Carlos Frontaura, integrante de la Comisión Experta, entrega algunas pistas para entender lo que es la dignidad humana, un buen concepto que ha sido mal aplicado, en un video del año 2020, cuando no se imaginaría que tres años después tendría la oportunidad de trabajar en el proyecto de Constitución. El ex decano realiza un recorrido cronológico, que comienza con el Digesto (533), pasa por la Carta Magna Leonesa (1188) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y culmina con la historia constitucional chilena, y todo ello con referencias a la Doctrina Social de la Iglesia.

En los textos, antiguos y modernos, el reconocimiento implícito o explícito de la dignidad humana denotan la existencia de una naturaleza común entre todas las personas humanas. Esa naturaleza constituye una suerte de parentesco entre todos los seres humanos (no en vano la Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere en su Preámbulo a los miembros de “la familia humana”), y apunta a aquello de lo cual nadie puede ser privado. Los bienes, la vida o la libertad nos pueden ser arrebatados, pero no así la dignidad, porque no es algo que la persona humana se dé a sí misma. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce sólo en Dios la fuente única de esa dignidad, por haber sido creado a su imagen y semejanza.

En el Chile reciente, la palabra “dignidad” ha estado asociada al proceso constitucional desde que comenzó. El reclamo de la marcha del 25 de octubre se ha resumido en ese grito de rabia de querer ser tratado como una persona. Esta idea también estuvo al inicio de la propuesta constitucional elaborada por la Convención: Chile “reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad” (art. 1.2) y las “personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos” (art. 4). Pero ese concepto de dignidad estaba deformado por dos razones, contradictorias entre sí. La primera es que identificó dignidad con una autonomía personal ilimitada que permitía transformar toda pretensión individual en un derecho garantizado; y la segunda es que subordinó la dignidad humana al pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales (art. 19.1), cuya provisión dependía casi absolutamente del Estado. Al divinizar a la persona y al mismo tiempo someterla al Estado, el reconocimiento de la dignidad se volvió una norma sin sentido.

La dignidad no es lo mismo que el ejercicio de derechos para lograr su plena satisfacción o una libertad absoluta. De ahí que la propuesta, siguiendo a la Constitución vigente, reconozca que la existencia de la naturaleza humana y, con ella, de ciertos derechos naturales esenciales. Con ese trasfondo filosófico iusnaturalista se comprende adecuadamente la existencia de ciertos deberes. Si bien la dignidad humana está asociada esencialmente a los derechos de cada persona y que estos se ejercen con libertad, los deberes ordenan y permiten que la libertad no se convierta en un libertinaje desatado. Así, la dignidad existe no tanto por la exigencia de satisfacción de derechos sino por el cumplimiento de deberes. Cuando Sergio Micco, ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, expuso sobre este tópico en el Consejo Constitucional, señaló: “…desde la antigüedad se ha sostenido que, sin ciudadanos virtuosos (…) que estén disponibles para cumplir con sus deberes, las repúblicas, por definición, van a ser débiles e inestables”.

Esta forma de comprender la dignidad se ve reflejada en el artículo 37 de la propuesta de Constitución, sobre los deberes constitucionales, en donde los llamados a cumplirlos son las personas, sean los habitantes de la República o los ciudadanos. Estos deberes están relacionados con observar la Constitución y la ley, el desempeño probo de la función pública, el cumplimiento de las cargas públicas y los deberes entre padres e hijos.

Todos estos casos demuestran que la dignidad humana no consiste en un autonomismo egoísta reflejado en el pleno ejercicio de cualquier derecho, sino que en una virtuosa integración de los deberes humanos que implican una donación personal por el otro. En último término, se trata de la realización del bien común que consiste “en la plena realización de la persona, con y para los demás”.

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Voté Rechazo en el plebiscito de entrada y en el primer plebiscito de salida, pero votaré A Favor en el segundo plebiscito de salida. Desde el 15-N de 2019 creí que el cambio constitucional no era la solución, sino la priorización del trabajo legislativo en lo verdaderamente urgente y una mayor fiscalización a las autoridades que no ejercían las competencias legales para resolver, sea popular o no, los problemas de quienes gobiernan. Entonces, ¿por qué el cambio?

