Ya tenemos una propuesta que será sometida a plebiscito. Poco a poco, distintos actores del mundo público han decantado por el apoyo de la postura “A favor” y “En contra”. Después de un largo debate en que se acusó a los protagonistas del proceso de dejarse llevar por un supuesto “identitarismo”, optando por una Constitución presuntamente “partisana” y “extrema”, se llega a una campaña en la que muchos grupos de centro llaman a votar “A favor”, mientras que los polos extremos del espectro político se mueven hacia la opción “En contra”. Esta vez las fuerzas políticas se han posicionado de modo absolutamente diferente de como lo hicieron en el proceso pasado.

Ambos polos extremos buscan implantar una serie de mitos relacionados con el proceso. Por un lado, una izquierda que habla de una “Constitución anti-derechos” u otras acusaciones semejantes (“ultra”, “oscurantista”, etc.). Más allá del desacuerdo de fondo respecto de los supuestos derechos que ellos reclaman (como el “derecho” al aborto), tales acusaciones son un absoluto infundio. Si vemos el texto, encontraremos una Constitución razonable y ponderada. Es más: en aras de alcanzar mayores consensos, se hizo mucho menos de lo que se podría haber hecho para complacer al votante republicano. Se dice que se “impone una moral”. Se dice que el texto propuesto “les quitará sus derechos” a las mujeres, a las minorías sexuales, a los trabajadores… Se dice que la propuesta derogará el aborto, pero expresiones legítimas y razonables como “el aborto es por esencia contrario a los derechos humanos” o “se prohíbe toda forma de aborto” ni siquiera se pusieron sobre la mesa, por parte de ninguna bancada de la derecha, al momento de elaborar las enmiendas. Lo que sí se hizo fue reconocer inequívocamente que el que está por nacer es persona -al llamarlo “quien”-, quedando claras en la historia fidedigna todas las implicancias de esa norma, pero por ese solo hecho no se deroga ipso iure la ley 21.030, ni mucho menos se puede afirmar que constituye un “retroceso en los derechos de las mujeres”.

Por otro lado, se acusa al Partido Republicano de haber “cedido al globalismo”, de “imponer la Agenda 2030 en Chile” y otras afirmaciones del mismo estilo. Esto es todavía más falso que lo anterior. La Constitución propuesta no contiene políticas progresistas, no menciona los Objetivos de Desarrollo Sostenible en ninguno de sus artículos, ni se desprenden de su sentido literal, ni quedó ningún antecedente en la historia fidedigna que permita sostener esa interpretación. Es verdad que en algunos artículos se habla de medioambiente -la Constitución de 1980 también fue pionera en este punto-, e incluso de “cambio climático”, pero no se dota de contenido progresista a esas palabras, ni tienen tampoco fuerza normativa más allá de lo programático. Sostienen que con esta nueva Constitución “se meterá” el aborto libre, la ESI o incluso que estará en peligro el derecho de propiedad. Pero en realidad, es la Constitución más protectora en el mundo de los derechos de los padres, avanza en la protección del que está por nacer, apoya a la familia con medidas concretas, defiende la libertad religiosa, establece la supremacía constitucional frente a los tratados internacionales, reconoce naturaleza y alcance del soft law internacional, llena al Estado Social y Democrático de Derecho de un contenido coherente con nuestra tradición, con responsabilidad fiscal y con pleno respeto a la autonomía e identidad de los cuerpos intermedios.

Se puede legítimamente pensar que lo mejor para Chile es el rechazo, pero se debe fundar correctamente el propio razonamiento: en normas, tomadas en su contexto, y no en premisas falsas. Frente a los mitos instalados de uno y otro lado, frente a las palabras de termocéfalos arbóreos y “patriotas”, frente a los gritos del “En contra”, el mejor argumento es el texto mismo. Como oyera Agustín, según lo que cuenta en sus Confesiones: “toma y lee”.

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