Roberto Astaburuaga: “Caminarán pisando huevos”
El segundo proceso constitucional avanzó a la siguiente etapa: aprobación de la reforma constitucional. Comienza la tercera: elaboración del borrador constitucional, y comprende designaciones y elecciones, instalación y trabajo de los expertos y consejeros.
A lo largo del año se enfrentarán distintos ejes políticos, surgiendo nuevas alianzas, desapareciendo otras y continuando las más sólidas. Existen tres ejes: oposición vs. oficialismo, apruebistas vs. rechacistas y acuerdistas vs. no acuerdistas. Los integrantes de cada postura pueden resultar rivales en uno y aliados en otra, y uno de ellos se impondrá en el proceso constitucional.
Cronológicamente, el eje de oposición vs. oficialismo se formó poco antes del eje apruebistas y rechacistas, con los mismos partidos políticos en cada bando, salvo la DC. El eje de oposición vs. oficialismo subsiste, pero el de apruebistas y rechacistas fue sustituido por el de acuerdistas vs. no acuerdistas, cambiando la configuración de sus integrantes.
Chile Vamos se separó de Republicanos, el PDG no firmó el Acuerdo y existió una porción del Apruebo, cercano a las posturas más radicales del Partido Comunista y del Frente Amplio, que cuestionó la legitimidad el Acuerdo del 12-D, por su excesivo control y tutelaje y la ausencia de participación ciudadana incidente. En el itinerario político, dentro y fuera del proceso constitucional, se producirá el choque entre estos ejes.
Pero el eje acuerdista cuenta con dos posiciones ganadas, pues la integración de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad será en representación de las fuerzas políticas. En la designación de los expertos, según algunos cálculos aproximados, se imponen los acuerdistas: la UDI, RN y Evópoli tendrían, entre la Cámara y el Senado, 10 de los 24 cupos, y el PS, PPD, PR y PL contarían con 6 cupos, ambas coaliciones tendrían los 3/5 (14 votos) necesarios para aprobar normas, y podrían excluir a los 6 cupos de Apruebo Dignidad, aun cuando haya firmado el Acuerdo a regañadientes.
Los partidos de Socialismo Democrático deberán saber navegar entre los compromisos con la centroderecha para tener una Constitución de consenso, y al mismo tiempo lidiar con los intentos refundacionales de Apruebo Dignidad, pero sin que signifique romper la coalición de Gobierno. Así, el eje acuerdista no será un problema para la derecha en esta instancia.
En cambio, deberemos esperar a la integración del Consejo Constitucional para comprobar la subsistencia del eje acuerdista, y en esto, las alianzas y listas serán decisivas. ¿Chile Vamos irá solo o con Republicanos? ¿Evópoli estaría dispuesto a ello? ¿El PDG se juntará con Republicanos, el centro o Chile Vamos? ¿Con quien irá la DC finalmente? ¿Socialismo Democrático pondrá por delante su proyecto político o la fragilidad de la coalición de Gobierno? ¿Cuántas listas serán? ¿Tendremos un resultado abrumador como el plebiscito de entrada, la elección de convencionales o el plebiscito de salida hacia el Rechazo?
Todo se reduce a que se elijan o no los 30 consejeros del eje acuerdista. Si es que no lo logran, entonces la negociación en el Consejo será más intensa y los expertos acuerdistas intentarán hacer de contrapeso. Lo anterior ocurriría si la participación de Republicanos, Amarillos y PDG aumenta en el Consejo, y disminuye la de Chile Vamos, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.
Como el objetivo final es tener un proceso prolijo que termine con una nueva Constitución «mínima y neutral» aprobada con un porcentaje mayor al Rechazo del 4-S, Chile Vamos y Socialismo Democrático se encontrarán en una posición delicada, si es que entre ambas fuerzas logran juntar los 3/5. La UDI y RN deberán conversar con Republicanos y dar señales a las bases menos acuerdistas, mientras que los socialistas y compañía deberán controlar que comunistas y frenteamplistas no cometan los mismos errores refundacionalistas de la Convención.
La fracasada alianza entre RN, Evópoli, Colectivo del Apruebo y Colectivo Socialista de la Convención, tendrá una segunda oportunidad de reflotar la política noventera de los acuerdos, junto con la UDI. Pero en el caso de no existir los 3/5 acuerdistas, la probable integración política del Comité Técnico de Admisibilidad garantiza que las normas no acuerdistas que arriesguen el Apruebo sean vetadas y que los requerimientos por normas acuerdistas sean rechazados.
