El texto constitucional que será sometido a plebiscito incluye, por primera vez en Chile, una mención a los niños, estableciendo normas para su protección (sobre todo, en el artículo 12). Podría a primera vista creerse que este sería un tema respecto del cual debería existir un acuerdo transversal… y sin embargo, en ese contexto han surgido fuertes críticas a ambos lados del espectro político. ¿Qué tiene de particular el artículo 12 de la propuesta? Al parecer, la mayoría de los desacuerdos provienen de una serie de mitos y falsedades que hemos visto difundirse abiertamente y sin ningún pudor.
Por un lado, ciertas figuras de la derecha que va por la opción En Contra han señalado que elevar el concepto de “interés superior del niño” a rango constitucional podría significar incluso una eventual “expropiación de los niños”. Nada más falso: el interés superior del niño es un concepto contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido recogido por nuestra legislación, como ocurre con el artículo 7 de la ley de Garantías de la Niñez. “¡Ahá!”-nos dicen- “¡Es la ONU! ¡Agenda 2030! ¡Es un principio globalista para quitarnos a nuestros hijos! ¡Quieren corromperlos y quieren robarnos la patria potestad!”. Somos muchos los que creemos que, efectivamente, el progresismo pretende promover un autonomismo radical en los niños y otras medidas muy negativas. Pero lo cierto es que del texto mismo no se sigue nada de eso que se teme, sino todo lo contrario. Y por eso se esgrimen interpretaciones estrafalarias, contrarias incluso al tenor literal del texto, intuyendo que la sola mención de dicho interés superior mostraría la existencia de una nefaria inteligencia maestra que pretendería hacernos creer que el texto dice lo que no dice.
Si vamos a la letra del artículo 12, se establece una medida muy sana en la que los profetas de la derecha dura no parecen haber reparado: dispone que el interés superior del niño ha de ser determinado prioritariamente por sus padres. Y es que el concepto de interés superior no tiene una definición que sea vinculante para el Estado de Chile (en la Convención): es un concepto general que debe ser determinado en cada caso concreto. Y dado que la disyuntiva se da entre una determinación impuesta por el Estado o por los padres, la propuesta ha optado por la segunda posibilidad. En otras palabras, no sólo no se propone en ningún artículo una “expropiación” de los niños -ni expresa ni tácitamente-, sino que se refuerza más que nunca la patria potestad, como un modo de proteger a los niños (salvando, por cierto, los casos extremos, mencionados expresamente). Leen sólo el concepto que les causa temor, omitiendo la norma que más los protege.
Por otro lado, desde la vereda izquierda, se acusa al texto de ser una Constitución “anti-derechos”. Vamos a la franja En Contra: en ella se muestra a dos niños. Un niño dice que “nadie quiere sentirse excluido”; y una niña afirma que “nadie quiere que le digan hasta dónde pueden llegar sus sueños”. ¿Qué nos están insinuando? ¿Que la propuesta limita los “sueños” de los niños y que los “excluye”?
La cuenta oficial de “Chile En Contra” (“Lo que nadie quiere”) ha difundido en redes sociales gráficas que señalan que “este texto es abusivo”, acompañadas de frases como esta: “este texto podría acrecentar maltratos, abandonos y la desigualdad a edades tempranas”. Y si vamos al artículo 12 de la propuesta, contiene exactamente lo contrario: “Se protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico”. ¿Cómo es posible que se llegue a tal nivel de mentira? ¡Es exactamente lo que dicen que no está en el texto! Una vez más, con interpretaciones extravagantes se sostiene que el texto dice lo que no dice: dicen que la mayoría de los abusos provienen de la familia, de modo que reconocer los derechos de los padres implicaría necesariamente promover abusos (¡qué lógica más pintoresca!, ¿verdad?). Leen el reconocimiento del rol de los padres, pero olímpicamente dejan de leer cuando se trata de la protección frente a “cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico”.
Hay motivos legítimos para votar en contra, sin duda. Pero la campaña no puede fundarse en algo distinto del texto. Y no es decente señalar -como hizo cierto vocero de Chile En Contra- que “son interpretaciones”, afirmaciones directamente contradictorias con un texto expreso de la propuesta. Lo mismo corre para la izquierda y la derecha. Afortunadamente, la solución es fácil: frente a los mitos instalados de uno y otro lado, el mejor argumento es el texto mismo. Como oyera Agustín, según lo que cuenta en sus Confesiones: “Toma y lee”.