Con el índice ya aprobado, los expertos tienen menos de dos semanas para presentar iniciativas de normas constitucionales por capítulos (art. 55.1 del Reglamento). Podrán recurrir a las propuestas de la Convención, al constitucionalismo comparado o tratados internacionales. Una fuente necesaria, iluminadora e inspiradora para la actual discusión constitucional es la Doctrina Social de la Iglesia. 

Desde finales del siglo XIX, los Papas han formulado una doctrina social católica que ha sido aplicada en distintos países, según las circunstancias de cada uno. En el caso chileno, esto se reflejó en distintas formas y una de ellas fue en las constituciones de 1925 y 1980. En la primera de ellas, la encíclica Rerum Novarum (León XIII, 1891) ejerció una influencia en principios y normas de carácter económico y social, especialmente con la introducción de la función social de la propiedad.

Por su parte, la Constitución de 1980 recogió el principio de subsidiariedad, cuya primera formulación explícita se encuentra en la encíclica Quadragesimo Anno (Pío XI, 1931): “tengan muy presente los gobernantes que, mientras más vigorosamente reine, salvado este principio de función ‘subsidiaria’, el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, tanto más firme será no sólo la autoridad, sino también la eficiencia social, y tanto más feliz y próspero el estado de la nación”.

La encíclica Mater et Magistra (Juan XXIII, 1961) resaltaba el principio de primacía de la persona humana como “fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales”, cuestión identificable en el artículo 1º de la Carta Fundamental, al señalar que el Estado está al servicio de la persona. 

Señala esta última encíclica que no basta con que la doctrina social de la Iglesia sea conocida y estudiada, sino que también se acometa la ardua tarea de ser “llevada a la práctica en la forma y en la medida que las circunstancias de tiempo y de lugar permitan o reclamen.”. Y la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que entregar.

Respecto al valor de la vida humana, la encíclica Evangelium Vitae (Juan Pablo II, 1995) frente a los dilemas no sólo del aborto y la eutanasia, sino también del genocidio, las torturas corporales y mentales, la esclavitud, la trata de blancas o las condiciones ignominiosas de trabajo en la que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro los considera “ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador”. 

En materia del derecho educador de los padres, puesto en jaque por la Convención, basta recordar que en Gravissmum Educationis como “los padres han dado la vida a los hijos están gravemente obligados a la educación de la prole y, por tanto, ellos son los primeros y principales educadores” y de acuerdo a Dignitatis Humanae a estos les “corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas. Así, pues, la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente gravámenes injustos por esta libertad de elección” (Pablo VI, 1965).

Han surgido nuevas formas de atentar contra este derecho y en Amoris Laetitia se ha advertido sobre la ideología de género que «niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia». (Francisco, 2016).

El cuidado del agua o la pérdida de la biodiversidad, y en general, del medioambiente, es abordado en Laudato si, se advierte que “una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés, esto también tiene serias consecuencias en la sociedad”, pero recuerda el lugar que le corresponde, pues “tampoco supone una divinización de la tierra”, ya que se constata “una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana, y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos”. (Francisco, 2015).

Por último, Caritas in veritate sobre el impacto de la economía en la sociedad y en la persona, señala que “la justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo momento tiene que ver con el hombre y con sus derechos. La obtención de recursos, la financiación, la producción, el consumo y todas las fases del proceso económico tienen ineludiblemente implicaciones morales”. En efecto, “en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo”. (Benedicto XVI, 2009).

Muchos otros documentos de la doctrina social de la Iglesia pueden ser fuente de disposiciones constitucionales que los expertos concreticen, discutan y aprueben. La tradición cristiana del pueblo chileno es un componente esencial que ha estado presente en nuestras constituciones y esta no debería ser la excepción.

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Las Constituciones contienen una declaración de principios, generalmente en su primer capítulo. Poseen una redacción abierta o general que permite una doble función: su concreción mediante normas particulares y su interpretación permite iluminar conflictos en un caso concreto. 

No entender esto fue una de las razones de la derrota de la Convención. Aunque nominalmente incluyeron principios, en realidad eran declaraciones específicas y concretas propias de un programa de gobierno, pero no de una Constitución. Entre estos principios se encontraban los relacionados a las demandas feministas y “de género”. Y han vuelto a plantearse en la Comisión Experta, dando por hecho que se consagrarán y que son una “conquista histórica”. Pero conviene revisar los supuestos que lo fundamentan y las consecuencias que conllevan.

Antes que todo conviene entender que la palabra “género” es omnicomprensiva, pues aparece en “subprincipios”, como la igualdad de género, la perspectiva de género en la función jurisdiccional, la prohibición de la violencia de género, el enfoque de género en la institucionalidad o, de forma genérica, en los derechos de género, englobando los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral, el derecho al cuidado y trabajo doméstico, el derecho a la identidad de género, etc. Como se ve, la palabra abarca un radio amplísimo de manifestaciones propias, sin considerar sus aplicaciones en otras áreas por el efecto común de irradiación de los principios constitucionales. 

