Ya se cumplió un año desde el terremoto político y social que dio un vuelco al panorama chileno. Un año marcado por actos de violencia ilegítimos sin precedentes en nuestra historia, incluyendo manifestaciones de odio sacrílego que nos dejan sin palabras, y por la pandemia, con todas las secuelas (sanitarias, económicas, de empleo, de pobreza, entre otras) que nos ha acarreado y que seguirán llegando con el tiempo. Con tanta pelea y chimuchina entre los partidos, sumada a todo lo anterior, no es de extrañar que los puntos realmente importantes no sean ponderados debidamente dentro de la reflexión que cada uno debe hacer para la votación de este domingo. En efecto, mucho se ha hablado de la autonomía del Banco Central, de regionalización, de salud, de un régimen semipresidencialista, de pensiones, de protección de la propiedad privada, del principio de subsidiariedad y modos de complementarlo (en ciertos ambientes se ha hablado incluso de su eliminación)… pero de derechos naturales, de dignidad humana, de la centralidad de la familia, del rol educador de los padres, ni la sombra.

(…) mucho se ha hablado de la autonomía del Banco Central, de regionalización, de salud, de un régimen semipresidencialista, de pensiones, de protección de la propiedad privada, del principio de subsidiariedad y modos de complementarlo (…) pero de derechos naturales, de dignidad humana, de la centralidad de la familia, del rol educador de los padres, ni la sombra.

Uno de los temas ausentes en el debate público es precisamente el de la protección de la vida del que está por nacer, la que hoy es un imperativo para el legislador, dispuesto expresamente por nuestra Constitución vigente. Esta norma que protege la vida del que está por nacer, además, forma parte de una estructura conceptual mucho más amplia: nuestra Constitución vigente reconoce la dignidad inherente a todas las personas humanas y que sus derechos tienen su fuente en su naturaleza, y no en la mera arbitrariedad del poder político o de los consensos de los partidos. Desde esta perspectiva se entiende que los derechos naturales son reconocidos por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, no creados por ellos. La vida del que está por nacer, además, se protege justamente en el artículo 19, que asegura a las personas sus derechos, y no en otro lugar.

La relevancia de este tema es enorme, porque es prácticamente imposible que en el Chile de nuestros días, en que la consigna es “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, se alcance un consenso de dos tercios de la Convención (si seguimos una de las teorías que circula hoy, que no tiene pocos adherentes y es la favorita de la izquierda, según la cual aquellos asuntos en que no se alcance dicho quórum no quedarían en el texto constitucional, debiendo establecerse por ley simple). Es altamente probable que se materialice el riesgo de que la protección del que está por nacer —dique normativo para contener la ola de feminismo radical que quiere imponer el aborto libre— sea borrada de un plumazo… con lo cual los no nacidos perderían la protección que tienen hoy y el aborto libre estaría a sólo un paso. No hay que ser muy brillante para darse cuenta de que la materialización de dicho riesgo es probable: basta con mirar las paredes rayadas en el centro de Santiago (quizás especialmente dentro de las iglesias quemadas), con oír el tono de los diputados y senadores de centro izquierda cuando tocan el tema (y no digamos los de izquierda dura), con leer las posturas de la doctrina… A todo esto se suman las posturas políticas de los organismos internacionales de derechos humanos —reyes de la interpretación por vuelta de carnero triple, que donde dice atención médica en temas de planificación familiar leen sin asco aborto libre—, a quienes nuestros políticos, jueces y profesores de Derecho servilmente rinden pleitesía por temor de no “adecuarse a los estándares internacionales”.

Para el sector provida, en consecuencia, este no debería ser un tema más a considerar, sino que su relevancia debería ser decisiva: para quienes creemos que el aborto directo es un homicidio (ojo: eso no significa que sea siempre culpable, ni mucho menos), la protección constitucional del derecho a la vida debe estar en el centro del discernimiento y la decisión de este domingo. De lo contrario, nos aprobarán el aborto libre por secretaría.