Agenda legislativa: 16 al 20 de octubre
CÁMARA DE DIPUTADOS
Proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de régimen de cuidado compartido por separación de los padres y promueve el interés superior del niño, niña y adolescente.
La Comisión de Familia iniciará el estudio en general de este proyecto de ley. Boletín N° 15.693-18.
Aunque cuenta con una redacción deficiente y se sustenta en razones erradas, la iniciativa tendría como fin promover el cuidado personal compartido en el caso de hijos de padres separados.
Proyecto de ley que modifica y fortalece la ley N° 20.609 (“Ley Zamudio”), que establece medidas contra la discriminación.
La Comisión de Derechos Humanos continuará con la discusión y votación en particular de este proyecto de ley. Boletín N° 12.748-17.
En la sesión anterior, la Comisión rechazó las indicaciones tendientes a limitar la prohibición de las denominadas “terapias de conversión” (aunque algunos diputados que votaron a favor de dicha prohibición, señalaron que fue un error incluirla).
SENADO
Esta semana no se tramitarán proyectos de ley de nuestro interés.
Roberto Astaburuaga: “Los ministros de Boric frente al plebiscito”
Si bien el Presidente no ha pisado el palito sobre revelar su postura para el plebiscito del 17 de diciembre, ya en la recta final del segundo proceso, y con las observaciones dejando varios temas resueltos y cerrados, la presión aparecerá cada vez más seguido. La izquierda va por el Rechazo. Boric va por el Rechazo, aunque esta vez se esfuerce por mantener la neutralidad. Pero ¿y sus ministros?
¿La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se podrá morder la lengua cuando le pregunten por la norma sobre “quien” está por nacer, por la definición de niño o por qué el texto no ocupa un lenguaje inclusivo?
¿El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sabrá cumplir las normas en educación que obligan al Estado a “garantizar la continuidad del servicio educativo” (literal e) del art. 16.24)? ¿Cuál será su reacción cuando las autoridades de las instituciones educacionales adopten “las medidas necesarias para prevenir o sancionar actos que afecten gravemente el orden o la convivencia”? ¿Estará dispuesto a seguir con la ideologización de los niños, continuando la línea del ex ministro Ávila, cuando los padres contarán con el recurso de protección para hacer primar el derecho preferente de educar a sus hijos y determinar qué es lo mejor para ellos?
¿La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, seguirá sonriendo con su Comisión contra la Desinformación, cuando deba cumplir una Constitución que le prohíbe al Estado “establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales” como también “sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios?” (literal a) del art. 16.14)?
¿Cómo cumplirá la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el mandato constitucional de expulsar a los extranjeros en el menor tiempo posible y hacerse cargo de las estrictas normas que obligan al Estado a velar por la seguridad de la población?
Y lo mismo ocurre con Grau (Economía), Cordero (Justicia), Jara (Trabajo y Previsión Social), etc. Este Gobierno, similar al de un consejo de curso de 1º medio por su inmadurez, desorden y voluntarismo, ha sido incapaz de mantener la disciplina interna de sus dos coaliciones. ¿Lucharán esta vez por el Rechazo con la misma energía con la que promovieron el Apruebo la vez pasada? ¿Volverán a sacar el comodín del 11-S, en clave plebiscito 1988, para decir que No? ¿El Partido Socialista seguirá escuchando los cantos de sirena del Partido Comunista haciéndose cómplice de un tercer proceso constitucional con Asamblea Constituyente, al igual que lo fue la Convención? ¿Será capaz la izquierda de repetir la épica de la derecha de la vez pasada?
Boric no dirá jamás que va por el En Contra. Pero está solo. Sus ministros no le obedecen. La imprudencia les traiciona, la rabia de dos derrotas dolorosas seguidas los ciega y la indecisión ante el mal menor los paraliza. Esta vez sí tendrán que quedarse callados.
Roberto Astaburuaga: “Mantengan el quien”
El derecho a la vida de quien está por nacer se menciona una y otra vez como una de las materias abordadas en las negociaciones por los partidos políticos que expertos y consejeros deberán modificar. La salida: volver a la redacción actual. Pero la derecha no puede ceder.
