrero de 2024 un texto en el que se denunciaba que, desde 2009, más de 52.000 cristianos han sido asesinados y se han destruido 18.000 iglesias y 2.200 escuelas cristianas.
Ministro, el cristianismo no es simplemente uno de los pilares de la civilización occidental; es la religión, la fe que creen y por la que viven, sufren y mueren miles y miles de hombres y mujeres, niños y adultos. Es un exterminio por su fe. No podemos permanecer ajenos. El cristianismo es parte de nuestra historia nacional y de nuestra trayectoria en el orden internacional.
Ministro, nos escandalizamos con guerras y atentados que ocurren en otros países o violaciones a los derechos humanos que sufren grupos de personas por distintas razones, y rápidamente reaccionamos con declaraciones y comunicados. Pero asusta el silencio y la indiferencia comunicacional y político. ¿Qué tiene que pasar para que exista una reacción? ¿Cuántos tienen que morir para poner el asunto sobre la mesa? ¿Estamos esperando una atrocidad inédita y recién ahí nos acordaremos?
Ministro, no es su labor solucionar o detener esta barbarie, que se cobra la vida de niños y mujeres. Pero Chile algo puede decir. No es propio del chileno permanecer indiferente al dolor ajeno. La reacción fraterna y caritativa de miles de compatriotas e instituciones a los estragos que causan distintos desastres naturales en nuestro país es el mejor ejemplo. Ud. puede ser la primera voz, quizás alejada y pequeña, pero valiente y humana, que exija detener esta masacre.
Ministro, no sé si usted es o no cristiano, pero una de las bienaventuranzas -como dijo el Papa Francisco son el carné de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de vida de Jesús- que Cristo dejó fue Bienaventurados los buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios (Mt. 5:9). Los que buscan la paz son los que intentan todo para lograr la cordialidad entre los diferentes pueblos de la tierra, evitando conflictos y promoviendo la reconciliación y la armonía.
Ministro, por favor, ayude a los cristianos perseguidos.
La objeción de conciencia no es una moneda de cambio
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 30 de junio de 2025.
Boric quiere terminar su gobierno dejando aprobados o avanzados proyectos de ley que promueven una cultura de la muerte contra los más vulnerables de nuestra sociedad, como son los niños no nacidos y los enfermos o adultos mayores. El aborto y la eutanasia son acciones que atentan contra la dignidad humana. Sin embargo, algunos se quedan tranquilos con tal de asegurarles su calidad de objetores, es decir, da lo mismo que se apruebe porque personal o institucionalmente puedo objetar.
Un ejemplo, advertencia y recordatorio es lo que ocurrió con la ley de aborto de 2017. La negociación, porque eso fue, implicó canjear las tres causales por la objeción de conciencia personal e institucional. Luego de la dictación del reglamento sobre objeción de conciencia pasaron solo cinco años y el actual Gobierno comenzó a modificar las normas para hacer más difícil oponerse, antecedidos por una campaña académica y activista que no dio tregua. Es de la esencia de este tipo de agendas que una vez logrado su primer objetivo, avanzan en ampliar su extensión y luego en crear mecanismos de persecución para impedir gradualmente su oposición. Una vez que se abre la puerta, cuesta muchísimo volver a cerrarla, porque los promotores consideran que se trata de victorias democráticas y avances civilizatorios escritos en piedra.
Esto no puede ocurrir con la eutanasia. No se puede repetir una negociación en materia de bienes no negociables. La eutanasia no se puede aprobar porque implican legitimar el asesinato de una persona inocente, y no porque se excluya a su respecto la objeción de conciencia, sea personal o institucional. Invertir el orden es conceder el punto principal de la discusión y luego es muy difícil retroceder. Lo mismo ocurre con los cuidados paliativos y si se establecen o no como un requisito previo. Son cuestiones accidentales, porque matar a una persona, aun con su consentimiento, siempre será un acto inmoral independiente de si antes recibió o no una atención especial. No hay condición, requisito o exigencia que pueda hacer cambiar de opinión a quien está convencido de la inhumanidad que significa la eutanasia.
Muchas personas o instituciones cristianas, especialmente políticos, doctores, universidades, empresas, etc. pueden considerar que se trata de una forma de salir jugando. El peligro de considerar la vida humana como una transacción más de la política de los acuerdos es que puede confundir la intención del opositor: ¿privilegia el rechazo de un proyecto de ley injusto, aún a costa, como menciona San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae (Nº74), de grandes, costosos y dolorosos sacrificios personales, profesionales, institucionales o económicos? ¿O, en cambio, la verdad es que su oposición es transaccional mientras él y/o su institución queden resguardados?