Básicamente, la palabra género se refiere a una compresión sobre la dimensión sexual de la persona, según la cual la sexualidad biológica (el sexo) no debería ser política ni culturalmente relevante. Se le da primacía social y psicológicamente a la percepción (subjetiva) que tenga la persona sobre sí misma, respecto del modo de sentir y vivir su propia sexualidad. Esta comprensión es la que se encuentra detrás de todas las demandas derivadas mencionadas en el párrafo anterior.

Consagrado este principio, el legislador, el juez, el funcionario público, el profesor, el médico, etc. no podrá ignorar la influencia en su ámbito particular. Pero no se trataría de una novedad en ninguno de esos ámbitos, pues un largo trabajo académico, comunicacional, de litigación y legislación estratégica, ya lo han hecho. Basta revisar el repertorio de sentencias con perspectiva de género de la Corte Suprema, las partidas de presupuesto de los Ministerios de la Mujer y Cultura, los proyectos de ley, los cursos de postgrado de las universidades o las jornadas de educación no sexista.  

Por supuesto que alguno dirá que existe un buen feminismo, tan difícil de explicar y diferenciar del feminismo a secas, o que existen determinadas cuestiones razonables. Pero de su aparente bondad, razonabilidad o popularidad no se sigue la necesidad de su consagración constitucional. Y suponiendo que ello ocurra la interpretación vigente no es aquella que intenta plantear una alternativa distinta sino la que se ha sembrado con años de trabajo. 

Incluir un principio feminista no es una buena idea. Las Constituciones establecen principios para todos los chilenos, sin distinción. Un principio “de género”, cualquiera sea su nombre, tiene una carga ideológica que se refleja en subprincipios o derechos, pero que provienen de un movimiento cuyo radicalismo fue una de las razones de la derrota de la Convención y que solo goza de la simpatía de un tercio de los chilenos.

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Con marzo, inician las clases en los establecimientos educacionales y también las sesiones en la Comisión Experta. Ambos tendrán sus propios desafíos: violencia, pandemia y deserción son palabras que comúnmente relacionamos con la crisis actual de la educación, mientras que los expertos deberán sortear el desinterés y lograr una propuesta razonable.

Si la educación fue una de las razones de la apertura de la discusión constitucional, ahora expertos y consejeros podrán dar los primeros pasos para su aparente clausura. Para ello pueden encontrar y acordar una fórmula que resuelve la discusión sobre la calidad, financiamiento y control vs. autonomía, pero se trataría de un debate “técnico-jurídico-político” y no uno “filosófico-antropológico” que es esencial. 

La Constitución señala que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Con la educación la persona aprende, crece, obtiene algo que antes no tenía. Humaniza al ser humano. Así un niño aprende primero a sumar y a restar, luego a multiplicar y dividir y avanza a operaciones matemáticas cada vez más complejas. La persona, en cada etapa, es, al mismo tiempo, la misma de siempre y distinta de antes. Aquello que sostiene tal continuidad es la naturaleza humana. No es una persona distinta, pero ya no es la misma persona.

Así, la educación no puede separarse de la naturaleza humana, por una razón muy sencilla: lo que se enseña puede ser acorde o contrario a la naturaleza, y, en el primer caso, educa, pero en el segundo corrompe. Enseñar erróneamente los colores, distorsionar la historia o la deformación sobre la biología impiden que conozca la realidad y afectan su desarrollo. 

Pero la educación no se restringe solo a su dimensión formal, sino que apunta a un correcto uso de la libertad. El ejercicio de esta permite que progresivamente la persona se realice, pues no está acabada. Es posible un mal uso de la libertad y por ello la educación cumple un rol esencial, en el que los padres tienen una obligación especial, pero continuamente olvidada. Hoy en día existe un temor de los padres a corregir y formar a sus hijos, provocándoles un daño que se manifiesta en cada aspecto de la vida. 

En efecto, para Antonio Millán Puelles, intelectual español especializado en filosofía de la educación, “los hombres pueden ratificar, cuanto traicionar su ser, no sólo a través de su conocimiento, sino también según la libre actitud que ante él tomen”. Por ello, en todo el proceso educativo, formal e informal, los padres tienen un deber inexcusable y un derecho preferente. 

Algunas de las crisis actuales de la educación sí pueden explicarse por razones tecnócratas como ocurre con el caso de los efectos post pandemia, el financiamiento o la situación de los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública), pero hay otros que responden a problemas más profundos, como la deserción escolar, la ideologización política y de género, y el aumento del bullying físico y virtual. En este segundo grupo, la acción del Estado ha resultado principalmente dañina debido a su tardanza en reaccionar o hacer la vista gorda (incluso promocionar) determinados contenidos, en lugar de reforzar el rol de los padres y el significado de una verdadera educación.

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