Este mes celebramos el décimo aniversario de nuestra corporación. Han pasado muchos acontecimientos desde ese momento. En ese Chile tan diferente al que vemos hoy, Comunidad y Justicia nació con pocos medios y sin mayor experiencia, pero con convicciones firmes y una vocación clara de promover y defender los derechos humanos, especialmente de los más débiles, de toda forma de esclavitud y opresión moderna.
Con ocasión de este aniversario, les compartimos esta entrevista que Vicente Hargous realizó a nuestro fundador y primer director ejecutivo, Tomás Henríquez.
— Tomás, muchas gracias por la posibilidad de responder las inquietudes y preguntas que muchos tenemos sobre los primeros tiempos de Comunidad y Justicia. En primer lugar, pienso que a nuestros lectores les puede interesar saber un poco de ti: ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas hoy? ¿Cuál es tu vínculo actual con nuestra corporación?
— Soy abogado de la Universidad Católica de Chile. En esa casa de estudio pasé algunos de mis mejores años y conocí a mi esposa en la Facultad de Derecho.
Hoy me desempeño como Director de Área para América Latina y el Caribe en ADF International, que es una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos con un enfoque en la libertad religiosa, la libertad de expresión, el derecho de los padres a la educación de sus hijos y el derecho a la vida.
A ADF International llegué gracias a mi trabajo en Comunidad y Justicia debido a que siempre existió una relación de cercanía entre estas dos instituciones en las cuales he tenido el privilegio y la bendición de participar.
Fui uno de los fundadores y el primer director ejecutivo de Comunidad y Justicia. Hoy soy miembro del directorio y amigo de las causas que promueve y defiende en nuestro país.
— En nuestro país resulta muy novedosa ―al menos para la defensa de los principios que nos inspiran― la idea de una ONG que se dedica a lo público, pero sin ser un centro de estudios, un think-tank. De hecho, medio en broma, yo suelo explicarlo diciendo que somos más “tank” que “think”, para expresar nuestro énfasis en lo práctico. ¿Cómo nació eso? ¿De quién fue la idea?
— La idea fue en parte mía y en parte de otras personas. Durante mi tiempo en la Universidad Católica tuve contacto con abogados que participaron en casos y asuntos de alta connotación pública donde defendieron el derecho y la justicia desde una perspectiva auténticamente cristiana, ordenada acorde al derecho natural.
Además, siempre nos había parecido que existía el problema de que no nos dedicábamos profesionalmente a la defensa de estos asuntos y nuestros adversarios tenían esa posibilidad. Esta situación significaba una ventaja tremenda a la hora de poder enfrentar estas causas en los tribunales de justicia, en el Parlamento o en donde fuera.
Es por eso que en 2010 o 2011 con Álvaro Ferrer nos pusimos en contacto con ADF International para conocer el trabajo de esta fundación, lo que había hecho a lo largo de los años en Estados Unidos y lo que estaba empezando a hacer en el ámbito internacional. Después de conocer su realidad pensamos: “aquí existe un modelo que deberíamos tratar de replicar en Chile”.
Este modelo consiste en contar con nuestro propio grupo de abogados trabajando en estos casos de manera permanente para evitar perder por walkover. Entonces de esa observación, y al mismo tiempo de haber sostenido una reunión con un grupo de abogados del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), es que terminamos cayendo en cuenta de la necesidad de crear Comunidad y Justicia.
De esta manera, me reuní con los fundadores para decirles que todos teníamos el interés de poder mantenernos vinculados a lo público, al mismo tiempo que ejercíamos nuestra profesión como abogados. Es así como surge el compromiso del directorio original de crear esta corporación con esta finalidad y que hasta el día de hoy día, gracias a Dios, cumple ya diez años de existencia.
— Y el Área Legislativa, ¿cuándo nació?
— El Área Legislativa nació el 2013 con un foco puesto netamente en la resolución de conflictos. Después, nos dimos cuenta de que el modelo que intentamos replicar estaba pensando en Estados Unidos y no mirado desde la realidad chilena, que es parecida a la de toda latinoamérica en donde el derecho se desarrolla por sobre todo a través de la legislación antes que por los precedentes judiciales.
Entonces, pueden haber casos que sientan precedentes de manera simbólica, que generan jurisprudencia que es relevante, pero en un contexto como el de nosotros no alteran de manera fundamental el panorama jurídico. Eso lo hace la ley. Es así como nos dimos cuenta de que el esfuerzo netamente judicial no bastaba y que se hacía necesario tener una oficina o un Área Legislativa.