La objeción de conciencia no es una moneda de cambio.
Van por despenalizar el aborto hasta el parto
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 23 de junio de 2025.
La semana pasada los abortistas lograron que la Cámara Baja de Inglaterra eliminara el castigo penal a las madres que se hubiesen realizado un aborto fuera de los casos legales previstos, en cualquier etapa del embarazo. El aborto seguirá siendo delito si se practica fuera de las causales y plazos que la ley inglesa regula, y se castigará a quienes lo realicen o colaboren en su realización. Chile no ha llegado a esa situación, pero no estamos lejos.
Desde 1967 se permite en Inglaterra la realización de un aborto hasta la semana 24 de gestación, y después de ese plazo solo bajo ciertas circunstancias excepcionales, como el peligro de vida para la madre. Aprobada por 379 votos a favor y 137 en contra, ahora la Cámara de los Lores deberá pronunciarse. La norma busca evitar que las madres sean investigadas, arrestadas, procesadas o encarceladas por realizar un aborto fuera de la ley. Lo anterior obedece a que, en los últimos cinco años, se han iniciado decenas de procesos penales por la realización de abortos ilegales, especialmente porque en la pandemia del Covid 19 se permitió el envío de píldoras abortivas por despacho a domicilio y realizar el aborto en la casa, dentro de las diez primeras semanas de embarazo. Los parlamentarios abortistas justificaban la medida explicando que casi el 99% de los abortos ocurren antes de las 20 semanas de embarazo y pedían para el 1% restante compasión, atención y apoyo, en lugar de culpa y criminalización. Se citaron ejemplos dramáticos, como el de una madre absuelta que abortó pensando que estaba en la semana 10 de embarazo, cuando estaba en la 26, o el de una madre de tres hijos condenada a más de dos años de prisión por inducir médicamente un aborto a los ocho meses de embarazo, aunque al mes siguiente fue puesta en libertad al recurrir contra la condena.
Lo cierto es que están a un paso de realmente lograr el aborto libre. Si bien el proyecto de ley impide que se pueda perseguir penalmente a las madres por abortar de forma ilegal, no ocurre lo mismo con los médicos y terceros que participan en ese aborto. Ahora bien, si no se sanciona a la madre, ¿por qué sí a los médicos? La modificación está incompleta, alegarán en unos años más, porque impide el acceso al aborto a esas madres del 1% (suponiendo que sea real), repitiendo así el discurso al que nos tienen acostumbrados. La norma también provoca inquietantes efectos: cómo se distinguirán los casos de abortos en etapas avanzadas de los infanticidios, como se intentó hacer pasar por el lobby abortista en el Caso Beatriz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado.
Están llegando al final de la pendiente resbaladiza. La despenalización del aborto será absoluta. Al mismo tiempo, se busca su constitucionalización y la legalización de la persecución a los opositores, de lo que sobran ejemplos: mujeres arrestadas por rezar frente a clínicas abortistas es otra más de las prostituciones a las que se ha prestado el derecho, pervertido como un pusilánime instrumento servil a la cultura de la muerte.
¿Compasión para el niño no nacido? Ni hablar. El discurso hegemónico no deja espacio en ese griterío ensordecedor y gutural que repite odiosamente, como parodia demoníaca, “este es mi cuerpo”.
En Chile, si no se toman las medidas correctas, estaremos hablando de esto en los próximos años. La estrategia abortista siempre ha sido gradual, victimista y alérgica a la ciencia. Una vez que se abre la puerta, es casi imposible cerrarla. Si la dignidad intrínseca de la persona deja de ser incondicionada, es cosa de tiempo -y cobardes omisiones- para continuar el avance por medio de sucesivos condicionamientos que progresiva y progresistamente oscurecen la conciencia. No podemos permitir que la abran aún más y debemos luchar para cerrarla, aun cuando no veamos los resultados de nuestros esfuerzos. Millones de niños nos agradecerán haber defendido su lugar en nuestra sociedad, así como miles de mujeres descansarán en tener una solución real y humana que las acompañe en la inconmensurable alegría de ser madres.
No existe el derecho a tener hijos
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 16 de junio de 2025.
