Comunidad y Justicia crea guía para padres sobre derechos en materia de educación sexual y afectiva en colegios
El documento destaca la importancia del derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos, para que puedan tomar decisiones informadas al respecto.
Con el creciente aumento del adoctrinamiento de género en los colegios a través de la llamada “Educación Sexual Integral” (ESI), muchos padres se han sentido preocupados y desorientados sobre cómo proteger sus derechos y los de sus hijos en un entorno educativo que parece ir en contra de sus valores y creencias. Para ayudar a resolver esta problemática, nuestro equipo del Área Judicial elaboró una guía para padres sobre derechos en materia de educación sexual y afectiva en colegios.
Este documento destaca que los colegios están obligados a respetar el deber y derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos, y que cualquier acción que omita ese derecho puede ser considerada una falta grave a la Constitución (artículo 19 Nº 10), la ley y los tratados internacionales. Además, se detalla cómo los padres pueden tomar medidas legales si consideran que se han violado sus derechos en este aspecto.
El texto, también hace énfasis en el hecho de que la educación sexual y afectiva debe ser una decisión informada y consensuada entre los padres y los colegios, y no una imposición ideológica.
Cursos de acción concretos
En el caso de que los padres vean que su deber y derecho preferente para educar a sus hijos ha sido amenazado, perturbado o vulnerado, es posible evaluar la adopción de las siguientes medidas o acciones, de forma sucesiva:
- Formular un reclamo o requerimiento a las autoridades competentes del colegio, de conformidad con el reglamento del establecimiento educacional.
- Efectuar una denuncia ante la Superintendencia de Educación.
- Iniciar acciones legales ante los tribunales de justicia.
Roberto Astaburuaga: “La mala idea de tener una Constitución de género”
Las Constituciones contienen una declaración de principios, generalmente en su primer capítulo. Poseen una redacción abierta o general que permite una doble función: su concreción mediante normas particulares y su interpretación permite iluminar conflictos en un caso concreto.
No entender esto fue una de las razones de la derrota de la Convención. Aunque nominalmente incluyeron principios, en realidad eran declaraciones específicas y concretas propias de un programa de gobierno, pero no de una Constitución. Entre estos principios se encontraban los relacionados a las demandas feministas y “de género”. Y han vuelto a plantearse en la Comisión Experta, dando por hecho que se consagrarán y que son una “conquista histórica”. Pero conviene revisar los supuestos que lo fundamentan y las consecuencias que conllevan.
Antes que todo conviene entender que la palabra “género” es omnicomprensiva, pues aparece en “subprincipios”, como la igualdad de género, la perspectiva de género en la función jurisdiccional, la prohibición de la violencia de género, el enfoque de género en la institucionalidad o, de forma genérica, en los derechos de género, englobando los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral, el derecho al cuidado y trabajo doméstico, el derecho a la identidad de género, etc. Como se ve, la palabra abarca un radio amplísimo de manifestaciones propias, sin considerar sus aplicaciones en otras áreas por el efecto común de irradiación de los principios constitucionales.
Básicamente, la palabra género se refiere a una compresión sobre la dimensión sexual de la persona, según la cual la sexualidad biológica (el sexo) no debería ser política ni culturalmente relevante. Se le da primacía social y psicológicamente a la percepción (subjetiva) que tenga la persona sobre sí misma, respecto del modo de sentir y vivir su propia sexualidad. Esta comprensión es la que se encuentra detrás de todas las demandas derivadas mencionadas en el párrafo anterior.
Consagrado este principio, el legislador, el juez, el funcionario público, el profesor, el médico, etc. no podrá ignorar la influencia en su ámbito particular. Pero no se trataría de una novedad en ninguno de esos ámbitos, pues un largo trabajo académico, comunicacional, de litigación y legislación estratégica, ya lo han hecho. Basta revisar el repertorio de sentencias con perspectiva de género de la Corte Suprema, las partidas de presupuesto de los Ministerios de la Mujer y Cultura, los proyectos de ley, los cursos de postgrado de las universidades o las jornadas de educación no sexista.
