El documento reveló graves irregularidades en los “tratamientos hormonales transafirmativos” aplicados a menores, cuestiona la falta de fiscalización estatal y propone medidas para proteger el derecho preferente de los padres y garantizar la seguridad de los niños y adolescentes.

Este martes 7 de enero, la Cámara de Diputados decidirá el futuro del Informe Final de la Comisión Especial Investigadora Nº57 (CEI), que examinó los programas estatales de acompañamiento para menores cuya identidad de género no coincide con su sexo registral. El informe denuncia graves irregularidades, como la realización de tratamientos hormonales en la red pública de salud sin autorización parental ni respaldo científico, y revela que más de 600 menores han sido sometidos a estas terapias en el sistema público.

Presidida por la diputada Francesca Muñoz, la Comisión Nº 57 sesionó en 11 ocasiones, y recibió distintos testimonios de autoridades, médicos, psicólogos, padres, detransicionadores y personas trans. Entre sus principales hallazgos se encuentra que los tratamientos hormonales, como bloqueos puberales y hormonación cruzada, se aplican a menores desde los 10 años, a menudo sin el consentimiento expreso de los padres, y que podrían causar daños irreversibles, como infertilidad y problemas óseos.

El Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), implementado en 37 hospitales, también fue cuestionado por facilitar la derivación de menores a terapias hormonales. Según el informe, más de 2.500 menores han ingresado al PAIG desde marzo de 2023, incluyendo 50 niños menores de 10 años. El informe advierte que estas prácticas están siendo abandonadas en países como Suecia, Finlandia y Reino Unido, que han restringido drásticamente los tratamientos hormonales en menores debido a los riesgos asociados.

Entre las recomendaciones principales, el informe sugiere suspender los tratamientos hormonales transafirmativos en menores, auditar los casos ingresados al PAIG y reformar la Ley de Identidad de Género para reforzar el derecho preferente de los padres en decisiones sobre sus hijos.

La votación será clave para definir el camino que tomará Chile en relación con las políticas de identidad de género en menores de edad.

El testimonio de un padre judicializado al que le quitaron su hija

Un padre, Orlando, entregó su testimonio sobre cómo pidió más prudencia y se opuso a que su hija de 15 años fuese tratada socialmente como hombre en el colegio. Por lo anterior, fue denunciado y “el tribunal decide quitarme el cuidado personal de mi hija y derivarla a otra familia. Finalmente, en febrero, llegan a mi casa y retiran a mi hija de mi lado. (…) ahora estoy sin ella. Han pasado ocho meses y no ha cambiado en nada su condición. (…) A todo esto, tuve una medida cautelar con Carabineros fuera de mi casa; o sea, como si el no reconocer a mi hija fuese una situación más allá de lo grave. Durante dos meses tuve a Carabineros yendo a mi casa todas las semanas. Incluso, en febrero, cuando tuve la última audiencia en tribunales, a la mitad de esta, tenía a un carabinero en mi casa para llevarse a mi hija”. 

Se desconoce cuántos padres más se encuentran en la misma situación, pero los casos similares (reportaje en radio Bío Bío y el Informe Especial de TVN) indican que podrían ser muchísimos más. 

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