En el último tiempo, a raíz de las discusiones sobre la crisis de natalidad, ha surgido la propuesta de regular legalmente las técnicas de reproducción asistida. Relacionado con lo anterior, y de forma paralela, en el Congreso se discute un proyecto de ley que busca prohibir la maternidad subrogada. En estas materias el punto central que divide las posiciones es el estatuto que se le reconoce al ser humano antes de nacer y la calificación como un derecho (o no) a la pretensión de querer ser padre.
Las técnicas de reproducción asistida son métodos biomédicos que facilitan o sustituyen a los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la procreación humana sexual. En muchas ocasiones incluyen la selección, congelamiento, experimentación y descarte de embriones. Lo anterior se agrava considerando que se insta por su priorización aprovechándose de la crisis de natalidad, cuando está más que claro que ninguna medida ha servido para revertir la tendencia, o que las promuevan sin revelar los vínculos con una industria muy lucrativa que no deja de crecer.
Ahora bien, ¿esta es la verdadera razón?, ¿los riesgos de daño o muerte a los que se exponen los embriones?, ¿y si no existieran tales riesgos?, ¿entonces se justificaría moralmente su licitud? Lo cierto es que no. Lo anterior es un argumento válido, pero consecuencialista.
Hay que ir al fondo del asunto: la dignidad de la procreación es inseparable de la dignidad de la relación sexual y esta es inseparable de la dignidad del matrimonio. Ahora, como vivimos en una sociedad hipersexualizada y las leyes y la cultura hicieron mier… el matrimonio, porque eso es lo que han hecho, y ya nadie se atreve a luchar por su restauración, no se entiende el problema que conllevan las Tecnologías de la Reproducción Asistida.
Esto es especialmente relevante para los ciudadanos y políticos católicos, o que se dicen católicos. El Cardenal Ratzinger lo dijo bien clarito en 1987, como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Instrucción Donum Vitae: la tecnología reproductiva para hacer efectiva la fecundación «no puede ser admitida, excepto en esos casos en los que los medios técnicos no son un sustituto del acto conyugal, sino que sirven para facilitar y ayudar, de manera que el acto alcance su propósito natural».
El deseo de tener hijos y formar una familia es propio del hombre y una de las principales razones de su felicidad. Tristemente, muchas personas padecen de problemas de infertilidad para traer hijos al mundo. Existen distintas vías para poder lograrlo, pero no todas son respetuosas de la dignidad del hijo que aún no nace. Toda persona posee una dignidad intrínseca y permanente por el solo hecho de su existencia. Esta dignidad exige que sea tratado como persona y no como cosa, como sujeto de deberes y derechos y no como objeto.
Como señala la profesora María Alejandra Carrasco, al referirse a los dilemas éticos relativos al inicio de la vida humana, estos pueden resolverse respondiendo, primeramente, una pregunta fundamental: «El embrión, ¿es o no es persona? (…). Según la respuesta se resolverán otras preguntas secundarias, que contendrían los argumentos más habituales para una u otra posición: (1) Conflicto de intereses: ¿Qué intereses deben primar?, (2) Tolerancia y pluralismo: ¿No es intolerancia no aceptar que cada uno actúe según sus valores? y (3) Mal menor: Frente a dos males, ¿no debemos optar por el mal menor?«. De la respuesta a la pregunta fundamental dependerá la respuesta a cada una de las preguntas secundarias.
Lo que está claro es que se tiene que asumir una postura coherente para todas las situaciones. Es una contradicción apoyar algún tipo de aborto y el congelamiento de embriones, y al mismo tiempo oponerse a toda forma de maternidad subrogada y a la eugenesia genética.
Hace tiempo que ya no se puede distinguir la pretensión o deseo, por una parte, del derecho, por otra, y que la bondad u honestidad del fin de una acción exige la licitud de los medios para alcanzarlo. La prohibición de la maternidad subrogada es un buen ejemplo. El razonamiento subyacente es que no se puede ocupar cualquier medio para lograr un embarazo y gestar un hijo. Es cierto que se cosifica a la mujer, pero también es cierto que se cosifica al hijo. Esto último se refleja con claridad en la arista de la maternidad subrogada con fines altruistas, en donde no existe una contraprestación monetaria. La dignidad del hijo exige que su concepción y desarrollo natural se respeten porque es una persona y no el producto de un procedimiento técnico que lo manipula y cosifica.
La crisis de natalidad no puede ser la oportunidad de lucrar con un problema doloroso para muchos ni hacernos olvidar que toda persona, en cualquier estado de su vida, antes y después del nacimiento, posee una dignidad intrínseca inviolable.
Lucrando con la eutanasia
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 9 de junio de 2025.