Porque una Constitución sirve para dar herramientas para solucionar problemas y no sirve para solucionar problemas. Esa es una de las diferencias entre el proyecto de Constitución de la Convención y el del Consejo. La primera, con una regulación maximalista y detalladísima buscó resolver de una sola vez todos los problemas. Casi en su totalidad, eran soluciones equivocadas basadas en diagnósticos erróneos. Era una Constitución de resultados, que no daba reglas del juego, sino el resultado del mismo. No dejaba espacio al Legislador o a la Administración para que pudiese maniobrar sin contradecir el programa de gobierno hecho Constitución.

En cambio, el proyecto del Consejo Constitucional no ofrece resultados, pero sí medios. Una cosa es resolver y otra muy distinta es ayudar a resolver. Algunos dirán, con razón, que el problema no es la actual Constitución sino quienes la incumplen. Es cierto. Que lo que corresponde es ser valiente y virtuoso, trabajando por el bien común y no el interés particular. También es cierto. Eso debe ocurrir sea cual sea el resultado del plebiscito. Pero ¿y si el proyecto de Constitución es más exigente en cuanto a su cumplimiento y respeto? ¿y su redacción es más clara en garantizar derechos y libertades? A lo mejor sirve para, no resolver los problemas, sino ayudar a resolverlos. ¿Si el proyecto se aprueba, se acabará la inseguridad, volverán las inversiones, recuperaremos el empleo y seremos felices? No, por supuesto que no. De ninguna manera. La magia no existe. Pero sí puede ayudar a revertir las crisis. Lo que implica también un cambio en el comportamiento de los políticos -y quizás eso es más difícil de resolver que todos los otros problemas juntos.

Piense el lector en el siguiente ejemplo. Una casa tiene filtraciones de agua, por lo que se le encarga a un albañil que la arregle, quien se dispone a hacerlo con una caja con buenas herramientas, algo oxidadas por el uso y el paso del tiempo, pero útiles. Pero un amigo le ofrece que ocupe su caja de herramientas, y algunas de ellas están nuevas y son mejores que las suyas, aunque eso le implique atrasarse en terminar su trabajo. Duda, porque puede terminar su trabajo con sus propios utensilios, pero, por otro lado, las nuevas herramientas pueden ayudar a que las filtraciones queden bien tapadas y no vuelvan a ocurrir filtraciones. Finalmente, decide aceptar la oferta, si bien sus herramientas no son malas, las de su amigo le sirven para reforzar de mejor manera la pared y demorar la aparición de nuevas filtraciones.  

Por supuesto, las herramientas nuevas que entrega la Constitución no bastan por sí mismas para solucionar los problemas, sino que requieren de la integridad política de quien las ocupa o debe ocuparlas. No hay arte sin pincel, pero tampoco sin pintor. Si la propuesta entrega algunas nuevas y útiles herramientas para tener una mejor base para enfrentar los problemas, bienvenida sea. Que se apruebe es el tirón de orejas que la clase política merece para hacer aquello por lo que se les paga: servir a los chilenos y a Chile.

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El catálogo de derechos fundamentales del proyecto de Constitución (art. 16) se mantiene en la línea de nuestra tradición constitucional y mejora algunos de ellos, especificando de mejor manera su contenido y clarificando en algunos casos la esencia del derecho.

El deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, la libertad de asociación o el derecho de propiedad son derechos cuyo contenido se actualiza y detalla o se les agregan garantías actualmente inexistentes. Y también se mejora la garantía de que todos los derechos regulados no sean afectados en su esencia (actual art. 19 Nº26). Sin embargo, se han levantado críticas contra este último cambio.