— Pocas personas saben la historia de Comunidad y Justicia. ¿Qué los motivó a empezar? ¿Quiénes formaban parte de ese proyecto inicial?
— El proyecto inicial se forma con un grupo de egresados de la Universidad Católica que incluyen a Antonio López, actual presidente del directorio, Sebastián Rioseco, Sebastián Herrera, Guillermo Pizarro, Mariano Vergara y yo.
Primero conversé con Antonio mi idea de lo que pensaba que teníamos que crear y luego ambos convocamos al resto de los fundadores. Lo que nos unía a todos era un paso por lo público y el aprecio por el ejercicio de la profesión. No queríamos desvincularnos de estas cuestiones y entonces este era el grupo humano que de alguna forma tenía los incentivos y tenía las ganas de crear esta institución para poder cumplir con su objeto.
Otra de nuestras motivaciones fue darnos cuenta de que las discusiones que antiguamente en el país se llamaban valóricas tomaban el nombre de “derechos humanos”. Por las divisiones históricas de Chile, desde el gobierno militar en adelante, había una división muy clara en el mundo jurídico, entre los abogados que usaban la categoría de “derechos humanos” y los que usaban la categoría de “derechos fundamentales” o “derechos constitucionales”. En esa disputa por el lenguaje, nos daba la impresión de que en el discurso nacional ganaba la cuestión de los derechos humanos.
Entonces nos pareció que para poder defender la justicia era necesario el incursionar en esta área, a pesar de que había existido tanto resquemor de hacerlo en el pasado y tratar de reivindicar ―y trabajar día a día por reivindicar― el verdadero concepto de los derechos humanos. No desde un entendimiento liberal ni progresista, sino que a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia Católica con la cual todos nosotros comulgamos.
— No parece fácil imaginar la manera de “vender esta idea” para buscar fondos, sin haber tenido nada concreto a mano, ¿cómo se financió el proyecto en esos años?
— Al principio teníamos la idea de que no íbamos a tener problemas en encontrar una cantidad enorme de gente que iba a estar disponible para aportar cantidades menores de dinero, que en la sumatoria iban a financiar la totalidad del proyecto. Eso, funcionó de alguna manera, pero obviamente nosotros no teníamos experiencia en recaudación de fondos. No estábamos conscientes de cuánto esfuerzo eso podía llegar a implicar, que a la larga terminó siendo muchísimo. Entonces, nos dimos cuenta que esa no era la manera más eficiente de financiar el curso del proyecto.
A pesar de ello, desde el primer día los directores acordamos que íbamos a poner una cuota mensual durante el primer año de existencia de la organización. Como la corporación aún no realizaba actividades, ese monto se fue acumulando como un ahorro. Hasta que llegamos al momento en que tuvimos nuestro primer gran donante o mecenas, que creyó en el proyecto a pesar de que todavía era una idea. Con ese donativo, se tomó la decisión de que ya era el momento de lanzarse a la piscina, contratar un director ejecutivo y empezar a hacer crecer la institución. Y así fue como el directorio me hizo una oferta de renunciar a mi trabajo, en aquel entonces en el Estudio Jurídico Philippi, para ponerme a trabajar como director ejecutivo de Comunidad y Justicia. Pero para convencerme de que lo hiciera, siendo que no teníamos más fondos más que para poder pagar un poco más de un mes de sueldo, es que todo el directorio se comprometió a que, si no éramos capaces de levantar el financiamiento para los meses siguientes y los años que vinieran dentro del primer mes como para poder echar a andar la bicicleta, ellos se iban a poner la mano en el bolsillo y aportarle a la corporación los fondos que faltaran para poder sustentar mi remuneración como director ejecutivo.
Con esas condiciones sobre la mesa, presenté mi renuncia y empecé a trabajar como director ejecutivo. Gracias a Dios ―y verdaderamente gracias a Dios― nunca tuvimos que cobrarle esa oferta al directorio porque a Comunidad y Justicia, desde ese día y hasta hoy, nunca le ha faltado apoyo para poder seguir trabajando día a día en lo que hace. Y eso es verdaderamente gracias a la Providencia.
— En tu opinión, ¿cuáles han sido las batallas más relevantes que Comunidad y Justicia ha dado en su historia? ¿Valió la pena haber peleado “causas perdidas”? ¿Se te ocurre algún juicio particularmente importante o que recuerdes de manera más especial?
