A raíz de la condena a Eduardo Macaya por delitos de abuso sexual a menores de edad, algunos parlamentarios anunciaron el ingreso de un proyecto de ley que incluya en la educación sexual la prevención del abuso sexual infantil y el respeto a la diversidad. Pese a los múltiples portazos que ha recibido la idea de imponer un adoctrinamiento ideológico a los alumnos -una y otra vez los chilenos les dicen que no- los mismos de siempre vuelven a insistir.
En 2020, la Cámara rechazó un proyecto de ley que introducía la ESI (Educación Sexual Integral) con elementos ideológicos y afectaba el derecho de los padres. En 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos del proyecto de ley de Garantías de la Niñez referidos a la educación no sexista y que afectaban los derechos parentales. En 2022, se rechazó el proyecto de Constitución que consagraba el carácter no sexista del derecho a la educación y el derecho a una educación sexual integral “que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad (…) el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad”, y que excluía a los padres a pesar de las decenas de miles de firmas de las Iniciativa Populares de Norma. En 2023, la prioridad para el Ministro de Educación fue la implementación de la ESI, lo que se vio reflejado en las cuestionadas Jornadas de Educación No Sexista y la actualización de una guía de sexualidad afectiva, que si bien terminó con una acusación constitucional rechazada, fue uno de los factores de su salida pocos meses después. En 2024, el Gobierno metió a último minuto el concepto de educación no sexista en el proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres, y si bien el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional el concepto, lo interpretó de una manera tan restringida que excluía cualquier componente ideológico. Y ahora escuchamos -por sexta vez- su grito de guerra: ¡seguimos!
Una y otra vez intentan meter la ESI a la fuerza y una y otra vez los padres les dicen que no. Ningún chileno quiere que un niño sea abusado sexualmente, pero tampoco quieren que se adoctrine sexualmente a sus hijos. El mismo sector que insiste en la idea de que existe evidencia de que la ESI sirve para prevenir el abuso sexual infantil, fue el que defendió que la evidencia respaldaba el cambio de nombre y sexo registral desde los 14 años, como quedó en la Ley de Identidad de Género del 2018. Resulta que ahora tenemos una comisión investigadora que debe averiguar cuántos niños y jóvenes con disforia de género han recibido tratamientos hormonales que carecen de evidencia científica sólida que los respalde y que traen daños irreversibles de por vida.
La ESI no es un programa de concientización de los riesgos de abuso ni ayuda a reforzar de manera consistente en los niños y jóvenes el rechazo a los contactos de carácter sexual, porque se contradice con la máxima de sus promotores que pontificando que los contactos sexuales, en cuanto consentidos, son inobjetables, no violentos y generadores de buenas sensaciones. La supuesta eficacia de la educación sexualizante de menores de edad en prevenir abusos sexuales es en realidad mera especulación-justificación ideológica, no empírica.
La oposición a la ESI se explica no sólo por el rechazo a la obsesión de exhumar el proyecto constitucional octubrista, ni por el historial de fracasos de imponerla, ni por la desconexión de atender situaciones educacionales graves que hoy requieren soluciones impostergables, sino que por tratarse de una ideología que excluye a los padres, adoctrina y confunde a los niños, carece de evidencia que respalde su rol preventivo y ofrece una visión materialista, reduccionista y hedonista de la sexualidad. Y los padres no quieren eso para sus hijos.