Paralelamente, el Socialismo Democrático deberá lidiar con la gestión del Presidente. Y aquí se produce una serie de causas y efectos bastante curiosos. En el proceso pasado, se acudió a la mala gestión presidencial (y a su programa de Gobierno) como un argumento para rechazar, y según las encuestas, tuvo efecto.
Por segunda vez, el Presidente amarrará, quiéralo o no, su gestión a la posibilidad de terminar con la Constitución del 80. Si se mantiene la alta tasa de desaprobación, se acuñará un exitoso mensaje comunicacional que vincule la firma del Presidente a la nueva Constitución con su paupérrima gestión.
Pero para mejorar los números, deberá renunciar a sus aspiraciones “transformistas” y plegarse a las ideas que son más propias de la derecha. A su vez, deberá contener las iniciativas populistas que dañan a la economía, pero son apetecidas por gran parte de la población.
Roberto Astaburuaga: “Niños, víctimas de la corrupción ideológica”
Los niños desertan de la educación. Si van, no hay clases por la inseguridad (tomas en Santiago o terrorismo en La Araucanía). Si hay clases, en muchos casos, los corrompen. Para que estudien o para que no sean ideologizados, algunos padres deciden sacarlos. Es un círculo vicioso.
Los niños están expuestos a una ideologización corruptora. Es ideológica porque se sabe poseedora de la clave del verdadero ser de la persona y de la sociedad, pasando a ser la única interpretación completa y válida. Es corruptora, pues significa un deterioro de los valores y costumbres, y en el caso de los niños, de su inocencia.
La ideologización corruptora tiene dos corrientes principales, una política y otra de género. El adoctrinamiento político se manifiesta principalmente en las clases de historia y educación cívica, ocupadas como semilleros de ideas revolucionarias y legitimación para protestar violentamente por las más diversas causas. El adoctrinamiento de género ocurre en las clases de biología, de lenguaje y de educación sexual, en donde se inculca que la ciencia -al igual que el derecho- es un dato dúctil a la subjetividad, que lo inclusivo -y obligatorio- es ocupar los pronombres que cada uno decida y que la sexualidad depende, en última instancia, de la propia autopercepción. Ambos tipos de adoctrinamiento se aplican hoy en día, con diversa gradualidad e intensidad, en los establecimientos educacionales.
Dentro del adoctrinamiento de género, se enfatiza un pilar central: la concepción de una autonomía y libertad total sobre su propio cuerpo. Una consecuencia de esto es la relativización del consentimiento sexual por los menores de edad. En palabras de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero: “Todos los niños, las niñas y les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber, que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho que a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento.”.
Pero quienes defienden estas posturas, amparados en los “estudios de género”, no se hacen cargo de las últimas consecuencias que tienen la aplicación de estas teorías. El último caso que sacudió al país fue el descubrimiento de dos tesis de la Universidad de Chile que promovían la pedofilia, amparándose en estos conceptos ideológicos.
Pero no es solo al interior de las escuelas en donde los niños están expuestos a una corrupción de su inocencia, sino que los lugares públicos también son motivo de preocupación. Basta repasar algunos eventos del año pasado: en marzo, el mural del Parque San Borja con imágenes de sexo explícito elaborado por el colectivo artista erótico OjoPorno, y la propuesta de norma constitucional de la Convención sobre el derecho a una única educación sexual integral enfocada en el placer y desde la primera infancia; a fines de agosto, el acto por el Apruebo en Valparaíso que terminó con un show familiar de transformistas denigrando de forma obscena la bandera frente a los niños presentes; o en diciembre, la performance en el GAM “Cuerpa roja”, promocionado “¿Quieres explorar el potencial del cuerpo? Este es un estreno de diseño en movimiento y corporalidad, que explora en identidad, género y las posibilidades de un nuevo ser”.
Todos estos hechos fueron ampliamente difundidos y conocidos, pero que, a lo largo del año, ocurrieron una y otra vez.
La cultura, la educación y la política borran con el codo lo que escriben sobre la protección de los niños, de modo que estos, una y otra vez estarán expuestos a ser ideologizados. Los padres y apoderados son cada vez más conscientes de esta marea que avanza dentro y fuera de sus hogares, pero en vez de recibir apoyo, se destruye legislativamente la patria potestad y su obligación de educar a sus hijos.
