Hace algunas semanas, fuimos testigos como una fricción en la Comisión de Infancia del Senado sacó algunas chispas: se trataba de una indicación para permitir a los niños unirse a manifestaciones públicas, acompañados de un adulto o por sí mismos, según su grado de autonomía progresiva. Pero esas chispas rápidamente derivaron en un ardoroso debate –o mejor dicho– avivaron las brasas de una polémica que nunca ha terminado por saldarse y promete discusiones para rato.
Es que el proyecto de Garantías de la Niñez tiene artículos que, interpretados de mala manera, pueden convertirse en verdaderos atentados contra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, lo que por supuesto, no ha pasado inadvertido a los ojos de cientos de papás y mamás preocupados de poder ejercer una sana autoridad sobre sus hijos.
Pero de este carbón caliente, que pasa de mano en mano en el Congreso, no hay como liberarse, pues de su aprobación depende que pueda salir la anhelada reforma del SENAME, tal como se aprobó en la Cámara de Diputados con votos de la oposición (para una buena explicación de la historia de este proyecto, recomendamos leer esta columna de Hernán Corral), salvo que el Congreso acepte el veto del Presidente de la República para eliminar la subordinación de ambos proyectos.
Son disputas en las que, sin embargo, tenemos el deber de entrar si no queremos lamentarnos después de cómo nuestras leyes dificultan el ejercicio de la autoridad parental. Es por eso que durante el mes de junio nuestra Corporación tuvo una activa presencia en la discusión de esta ley en varios frentes. En primer lugar, en el Congreso. Al respecto, nuestro Director Ejecutivo, Álvaro Ferrer, realizó una exposición ante la Comisión de Infancia del Senado a fines de mes. Recomendamos vivamente leer su exposición, que resumen las dificultades de fondo del proyecto. Junto con lo anterior, el equipo legislativo actualizó las minutas disponibles sobre el tema (una general y otra explicativa), con la cual realizó un intenso trabajo asesorando a los diputados comprometidos con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Comunidad y Justicia estuvo también presente en los medios escritos, principalmente de la mano de nuestro director, Cristóbal Aguilera. Cristóbal escribió una columna en El Líbero y mantuvo una polémica por varios días con la ex directora del INDH, Consuelo Contreras, a propósito del artículo arriba indicado. Cabe decir que no faltaron los interesados en entrar al debate, apoyando de una u otra forma la posición de Cristóbal. Destacamos especialmente las cartas de Yolanda Gugliemetti, María Alicia Ruíz-Tagle y Pablo Ortuzar.
Conscientes del interés que este tema suscita, durante la última semana del mes organizamos un conversatorio para analizar en detalle este proyecto de ley, donde contamos con la participación del profesor de la Facultad de Derecho de la UC, José Pedro Silva; la jefa de reformas legales de la Subsecretaría de la Niñez, Simona Cánepa, y nuestra asesora legislativa, Daniela Constantino. El debate lo puedes encontrar aquí.