Los consejeros han aprobado normas que constituyen avances considerando nuestra tradición constitucional e innovando según las circunstancias actuales. En materia de seguridad y probidad esto se ha reflejado en normas nuevas, principios o capítulos completos (Defensa Nacional, Seguridad Pública, etc.). Un capítulo solo para proteger el medioambiente y deberes para las personas y el Estado de promover la protección, bienestar y respeto de los animales. Y así con varios temas que son banderas de la derecha o banderas de la izquierda adaptadas. Y los retrocesos respecto a las pretensiones originales han sido mínimos.
Pero en lo que se refiere a quien está por nacer pasa exactamente lo opuesto: los avances han sido mínimos y los retrocesos fueron máximos. Dos de las tres enmiendas presentadas por la derecha proponían subir la protección normativa de lo legal a lo constitucional: descartado por la enmienda de unidad de propósitos. Las tres enmiendas buscaban individualizar de mejor manera al no nacido: desechado por la opción que les pareció menos ruidosa. En el Pleno no se aprobaron dos innovaciones al artículo 1: que todo ser humano es persona y que las personas son -y no nacen- libres e iguales en dignidad y derechos. El contenido de la Iniciativa Popular de Norma, que juntó más de 15 mil apoyos, no fue considerado en la norma finalmente aprobada. Incluso, en un gesto de tranquilizar las críticas del oficialismo, se indicó que se retiraría la enmienda más protectora. Y, por último, el anuncio de que, salvo la libertad de elección en los derechos sociales, todas las materias están sujetas a acuerdos y negociación. Suma y sigue.
Ya no se puede retroceder más sin que eso signifique mantener el statu quo. El único cambio que se logró debe mantenerse, sea que no se apruebe una observación que busque mantener lo que tenemos hoy o que esa observación sea rechazada por los 33 consejeros. Cada uno podrá tener distintas razones para sostener esta postura, pero el sector que ha defendido al más vulnerable de todos no puede tambalear por considerar que especificar la personalidad del no nacido, cuestión que es acorde con sus principios, sería un retroceso.
La salida no puede ser “despejar lo valórico”. Hay que hacerse cargo de “lo valórico”. Defenderlo y promoverlo. A pesar de los retrocesos, se logró un avance. El Consejo debe defenderlo. Tal como lo hizo en la Convención cuando se aprobó el derecho al aborto libre. Porque los principios se defienden, siempre y en todo lugar, con la misma fuerza, seas mayoría para avanzar o minoría para resistir.
La derecha tiene una oportunidad única de decir que hay alguien en el vientre materno, que tiene dignidad y que tiene derechos. Una norma que, además, conversa con el apoyo y acompañamiento a las madres, especialmente a las que tienen embarazos vulnerables, abordando el asunto de forma integral y armónica. Por el bien de ambos.
No retrocedan. Mantengan el quien.
Vicente Hargous: “¿Quién fue Maritza Alejandra?”
Finalmente, el Consejo Constitucional despachó su proyecto de eventual nueva Constitución. Mientras tanto, los chilenos viven con normalidad los vaivenes cotidianos, con sus propias dificultades, historias y dramas existenciales… Realidades que, cuando se ven en carne y hueso, en ocasiones deshacen las piruetas mentales de “los intelectuales” y “los políticos”. Una de ellas es la de Maritza Alejandra.
Esta es una historia real, de hace pocas semanas. Una mujer vulnerable, esperaba con mucho amor el nacimiento de una hija, que tenía poco más de 24 semanas de vida. El embarazo se complicó. Una columna no es el lugar adecuado para imputar ninguna conducta antijurídica, pero presuntamente los problemas habrían comenzado porque el innecesario y mal uso de un espéculo le habría roto la bolsa. El asunto es que supuestamente le recomendaron abortar. Incluso, la madre y sus familiares sostienen que fue presionada para abortar. Frente a toda la presión que habrían ejercido, ella acabó por firmar el documento necesario para la interrupción “voluntaria” del embarazo. Se tuvo que tomar ella misma las pastillas. Pero la guagua no murió: nació y vivió. La bautizaron y le pusieron por nombre Maritza Alejandra, para que lleve los nombres de sus dos abuelas. Su mamá, Fernanda, la sostuvo en sus brazos, sentir su manito apretándole el dedo. Pidió una incubadora, y no se la dieron. Le pidieron en el momento que firme un documento para “quemar los restos”. Después de esta tragedia, ella quiso cortarse las venas. Su papá, desde la cárcel, sufría por la impotencia de no haber podido hacer nada para que a su hija le den una incubadora y los cuidados que merecía por el solo hecho de ser una persona.
