Hoy 29 de junio es el día de San Pedro y San Pablo, cuyo feriado nacional tuvo lugar el lunes pasado. Su establecimiento como feriado nacional se explica porque el Estado de Chile quiso agradecer a Juan Pablo II por la mediación que evitó un conflicto armado con Argentina. El año 2021 se propuso -desde la izquierda y la derecha- derogar dicho feriado, para sustituirlo por un día dedicado a los pueblos indígenas.

En un comienzo parecía impopular oponerse a dicha medida, y no se alzaron contra ella políticos ni miembros de las élites… pero sí gente de condición humilde -sobre todo pescadores- cuya devoción no sabe del mito del progreso que presuntamente avanzaría de modo irreversible. Iván Flores (DC) lo destacó en su intervención el proyecto de ley: “No olvidemos que San Pedro y San Pablo no son sólo dos santos (…); son el ancla al que los pescadores y la gente de mar se aferra cuando tiene que salir a buscar el sustento. Es a ellos, a sus patronos, a quienes les pide que el mar sea generoso, que el mar les permita regresar con vida”.

El Estado liberal moderno implica una separación entre el pueblo y la política de partidos. Puede pasar -y así ocurre frecuentemente- que las élites políticas no comprendan las inclinaciones populares. Es cierto que muchas personas no son creyentes, y algunas sostienen hoy relatos morales que en otros tiempos eran impensables. Pero también es verdad que una parte no menor de las clases populares todavía vive con un sentido de trascendencia marcadamente religioso y tradicional, que no solamente se siente excluido del debate público, sino incluso atropellado. Desde el pedestal de la investidura de un cargo parece que el laicismo cosmopolita multicultural exigiría dejar atrás las tradiciones cristianas (particularmente las católicas), sin siquiera preguntarse qué sienten los cristianos -siguen siendo una parte muy considerable de la población- frente a la mentalidad de limitar al máximo su representación, sus expresiones culturales y su relevancia en el espacio público.

La religión no es solamente un asunto más en la vida de una persona, como la pertenencia a un equipo de fútbol, porque la espiritualidad es una dimensión profunda por la que la persona se comprende a sí misma y al mundo: lo trascendente no es un aspecto subjetivo, sino el fundamento mismo de todo lo real (por mucho que exista debate sobre tan difíciles asuntos en nuestra época, eso no les resta relevancia). Y cuando una persona canaliza dicha dimensión a través de la religión (y no de una mera creencia personal) le da un sentido a su vida y a su participación en la comunidad política. Dicho sentido es, hasta cierto punto, necesario para la plenitud humana (no en vano la Constitución vigente se refiere a la “mayor realización espiritual posible” de la persona, como un elemento del bien común).

Pero además la religión aporta múltiples externalidades positivas. Es cierto que el sentido trascendente no requiere de ellas para que sea necesario promoverlo y resguardarlo, pero sí es pertinente mencionarla para convencer a ciertos intelectuales obcecados en un laicismo sin arraigo popular. La forma de vincularse con el mundo de una persona cristiana que encarna vitalmente su fe impone a su conciencia exigencias religiosas (no puramente legales) para buscar el bien común, ser un ciudadano honesto y recto, cuidar a los más débiles, cumplir con sus deberes cívicos… en fin, aunque no cumpla con dichas exigencias (la religión no asegura a nadie el ser inmaculado), le entrega al ciudadano motivos para obrar bien.

Los beneficios sociales de la religión podrían ya inferirse de ahí por simple sentido común, y a nivel individual hay estudios recientes que confirman, de manera fehaciente, las ventajas que aporta la religión, incluso respecto de la salud física. Ya en 2001 un grupo de investigadores de la Mayo Clinic llegaron a concluir que quienes participan regularmente de algún culto tienden a tener tasas más bajas de mortalidad, menos ingresos hospitalarios e incluso una mejor función cardiovascular. En un sentido similar apuntan múltiples estudios posteriores a 2018 de Doug Oman, profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Berkeley, y de David DeSteno, profesor de la Facultad de Psicología de la Northeastern University. Los estudios muestran de manera consistente que las personas que asisten regularmente a alguna iglesia -o al menos que adhieran a alguna religión (Dervic et al., 2004)- tienen menos probabilidades de suicidarse (Kay & Frances, 2006), entre otros múltiples beneficios para la salud mental (DeSteno, 2021).

Los datos nos muestran el aporte de la religión en la vida de las personas; la experiencia nos dice la necesidad de un sentido trascendente para la plenitud humana; y el sentir popular clama por un mayor reconocimiento de las propias raíces en su vertiente religiosa.

