Con las enmiendas de los consejeros sobre la mesa, la regulación constitucional chilena sobre la familia, célula social básica, comienza a dar tímidos pasos en robustecer la protección y fortalecimiento que le corresponde.
La Constitución vigente le ordena al Estado darle protección y propender a su fortalecimiento. El anteproyecto lo mantiene en los mismos términos, pero los consejeros de la derecha, en un primer y novedoso gesto de defender una bandera del sector, concretizan este fortalecimiento en diversas enmiendas. Algunas de estas enmiendas se refieren a la familia como institución, mientras que otras regulan aspectos de sus integrantes, pero buscando el bien familiar.
En primer lugar, algunas enmiendas buscan aliviar la carga económica de las familias a través de una vía económica que comprende la eliminación del impuesto territorial a la vivienda que sirva como residencia principal a la familia y el mandato a la ley de establecer beneficios o exenciones tributarias en favor de ella. Otra forma de fortalecer a la familia es promover la conciliación de la vida persona, familiar y laboral, cuando las extensas jornadas de trabajo y el largo tiempo de traslado impiden que exista un momento en que la familia pueda sentarse al final del día. No se trata de soluciones inmediatas, pero sí de criterios y principios que permitan avanzar en leyes y programas que apunten a que ese momento familiar se vuelva real.
En segundo lugar, la labor educativa de los padres recibe un respaldo. Eso sí, en la enmienda presentada por todos los partidos de derecha al artículo sobre el derecho a la educación se persiste en el error de no reconocer explícitamente a los padres como titulares del derecho a la educación y no a las familias, por mucho que se intente matizar con la expresión “a través”. A pesar de lo anterior, se propone que los proyectos educativos deben estar al servicio del deber y derecho preferente de los padres, y en el artículo sobre libertad religiosa una enmienda propone que los padres ya no solo puedan elegir el tipo de educación religiosa si no que también a educarlos.
En tercer lugar, hay dos cuestiones que se relacionan a un nivel de relación padres e hijos. Un elemento esencial que contribuye a la unidad familiar se encuentra en las enmiendas que proponen radicar en los padres la determinación y garantía del interés superior de los hijos, pues nadie más que ellos los conoce tanto como para saber qué es lo mejor para su bien integral.
Otra mejora se encuentra en aquellas enmiendas que proponen, por primera vez a nivel constitucional, regular de forma conjunta la situación de la vida del niño que está por nacer y la protección de la madre, durante el embarazo y después del parto. Lo novedoso es que la regulación se presenta en clave de armonía familiar y no de conflicto de derechos, como lo han instalado la izquierda progresista y la derecha liberal. No se trata de proteger a uno y no al otro, si no de proteger a ambos. El bien del hijo no nacido comprende el bien de la madre y viceversa. Así, se instala un principio constitucional que permita al Legislador hacerse cargo de la triste realidad de las madres con embarazos vulnerables.
Hay elementos que no quedaron y que hubiese sido interesante incluir, como la protección del matrimonio y el fomento de la natalidad, con cláusulas como que las “familias numerosas tienen derecho a la asistencia social compensatoria” (art. 119 de la Constitución de Weimar de 1919), considerando la gravísima crisis demográfica en la que nos encontramos: la tasa de hijos nacidos vivos en 2020 fue de 1,54.
Esperamos que las enmiendas se defiendan y se aprueben. Chile necesita una Constitución que proteja y fortalezca a la familia, que busque la armonía y el bien familiar, que reconozca correctamente las relaciones entre padres e hijos nacidos y no nacidos. Para poder decir que es verdad que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Roberto Astaburuaga
Abogado de Comunidad y Justicia