Lo obvio por sabido se calla y por callado se olvida. Con estas palabras, el consejero Luis Alejandro Silva abrió la discusión en el Pleno del Consejo Constitucional la discusión y votación del capítulo I del proyecto de Constitución. Y es muy cierto, porque parece que se ha vuelto necesario abrir el baúl de las cosas obvias y olvidadas para ponerlas por escrito.

Pero cuatro consejeros de Chile Vamos decidieron mantener en ese baúl que “Todo ser humano es persona”. El artículo no se aprobó, no por presión de la izquierda, sino por división en la derecha. A pesar de tener 33 votos, de actuar unidos en comisiones y declaraciones, al momento de la verdad, en donde las convicciones se demuestran y los acuerdos se respetan, no fue suficiente.

El problema no está en la norma, pues sólo dice algo evidente para el sentido común. El problema es anterior y se revela en el telón de fondo que se ha instalado en estos meses: los acuerdos y la transversalización. Quienes públicamente apoyaron la decisión de los disidentes, ponen por delante de los principios ese acuerdismo que no mira el contenido de lo acordado. Así, se sacrifica la justicia propia de la norma por la excusa política del entendimiento y de los acuerdos. ¿Qué acuerdos se pueden alcanzar si no son capaces de ponerse de acuerdo en lo más básico, base de la sociedad, como lo es el reconocimiento de la personalidad al ser humano? ¿Cómo aprobar esa norma es negarse al diálogo?

Seamos honestos. ¿Realmente alguien cree que por rechazar esta norma se abrirá una oportunidad de que la izquierda revierta su decisión de votar en contra? ¿A quién engañan? ¿Acaso no fue suficiente con el resultado de la negociación de la semana pasada en la que pedían anular votaciones y condicionarlo al resto de las conversaciones sobre los demás temas? No se sumarán.

Aún si no fuese por convicciones, al menos por estrategia electoral era una mala idea que la derecha no se alineara. En un momento en el que el “En contra” se impone en todas las encuestas, la derecha no puede darse el lujo de desdeñar a parte importante de su electorado, no tanto por esta norma, sino por ver que no hay convicciones reales. Si no se puede alegar ignorancia sobre ese factor, todo conduce a que hay quienes, dentro de la derecha, no quieren que el proceso constitucional sea exitoso, y por tanto, sus llamados a los acuerdos y al entendimiento son hechos a sabiendas de que no serán respondidos, pero que les deja como “defensores de la democracia”.

Si con el rechazo de esta norma, las alabanzas llueven porque se logra un texto menos “identitario”, sería mejor que los partidos no invoquen principios que dicen defender si luego renuncian a ellos. Este zigzagueo ha sido una constante en los últimos años del que han sido incapaces, por convicción o conveniencia, de escapar. ¿Cómo puede ser identitario decir que todo ser humano es persona? ¿No es esa la identidad básica y mínima, anterior a cualquier otra?

La posibilidad de consagrar este principio básico, reconocido en tratados internacionales y evidente para cualquier chileno, se esfumó definitivamente de este proceso.

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Hoy celebramos el primer aniversario del día en que se rechazó un proyecto de Constitución que intentó refundar Chile desde todo punto de vista: antropológico, político, social, económico, institucional, etc. De ese hito podemos extraer lecciones para consejeros, en cuanto redactores del segundo borrador constitucional, y políticos, en cuanto artífices del segundo proceso constitucional.

Cabe destacar la diferencia, en forma y fondo, entre convencionales y consejeros. El espectáculo vs. la sobriedad, el caos vs. el orden, la refundación vs. la tradición. Y así podríamos seguir. Pero nada está cerrado. La conducta intachable ha sido la nota de los consejeros, y no debe variar. El contenido de las indicaciones de aquellos dista de las enmiendas de estos. Del, para y por el Estado a la primacía de la persona y de la servicialidad del Estado. De un programa de gobierno radical a una actualización necesaria de lo propiamente constitucional. Del debilitamiento y erosión de un orden social justo a un fortalecimiento del mismo. Atrás quedó triunvirato identitario ecologista, feminista e indigenista y el desprecio a la autoridad y al orden público. Inaudita fue la supresión absoluta del orden familiar y moral. Pero los peligros no desaparecen y se han revestido de nuevos ropajes. El «acuerdismo» absoluto, la cómoda neutralidad y la falsa moderación son vías por las que se cuelan esas peligrosas pretensiones ya rechazadas. Las enmiendas, originales o nuevas, deben ser, ante todo, justas, es decir, que la persona sea el principio, sujeto y fin de toda norma e institución. Y que estas enmiendas, respondan y sean una solución, en la medida y lugar que les corresponda, a las injusticias que sufren los chilenos.

Por otro lado, ganamos el 4 para perder el 5. El 17, se gane o se pierda, se cierra. El camino constitucional fue la salida que la clase política le dio al 18-O, pero cada vez se revela con mayor claridad lo errado del diagnóstico, independiente de la integración política de cualquiera de los tres órganos redactores. La distracción en tiempo, recursos públicos y capital humano sólo se agrava con la insistencia por el segundo proceso. Porque luego del 4-S aparecieron otras opciones, algunas que ni siquiera incluían la vía constitucional, sea por vía de reforma o reemplazo, sino en priorizar el trabajo legislativo en los proyectos más relevantes de los temas más urgentes y en aumentar la fiscalización sobre el ejercicio de las competencias de las autoridades públicas en todos sus niveles. Lo anterior se refleja en la ausencia de leyes relevantes y el expansionismo legislativo de proyectos nimios, inútiles e identitarios, en la masificación del Estado y la ineficacia del gasto público, en la cobardía al no aplicar el uso legítimo de la fuerza y el control del orden público.

Y la raíz u origen de esto se refleja, en políticos, autoridades de todo tipo y ciudadanos de a pie, en la falta de respeto a la naturaleza y dignidad humana, expresada principalmente en el resguardo de la vida de todo ser humano, en la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en la protección de los deberes y derechos entre padres e hijos y en la presencia de Dios en el espacio público. Los políticos deben cumplir con su tarea principal: buscar el bien común y servir a las personas. Todo político es, siempre, un servidor público. Y eso implica que los políticos, especialmente de la derecha, deben resistirse a las tesis de comunistas, decés y centristas de, en caso de un segundo rechazo, continuar intentando reemplazar la Constitución sea por la vía directa del reemplazo o por la vía encubierta de las reformas, o, en caso de un Apruebo, sujetarlo a otro acuerdo político de “Apruebo para reformar”.

Lo que Chile necesita es un acuerdo de servidores públicos para el bien común.  

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