Frente a este panorama, el debate al interior del Consejo Constitucional debería plantear un modelo positivo, en el que la libertad religiosa no se agote en una mera tolerancia del Estado hacia las religiones (ni mucho menos a una igualación entre religiones y creencias, como ocurre con el anteproyecto de los expertos), sino que tienda a una promoción estatal de la libertad religiosa -sin coacción para adherir a una religión específica-, al mayor despliegue del hecho religioso y, sobre todo, a un reconocimiento explícito de la relevancia pública de la religión.

*Vicente Hargous es abogado de Comunidad y Justicia.

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“No he hecho lo suficiente”. La voz de la conciencia de Oskar Schindler lo acusa implacablemente. “Si hubiera salvado a más…”. No hizo nada malo, y eso es precisamente lo que le remuerde la conciencia: no hizo todo lo que pudo para salvar más vidas de judíos polacos, en el marco de la política de extermino de la Alemania Nazi. Salvó muchas, por cierto, y eso está bien, pero no hizo todo lo que pudo. En esta escena de la película Schindler’s List (1993) la actuación de Liam Neeson muestra con una fuerza extraordinaria el carácter inviolable -¡sagrado!- de la dignidad de la persona humana.

La defensa de la vida de cada ser humano, de cada individuo de la especie humana, justifica todo esfuerzo, por exagerado que pueda parecer, se eleva por sobre los cálculos mezquinos de las consecuencias partidistas de las élites, por sobre los precios de los éxitos y las peleas de egos de los protagonistas del curso de la esfera pública. “Si no hubiese hecho esto, habría salvado a diez más… diez personas ¡diez personas más!”. Schindler salvó a muchos, muchísimos, más de mil, pero al final vio claro que podría haber salvado a más.

La aberrante práctica de poner un precio a cada vida humana le hace ver que todo es nada si se compara con el valor invaluable de una sola persona. “Si hubiese hecho esto, habría salvado a una persona más… ¡una más!”. No hizo todo lo que pudo para salvar a más personas. Se dio cuenta de que, muchos o pocos, cada ser humano ¡cada uno! valía ese esfuerzo extraordinario que no hizo, ese esfuerzo para salvar a más, aunque fuera a uno más… “Podría haber salvado a una persona más, y no lo hice”.

“Podría haber salvado a más”. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro querido Chile? Tenemos a la fecha una norma inicua -que no es ley, sino pura fuerza– que permite matar seres humanos inocentes -los más inocentes de todos, que son los niños que no han nacido-, sin más requisitos que la voluntad de su madre y la concurrencia de alguna de las famosas tres causales. Frente a este panorama se presenta -¡por fin!- la oportunidad de restablecer el orden de la justicia, pues la composición del Consejo Constitucional da al sector pro-vida votos suficientes.

A los consejeros los presionarán y los están presionando para no derogar la ley de aborto, definida tras un doloroso y largo debate democrático. Les dirán que van a apresar a las mujeres enfrentadas a situaciones dramáticas. Pero nadie pretende encerrar en la cárcel a una mujer que en un caso realmente complejo se vea presionada hasta el punto de no serle exigible una conducta alternativa conforme a derecho -y esa es la razón por la que, antes de la ley de aborto en tres causales, no existían mujeres presas por causarse un aborto-, pero sí que el aborto sea una conducta ilícita, un hecho claramente sancionado por la protección irrestricta de los niños que están por nacer. Algunos podrían mantener la norma vigente sobre protección de la vida del que está por nacer (que ya interpretó el Tribunal Constitucional permitiendo el aborto), o dejando una protección especial del no nacido con otra fórmula, pero la pregunta que deben hacerse los consejeros debería apuntar únicamente a salvar más vidas y a hacerlo ahora.

“Podría haber salvado a más”. ¿Cuántos niños más tienen que morir por la tibieza de quienes no quieren parecer extremos?… ¿Dejarán que sigan matando inocentes para mostrarse moderados? ¿Qué harían si fuesen víctimas del exterminio Nazi? ¿Cuál es la diferencia? ¿No son incluso más inocentes todavía los niños no nacidos? No hay posturas intermedias: salvarlos o dejar que sigan muriendo. Ojalá los consejeros, sobre los que pesa la grave responsabilidad de salvar vidas, no lleguen al final de la película lamentándose como Oskar Schindler: “podría haber salvado a más”.

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Cada vez se hace más evidente la influencia que tienen los organismos internacionales y ONG de derechos humanos en la discusión pública nacional. Y este sin duda será un nudo clave en el debate del Consejo Constitucional recientemente iniciado, porque hay quienes quieren omitir el asunto del soft law en la Constitución y dar el mayor rango y jerarquía posible al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en desmedro de la dignidad humana, de los derechos inherentes de la persona e, incluso, de la literalidad misma de los tratados internacionales.