Rosario Corvalán: Peligros de la “Ley Adriana”
SEÑOR DIRECTOR:
La Comisión de Mujer del Senado aprobó en general un proyecto conocido como “Ley Adriana”. Como suele ser la estrategia, presentado con un nombre rimbombante que hace ver como indolente un voto en contra, este proyecto que “sanciona la violencia gineco obstétrica” tiene, en realidad, aspectos preocupantes.
El punto que genera mayor preocupación es que el proyecto menciona en varias ocasiones a “la madre o persona que lo gestó”, cuando en nuestro ordenamiento jurídico la madre es precisamente la persona que gestó al niño: “la maternidad queda determinada legalmente por el parto” (artículo 183 del Código Civil). El riesgo de hacer la distinción es grande: se abre la puerta a la maternidad subrogada, dentro de la que se encuentran los vientres de alquiler. Ya sea en su modalidad altruista o pagada, la maternidad subrogada pone al niño prácticamente como el objeto de un contrato, sumado al peligro advertido por la experiencia internacional, que relaciona el alquiler de vientres con trata de niños y de mujeres.
En nuestro país actualmente no existe regulación respecto a la maternidad subrogada, en ninguna de sus modalidades. Incorporar la frase “madre o persona que lo gestó” es permitir de forma sutil y desregulada un tema altamente complejo y peligroso, añadiendo al problema de la ilicitud el de la falta de regulación.
Esperamos que en la tramitación en particular del proyecto puedan solucionarse este y muchos otros problemas, tanto de técnica legislativa como de fondo.
Rosario Corvalán Azpiazu
Abogada Comunidad y Justicia
Roberto Astaburuaga: “Los 12 nuevos mandamientos constitucionales”
Las bases constitucionales son el corazón del Acuerdo, de la reforma constitucional y del éxito del proceso para tener una nueva y buena Constitución. Los parlamentarios que las acordaron son los encargados de que se respeten durante la tramitación de la reforma constitucional en el Congreso. El Comité Técnico de Admisibilidad es el encargado de velar que expertos y consejeros las cumplan.
Estos 12 nuevos mandamientos constitucionales, según los acuerdistas, intentan interpretar el sentido común chileno, manifestado en el 62%, para protegerse de nuevos intentos refundacionales. Esta docena de principios, “considerados como consensos mínimos en la redacción” de la nueva Constitución, son intocables, pues cualquier modificación pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo.
En un sentido similar argumentó el senador Elizalde en la Comisión de Constitución del Senado, antes de rechazar unánimemente todas las indicaciones que pretendían modificar para bien los doce principios, y el objetivo es que en la Cámara ello tampoco ocurra.
Pero hay buenas razones para modificarlos, o, al menos, discutirlos.
Primero, las bases no son cláusulas pétreas ya que su origen acuerdista no es inhibitorio de la legítima potestad del Congreso de modificar normas de un proyecto de reforma constitucional.
Como se desconoce cuál es su sentido y alcance, atendido el carácter reservado de las negociaciones para llegar a ellas, el Congreso se convierte en la única instancia en que su importancia, significado y límites pueden ser detallados y comprendidos. Lo anterior facilita la tarea de los expertos, consejeros y árbitros que deberán incorporarlas o protegerlas.
Si los integrantes constituyentes tienen una fuente no vinculante a la cual acudir, que permita entender mejor a que se refieren los principios hay mayor certeza y se evitan equívocos, pero también se revisa la calidad de percepción que tienen los políticos para interpretar el sentido común de los chilenos.
Segundo, las bases no son infalibles ni dogmas jurídicos. Por supuesto que deben ser modificadas, si es que es necesario. De hecho, en la Comisión de Constitución del Senado se discutió y votó todo tipo de aspectos, desde el color del lápiz que se debe ocupar en el plebiscito, hasta la negativa de tener un plebiscito de entrada. Todo se analizó y revisó. Pero no las bases. Por ejemplo, un principio señala que son las familias, y no los padres, los que tienen derecho a escoger la educación, y no a educar, a sus hijos. Es perentorio que este error se corrija.
Tercero, existen omisiones, no de detalles, sino de principios elementales para el chileno. Por ejemplo, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional recomendaba en su Informe Final eliminar el concepto de familia por considerar que se anclaba en el sistema patriarcal.