En fin, más allá de los detalles de un testimonio desgarrador, hechos como este llaman -¡gritan!- a una reflexión sincera sobre una de las normas más polémicas del texto de la propuesta de nueva Constitución despachada por el Consejo.
“La ley protege la vida de quien está por nacer”. Tanta polémica por esa oración. Que si deroga el aborto, que si es un “retroceso” en los “derechos” de la mujer… ¿Ese es el retroceso? ¿Cuál es la realidad del aborto? La verdadera, no el cuento del empoderamiento y liberación que nos quieren vender con pañuelos verdes y morados y silencios cómplices. ¿Libertad? Se trata de un drama terrible: ¡Vayan a decirle en la cara a Fernanda que ejerció con dignidad su derecho a matar a su guagua por una “conquista civilizatoria”!
Pero incluso si vamos a algo más básico que el debate del aborto (y ojo que no estamos hablando de la responsabilidad criminal en casos difíciles), miremos solamente la cuestión previa: Maritza Alejandra no fue un mero “fetito” -como decía el personal sanitario, según Fernanda-, ni tampoco fue un montón de “restos”, ni un “desecho biológico” digno solamente de ser incinerado. Ella fue un ser humano, pero no sólo eso, porque ninguna persona es un simple miembro de una especie biológica, sino que fue radicalmente un individuo singularísimo, irrepetible, una niñita con un rostro que nadie más volverá a tener. Se llamaba Maritza Alejandra: tuvo nombre. Fue alguien, fue un “quien”, una persona.
Se rumorea que ciertos expertos y líderes de partidos políticos quieren, entre cuatro paredes, decir que no. Quieren sacar esa norma, porque es políticamente incorrecto sostener que los seres humanos no nacidos son personas, porque quieren que el texto de la nueva Constitución se apruebe, porque quieren darle en el gusto a la izquierda caviar, o lo que sea… Todas las excusas que quieran, pero, en definitiva, si los expertos proponen cambiar el texto en este punto, nos estarían diciendo que Maritza Alejandra no merecía ser reconocida como un “quien”.
Agenda legislativa: 10 al 13 de octubre
CÁMARA DE DIPUTADOS
Proyecto de ley que modifica y fortalece la ley N° 20.609 (“Ley Zamudio”), que establece medidas contra la discriminación.
La Comisión de Derechos Humanos continuará con la discusión y votación en particular de este proyecto de ley. Boletín N° 12.748-17.
Además de aprobar la prohibición de las “terapias de conversión”, la Comisión ha rechazado una serie de indicaciones tendientes a limitar su alcance.
Proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de régimen de cuidado compartido por separación de los padres y promueve el interés superior del niño, niña y adolescente.
La Comisión de Familia iniciará el estudio en general de este proyecto de ley. Boletín N° 15.693-18.
Aunque cuenta con una redacción deficiente y se sustenta en razones erradas, la iniciativa tendría como fin promover el cuidado personal compartido en el caso de hijos de padres separados.
SENADO
Audiencia para la nueva recomendación para el Defensor de la Niñez.
La Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia recibirá en audiencia al señor Anuar Quesille Vera, candidato a ocupar el cargo de Defensor de la Niñez, para conocer su visión y plan de trabajo para la institución.
Votación del nuevo Defensor de la Niñez.
La Sala se pronunciará sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que propone como Defensor de la Niñez al señor Anuar Quesille Vera.
Cabe señalar que para la aprobación de la propuesta se requiere dos tercios de los senadores en ejercicio.