Existe en nuestros días un (ab)uso de los derechos humanos, que sirven de herramienta para una agenda política. Dicho abuso es en realidad la falacia de autoridad de la apelación al “derecho internacional de los derechos humanos” o a unos supuestos “estándares internacionales”. Para verlo no hace falta creer en teorías conspiranoicas. No hace falta creer que una élite globalista secularizada quiere imponer un sistema de control social, ni caer en el discurso de “no más ONU” (pues la Asamblea General de Naciones Unidas no es el problema). Para comprenderlo tampoco es necesario creer en un marxismo internacional confabulado en la oscuridad para promover sus ideas. No es una conspiración, pero sin duda se trata de una herramienta política, que consta por hechos absolutamente ciertos que están a la vista: organismos (cuyos miembros nadie sabe bien cómo llegaron ahí ni quién los elige), que hacen “recomendaciones” de mucho peso político y apariencia de seriedad, que en realidad no pasan de ser lugares comunes de causas progresistas. Se trata de un tremendo tinglado politiquero de contenido panfletario, pero disfrazado con ropajes jurídicos. Algunos de estos organismos son simplemente ONG que tienen mucha influencia (como Amnistía Internacional), pero muchos son entidades oficiales (comités de derechos humanos, fondos, programas o agencias de la ONU).

Cada vez que se presenta un proyecto de ley progresista (autonomía sexual de los niños, feminismo, aborto, etc.) se repite el discurso: “Estamos en deuda con (inserte aquí la minoría afectada respectiva)”, “debemos adecuar nuestra legislación a los estándares internacionales”. “Estándares internacionales”… frase siempre dicha con llamativa veneración y obediencia servil. Al oírla se dobla toda rodilla en la izquierda, en la derecha y en los abismos. La derecha teme y tiembla frente a este argumento de autoridad, que les parece irrefutable, como los papers en inglés llenos de gráficos que la izquierda no entiende.

El tinglado de los “estándares internacionales” se desploma al más leve soplido de viento que exponga su contenido. Las opiniones de estos órganos no son vinculantes (a diferencia de los tratados, que no son explícitos en estas materias: no existe ningún tratado internacional que consagre un derecho al aborto, ni el derecho a la identidad de género de los niños). Las “recomendaciones” no dejan lugar a dudas: lo que se “recomienda” no es la protección de la dignidad humana, sino agendas ideológicas.

Veamos ejemplos concretos de los últimos años. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) crea un comité (el Comité Cedaw). ¿Quién se va a oponer a los derechos de las mujeres? No parecería sensato. Los problemas llegan cuando el susodicho comité pasa de contrabando una batería de políticas progresistas. Basta con sólo mirar las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile del año 2018 (después de la ley de aborto y antes del 18-O): aprobar por ley la “filiación y patria potestad para parejas del mismo sexo”, eliminar o restringir la objeción de conciencia institucional y personal en el aborto, aprobar el “matrimonio” entre personas del mismo sexo (no era ley en ese momento) y el aborto libre, “capacitar” a los jueces en estas causas, crear un “ministerio para la población indígena”(!) en “diálogo con las mujeres indígenas para asegurar su plena participación en el proceso”(!)… En fin, un sinnúmero de medidas que no tienen nada que ver con los derechos reales de las mujeres ni con la dignidad inherente de la persona humana y que no tiene ninguna relación con aquello que Chile ratificó. Alguno dirá que es un caso aislado, pero no es así.

Más ejemplos: el Comité de Derechos del Niño, ha señalado olímpicamente que el derecho a la identidad de los niños comprende la identidad sexual (Observación General 14, párr. 55), el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación se ha referido a los padres como “barreras” que deben ser removidas para que todos los niños accedan a la educación sexual integral (ESI)… y no digamos nada de la grosera lectura sui generis sobre el derecho a la vida que hizo la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo. El contrabando se repite una y otra vez, siempre por la vía del soft law, y no de lo que los tratados establecen.

Llegó la hora de levantar el velo que cubre el venerado tinglado internacional, desenmascarar a los burócratas de estos comités: los “estándares internacionales” no pasan de ser un conjunto de panfletos políticos parciales teñidos de lenguaje jurídico. En consecuencia, sobre los consejeros constitucionales recae el deber ineludible de ponerlos en su lugar: limitar su uso con plena sujeción al derecho interno, a la soberanía nacional y a la dignidad intrínseca de la persona humana.

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