— Creo que hemos dado muchas batallas relevantes. De hecho, creo que todos los temas que trabajamos son importantes. Comunidad y Justicia ha sido una de las fuerzas más relevantes ―me parece― en combatir, por ejemplo, el intento de desintegrar la familia e imponer una mirada autonomista extrema de los niños, bajo el nombre de autonomía progresiva, como se entendió en el proyecto de Ley de Garantías de la Niñez o en los intentos de reforma constitucional en esa materia, o así también, combatir los intentos de introducir la educación sexual integral como se promovió en los distintos proyectos de ley que han pasado por el Congreso chileno.
Creo que Comunidad y Justicia dio una batalla altamente impopular, pero estoy seguro que era lo correcto y creo que el tiempo nos dará la razón. Y también en tantos otros temas, como sobre el mal que existe en propiciar las llamadas transiciones de género respecto de menores de edad, de niños, y que creo que las acciones que tuvimos en su momento como organización redundaron en que, aun si se aprobó la Ley de Identidad de Género en su momento en Chile, logró excluirse de su alcance a los menores de edad, porque primó, al menos en ese momento, la prudencia, la cordura, acerca de no permitir o no incentivar este tipo de conducta respecto de niños, que están en pleno proceso de desarrollo personal.
— ¿Y cuáles crees que sean sus mayores triunfos?
— En lo judicial, sin duda, el haber participado en la causa que declaró inconstitucional parte de la Ley de Garantías de la Niñez, en particular lo que tenía que ver con el intento de dar primacía a la autonomía progresiva por sobre el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, así como también la introducción subrepticia de las clases de educación sexual con una mirada única, que es lo que se intentaba hacer en ese proyecto de ley.
Por otro lado, durante la pandemia, creo que Comunidad y Justicia fue extremadamente valiente en cuestionar la racionalidad de algunas de las medidas restrictivas que se impusieron, y en particular, las que se imponían por sobre el derecho de toda persona y de los creyentes de poder asistir a Misa como un servicio absolutamente esencial para la vida del hombre. El haber obtenido ese fallo de parte de la Corte Suprema, obligando al Gobierno a autorizar la asistencia a los sacramentos, me parece que ha sido uno de los momentos más altos de la historia de nuestra corporación hasta el día de hoy.
— Una pregunta que muchas veces nos hacen es por qué se le quiso dar esa identidad socialcristiana. Esa visión de los derechos humanos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. ¿Podrías contarnos más de eso? ¿Tuvo algo que ver el contexto político del momento?
— No fue tanto la contingencia, o no sé si diría que fue la contingencia, sino que fue producto de un convencimiento. Los que decidimos fundar Comunidad y Justicia estábamos seguros de que esa doctrina, el Magisterio de la Iglesia ―la Iglesia, que es experta en humanidad―, recoge, reconoce y se adecúa a la verdad de lo que es la persona humana. Y en ese sentido, nuestra visión acerca de la justicia está, por supuesto, vinculada a la verdad de quiénes somos como personas, que es la misma verdad que sostiene y defiende el Magisterio de la Iglesia. Y por eso, nos hacía todo el sentido del mundo que nuestra manera de entender los derechos humanos y la justicia, estaba evidentemente marcada también por esta perspectiva, y por eso entonces decidimos que nuestro trabajo reflejara eso.
— ¿Qué desafíos crees que enfrentará nuestra corporación en los próximos años? ¿Cuál es tu proyección sobre ella a largo plazo?
— Personalmente siempre le pedí a Dios en oración que nuestro proyecto prosperara, fructificará y creciera en la medida de que fuera un proyecto suyo. De que fuera algo que contribuyera a verdaderamente buscar la justicia y defender la dignidad de toda persona. En ese sentido, estoy convencido de que si Comunidad y Justicia hoy cumple diez años y lo hace en las condiciones que lo hace ―que son excelentes, las mejores tal vez que hemos tenido desde que existe―, ha sido por esa fidelidad. Mi expectativa y esperanza para los próximos diez o veinte años es que Dios sostenga a Comunidad y Justicia, mientras continúe siendo funcional a la búsqueda de su justicia y de defender la verdad de la persona humana y de su dignidad intrínseca. Los desafíos no se van a acabar en nuestro paso por esta tierra. Siempre va a ser de lucha, siempre va a ser de confrontación y de discrepancia con otros acerca de qué es la verdad, qué es la justicia y, en ese sentido, creo que siempre va a existir algún tema del día en que nuestra mirada o nuestra postura tenga algo que decir. Y mientras lo estemos haciendo de cara a Dios, espero que vivamos y lo veamos realizarse por muchos años más.