Declaración Pública: Las líneas rojas para aprobar el texto de una eventual nueva Constitución
Habiendo finalizado el debate al interior del Consejo nos aproximamos al final del segundo proceso constitucional en Chile. Si bien parece dudoso que una nueva Constitución sea el modo adecuado para solucionar problemas que aquejan a nuestra patria, de todos modos se trata de una oportunidad para reforzar ciertos elementos esenciales para un orden político justo. En esa línea, como Corporación expresamos lo siguiente:
- El texto aprobado por el Consejo Constitucional da cuenta de una mejora considerable respecto del de la Comisión Experta (e incluso de la Carta actual), en materias de DD.HH. El texto de los Expertos recogía aspectos de nuestra tradición constitucional, pero no se hacía cargo de dilemas del actual momento social y, sobre todo, que dejaba desprotegidos ciertos elementos esenciales para un orden político justo. Un sensible vacío, por todos, era la omisión de la personalidad de los niños no nacidos y el consiguiente reconocimiento de sus derechos.
- En ese escenario, constituye un clarísimo avance el haber reconocido que el que está por nacer es un “quien”, una persona.Sin duda, es positivo reconocer que todo ser humano es persona, incluyendo al ser humano no nacido, que es un “alguien”.
- Otro avance relevante es el reconocimiento y protección reforzada del deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, así como a determinar de manera prioritaria su interés superior. De cara a los debates que ya están presentes en Chile, en los que los padres son vistos como “barreras” para el ejercicio de unos supuestos derechos de los niños, es una mejora sustantiva esencial reconocer expresamente y con fuerza el rol prioritario de los padres para definir qué es lo mejor para sus hijos.
- También son importantes otras mejoras sustantivas: la autonomía de las confesiones religiosas y el reconocimiento de que los atentados contra los templos son contrarios a la libertad religiosa; la clarificación sobre la naturaleza y uso del soft law internacional; la promoción de conciliación entre trabajo y familia; los mecanismos de apoyo a la maternidad; y la garantía de que los establecimientos educacionales podrán elaborar libremente al menos la mitad de su curriculum.
- Sin embargo, la siguiente etapa del proceso entraña riesgos de retroceder en lo aprobado por los consejeros, como han adelantado presidentes de partidos políticos: peligra especialmente la norma sobre derecho a la vida de quienes no han nacido. Así, se ha propuesto negociar volver a la redacción constitucional actual, pues permite mantener el status quo de las tres causales de aborto, como si fuesen normas pétreas e inmodificables o inderogables.
- Consideramos que explicitar que el no nacido es una persona constituye un avance esencial del cual no se puede retroceder. En efecto, el derecho a la vida es la bandera política en la que menos se avanzó, a diferencia de las relacionadas económicas, institucionales, o de seguridad. Resulta inconcebible que se establezcan deberes de protección, respeto y bienestar de los animales (art. 38.8), pero que no exista ninguna innovación sustancial en lo que se refiere a la protección de las personas más vulnerables: los que están por nacer. Quienes dicen defender como un principio no negociable la defensa de la vida del no nacido, deberían tenerla como prioridad en la última etapa del proceso constitucional.
- Como Comunidad y Justicia, consideramos esencial que en materia de derecho a la vida al menos se mantenga lo aprobado por el Consejo Constitucional ―reconocer al no nacido como un “quien”―, y lo mismo respecto de otros bienes fundamentales para un orden político justo, de los cuales no se puede retroceder sin ser cómplices de un gravísimo daño a nuestra patria.
Las normas aprobadas por el Pleno del Consejo Constitucional y la negociación previa a las observaciones de la Comisión Experta
Barómetro Constitucional Nº7
Septiembre 2023
El texto aprobado por el Consejo Constitucional, luego de un intenso debate en el Pleno, da cuenta de una mejora considerable con respecto al texto de la Comisión Experta, en materias de derechos humanos. Sin embargo, se trata de asuntos que son polémicos y que probablemente sean observados en la próxima etapa por parte de la Comisión Experta.
