Les dejamos a continuación esta nota redactada para nuestro boletín informativo por nuestro encargado de comunicaciones, Ignacio Suazo, sobre una controverisal iniciativa parlamentaria, de la que todos los padres debieran estar al tanto.

Se suele decir que las herejías son verdades incompletas. El proyecto de Educación Sexual Integral, como la mayor parte de las iniciativas parlamentarias que criticamos es, en efecto, una verdad incompleta: busca, entre otras cosas, prevenir los abusos sexuales infantiles, los cuales -lamentablemente- tienen una alta prevalencia en nuestro país. Sin embargo, como también tiende a pasar con esta clase de iniciativas, el remedio amenaza con ser peor que la enfermedad.

La propuesta fue presentada por el ex diputado Jaime Bellolio (UDI) y por los diputados Gabriel Ascencio (DC), Natalia Castillo (RD), Maya Fernández (PS), Rodrigo González (PPD), Pamela Jiles (PH) Vlado Mirosevic (PL), Diputada Claudia Mix (Comunes), Camila Rojas (Comunes) y Víctor Torres (DC) en cuestión consiste en establecer clases de educación sexual obligatoria desde el primer nivel de transición parvularia. En otras palabras, haría obligatoria la enseñanza de contenidos de sexualidad y afectividad desde los cuatro años en adelante.

La medida es en primer lugar innecesaria, pues el Currículum Nacional sí contempla la realización de clases de educación sexual con esa finalidad. Pero la ley introduce, además, una serie de conceptos y afirmaciones muy complejos vistos desde una antropología cristiana. El panorama es aún más lúgubre porque, de paso, involucra al Estado. Veamos a continuación estos dos puntos, para luego analizar las opciones que tenemos al respecto.

Contenidos complejos

 El problema fundamental siempre es el trasfondo antropológico. Como suele pasar en los proyectos de ley asociados a infancia y educación, es muy difícil -por no decir imposible- entregar educación sin asumir previamente una determinada visión antropológica. Al fin y al cabo, ¿es posible educar sin saber el fin al que se apunta?

En este caso particular, el proyecto de ley sobre Educación Sexual Integral apunta, además de a prevenir el abuso sexual, a otros fines que sí son injustos:  la educación en “género” (incluyendo el fomentar el respeto por la “orientación sexual, identidad y expresión de género” [letra c]) y una “sexualidad libre” [letra d]. Resulta también complejo que el proyecto indique que los conceptos de aprendizaje deban propender a “un autoconocimiento, afectividad, autocuidado y sexualidad responsable” (Art 6.). En otros países, la idea de “autoconocimiento” ha sido reducida a la masturbación, por lo cual es un concepto peligroso. A todo lo anterior se le suma que los colegios quedan habilitados para informar sobre uso de anticonceptivos a partir de 5 básico (Art. 2).

Todos estos puntos, de una u otra forma, pueden derivar en vulneraciones a la libertad de enseñanza, al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e incluso a la libertad religiosa.

Impulsados por el Estado

En los tiempos que corren, cualquier iniciativa educacional impuesta desde el Estado es digna de ser mirada con sospecha. Y es que cuando se observa la experiencia comparada, el panorama es desalentador. En casos como el de Alemania, España o Argentina, se han promovido conductas inmorales (como la ya mencionada masturbación infantil) en niños de 12, 9 y hasta 5 años, con material estatal y dentro de la sala de clases. No es ilógico pensar que podemos llegar a esos mismos excesos en Chile en algunos años más.

¿Y qué podemos hacer?

El proyecto se encuentra a la espera de ser votado en Sala, en la Cámara Baja. Porque ha sido un proyecto controversial, el Gobierno creó una mesa de trabajo con la oposición para poder consensuar los contenidos del proyecto. La mesa, por su parte, logró ciertos avances, no sin dificultad (lo cual era de esperar, considerando que están en discusión visiones antropológicas que se contraponen entre sí).

De estas demoras y en particular de la existencia de la mesa podemos, no obstante, sacar una gran conclusión: el revuelo ciudadano tiene efectos en la labor parlamentaria. Las cartas al director, columnas, correos a sus representantes en el Congreso y comentarios en redes sociales sí influyen en las discusiones parlamentarias. Los padres, ciudadanos -y por qué no decirlo, también los colegios- rara vez son conscientes que tienen un derecho y un deber de contribuir a la consecución del Bien Común involucrándose en estos asuntos a través de estos y otros medios.

Pero para poder opinar y proponer de forma audaz y responsable, es necesario informarse y, sobre todo, formarse. En otras palabras, no se trata sólo de conocer los detalles técnicos de la ley, sino de estar imbuido de los principios de la antropología cristiana que nos permitan mirar lúcidamente este proyecto y advertir sus problemas profundos, aun cuando a simple vista estos parezcan inadvertidos.

El enfoque cristiano debe ayudarnos a juzgar, pero también a encontrar los medios justos para actuar. Incluso si nos mueve un fin loable, como denunciar los excesos de este proyecto, nuestros discursos o acciones pueden también vulnerar la dignidad humana ¿No es prueba de ello los discursos irrespetuosos que muchas veces encontramos en Twitter? Nuestras palabras y acciones deben entonces estar a la altura de los fines que perseguimos.

Debemos, entonces, buscar entender este proyecto desde sus raíces profundas. Y como Comunidad y Justicia, queremos colaborar en este proceso, poniendo a disposición de todos los interesados en formar parte de este debate, lo fundamental de nuestro material sobre el tema.

 En primer lugar, hemos tenido la oportunidad de exponer sobre el tema ante la Comisión de Educación en dos ocasiones; una de la mano de Daniela Constantino y otra de Álvaro Ferrer. Desde ya dejamos sus exposiciones disponibles en los links de arriba. También dejamos una minuta que Daniela ha preparado y en donde resume los problemas centrales de la ley. Por último, ya casi al finalizar el mes, organizamos una mesa redonda para hablar sobre los fundamentos de esta ley a la cual asistieron más de 300 personas. La grabación quedó disponible en nuestro canal de Youtube.

Por último, Comunidad y Justicia está disponible para realizar más charlas y exposiciones sobre el tema. Cristóbal Aguilera, Álvaro Ferrer, Vicente Hargous, y Daniela Constantino, han sido solicitados para exponer en seminarios abiertos y cerrados organizados por iglesias, colegios y otros grupos. Es el aporte que podemos dar ante un tema que suscita interés y que tanto podría impactar en el Bien común.