Por supuesto que alguno dirá que existe un buen feminismo, tan difícil de explicar y diferenciar del feminismo a secas, o que existen determinadas cuestiones razonables. Pero de su aparente bondad, razonabilidad o popularidad no se sigue la necesidad de su consagración constitucional. Y suponiendo que ello ocurra la interpretación vigente no es aquella que intenta plantear una alternativa distinta sino la que se ha sembrado con años de trabajo.
Incluir un principio feminista no es una buena idea. Las Constituciones establecen principios para todos los chilenos, sin distinción. Un principio “de género”, cualquiera sea su nombre, tiene una carga ideológica que se refleja en subprincipios o derechos, pero que provienen de un movimiento cuyo radicalismo fue una de las razones de la derrota de la Convención y que solo goza de la simpatía de un tercio de los chilenos.
Roberto Astaburuaga: “Marzo, Constitución y Educación”
Con marzo, inician las clases en los establecimientos educacionales y también las sesiones en la Comisión Experta. Ambos tendrán sus propios desafíos: violencia, pandemia y deserción son palabras que comúnmente relacionamos con la crisis actual de la educación, mientras que los expertos deberán sortear el desinterés y lograr una propuesta razonable.
Si la educación fue una de las razones de la apertura de la discusión constitucional, ahora expertos y consejeros podrán dar los primeros pasos para su aparente clausura. Para ello pueden encontrar y acordar una fórmula que resuelve la discusión sobre la calidad, financiamiento y control vs. autonomía, pero se trataría de un debate “técnico-jurídico-político” y no uno “filosófico-antropológico” que es esencial.
La Constitución señala que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Con la educación la persona aprende, crece, obtiene algo que antes no tenía. Humaniza al ser humano. Así un niño aprende primero a sumar y a restar, luego a multiplicar y dividir y avanza a operaciones matemáticas cada vez más complejas. La persona, en cada etapa, es, al mismo tiempo, la misma de siempre y distinta de antes. Aquello que sostiene tal continuidad es la naturaleza humana. No es una persona distinta, pero ya no es la misma persona.
Así, la educación no puede separarse de la naturaleza humana, por una razón muy sencilla: lo que se enseña puede ser acorde o contrario a la naturaleza, y, en el primer caso, educa, pero en el segundo corrompe. Enseñar erróneamente los colores, distorsionar la historia o la deformación sobre la biología impiden que conozca la realidad y afectan su desarrollo.
Pero la educación no se restringe solo a su dimensión formal, sino que apunta a un correcto uso de la libertad. El ejercicio de esta permite que progresivamente la persona se realice, pues no está acabada. Es posible un mal uso de la libertad y por ello la educación cumple un rol esencial, en el que los padres tienen una obligación especial, pero continuamente olvidada. Hoy en día existe un temor de los padres a corregir y formar a sus hijos, provocándoles un daño que se manifiesta en cada aspecto de la vida.
En efecto, para Antonio Millán Puelles, intelectual español especializado en filosofía de la educación, “los hombres pueden ratificar, cuanto traicionar su ser, no sólo a través de su conocimiento, sino también según la libre actitud que ante él tomen”. Por ello, en todo el proceso educativo, formal e informal, los padres tienen un deber inexcusable y un derecho preferente.
Algunas de las crisis actuales de la educación sí pueden explicarse por razones tecnócratas como ocurre con el caso de los efectos post pandemia, el financiamiento o la situación de los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública), pero hay otros que responden a problemas más profundos, como la deserción escolar, la ideologización política y de género, y el aumento del bullying físico y virtual. En este segundo grupo, la acción del Estado ha resultado principalmente dañina debido a su tardanza en reaccionar o hacer la vista gorda (incluso promocionar) determinados contenidos, en lugar de reforzar el rol de los padres y el significado de una verdadera educación.
Riesgos asociados a las 12 bases constitucionales
En medio del proceso de elaboración de la eventual nueva Constitución, es fundamental estar informados sobre los riesgos y preocupaciones asociados a las 12 bases constitucionales. Conoce cómo aspectos como la redacción, la inclusión de perspectivas diversas, y el debate a bienes fundamentales como la familia y los derechos humanos pueden afectar el resultado final de la propuesta de Constitución.