De todas las normas aprobadas, destaca, en primer lugar, la del derecho a la vida. Acerca de ella, se incorporó expresamente que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Dicha norma importa un reconocimiento claro de que todos los no nacidos son personas, pues la palabra “quien” necesariamente designa a “alguien”, y nunca a “algo”. Sin duda, se trata de un avance claro por la protección de la vida humana, aunque es probable que se proponga modificar esta norma por la Comisión Experta, por lo que no es seguro que se mantenga en el texto final que será sometido a plebiscito. Por otro lado, respecto de este derecho es necesario mencionar que se rechazó el art. 1.1 despachado por la comisión 3, en el que se reconoce que “todo ser humano es persona” y que “las personas son libres e iguales en dignidad y derechos”. No quita el reconocimiento del artículo aprobado donde se reconoce al que está por nacer como un “quien”, pero sí da cuenta de la debilidad con la que están siendo reconocidos los niños no nacidos. Es especialmente preocupante que la norma que reconoce al niño no nacido como un “quien” ―norma que debe ser no negociable― esté en grave riesgo en el debate en la Comisión Experta.
En otras materias, cabe destacar una protección robusta de la familia y de sus derechos, especialmente el derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos y su derecho a determinar el interés superior de sus hijos. También es bastante fuerte la protección de la libertad religiosa, incluyendo en la norma una protección especial de los templos religiosos frente a atentados; no obstante, la (des)regulación de la objeción de conciencia puede llegar a ser peligrosa, dado que no se establecen límites claros a su ejercicio.
Por último, en materia de Estado de Derecho, se consagró el principio de supremacía constitucional y una distinción clara entre el soft law y los tratados internacionales de derechos humanos vinculantes para el Estado de Chile, lo que es altamente positivo. Nada nos asegura que estas normas pasen intactas por la Comisión Experta, durante la próxima etapa. Por lo que todavía los resultados del texto final no son plenamente predecibles. De todas estas eventuales modificaciones, la más preocupante es que la que reconoce al que está por nacer como un “quien” ―que debería ser absolutamente intransable― está en grave riesgo de ser eliminada.
Agenda legislativa: 2 al 6 de octubre
CÁMARA DE DIPUTADOS
Proyecto de ley que modifica y fortalece la ley N° 20.609 (“Ley Zamudio”), que establece medidas contra la discriminación.
La Comisión de Derechos Humanos continuará con la discusión y votación en particular de este proyecto de ley. Boletín N° 12.748-17.
Considerando que la Comisión aprobó la prohibición de las “terapias de conversión”, se votará una serie de indicaciones tendientes a limitar su alcance.
SENADO
Proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Las comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género continuarán con la discusión particular de esta iniciativa. Boletín Nº 11.077-07.
Aunque el proyecto – como sugiere su título – protegería a la mujer, pretende crear la idea de que la mujer pertenece a una “clase oprimida”, la cual debe liberarse de una “clase opresora” conformada por el hombre.
Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.947, para extender el plazo de inscripción del matrimonio religioso ante el Registro Civil.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía votará en particular este proyecto. Boletín Nº 15.139-18.
Además de haber expuesto ante la Comisión y de sostener conversaciones con distintos parlamentarios, nuestro equipo formuló sugerencias en materia de indicaciones. Lo anterior, en razón de que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
Analizar la nueva recomendación para el Defensor de la Niñez.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía votará la nueva recomendación del Defensor de la Niñez.
Cabe señalar que, anteriormente, las propuestas de Rosario Martínez y Blanquita Honorato no alcanzaron el quórum necesario para ser ratificadas por la sala del Senado.
Roberto Astaburuaga: “interés superior de padres e hijos”
En octubre coinciden el cuarto aniversario del estallido social, puerta del anterior y actual proceso constitucional, y la última etapa en que expertos y consejeros terminarán de redactar un segundo proyecto de Constitución. Tanto en comportamiento y en contenido, las diferencias entre los dos procesos son abismantes, por lo que los intentos de equipararlos buscando un “empate” son forzados e incomparables.
Como algunos han tratado de instalar que en ambos procesos predominaron los extremos, el centro se autoerige como el punto medio ideal, capaz de morigerar los excesos y agregar la sensatez y transversalidad que estiman ausente. Los centristas o moderados no proponen, sino que reducen y fusionan en un ejercicio de alquimia que busca ese bendito acuerdo que deja a todos y a nadie contentos.
Hay normas aprobadas que avanzan en ciertas materias y han sido injustamente criticadas, pero que continúan nuestra tradición constitucional y responden a las particularidades del Chile de hoy.