¿Cómo no va a ser parte del sentido común de todo chileno que se considere a la familia como un especialísimo espacio que merece protección y promoción por la Constitución? Esto tiene riesgos en el proceso. La aprobación de una norma considerada contraria o que incumple un principio esencial no incluido dentro de los 12 puntos, podría volver difícil que se pueda acudir al árbitro para que ordene su exclusión del borrador constitucional.
Por ejemplo, si se aprueba una norma sobre derechos sexuales y reproductivos o un eufemismo similar para esconder las pretensiones abortistas de las feministas, surge la duda sobre si podría alegarse que atenta contra el derecho a la vida del no nacido, salvo -y aquí se demuestra la importancia de discutir exhaustivamente los principios- que en el Congreso se discutiera el concepto de persona.
Por otro lado, la omisión de un principio no contenido en las bases no genera la obligación de incluirlo en el nuevo borrador constitucional, como ocurriría con el ejemplo sobre la familia. El último riesgo de la omisión u rechazo a un nuevo principio o perfeccionamiento de uno ya incluido reside en que existiría la posibilidad que el Comité de Admisibilidad no ordene a los expertos elaborar una propuesta que sea conocida por los consejeros.
Vicente Hargous: “Hipócritas”
Una tesis “dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto, para que puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa”; una tesis que legitima textualmente la pederastia previo consentimiento del menor; una tesis que propone la legitimidad de una “defensa pedófila”; una tesis, en fin, blandamente condenada por la Facultad que previamente la había aprobado, con la excusa de ser una investigación “de corte puramente teórico” (sin perjuicio de las condenas posteriores).
El progresismo es inevitablemente hipócrita, porque es inconsistente. Igual que con la pornografía antes del feminismo: hace menos de una década era socialmente aceptable la cosificación de la mujer en la publicidad, en la televisión y en la pornografía. Pero promover una idea hedonista de la sexualidad lleva a cosificar a las personas… Y los mismos argumentos que antes se usaban desde las filas conservadoras hoy son esgrimidos por las feministas.
Los progresistas van como veletas a merced de la moda woke del momento. Siempre del lado de la revolución sexual, hasta que se abre algún flanco que revela las contradicciones internas de su pensamiento. Lo que Pablo Ortúzar llamó woketubrismo fue lo que causó una escandalosa manifestación contra la “dictadura sexual” afuera de la UC en octubre de 2019, y varias más, como el cierre de campaña del Apruebo. Así también ha habido múltiples hechos de “pornoterrorismo”, como el del mural en el parque San Borja.
Todo se considera legitimado por ese curioso espécimen que es el miembro de la élite progresista universitaria… Ése que todo lo normaliza -y ¡ay de aquel oscurantista que se oponga!-, hasta que cada cierto tiempo surge algún escándalo en redes sociales porque el Chile profundo reacciona en defensa del sentido común.
Y es que no es la primera vez que se pueden apreciar problemas de políticas públicas sobre niñez y sexualidad que pasan ocultos a la ciudadanía. El Mineduc, la Defensoría de la Niñez y muchísimas ONG de infancia apoyaron varios proyectos de ley tendientes a erotizar a los niños. Cuando se discutió el proyecto de Educación Sexual Integral (ESI) se decía que estamos lejos de la pedofilia, que esas cosas no pasan en Chile, que nadie propone cosas como las que salieron a la luz en la polémica tesis (por ejemplo, que del mismo modo que se aprende con la práctica a saber matemáticas o a leer, así los niños tendrían que aprender sexualidad con la práctica).
En esta ocasión tocó el turno al problema del consentimiento como único límite legitimador del acto sexual. Ésa es la fuente de las contradicciones del progresismo sexualrevolucionario, que se sustenta sobre una libertad vacía: si el consentimiento es el único límite para las relaciones sexuales se llega a aberraciones como la legitimación de la pederastia (defendida por insignes ídolos del progresismo, como Foucault y Simone de Beauvoir).
No es de extrañar que los progresistas tiren la pelota al córner diciendo que son cosas distintas, que la pedofilia es harina de otro costal, pero nunca se da un fundamento consistente que resuelva el problema. Quizás por ese motivo se han vuelto tan de moda, entre quienes reflexionan en profundidad al respecto, las teorías “antimetafísicas”, “críticas” o “postmodernas”, cuya solución es tildar de “logocéntrico” al que ose exponer las contradicciones del progresismo.