De forma:
La falta de claridad y ambigüedad en la redacción de las bases constitucionales podría generar interpretaciones erróneas y conflictos legales futuros.
-Presunción de expertiz: La posible exclusión de perspectivas valiosas de otros expertos o de la sociedad civil en la elaboración de la constitución, al asumir que los redactores son expertos en todas las áreas.
De fondo
-Afán refundacional: La posibilidad de que un enfoque refundacional genere desestabilización política y social si no se abordan adecuadamente las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad.
-Estado Social y subsidiariedad: El riesgo de una excesiva intervención del Estado en la vida de los ciudadanos y en la economía, generando ineficiencias y problemas de gobernanza.
-(Perspectiva de)Género y derechos sexuales
-Derecho internacional de los derechos humanos: recomendaciones de organismos internacionales
-Familia
-Derecho al libre desarrollo de la personalidad
Las 12 bases constitucionales
Artículo 154.- La propuesta de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá contener, al menos, las siguientes bases institucionales y fundamentales:
1. Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo.
2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.
3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.
4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas.
5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.
6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.
7. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí:
a) Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incidan directamente en el gasto público.
b) Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas.
c) Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular.
8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República.
9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.
10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile.
11. La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.
12. Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
Comunidad y Justicia participa en la Areté Academy Bogotá 2023
Los abogados Javier Mena, Rosario Corvalán, el Director Ejecutivo Álvaro Ferrer y el miembro del directorio Tomás Henríquez, asistieron al programa de formación Areté, para equipar e involucrar a la próxima generación de líderes para que asuman posiciones de influencia en la ley, el gobierno, las políticas públicas, los medios, la academia y otras instituciones que dan forma a la cultura.
Del 30 de enero al 3 de febrero, los abogados Javier Mena y Rosario Corvalán participaron como delegates en la Areté Academy Latin America de ADF International en Bogotá, Colombia. Se trata de un programa de formación para líderes emergentes en América Latina. Está diseñado para equipar e involucrar a la próxima generación de líderes en leyes, gobierno, políticas públicas, medios, academia y otras instituciones que tienen un impacto en la cultura.
Durante los cinco días de la Academia, los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar a expositores de distintos países, incluyendo académicos, litigantes estratégicos y políticos, entre ellos, Agustín Laje, Julián Hoyos, nuestro Director Ejecutivo Álvaro Ferrer y el miembro de nuestro directorio Tomás Henríquez, director of advocacy para América Latina en ADF International.
Javier Mena destacó en su testimonio la importancia de la visión cristiana del mundo, y como esa visión es la única que realmente preserva, defiende y promueve los bienes que hacen felices a las personas. Por su parte, Rosario Corvalán mencionó que los días en Areté fueron intensos en muchos aspectos, y como volvió a Chile con nuevos amigos, referentes y la motivación de servir a Dios con su trabajo.
Como Comunidad y Justicia nos enorgullece de haber participado en este importante evento, y esperamos seguir fortaleciendo nuestro compromiso con la justicia y los derechos humanos en América Latina y en todo el mundo.
“Volvemos a Chile con nuevos amigos, con nuevos referentes y con la motivación de servir a Dios con nuestro trabajo”, dijo Rosario Corvalán.
Roberto Astaburuaga: “La influencia del Reglamento de la Convención”
A pesar del contundente Rechazo, hay ideas de la Convención que han sobrevivido y se reflejan en el Reglamento del nuevo proceso, aunque muchas también fueron excluidas. Desde ya es palpable la diferencia en cuanto a extensión, orden, pertinencia, claridad y sobriedad.
Los cinco reglamentos de la Convención fueron una pre Constitución pues los contenidos mínimos de los primeros ya decidían cuestiones constitucionales, sin discusión ni votación. Gracias secretarios por eliminar los interminables catálogos de principios buenistas, las altisonantes declaraciones de soberanía popular o el archipiélago de microorganismos.
