Roberto Astaburuaga: “La responsabilidad de las universidades y sociedades médicas con los niños trans”

El Premio Nacional de Periodismo de este año ya tiene nombre: Sabyne Drysdale, autora del reportaje sobre la horrorosa realidad de los niños trans en Chile, publicado en el portal digital de la radio Bio Bío. Las aristas que se han abierto son numerosas y es necesario exigir responsabilidades. Una de ellas es a las universidades y sociedades médicas.

El reportaje menciona a tres universidades. La UC, cuyo equipo de atención de la Red UC Christus es referente nacional; la UDP, cuyo “proyecto T” incluye “un servicio gratuito de psicoterapia trans afirmativa con “enfoque de derechos humanos” para niños en edad escolar con quienes practican terapia sicológica los estudiantes de esa carrera”, “sesiones de entrenamiento vocal con fonoaudiólogos” y un convenio con el Liceo Carmela Carvajal; y la Universidad de Chile, cuyo Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (Cemera) lleva “catorce años atendiendo adolescentes trans con el enfoque afirmativo”.

La frivolidad de la UC quedó claramente manifestada en su comunicado y en el silencio de la FEUC y de otras facultades. La UDP no se hizo cargo en su carta a El Mercurio de tener a estudiantes de Psicología haciendo su práctica con niños con disforia de género, ocupando el enfoque afirmativo que Cass, y otros países anteriormente, han abandonado. La U. de Chile no se dio por aludida. 

¿Qué ocurre en otras universidades? ¿La Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso seguirá participando en las Jornadas de Difusión del famoso PAIG (“Crece con Orgullo”) en el marco del trabajo colaborativo con el Servicio de Salud Aconcagua? ¿Las acciones que ha llevado a cabo el Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (Cedia) de la Universidad de Talca, como el curso “Niñez y adolescencia trans: mirada integral a una realidad urgente” de 2022, han tenido en cuenta las advertencias internacionales de los países pioneros? ¿La directora del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule y la Directora de Equidad de Género y Diversidad de la misma universidad seguirán vinculadas de forma complaciente con el Hospital Regional de Talca, cuyo PAIG apoyaron en crear y promover? ¿Cuántas universidades han realizado capacitaciones, convenios, diplomados, centros y un largo de etcétera en esta línea? ¿El Consejo de Rectores tiene algo que decir? ¿Cuántas generaciones de psicólogos, doctores y profesionales de la salud se han “formado” bajo este enfoque? ¿Cuántos Fondecyt y becas se han adjudicado para investigar y formarse en el enfoque transafirmativo a menores de edad con disforia de género

En el mundo de las sociedades médicas el asunto no pinta mejor. El martes de la semana pasada la Sociedad Chilena de Pediatría publicaba en X la promoción del curso online “LGBTIQA+. Comprendiendo la diversidad y su inclusión”, con 19 clases entre junio y agosto de este año, dirigido a “médicos generales, pediatras, médicos becados y otros profesionales de la salud interesados en actualizar sus conocimientos sobre diversidad sexual en la adolescencia”, cuyo objetivo es “Adquirir conocimientos teóricos y herramientas básicas para el ejercicio profesional en el trabajo con infancias y adolescencias LGBTIQA+ desde una perspectiva afirmativa, de género y derechos humanos”. ¿Auspiciadores? Laboratorios Saval… La filial Urología Funcional, Femenina y Reconstructiva de la Sociedad Chilena de Urología realizó en abril de este año, sin distinguir respecto a la edad, un taller de técnicas quirúrgicas para creación de vaginoplastía en mujeres trans.

La Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes publicó un comunicado el 13 de junio reconociendo que “los tratamientos hormonales de supresión de pubertad y tratamiento hormonal de reafirmación de género, han sido realizados hasta la fecha, siguiendo guías clínicas y recomendaciones de sociedades científicas internacionales vigentes, así como de acuerdo a normas y directrices del MINSAL”, las que sólo promueven el enfoque afirmativo, y concuerdan que los “tratamientos hormonales no son de primera línea y que no todos los adolescentes requieren estas terapias farmacólógicas”, así como la necesidad de contar con “evidencia científica de mejor calidad, respecto de los efectos de los tratamientos hormonales”, así como contar con “más estudios que aclaren los beneficios y efectos adversos a largo plazo”. Los tratamientos hormonales no son de primera, segunda ni tercera línea. Palabras muy bonitas y que suenan prudentes, pero, al igual que la Defensoría de la Niñez, buscan culpar a otros… ¿realmente ninguno de sus integrantes participó en la elaboración de la normativa sanitaria a la que aluden?

Lo cierto es que la transición hormonal para menores de 18 años es una realidad, desde hace muchos tiempo, en la red pública de salud y en los establecimientos privados, sea por derivaciones del PAIG, por la oferta del Programa de Salud Trans, iniciativa de este Gobierno, o por la atención autónoma de los hospitales públicos como ha sido costumbre.  Y en este entramado, las universidades y sociedades médicas han participado y se han beneficiado. Probablemente, las farmacéuticas también, ¿o no?

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