Las primeras sesiones de la Comisión Investigadora creada para requerir información sobre la realización de tratamientos transafirmativos a niños han tenido a la Ministra de Salud como protagonista leyendo minutas con respuestas evasivas y que trasladan la responsabilidad a terceros. Cuál títere está claro que le gustaría colaborar mucho más de lo que se le permite.
En cada respuesta que da la Ministra insiste en que el Minsal no tiene programas que incluyan la hormonoterapia a menores de edad. Pero sus asesores no han leído que los documentos ministeriales para la implementación del PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género), destinado a niños entre 3 a 17 años, incluyen en sus prestaciones la derivación a tratamientos hormonales si se solicita. Es decir, validan o legitiman la hormonación de menores de edad, aunque se ejecute fuera del programa. Resulta insólito escuchar a modo de excusa que el PST (Programa de Salud Trans), diseñado y ejecutado bajo este gobierno, sólo hormona desde los 18 años, haciendo una distinción tramposa: el diseño del PST contempla hormonoterapia desde los 10 años, pero sólo se ha aprobado financiamiento desde los 18 años, por lo que es cosa de tiempo que ocurra.
A pesar de esto, la Ministra reconoció que de los 1.900 niños ingresados al PAIG, 600 de ellos recibe hormonas, es decir, a un año de implementación un tercio ya está con hormonas, pero no se sabe cuántos fueron derivados desde el PAIG, ni el tipo de hormonas, ni el sexo ni las edades. Tampoco se sabe la cifra de menores hormonados en la red pública que no han ingresado al PAIG y la cantidad en el sistema privado será imposible de conocer. ¿Y cómo supo que eran 600? Porque mandó un mail a los Servicios de Salud preguntándolo. Si ese es el nivel de diligencia para obtener información crucial, poca esperanza hay.
El Minsal tampoco se hace cargo de las otras peligrosas irregularidades del PAIG, no relacionadas con la hormonoterapia. Por ejemplo, la judicialización de los padres “resistentes”, como quedó demostrado al escuchar un testimonio de un padre a quien un tribunal le quitó el cuidado personal de una hija por no estar de acuerdo en llamarla por un nombre masculino y que ya lleva ocho meses separado e incluso con visitas semanales de Carabineros durante dos meses.
Primero dijeron que no había hormonas, luego que sí, pero casos excepcionales, y terminamos con 1/3 de niños hormonados. Y eso solo en dos sesiones. ¿Cómo seguirá la historia? ¿Cuánto más falta por saber? El Minsal no puede darse el gustito ideológico -bien caro, por lo demás- de seguir ocultando información, de justificar lo que se está haciendo y de no asumir la responsabilidad en diseñar y ejecutar un programa que está destruyendo cuerpos y vidas de niños o de tomar las medidas para impedir que siga ocurriendo. Si se supone que es el ente rector del sistema de salud.
En la sesión pasada, justificaron, en base a la autonomía progresiva, que los niños podían consentir en ingresar a este tipo de programas, y que a los padres sólo les informaban de esto. O en otras palabras, que da lo mismo que los padres se opongan. Cuando uno lee los comentarios en redes sociales sobre lo que está ocurriendo, no puede sino repetir con incredulidad: ¿Qué tienen en la cabeza para seguir avanzando y defendiendo esta locura?