La semana pasada, el gobierno puso discusión inmediata al proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, actualmente en la Comisión de Salud del Senado, y presentó sus indicaciones. Muchas críticas (morales, políticas, sociales, etc.) se pueden formular, pero conviene detenerse en el aspecto económico de la cuestión. Después de todo, resulta paradójico que un gobierno que demonizó el lucro, genere un incentivo perverso y un atajo para ahorrar y disminuir los costos de un sistema de seguridad social colapsado.
En el prólogo del libro de Robert Spaemann “Sobre la buena muerte”, Ignacio Sánchez y Joaquín García Huidobro ejemplifican una de las mercantiles consecuencias de la legalización de la eutanasia: “Randy Stroup, un ciudadano norteamericano enfermo de cáncer, quien en 2008 recibió una respuesta negativa de su seguro de salud Oregon Health Plan ante su petición de ayuda financiera para una costosa quimioterapia, pero a su vez le indicaron que sí asumirían los costos de un suicidio médicamente asistido”. ¿Cuántas personas que se atienden en Fonasa podrían recibir un correo similar?
Por cierto que es más barato practicar la eutanasia que costear los tratamientos de un cáncer terminal. ¿Acaso el incentivo perverso no está a la vuelta de la esquina? Atendida la crisis de la salud pública, ¿cuántas, de las más de 40.000 personas con cáncer terminal al día de hoy, elegirían “libremente” la eutanasia si la cobertura de los programas de cuidados paliativos no da el ancho? ¿Cuánto se acortarían las listas de espera? Lo del cáncer terminal es solo un ejemplo, porque el gobierno se cuidó de ampliar aún más las causales y reducir los requisitos para para que proceda la “muerte dulce”: “Diagnosticada una condición o enfermedad grave, incurable o terminal”. Ahí cabe de todo. El famoso argumento del dolor insoportable desaparece. ¿Qué problemas de salud mental podrían caber en este paraguas? Y hablando de diagnósticos… ¿El fraude de las licencias médicas no nos alerta para nada? No se trata de presumir la mala fe (ni pecar de inocentes), sino de reconocer que la mesa está servida para una rentable carnicería y que las billeteras están abiertas.
No es una exageración esto de lucrar con el dolor y la muerte. En Canadá, que legalizó la eutanasia en 2016, se presentó un informe (“Análisis de costos de la asistencia médica para morir en Canadá”) en 2017, en el que se estimaba que el Estado ahorraría, anualmente, entre 34,7 y 136,8 millones de dólares por año con la implementación de la eutanasia. En Chile, un estudio de 2017 calculó que a 20.300 personas (mayores de 20 años y diagnosticadas con una enfermedad terminal, considerando solo enfermedades catastróficas) se les podía practicar la eutanasia, por solo 440.000 pesos. El gobierno no ha acompañado un Informe Financiero del costo que supondría implementar la eutanasia, ni el ahorro que significaría… si es que se pudiese confiar en sus cálculos.
Independiente del resultado del cálculo económico sobre el costo-beneficio de legalizar la eutanasia, ésta siempre será injusta porque se autoriza el asesinato de una persona inocente. Sin embargo, el argumento del beneficio económico ilustra el peligro de deshumanizar a la sociedad con lógicas mercantiles frías disfrazadas de argumentos de falsa autonomía, falsa libertad y falsa compasión.
Ninguna mujer se embaraza para abortar
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 2 de junio de 2025.
Hoy ingresa al Congreso el proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, a pesar de reconocer que no cuentan con los votos para su aprobación. La Ministra Orellana señaló que está dispuesta a negociar, como si la disminución de la cantidad de semanas no fuera un (inhumano) regateo. Y es esa inhumanidad la principal razón por la que no se debe debatir ni aprobar una iniciativa así.
Algunos se niegan a dar el debate, argumentando que no es el momento porque se trata de una distracción para esconder los escándalos políticos del Gobierno, o que no tienen los votos o que con las 3 causales ya es suficiente. Son razones reales y atendibles, pero superfluas. No se puede discutir ni aprobar un proyecto así porque simplemente se trata de legitimar el asesinato de una persona cuya única diferencia respecto a las demás es la de no haber nacido. Es notable como siempre las abortistas alegan la invisibilización de la realidad del aborto, al mismo tiempo que invisibilizan la realidad humana y personal del hijo que aún no nace. Los no nacidos son el único grupo históricamente perseguido que los progresistas se niegan a proteger: inocentes, indefensos, discriminados por su sexo, edad, dependencia o “residencia”.
