Así será recordada la política pública de salud que ha experimentado y mutilado a los niños con disforia de género. Luego de la publicación del Informe Cass en abril pasado, los efectos se han hecho notar, sea con nuevas normativas que restringen o prohíben el uso de bloqueadores de pubertad para menores de edad o se comienzan a levantar solicitudes de investigaciones en otros países… salvo en Chile.
Pero en Chile el asunto sigue pasando desapercibido. El artículo 23 de la Ley de Identidad de Género regula los programas de acompañamiento profesional a los que podrán acceder los niños con disforia de género que incluye “acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial”. Como señala el reglamento de la ley, el programa es voluntario y sólo se entrega si es “solicitado por el niño (…) de acuerdo a su edad y grado de madurez, o su familia”, salvo que el niño se oponga. Pero si los padres se oponen, contra la decisión del hijo, su negativa es ineficaz. Lo que importa es la decisión del niño, no la de los padres.
Esos programas, a cargo de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social se han materializado en el “Programa de Apoyo a la Identidad de Género” o “PAIG” que se ejecuta en todos los servicios de salud del país. Un análisis de los informes presupuestarios de las versiones 5 y 6 del PAIG , correspondientes a los años 2021 y 2023, revelan que la agenda trans se aplica con toda su fuerza en todo Chile y aún no dimensionamos el daño, irreversible en muchos casos, que se causará.
La base de la ley, de su reglamento y del PAIG es que los problemas de salud física, mental o de conducta de los niños con disforia de género tienen su origen en las reacciones negativas de la sociedad (transfobia) más que en el niño. Es decir, en lugar de explorar y revisar otros antecedentes psicológicos del niño, se opta por la vía irresponsable: potenciar (afirmar) su autopercepción, aun cuando ello no resuelva su angustia, y, de pasada, “transformar” la sociedad y la cultura, que son las que realmente ponen en riesgo su vida. La gran cantidad de “detransicionadores” se explica en parte porque los tratamientos transafirmativos no miran el pasado, sino que sólo al futuro.
Los tratamientos de afirmación de identidad de género se pueden dividir en tres líneas de acción. La primera es la afirmación personal y social del niño o joven mediante atención “género afirmativa” (personal, familiar y educativa). La segunda es el tratamiento hormonal, que puede ser supresivo (reducción de los niveles de hormonas en la pubertad y adolescencia) o de reemplazo (busca un desarrollo físico acorde a los caracteres sexuales deseados). Por último, las terapias quirúrgicas consisten principalmente en genitoplastía (creación quirúrgica de una vagina), mastectomía (cirugía para extirpar el tejido mamario) y faloplastía (creación quirúrgica de un pene).
La versión de 2021 del PAIG tiene como población objetivo a 3.743 niños de 3 a 17 años cuya identidad de género no coincida con su sexo asignado al nacer, de una población potencial de 37.427 niños. Consideran que a los 3 años la mayoría de los niños tienen un sentido estable (y manifiestan) su identidad de género. Sin embargo, reconocen que no se cuenta con estudios epidemiológicos confiables sobre su prevalencia en la población infantil, y citan un estudio de Estados Unidos de 2013, en el que se utilizan datos de 2.730 niños desde los 11 a los 13 años. Es preocupante que el PAIG sostenga que los “cuidadores” (nunca se habla de padres) sean la principal fuente de riesgo para sus hijos. Esto explica que una de las medidas del programa sea “educar” a los padres y se les “entrenará para la puesta en práctica de un repertorio de estrategias parentales que le permitan demostrar el apoyo a su hijo”.
Esta versión del PAIG contempla sólo la primera línea de acción: apoyo psicosocial al niño mediante atención “género afirmativa”, “orientación familiar” e inclusión del niño en el entorno educacional. Medidas de esta última línea incluyen “sesiones de sensibilización y entrenamiento de los integrantes de la comunidad educativa”, así como sensibilización y capacitación sobre la existencia de protocolos “sobre la utilización del nombre social, acerca de los servicios higiénicos, camerinos (…)”. Para los niños de párvulo y primer ciclo se asesorará mediante la “recomendación de cuentos infantiles relativos a la inclusión o al género”. Todo en la línea de vulnerar el derecho de los padres de educar y criar a sus hijos conforme a sus convicciones.
La versión 2023 del PAIG sube el rango de edad (de 3 a 7 años), pero aumenta la población objetivo y las intervenciones son más radicales: son 61.376 personas trans y no binarias en Chile de 10 o más años, y que en 2024 correspondería a 6.138 personas, que pueden acceder a prestaciones no solo de afirmación social, sino que también hormonal y quirúrgica.
Es probable que los tratamientos hormonales para niños con disforia de género en Chile ya se hayan realizado de forma autónoma por los servicios de la red pública de salud desde hace muchos años. Desde 2023 el Hospital Las Higueras cuenta con un policlínico infanto juvenil que “entrega atención a 80 niñes de la jurisdicción y está integrado por un equipo multidisciplinario de especialidades como la endocrinología, pediatría, psicología y psiquiatría infantil». En 2018, el Hospital Gustavo Fricke atendía a 30 niños en proceso de transición y en el Hospital de La Serena se atiende a 50 niños.
Las líneas de acción del PAIG generarán un efecto de “contagio social” en niños con identidad de género, lo que a su vez provocará un aumento de la demanda de salud trans y esto generará una menor supervisión y cuidado en la realización de cualquiera de las líneas de acción. Tal como ocurrió en Finlandia, Suecia e Inglaterra.
En Chile no sabemos cuántos niños tienen disforia de género, ni cuántos reciben tratamiento hormonal, ni su edad, ni la rigurosidad científica de los protocolos hospitalarios, ni la cantidad de padres indefensos ante este nuevo cuento del tío. No necesitamos cometer el mayor desastre médico contra los niños de nuestra historia, cuando otros países están pagando las consecuencias. Aún hay tiempo para detener el PAIG.