Hay quienes señalan que existirían tres cambios comparando ambos textos. El primero, es que los límites a los derechos fundamentales podrían ser establecidos por una ley de quórum simple, es decir, mayoría de los parlamentarios presentes. Si hay 52 diputados o 17 senadores, bastaría que 27 de los primeros o 9 de los segundos aprobaran una ley que restrinja o límite un derecho. Sin embargo, no se trata de un cambio que el proyecto de Constitución introduce, sino que está establecido en la Constitución vigente (art. 66). Es decir, tanto la Constitución vigente como el proyecto de Constitución permiten que la limitación del ejercicio de los derechos fundamentales se haga, por regla general, mediante una ley simple. Excepcionalmente, la misma Constitución dispone que la limitación se puede hacer por una ley con un quórum mayor, como ocurre con la ley de quórum calificado que establece los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales (idéntica redacción de la última oración del inciso final del art. 19 Nº11 de la Carta vigente y del literal h) del art. 16.24 del proyecto de Constitución).

El segundo cambio es que se elimina la referencia del art. 19 Nº26 que permite la limitación de derechos “en los casos en que [la Constitución] lo autoriza”. Este cambio, según sus detractores, implicaría que la ley podría limitar un derecho fundamental sin una autorización explícita de la Constitución. Sin embargo, se trata de una errónea comprensión de la norma. El profesor José Luis Cea Egaña señala en su “Tratado de la Constitución de 1980” que en la Comisión de Estudio de la Constitución vigente hubo acuerdo en dejar claro que la frase sobre la autorización constitucional opera respecto a las normas que “limiten las garantías que ella asegura”. Es decir, no se trata de que el Legislador pueda establecer a los derechos límites que la misma Constitución no provee, sino que el Congreso sólo puede desarrollar los límites establecidos por la misma Constitución al ejercicio de un derecho que ella reconoce. La diferencia es esencial. Por ejemplo, la libertad religiosa tiene como límite, tanto en la Constitución vigente (art. 19 Nº6) como en el proyecto de Constitución (art. 16.13), la moral, las buenas costumbres o el orden público. Según la primera interpretación, el Legislador podría crear nuevos límites para el ejercicio de la libertad religiosa, como la salud pública, límite ausente en ambos textos y, como los límites son excepcionales, la ley no puede ir más allá de lo que la Constitución establece. En cambio, de acuerdo la segunda interpretación, a la ley sólo le compete desarrollar el límite que la Constitución estableció específicamente para el ejercicio de un derecho, y hoy en día, prácticamente, todos los derechos tienen algún tipo de límite que es detallado por una ley simple. En el ejemplo, las leyes que regulan la libertad religiosa no agregan nuevos límites, sino que desarrollan los establecidos por la Constitución. Por tanto, la eliminación de la autorización constitucional no significa que se le entregue un margen de discrecionalidad enorme al Legislador que termine por borrar con el codo los derechos y libertades individuales y colectivos.

El tercer cambio es pasar de “los preceptos legales” a “sólo la ley”. El cambio es positivo pues impide que las normas infra legales puedan limitar o restringir derechos, como se ha interpretado la Constitución actual. El borrador constitucional faculta que la ley, y sólo la ley, sea la que realice dicha restricción o limitación. Por ejemplo, actualmente, la libertad de desplazamiento se restringe por decretos o el cierre de iglesias durante la pandemia se hizo por una resolución exenta del Minsal. La ventaja es clara. Si se quiere limitar un derecho, será necesario que se haga en un debate parlamentario y público, lo que permite a los ciudadanos saberlo y tener la posibilidad de oponerse, a diferencia de la discrecionalidad, muchas veces sin justificación razonable, de un funcionario público. Es una mejora sustantiva que garantiza que los derechos y libertades no sufran limitaciones difíciles de controlar y refutar.

En lo referido a la limitación a los derechos constitucionales, el proyecto de Constitución mantiene lo bueno de la Constitución vigente (ley simple), no se abre un campo de discrecionalidad arbitrario al Legislador para restringir derechos y los límites a los derechos ya no podrán ser establecidos por un funcionario público, con las ventajas que ello implica para la ciudadanía: más conocimiento y más control.

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