El 2024 no será recordado con alegría por el lobby trans, tanto en Chile como en otros países. Por supuesto que la victimización, la negación y la mentira han sido su principal respuesta, pero es imposible que sigan ocultando un escándalo médico sin precedentes en la historia y una violación sistemática de los derechos de los niños al someterlos a tratamientos experimentales y sin evidencia científica que provocan daños irreversibles. La verdad ha comenzado a salir a la luz.
La publicación del Informe Cass, por su irrefutable contundencia y seriedad, sólo aceleró un efecto dominó que comenzó en Europa a mediados de 2019. Pronto, los Estados europeos comenzaron a restringir o eliminar la posibilidad de que los niños autopercibidos trans puedan acceder a tratamientos hormonales. En esta línea se encuentran Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Francia, Suecia y Noruega. En otros países, el tema está siendo fuertemente discutido y puede ser que en 2025 existan avances, como en Alemania y Bélgica. Lo mismo ocurre en varios lugares de Estados Unidos, donde además hay casos de demandas que están siendo conocidas por la Corte Suprema. Sin embargo, Canadá, España, Australia y Nueva Zelandia insisten en mantener un enfoque afirmativo que es sólo ideología. A nivel latinoamericano, Chile destaca por liderar la ofensiva para salvar a los niños.
El caso chileno es similar al de David contra Goliat. Quienes defienden el enfoque afirmativo -comenzar a hormonizar y mutilar por la sola autopercepción del niño- encuentran apoyo en las universidades, asociaciones gremiales, clínicas, jueces, políticos, empresas farmacéuticas, medios de comunicación, municipalidades, instituciones estatales, redes de poderosos activistas y lobistas, etc. Contra ellos se enfrentan padres que han sido amedrentados por el chantaje emocional “hijo trans o hijo muerto”, e incluso a algunos les han quitado, por orden judicial, a sus hijos al oponerse a que ingresen a programas como el PAIG, como consta en un testimonio; doctores que han sido amedrentados; testimonios de detransicionadores que han sido perseguidos y acosados; etc.
Pero el mayor enemigo es el silencio cómplice: aquellos que teniendo el deber y la posibilidad de denunciar esta macabra situación se quedan callados, por temor a la funa de soltarse del yugo identitario, o a los doctores y funcionarios de salud que saben lo que está ocurriendo. Ellos, que saben lo que le está pasando a miles de niños confundidos y a padres angustiados, y que no están de acuerdo, prefieren mirar para otro lado. A la izquierda y a la derecha progresista les corresponde, como primera medida para comenzar a reparar el mal causado, alzar la voz y denunciar las barbaridades que ocurren en el sistema de salud, público y privado.
A pesar de lo anterior, ¿por qué, entonces, ha sido un año negro para el lobby trans?
Porque gracias a Sabine Drysdale, a Santiago Pavlovic y a la Agrupación Kairos conocimos la existencia de casos reales de padres a los que les han quitado a sus hijos y de las presiones a las que se ven sometidos para iniciar tratamientos hormonales en la primera consulta.
Porque gracias a testimonios como el de Santiago Hormazabal, Nicolás Raveau y Nael Condell se supo, de primera fuente, cuáles son los efectos de las hormonas y los daños y peligros del enfoque afirmativo.
Porque diputados y senadores, de distintos colores políticos, comprometidos con buscar el mayor bien de los niños, crearon una Comisión Investigadora en la que se supo cómo el PAIG, ese programa para niños entre 3 a 17 años, cual parásito, esta enquistado en el Estado y absorbe casos de menores que supuestamente son trans; que hay al menos 600 niños recibiendo hormonas; que existe, al menos, una derivación al PAIG de un niño desde un jardín infantil; que hay un número desconocido de municipalidades que entregan este tipo de “atención”, incluso medicamentos a través de las Farmacias Populares. Porque esos parlamentarios también recibieron, en la Comisión de Familia del Senado, a expertos que alertaron sobre el bajísimo y paupérrimo nivel de evidencia científica que respalda estos programas; y denunciaron ante la Fiscalía las decenas de operaciones de reasignación de sexo a menores de edad; impulsaron normas en la Ley de Presupuestos para disminuir el gasto público mediante la prohibición de las terapias hormonales y cirugías transafirmativas a menores de edad; y recurrieron ante el Tribunal Constitucional para defender dichas normas cuando el Gobierno solicitó que fuesen declaradas inconstitucionales.
Porque distintas organizaciones sociales, centros de estudios y fundaciones alertaron y denunciaron lo que ocurría en Chile, informaron y pusieron el tema en la opinión pública.
Porque personas e instituciones, desinteresadamente y según sus especialidades y conocimientos, defendieron la idea de que la medicina está al servicio de la razón, no de la ideología, y debe curar, no dañar; que los niños son sagrados y no están para ponerlos primeros en la fila de la hormonación.
Falta mucho por conocer y responsabilizar. Ante el desorden provocado, la restauración se vuelve inevitable, y así ocurre en los países pioneros en estos “tratamientos”. Pero se requiere perseverar para que nunca más se experimente con niños, ni se chantajee a los padres, ni que el Estado imponga su visión ideológica. Ese es el trabajo que nos espera para el 2025: que los silentes, de todo tipo, saquen la voz y los que ya han hablado no se desanimen y persistan en luchar por salvar a nuestros niños.