El feminismo dominante parte de la base que la existencia de una desigualdad entre hombres y mujeres se origina en el “patriarcado”. El sometimiento y la exclusión que han sufrido durante siglos debe cambiar y para ello es necesario “reeducar” a las actuales y futuras generaciones a fin de alcanzar una verdadera igualdad. La herramienta más ocupada para producir esta transformación es la “perspectiva de género”, es decir, la introducción de un criterio nuevo según el cual el sexo de la persona altera las reglas generales de funcionamiento de la sociedad, a fin de lograr una igualdad plena.
Tal diagnóstico olvida lo básico: la diferencia esencial y la complementariedad entre el hombre y la mujer. Al postular que son absolutamente iguales, el feminismo ignora las características propias de la mujer en todo orden de cosas y acciones, desde su fisiología, pasando por sus intereses, hasta su vocación misma. Por ejemplo, la igualdad que se busca alcanzar en el ámbito laboral, aparte de hipócrita -porque siempre se refiere a los cargos de poder y bien pagados-, no busca integrar a la mujer al trabajo según como ella es, lo que provoca que se involucre según la forma y el modo en que el hombre trabaja.
Si uno levanta una piedra, debajo hay perspectiva de género. Todo debe ser regulado, juzgado y analizado con perspectiva de género, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en las municipalidades, en los hospitales, en la administración del Estado. Esto a su vez genera que se deban redactar regulaciones especiales y diseñar y ejecutar programas sociales y políticas públicas que velen por la inclusión de este criterio, fiscalicen su cumplimiento, analicen sus resultados y propongan nuevas medidas.
El actual Gobierno “feminista” ha sido el principal impulsor de este despilfarro ideológico, hasta en las cosas más absurdas. Una cuenta de Twitter regularmente publica ejemplos de presupuesto derrochado: solicitud de la Subsecretaría de Energía para elaborar un “Informe de sistematización de información de mesa interministerial e intersectorial de género en hidrógeno verde” ($ 1.355.001); “Almuerzo para los 130 asistentes del Congreso de Cambio Climático con Enfoque de Género”, pagado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (1.750.000); “Iluminación con enfoque de género”, de la Municipalidad de Peñalolén ($ 165.827.222); consultoría para actualización de instrumento para “la medición de riesgo en violencias de género” del Servicio Nacional de la Mujer ($140.000.000); licitación del Hospital Guillermo Grant para un curso sobre “atención a niños, niñas y adolescentes trans no binarios y de género diverso” ($3.000.000); estudio encargado por el Ministerio de la Mujer sobre la “Caracterización de la violencia política digital de género en Chile” ($26.510.000); el curso de “herramientas básicas para abordar la perspectiva de género en el quehacer regional” de la Comisión Nacional de Riego ($ 2.300.000); el curso de “Masculinidades empáticas y equitativas libres de violencia” del Hospital San Juan de Dios de Santiago ($ 2.850.000); los servicios de alimentación y alojamiento para la “Jornada de Sexualidad, Afectividad y Género” de la Seremi de Educación de Antofagasta ($ 1.326.850); los 3 cursos pagados por la JUNJI para la “Capacitación en Género en nivel Básico” para “el desarrollo de prácticas pedagógicas con perspectiva de género en el nivel de educación parvularia, destinado a jardines infantiles” ($ 509.689.119). Y así. El gasto, sólo con estos 10 ejemplos, en aplicar la perspectiva de género en educación, salud, energía, etc. alcanza los $848.308.192 millones de pesos. ¿Cuánto será el total?
No hay plata para los hospitales y sus listas de espera (aunque ellos las gastan en cursillos sobre infancias trans y masculinidades empáticas), para la educación pública (la Junji prefiere adoctrinar niños en los jardines infantiles), para aumentar la inversión (Energía prioriza el hidrógeno verde con perspectiva de género), para fortalecer la seguridad, y para tantas cosas que se necesitan urgentemente.
Este gobierno feminista ha hecho de sus principios un negocio para enriquecerse con un diagnóstico absolutamente inútil y soluciones ideológicas y absurdas, a costa del dolor y necesidades urgentes. Sólo con esos 840 millones, o con todo el gasto en perspectiva de género ¿cuántos hospitales, tratamientos de salud, comisarías, recuperación de clases, construcción de viviendas, reparación de escuelas y ayuda a niños abandonados e institucionalizados, podrían financiarse? La brutalidad de la frivolidad feminista no es sólo por el bien que no se hace, sino por el mal que sí se hace; porque a un niño no le sale gratis que una parvularia le diga que puede ser niña.
Ojalá los parlamentarios aprueben una glosa que prohíba gastar un solo peso de la Ley de Presupuestos para el próximo año en “perspectiva de género”. Porque el negocio feminista es un saqueo y un insulto a todos los chilenos.