En este sentido, las cuatro subcomisiones de la Comisión Experta y las cuatro comisiones del Consejo Constitucional tienen idénticos nombres de menos de una línea y son suficientemente generales como para considerar que no hay contenidos predeterminados: Sistema Político y Forma de Estado, Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, Principios y Derechos civiles y políticos, y Derechos económicos y sociales. Será con la votación de la estructura constitucional que proponga la Mesa de la Comisión Experta en la primera quincena de marzo, cuando podremos comenzar a tener mayores detalles.
Hay dos elementos que sí sobrevivieron a la Convención: la paridad y los mecanismos de participación popular. Puntazo para la izquierda, “la paridad llegó para quedarse”, pero con dos diferencias. Si en el nuevo proceso se trata de igual cantidad de hombres y mujeres, en la Convención no podía “el género masculino superar un sesenta por ciento”, aunque no se aplicaba a las mujeres “u otras identidades de género”. Lo segundo, como se advierte, es que el criterio aplica un criterio biológico y no ideológico.
Gran éxito hubo con los mecanismos de participación popular, especialmente las iniciativas populares de normas, aunque a la Convención le dolió que la mayoría representarán el sentido común chileno y no el refundacionalismo revelado. Junto con reducir la cantidad de mecanismos, de 11 a 4, eliminar el famoso plebiscito intermedio dirimente, le “bajaron los cambios” a la participación, ya no popular, sino ciudadana.
Además, la participación ciudadana solo será efectiva ante el Consejo Constitucional y no ante la Comisión Experta. Por último, se celebra la eliminación de la Consulta Indígena, fracaso mayúsculo de la Convención, y esperamos que no sea una locura plantear que, si un menor de edad quiere exponer ante el Consejo Constitucional, debe contar con la autorización y presencia de sus padres, cuestión que Beatriz Sánchez desestimó de plano ante la tímida oposición de Agustín Squella.
Si bien la Convención trabajó con un procedimiento semicircular de un ir y venir entre el Pleno y las comisiones, en el nuevo proceso se ocupa uno más lineal, pero con un ir y venir entre los expertos y los consejeros. La armonización estará presente a lo largo del proceso y no en una etapa final, con una Comisión que se dedicó a moderar más que a armonizar.
Por último, las cuatro bases del artículo 135 de la Constitución (República, régimen democrático, sentencias y tratados internacionales) aplicables a la Convención, pero incumplidas de todas las maneras posibles habidas y por haber, aumentan a doce y muchísimo más detalladas. Se mantiene que la Corte Suprema resuelva sobre las infracciones a las normas constitucionales o a las del Reglamento, pero se crea un órgano ad hoc, el Comité Técnico de Admisibilidad, que vele por el respeto a las bases, cuestión inexistente en la Convención.
Roberto Astaburuaga: “Chesterton y Huxley se quedaron cortos”
El precio de la locura progresista es caro. Arruina vidas, constriñe libertades y desnaturaliza sociedades. Jugando a ser dioses, Chile es un ratón más de su laboratorio. Por nuestra lejanía, las monstruosidades del primer mundo tardan en llegar. Y cuando llegan, uno recuerda esa famosa frase de Chesterton, la de las espadas y el pasto verde, y piensa que el viejo inglés se quedó corto con la analogía.
El primer mundo, construido sobre la civilización clásica y modelo de orden, desarrollo y prosperidad, se ha convertido en una auténtica vergüenza. Ni la economía más sustentable es capaz de compensar las leyes más absurdas. La leyenda de Calígula nombrando a su caballo como cónsul es un elogio a la racionalidad comparado a los absurdos casos de países europeos.