El aborto nunca será la solución a un embarazo complejo, vulnerable, indeseado o como quieran llamarle. Acabar con la vida del propio hijo no nacido nunca solucionará el problema subyacente. En lugar de ampliar las razones para abortar, se debe revisar el funcionamiento de la ley existente: ¿cuál es el estado de salud mental de las madres que se han realizado un aborto? ¿Cuántas se han arrepentido? ¿en cuántas desapareció el problema subyacente? ¿Cuántos, de los más de 5.000 niños abortados, estarían vivos si es que el Estado ofreciera a las madres una solución real, con programas de apoyo especializados?
Dicen que hay que dar un debate democrático, pero son incapaces de refutar los argumentos científicos sobre el inicio de la vida humana. Por eso la discusión siempre gira en torno al que toma la decisión de abortar y no en quien la sufre.
“Ninguna mujer se embaraza para abortar”, dijo la Ministra la semana pasada. Efectivamente, las madres quieren terminar el embarazo con un hijo vivo, no muerto, y mucho menos ser ellas las que causen su muerte. Porque ningún hijo quiere que su madre lo aborte. Quienes promueven el aborto reconocen, y así consta en las discusiones legislativas, que se trata de una realidad terrible y compleja y una decisión dramática. Si el feto no fuese una persona, entonces no sería así de terrible. Reconocen que es doloroso porque saben que, por más eufemismos con que intenten disfrazarlo, muere un hijo.
A tiempo y destiempo, hay quienes siempre defenderemos la vida del que está por nacer y promoveremos una ayuda real y humana a las madres con embarazos vulnerables, hasta que el aborto no sea una opción.
La restauración de la iglesia quemada por el octubrismo
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 26 de mayo de 2025.
La parroquia de La Asunción, a pocas cuadras de la plaza Baquedano, fue violentamente saqueada y destruida en el estallido social de octubre de 2019. Al año siguiente, la foto de su cúpula ardiendo y desmoronándose dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los símbolos de la violencia octubrista. Ayer, el cardenal Chomalí presidió una misa y celebró su inauguración.
Recuerdo llegar, una mañana de un sábado de noviembre de 2019, a ayudar, junto con varias personas, a limpiar la iglesia, vandalizada el día anterior, luego de las típicas concentraciones en la plaza Baquedano. Paredes y pilares sucios y rayados con blasfemias, insultos y dibujos obscenos, cruces invertidas y consignas octubristas. Las bancas escondidas en un lugar cercano. Estatuas, imágenes y ventanales rotos. El odio había entrado sin contemplaciones.
Un año después, en el primer aniversario del 18O, la iglesia fue quemada y su campanario se desmoronó, ante el antiquísimo y revolucionario grito “La única iglesia que ilumina es la que arde”. Pero, luego de años de recolección de fondos y reconstrucción, gracias a la institución Ayuda a la Iglesia que Sufre, se abren nuevamente las puertas de la antigua iglesia.
Su reapertura se produce poco después de la elección del Papa León XIV y su llamado a la paz. San Agustín, en la “Ciudad de Dios”, define la paz como la tranquilidad en el orden. Y el orden se alcanza con la distribución de las cosas al asignarles su propio lugar, según el fin para el que fueron creadas. Inversamente, el desorden produce intranquilidad, inquietud. No hay descanso porque hay algo que no está en su lugar. No hay paz ante una iglesia saqueada y destruida, porque su fin -dar culto a Dios- se ve impedido.
¿Cómo, entonces, se alcanza la paz ante el desorden? Dicho de otra manera, ¿por qué se reconstruyó la iglesia, en lugar de cerrarla, demolerla o desacralizarla? O incluso de forma más amplia, ¿por qué los cristianos, frente a la destrucción y vandalización de templos y capillas a lo largo de todo Chile, los limpiaron y reconstruyeron? La respuesta está en la esperanza. Es la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte.
San Juan Pablo II decía que la esperanza “por una parte, impulsa al cristiano a no perder de vista la meta final que da sentido y valor a toda su existencia y, por otra, le ofrece motivaciones sólidas y profundas para su compromiso cotidiano en la transformación de la realidad para hacerla conforme al plan de Dios”, y Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, la describe como una virtud capaz de “producir hechos y cambiar la vida”.
La reapertura de la iglesia de La Asunción es un signo de paz y esperanza en tiempos de desorden e intranquilidad, así como una oportunidad para seguir transformando la realidad, en las escuelas, en las leyes y en el hogar, conforme al reinado social de Cristo.