Activismo judicial en el reconocimiento del “género no binario” en Chile
Las resoluciones judiciales que obligaron al Registro Civil a modificar el sexo registrado y la cédula de identidad de algunas personas por una letra X son contrarios a la ley vigente.
Durante los últimos meses han aparecido en los medios de prensa diversas noticias sobre el reconocimiento oficial que el Estado de Chile habría concedido al denominado “género no binario”. Esta “identidad de género” apuntaría a aquellas personas que “no se identifi[can] ni como hombre ni como mujer, como ambos de manera permanente o intermitente, o con algún otro concepto”. Al menos así se define en el proyecto de ley que pretende reemplazar en nuestro ordenamiento jurídico el sentido común por la ideología en materia de sexualidad.
El reconocimiento de esta identidad habría ocurrido a través de resoluciones judiciales que ordenaron al Registro Civil modificar el sexo registrado en las partidas de nacimiento de los solicitantes por “no binario” y la M o la F de la cédula de identidad por una X. Esta situación es un ejemplo del activismo judicial que lamentablemente ha llegado a una minoría de nuestros tribunales. Activismo judicial que se caracteriza por la falta de aplicación del derecho vigente y por el abuso de la función jurisdiccional para avanzar en la imposición de ciertas agendas ideológicas que no han logrado obtener reconocimiento a través de la deliberación legislativa y constitucional.
No olvidemos que hace muy poco tiempo una mayoría abrumadora de chilenos en un plebiscito con participación histórica rechazó una propuesta que buscaba, entre otras cosas, consagrar constitucionalmente la ideología de género. Tampoco se puede omitir que en Chile ya existe una Ley de Identidad de Género, la cual no reconoce la identidad no binaria, sino simplemente establece un procedimiento para solicitar la modificación del sexo registral de masculino a femenino, y viceversa. Por cierto, el resto del ordenamiento jurídico tampoco otorga tal reconocimiento; al contrario, todo el sistema funciona en base al dato de la realidad de que el ser humano ha sido creado varón y mujer, tal como leemos en el libro del Génesis. Del mismo modo, tampoco existe tratado internacional alguno que haya sido ratificado por Chile que reconozca o dé protección a la denominada “identidad o expresión de género”.
Por otra parte, es muy revelador que los mecanismos procesales que se han utilizado para obtener estas sentencias contrarias a derecho son procedimientos que se establecieron para otros fines, que suelen admitir la reserva o secreto del expediente y que prácticamente no incluyen una instancia de revisión ni la participación de una contraparte o terceros distintos al solicitante. O sea, la ideología de género ha avanzado en Chile de forma escondida y poco transparente.
La gravedad de este activismo judicial no solo se debe al desconocimiento de las normas jurídicas de fondo y el abuso de las formas procesales, sino especialmente al daño que se está generando a quienes sufren por una disforia o incongruencia de género y que, en vez de recibir la atención necesaria para poder integrar su realidad corporal y su autopercepción, están siendo avalados o confirmados en una mentira.
Roberto Astaburuaga: “Los pensamientos del Presidente en la última semana del año”
Fin de año y el Presidente mira por la ventana de su oficina en el segundo piso de La Moneda. Frunce el ceño y se acomoda los anteojos. Recuerda el suspiro luego de su primer discurso, y ojea el que le prepararon para Navidad, junto a la nota que dice “no improvisar”. Se pregunta si alguien le regalará un libro de poesías.
Vibra el celular y llueven mensajes sobre el mismo tema: el nuevo proceso constitucional. Ibáñez preguntándole hasta dónde se puede estirar el chicle con indicaciones a la reforma; Teillier recomendándole que la única forma de terminar con la ya no tan silenciosa guerra civil en el PC es regalando nuevos puestos; Tohá apurándolo por una definición sobre un pacto para las elecciones de consejeros constitucionales. Meza-Lopehandía le pregunta si quiere que se los responda. Llega un WhatsApp de Pato Fernández invitándolo a tomar una cerveza y conversar por la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre. Las cejas casi se juntan. No sabe cómo decirle al exconvencional que será muchísimo más moderado de lo que hubiera querido, igual que con la nueva Constitución que llevará su firma.