En Inglaterra, poco antes de Navidad, se multó a una mujer por rezar en silencio ante un abortorio. A inicios de este mes, se multó a un hombre por rezar en silencio frente al abortorio al que, 22 años antes, llevó a su ex novia para que abortara a su hijo. ¡Rezar en silencio! ¿La ley lo permite? Sí. Desde el 13 de octubre de 2022 existe una Ordenanza de Protección de Espacios Públicos, la cual prohíbe, entre otras, la lectura de las Sagradas Escrituras o persignarse. ¿Una novedad? No. Una sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, en diciembre del año pasado, estableció que el gobierno de Irlanda del Norte puede castigar a quien, por ejemplo, rece en silencio dentro del “perímetro protegido” de un abortorio. ¡Delitos de pensamiento! Por supuesto, esto no importará hasta que sean otros los criterios que se elijan para censurar. Como el Ministerio de la Verdad de Huxley, los gobiernos progresistas prefieren regodearse en imponer su verdad, sustentada en una falsa libertad.
En Canadá, la eutanasia se legalizó en 2016 para los mayores de 18 años con una condición grave e irreversible y cuya muerte fuese razonablemente previsible (proyecto de ley C-14). En 2021, se amplió permitiendo la eutanasia por enfermedad mental. Si bien para agosto de 2021 se contaban más de 10.000 personas a las que se les aplicó la eutanasia, esta podría ampliarse nuevamente en 2023 a quienes no sufren una enfermedad terminal. Ha sido tal el nivel de preocupación que tres expertos en derechos humanos de la ONU señalaron que dicha ley violaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ley se ha descrito como “probablemente la mayor amenaza existencial para las personas discapacitadas desde el programa nazi en Alemania en la década de 1930”. ¿Eutanasia a voluntad? Más bien, eutanasia aún contra su voluntad.
Francia, a inicios del año pasado, aprobó una ley que agregaba un nuevo delito en el Código Penal, que sanciona “las prácticas, conductas o expresiones reiteradas encaminadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género, real o supuesta, de una persona y que tengan por efecto menoscabar su capacidad física o psíquica”. Los doctores que intenten tratar la orientación sexual o la identidad de género arriesgan dos años de prisión, 30.000 euros de multa y suspensión del ejercicio de la profesión por un máximo de 10 años. El “robo de la infancia”, como se le llamó a las transiciones tempranas de género por un medio centenar de personas de distintas profesiones, afecta también a los padres, pues no podrán oponerse. Si es que un padre quiere impedir la transición de género de su hijo, arriesga la revocación total o parcial de la patria potestad. Triste realidad que deja a los padres como espectadores impotentes ante el dolor de sus hijos.
Gustavo Baehr califica como «grave y delicada» la propuesta que modificaría la Ley Zamudio
El abogado del Área Legislativa de Comunidad y Justicia converso sobre los alcances del proyecto de ley que busca modificar la Ley Antidiscriminación en el canal de YouTube «Nosotros lo decimos».
El pasado miércoles 25 de junio, Gustavo Baehr participó en una entrevista en el canal de YouTube «Nosotros los decimos» en donde abordó los alcances del proyecto de ley que busca modificar la Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio.
En la instancia, el abogado del Área Legislativa de Comunidad y Justicia manifestó que «esta propuesta es muy delicada y grave porque sitúa a las personas en una situación de indefensión, debido a que el demandado debe probar que no es cierto que discriminó arbitrariamente».
Te invitamos a profundizar más sobre este proyecto de ley con la investigación de nuestro equipo legislativo:
Preocupantes modificaciones a la “ley Zamudio”.
A continuación compartimos el video de la entrevista:
Roberto Astaburuaga: «Un estallido antifamiliar»
El nuevo proceso constitucional sigue su rumbo y pronto los expertos comenzarán a concretizar los principios del Acuerdo en normas constitucionales. Sin embargo, la familia fue excluida y constituye una señal de la crisis que sufre.
En la Constitución vigente, la persona es lo primero que se nombra y protege, e inmediatamente después, a la familia. No la define, pero reconoce que su existencia natural es previa al Estado.
Se puede entender a la familia fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, que junto a sus hijos están unidos por un vínculo de características únicas. Se trata de uno distinto al que existe en los partidos políticos, en una empresa, en una patrulla, en un sindicato o en un equipo deportivo, por muchas metáforas que existan al respecto.