Esto se refleja, por ejemplo, en el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos, así como a tener prioridad en la determinación de su interés superior (art. 14 y 16.22). La labor educativa de los padres consiste, en primer lugar, en la conducir a sus hijos a su mayor bienestar espiritual y material posible.
Una materialización del deber del Estado de fortalecer a la familia radica en reconocer que los padres son los naturales y primeros educadores; ellos guían, corrigen, forman y conducen a sus hijos, tanto dentro como fuera del hogar. Todo lo que los padres hacen es siempre buscando lo mejor para sus hijos. El interés superior de los padres es el bien y la felicidad de sus hijos. Y como conocen, fruto de la experiencia, los aciertos y errores de la infancia y la adolescencia de sus hijos, luego están en la mejor posición para ponderar y decidir qué es lo mejor para cada ellos.
Por tanto, son los padres, quienes más aman y mejor conocen a sus hijos, los que pueden determinar cómo alcanzar el interés superior. El verdadero avance, entonces, está en que el interés superior del niño ya no se trata de un concepto abstracto determinado en concreto por el mismo niño o por el Estado, sino por la conducción diaria de sus padres.
Pero también es evidente que muchos hijos sufren porque sus padres no buscan lo mejor para ellos, sea por acción o por omisión, y es ahí cuando la figura del tutor, incorporada en la norma aprobada, cobra sentido como aquel que suple la figura principal cuando ésta no puede ejercer debidamente su rol; y en ausencia de estos, entonces corresponderá al Estado. La invocación de estos casos no puede convertir la excepción en la regla general, desprotegiendo a hijos y padres.
El Estado, por supuesto, debe tener un rol en proteger a los niños, pero de ello no se sigue, como pretende instalar el Informe de la Defensoría de la Niñez que revisa los artículos aprobados por el pleno del Consejo Constitucional, que todas las instituciones públicas o privadas sean llamadas preferentemente a determinar el interés superior de los niños. Estas instituciones tienen la obligación de no transgredir el derecho natural de los padres de educar a sus hijos. Se trata, al fin y al cabo, de una manifestación del principio de subsidiariedad, donde las sociedades mayores ayudan y no remplazan a las menores.
Lo aprobado por el Pleno del Consejo Constitucional apunta en la dirección correcta y es una norma que fortalece a la familia y protege mejor a hijos y padres.
Vicente Hargous: “Quien está por nacer”
SEÑOR DIRECTOR:
Durante los últimos días se ha levantado una gran polémica a propósito de un aspecto del debate constitucional en curso: el derecho a la vida, particularmente sobre las implicancias que tendrían las normas aprobadas por el Consejo respecto del aborto. La polémica creció cuando cuatro consejeros de Chile Vamos no dieron sus votos para reconocer que “todo ser humano es persona”; y más recientemente, cuando se aprobó la enmienda que dispone, de modo parecido a la Constitución actual, que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Pero a pesar de que la mayoría de las palabras mencionadas son idénticas a la norma vigente del artículo 19 número 1, el cambio propuesto no es indiferente, como algunos han sugerido.
Es verdad que se rechazó la enmienda de unidad de propósito que reconocía que “todo ser humano es persona”. Pero la enmienda aprobada el miércoles en el Consejo zanja políticamente todos los debates en cuestión (subsanando también el rechazo mencionado) con la solución más razonable: todo ser humano es persona, incluyendo al ser humano no nacido, que es un “quien”. Se trata, en consecuencia, de un cambio no menor. No es indiferente que se reconozca explícitamente que el que está por nacer es un “quien”, porque todo quien es alguien.
Algunas reflexiones del filósofo alemán Robert Spaemann contribuyen a profundizar sobre este concepto: “una persona es, por lo tanto, no simplemente ‘algo’, sino ‘alguien’, y alguien nunca es algo”.
Todo está ahí: si la criatura en gestación -el ser humano no nacido- es reconocido en la Constitución como alguien, y por ende como una persona, por alambicado que sea el argumento que se esgrima, se deslegitima todo acto de manera directa que le dé muerte (sin perjuicio de la exculpación legal-penal para casos difíciles, pero eso es harina de otro costal).
Vicente Hargous
Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Finis Terrae
Asesor área constitucional en Comunidad y Justicia