Con la elección de consejeros, los chilenos comienzan la última temporada de la serie “Decenio de los Ensayos Constitucionales 2.0”. Entre 1823 y 1833, se propuso la Constitución Moralista (1823), la Constitución de 1828 y la centenaria Constitución de Portales (1833), desde el 2015 el tema constitucional se posicionó como uno prioritario para parte de la clase política. Comenzó con la reforma constitucional de la ex Presidenta Michelle Bachelet (2015-2018), la Constitución de la Convención (2021-2022) y la Constitución de los expertos y consejeros (2023).
Cada una de ellas ha tenido un contenido y duración propias. Sin embargo, en el último caso ha sido común escuchar y leer frases en el sentido de que, para lograr un apoyo ciudadano transversal al texto del Consejo, se debe sustraer anticipadamente del debate público asuntos de la “agenda valórica”. Es decir, y en teoría, el Apruebo gana, si el Consejo deja al Legislador la regulación de los temas valóricos.
Esto constituye una grave trampa por varios motivos. El primero, determinar cuáles son los asuntos valóricos y quién realiza su valoración es una cuestión bastante arbitraria y muy riesgosa. ¿La vida del no nacido, la religión, el derecho de los padres de educar a sus hijos o la familia cómo núcleo fundamental son temas valóricos? ¿Algunos sí y otros no? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio?
Si se propone, en aras de una supuesta moderación, excluirlos de la Constitución, el efecto es que estos bienes quedan con una protección inferior a la actual y dependiendo de un Legislador que ha demostrado hace mucho rato una intención de desprotegerlos y no de ampararlos. Basta revisar las leyes de aborto en tres causales y la protección a la identidad de género registral. Por eso, la pregunta es al revés: ¿Qué asuntos de la agenda valórica debemos regular de mejor manera en la nueva Constitución? Pues, el fracaso de los países comienza cuando la persona, la familia y la sociedad no son respetadas ni protegidas de la forma que corresponde. Insistir en obviar esa realidad es, ya no cavar, sino terminar de tapar la tumba.
En segundo lugar, se trata de un incentivo para predeterminar las materias que pueden ser discutidas por el Consejo, cuestión que contradice las bases, pues muchos temas “valóricos” deben, por mandato constitucional, ser regulados por los consejeros. La falsa moderación propone evitar el debate, en lugar de permitirlo. Por otro lado, no es una locura pensar que la composición mayoritaria de la derecha se debe a la campaña en que los candidatos proponían defender estos bienes, tal como ocurrió la vez pasada. En ese sentido, seguir el consejo de los moderados conlleva el riesgo de aumentar las probabilidades del Rechazo, atendido que aquello que es esencial para los votantes, pero también para la sociedad, no se encontraría incluido y protegido en el texto plebiscitado.
En tercer lugar, la premisa implícita de que la neutralidad es positiva porque no enoja a nadie, evidentemente es falsa.
Si la Constitución no protege estos bienes o derechos, no es neutral, sino que desprotege aún más que lo que existe actualmente. En el caso concreto del aborto, quienes promovieron la legalización de las tres causales tuvieron que recurrir a todo tipo de interpretaciones mañosas para vaciar de contenido la disposición constitucional que protege al no nacido y así lograr que el Tribunal Constitucional -mañosamente también- rechazara los requerimientos de inconstitucionalidad. Si el día de mañana se aprueba una Constitución que no protege explícitamente al no nacido y luego en el Congreso se presenta un proyecto que liberaliza aún más el aborto su rechazo será aún más difícil y los niños por nacer quedarán en un desamparo mayor al actual.
Ahora bien, ¿el desastre del aborto y la baja tasa de natalidad, la crisis de autoridad de los padres y la hipersexualización de los niños, el aumento de ataques a templos religiosos se soluciona con una norma constitucional? Por supuesto que no. Si bien la cuestión de fondo es cultural y espiritual, las leyes tienen un efecto docente en la sociedad. La mejor prueba de ello es que el progresismo cada vez que llega al poder, pretende, precisamente, influir en la cultura modificando las leyes.
Pero hay que tener presente dos cosas. Una, que el principio, el sujeto y el fin de toda norma y de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Dos, que los cinco meses de trabajo que tendrán los consejeros son una oportunidad para presentar, discutir y comunicar ideas que han estado ausentes en el debate público, como la protección a las madres con embarazos vulnerables, la inclusión de una perspectiva de familia en las políticas públicas o el derecho a instituir y conservar proyectos educativos.
Por eso, la valentía, coherencia y preocupación por Chile consiste en consagrar aquello que es justo y necesario, heredero de nuestra tradición constitucional, coherente con los tratados internacionales que nos vinculan y, redactar un texto que le haga sentido a los chilenos. Este trabajo no es sólo de Republicanos sino también de Chile Vamos y de aquellos consejeros de la izquierda que, matices más o menos, realmente aman a Chile.