En la familia, los padres se aman y apoyan, los hijos crecen y se educan. Aprenden, o debieran aprender, las virtudes que sus padres les enseñan, o debieran enseñar. Un lugar íntimo, en donde no prima la justicia, sino la caridad. El egoísmo del padre o madre ensimismado en su trabajo, de los niños consentidos, de los adolescentes incomprendidos, es lo que se opone a la donación recíproca, al servicio al prójimo.
En palabras del recientemente fallecido Papa Emérito Benedicto XVI, “la familia ocupa un lugar primario en la educación de la persona”, pero “esta labor educativa se ve dificultada por un engañoso concepto de libertad, en el que el capricho y los impulsos subjetivos del individuo se exaltan hasta el punto de dejar encerrado a cada uno en la prisión del propio yo”. Aprender a vivir verdaderamente, a sacarse ese concepto liberal de libertad, tan enfocado en el yo y no en el otro.
Patrick Dineen, en “La cultura común de los ciudadanos corrientes”, se pregunta sobre esa libertad más teórica que real de la gente común: “Tenemos la ‘libertad’ de casarnos, pero menos gente se casa. Tenemos la ‘libertad’ de tener hijos, pero las tasas de natalidad caen en picada. Tenemos la ‘libertad’ de practicar la religión, pero la gente abandona la fe de sus padres y madres. Tenemos la ‘libertad’ de conocer nuestra tradición, de participar en nuestra cultura, de transmitir las enseñanzas de los mayores a los jóvenes, pero sólo damos deudas a los hijos que quedan”.
Por ello, y desde hace mucho tiempo, estamos ante un estallido anti familiar. La crisis precisamente es ese subjetivismo autorreferente, que se cuela por los celulares, que se impone con las leyes y que se intensifica con el agobio laboral. El vínculo mutará de la gratuidad a la competencia. Ya no serán padres criando hijos, sino estos exigiéndoles la satisfacción de sus caprichos… o derechos.
Es necesario evitar que la familia sea guardada en el baúl al que se lanzó la tradición y la fe.
Las consecuencias son devastadoras, y solo revelan una verdad de sentido común: no proteger a la familia ni promover que los jóvenes formen una, implica que la persona no pueda crecer y desarrollarse de un modo integral, que termina por deshumanizarla. Ante una mala experiencia de perder, no tener o no vivir en familia, una fibra esencial del hijo queda marcada y tendrá consecuencias futuras.
En la familia, se forja el futuro ciudadano. Si no se la protege ni promueve, tendremos, si es que ya no los tenemos, chilenos ensimismados en sí mismos e indiferentes al dolor ajeno, sometidos “a una falsa ilusión de las bendiciones de la libertad”.
Roberto Astaburuaga: “Caminarán pisando huevos”
El segundo proceso constitucional avanzó a la siguiente etapa: aprobación de la reforma constitucional. Comienza la tercera: elaboración del borrador constitucional, y comprende designaciones y elecciones, instalación y trabajo de los expertos y consejeros.
A lo largo del año se enfrentarán distintos ejes políticos, surgiendo nuevas alianzas, desapareciendo otras y continuando las más sólidas. Existen tres ejes: oposición vs. oficialismo, apruebistas vs. rechacistas y acuerdistas vs. no acuerdistas. Los integrantes de cada postura pueden resultar rivales en uno y aliados en otra, y uno de ellos se impondrá en el proceso constitucional.
Cronológicamente, el eje de oposición vs. oficialismo se formó poco antes del eje apruebistas y rechacistas, con los mismos partidos políticos en cada bando, salvo la DC. El eje de oposición vs. oficialismo subsiste, pero el de apruebistas y rechacistas fue sustituido por el de acuerdistas vs. no acuerdistas, cambiando la configuración de sus integrantes.
Chile Vamos se separó de Republicanos, el PDG no firmó el Acuerdo y existió una porción del Apruebo, cercano a las posturas más radicales del Partido Comunista y del Frente Amplio, que cuestionó la legitimidad el Acuerdo del 12-D, por su excesivo control y tutelaje y la ausencia de participación ciudadana incidente. En el itinerario político, dentro y fuera del proceso constitucional, se producirá el choque entre estos ejes.
