El proceso constitucional avanza un paso y cierra una etapa con las votaciones en las comisiones y con ello el texto queda en gran parte definido. En septiembre se desarrollarán las discusiones y votaciones en el Pleno de lo aprobado en las comisiones, así como de las enmiendas rechazadas y que se renueven. Así, las diferencias entre el anteproyecto aprobado por los expertos y el proyecto aprobado por los consejeros serán sometidos a escrutinio.
Por supuesto, cierto sector insistirá en el innegable valor del trabajo de los expertos, únicamente por ser un texto acordado “desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista”, y acusará a los consejeros de derecha de querer instalar un programa de Gobierno forzando la analogía con lo ocurrido con la Convención. Nada más falso que ese intento de empate.
Si la virtud del texto de la Comisión Experta es que fue acordado por el empate político de su composición, lo mismo puede decirse del texto del Consejo Constitucional. Que lo hubieran mantenido intacto, como la izquierda propuso la semana pasada en un último intento de presionar la aceptación sin matices de sus ideas, sería negarle todo valor a la elección de los consejeros, elección que, irónicamente, la izquierda defendió a ultranza en el diseño del proceso constitucional.
¿Este segundo borrador es mejor que el de los expertos? Sin ser perfecto, queda claro que se hace cargo de ciertas omisiones y errores, pero especialmente es un texto que refleja la identidad chilena, respeta su tradición constitucional y propone avances que buscan el bien común.
Así, destaca el reforzamiento y propuesta de soluciones a problemas que son esenciales para el ciudadano de a pie. Problemas actuales, pero que se arrastran hace muchos años. Por supuesto, la Constitución no resuelve ni nunca lo hará las principales injusticias, porque la tinta seca en un papel no tiene consecuencias mágicas en la realidad. Existen elementos que pueden despertar la adhesión ciudadana, precisamente por haber sido excluidos del texto de la Convención, como lo son la inclusión de un capítulo sobre seguridad, el fortalecimiento del principio de probidad en la función pública y los ajuste al sistema político. Otras razones se encuentran en la inclusión del deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y determinar su interés superior, la protección de la vida de quien está por nacer y el apoyo a las madres con embarazos vulnerables y la protección actualizada de la libertad religiosa. Finalmente, considerando el contexto en que el Gobierno ha buscado celebrar los 50 años imponiendo su visión y la creación de la Comisión contra la Desinformación, el borrador ofrece garantías para evitar la imposición de una sola versión por parte del Estado, como se propone en el artículo sobre la libertad de expresión. Sin embargo, nada está escrito sobre piedra. Falta que el Pleno ratifique lo votado en las comisiones y las eventuales observaciones de los expertos. Aún hay camino por recorrer.
Si bien queda cada vez menos tiempo para el plebiscito, el oficialismo deberá analizar su estrategia de sabotear soterradamente el proceso en el que pusieron su firma y apostar a ingresar el texto de los expertos mediante reformas en el Congreso, lo que sería, en la práctica, un tercer proceso constitucional encubierto. Dicha estrategia involucra al Gobierno directamente y las grietas de la coalición que surgieron con la decisión de no ir unidos en un solo pacto en la elección de consejeros, pueden profundizarse si es que el Socialismo Democrático completo decide separarse de sus socios. Salvo que, sin posibilidad de comenzar un tercer proceso, vía reformas o reemplazo, y con una ciudadanía desesperada y angustiada por atender lo urgente, decidan llamar a ratificar, por segunda vez, la Constitución que tanto defenestraron y propiciar la tercera derrota electoral a su Gobierno. La situación en la que se encuentran sería tristemente irónica, si no fuera por el costo multidimensional que ha tenido para todos los chilenos.