Pero el eje acuerdista cuenta con dos posiciones ganadas, pues la integración de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad será en representación de las fuerzas políticas. En la designación de los expertos, según algunos cálculos aproximados, se imponen los acuerdistas: la UDI, RN y Evópoli tendrían, entre la Cámara y el Senado, 10 de los 24 cupos, y el PS, PPD, PR y PL contarían con 6 cupos, ambas coaliciones tendrían los 3/5 (14 votos) necesarios para aprobar normas, y podrían excluir a los 6 cupos de Apruebo Dignidad, aun cuando haya firmado el Acuerdo a regañadientes.
Los partidos de Socialismo Democrático deberán saber navegar entre los compromisos con la centroderecha para tener una Constitución de consenso, y al mismo tiempo lidiar con los intentos refundacionales de Apruebo Dignidad, pero sin que signifique romper la coalición de Gobierno. Así, el eje acuerdista no será un problema para la derecha en esta instancia.
En cambio, deberemos esperar a la integración del Consejo Constitucional para comprobar la subsistencia del eje acuerdista, y en esto, las alianzas y listas serán decisivas. ¿Chile Vamos irá solo o con Republicanos? ¿Evópoli estaría dispuesto a ello? ¿El PDG se juntará con Republicanos, el centro o Chile Vamos? ¿Con quien irá la DC finalmente? ¿Socialismo Democrático pondrá por delante su proyecto político o la fragilidad de la coalición de Gobierno? ¿Cuántas listas serán? ¿Tendremos un resultado abrumador como el plebiscito de entrada, la elección de convencionales o el plebiscito de salida hacia el Rechazo?
Todo se reduce a que se elijan o no los 30 consejeros del eje acuerdista. Si es que no lo logran, entonces la negociación en el Consejo será más intensa y los expertos acuerdistas intentarán hacer de contrapeso. Lo anterior ocurriría si la participación de Republicanos, Amarillos y PDG aumenta en el Consejo, y disminuye la de Chile Vamos, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.
Como el objetivo final es tener un proceso prolijo que termine con una nueva Constitución «mínima y neutral» aprobada con un porcentaje mayor al Rechazo del 4-S, Chile Vamos y Socialismo Democrático se encontrarán en una posición delicada, si es que entre ambas fuerzas logran juntar los 3/5. La UDI y RN deberán conversar con Republicanos y dar señales a las bases menos acuerdistas, mientras que los socialistas y compañía deberán controlar que comunistas y frenteamplistas no cometan los mismos errores refundacionalistas de la Convención.
La fracasada alianza entre RN, Evópoli, Colectivo del Apruebo y Colectivo Socialista de la Convención, tendrá una segunda oportunidad de reflotar la política noventera de los acuerdos, junto con la UDI. Pero en el caso de no existir los 3/5 acuerdistas, la probable integración política del Comité Técnico de Admisibilidad garantiza que las normas no acuerdistas que arriesguen el Apruebo sean vetadas y que los requerimientos por normas acuerdistas sean rechazados.
Paralelamente, el Socialismo Democrático deberá lidiar con la gestión del Presidente. Y aquí se produce una serie de causas y efectos bastante curiosos. En el proceso pasado, se acudió a la mala gestión presidencial (y a su programa de Gobierno) como un argumento para rechazar, y según las encuestas, tuvo efecto.
Por segunda vez, el Presidente amarrará, quiéralo o no, su gestión a la posibilidad de terminar con la Constitución del 80. Si se mantiene la alta tasa de desaprobación, se acuñará un exitoso mensaje comunicacional que vincule la firma del Presidente a la nueva Constitución con su paupérrima gestión.
Pero para mejorar los números, deberá renunciar a sus aspiraciones “transformistas” y plegarse a las ideas que son más propias de la derecha. A su vez, deberá contener las iniciativas populistas que dañan a la economía, pero son apetecidas por gran parte de la población.