Se sienta mirando la foto de su árbol magallánico. El mismo que sus twitteros adherentes ocupan, aunque algunos le agregaron una bandera chilena. Sirvió para la campaña y no resiste la tentación de intentar unos versos con referencias a un otoño que lo ha dejado sin hojas y un verano que lo sofoca, así como su Gobierno se va quedando con menos puntos de aprobación y el 62% asfixia sus intentos de sacar adelante el programa.
Vuelve a la ventana y a pensar en la Constitución. Su visita a la Convención hace casi un año, la elevación sacramental del texto en la ceremonia de salida y los dos frenéticos meses jugando a promocionar un texto -como olvidar a Camila en el kiosco-, a prepararse para resistir el golpe de la derrota y a una vía para tener una nueva Constitución, para terminar prometiendo que se abstendría de intervenir, mas no de monitorear el nuevo Acuerdo. La derecha le ganó. Es mejor un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Pero ¿será mejor una Constitución de derecha aprobada en democracia a esperar un nuevo momento para tener una más afín a sus ideales?
Tampoco tenía opciones. Aunque el discurso del 3 de septiembre eliminaba la posibilidad de una tercera vía, el 5 de septiembre ya la estaba impulsando. No llegar a un Acuerdo significaría ser acusado de inmovilista y protector del legado de Pinochet. Una sonrisa irónica fugaz le separa un poco las cejas.
Angustiado piensa sobre el futuro y las tres firmas de su carrera política: la del 15-N, la del día que asumió como Presidente y eventualmente, la de su nueva Constitución.
Jamás imaginó que la primera sería una de las razones por las que llegó a la segunda, pero no le gustaría llegar a la tercera. A no ser que la rueda de la fortuna le sea favorable. Escuchó el audio que le mandó Crispi y se resigna. Le advierte de los tres factores que incidirán en el plebiscito de salida: su gestión, el comportamiento de los órganos constituyentes y la inclinación política del nuevo texto. La combinación de estas tres opciones genera distintos resultados, pero la conclusión implícita está ahí: las transformaciones no serán constitucionales sino ejecutivas.
Rosario Corvalán: “El progreso y el alma: un comentario a la encíclica Populorum Progressio”
Este mes en la Revista Raíces de Idea País, nuestra abogada reflexiona sobre la carta de Pablo VI y su llamado a un desarrollo económico que esté al servicio de todas las personas.
No se trata, en absoluto, de romantizar la pobreza. Se trata, en cambio, de darle al progreso económico el lugar que le corresponde. Cuál es ese lugar ha sido una discusión que se ha dado por siglos y que está lejos de ser resuelta, y en dicha disputa la Doctrina Social de la Iglesia ha tenido un lugar central.
En este orden de cosas, la encíclica Populorum Progressio, de Pablo VI, es de una exigencia desafiante . Por esta característica, las encíclicas sociales han pasado a ocupar, a veces, el lugar del «pariente pobre» dentro del magisterio de la Iglesia. Preferimos no invitarlas a la mesa, porque incomodan. Nos inclinamos por considerarlas opiniones de un Papa en particular, porque sería todo un asunto tener que vivir conforme a ellas.
El rumbo de la sociedad moderna dificulta aún más las cosas: de una vereda y otra se presentan propuestas que cercenan un auténtico desarrollo integral, que es sobre lo que versa la encíclica. Sin duda, uno de los más grandes obstáculos para que este desarrollo tenga dicho apelativo es la consideración de que el progreso económico es un fin en sí mismo. Esto va de la mano con pretender que, precisamente por eso, dicho progreso se sustenta y se justifica por sí solo, sin necesidad de mirar fuera de la actividad económica para atender a criterios morales o «valóricos». Esos aspectos corresponderían a otras materias, generalmente «de la cintura para abajo».
Lo cierto es que, aunque suene obvio, «la economía está al servicio del hombre», como recuerda Pablo VI en su encíclica. Ello exige que esta actividad se desarrolle no solo mirándose a sí misma, sino al hombre al cual debe servir. De este modo podrá evitarse que sea el hombre el que esté al servicio de la economía. Este problema se ha traducido incluso al lenguaje cotidiano: si los recursos son para el hombre, resulta preocupante hablar de recursos humanos (expresión que suele criticar Gastón Soublette), pues denota la inversión de roles que denunciábamos; las personas como recursos para desarrollar de forma exitosa una actividad económica determinada.
La frase anterior se complementa con otra de la misma encíclica: «El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre». Una síntesis de ambas citas nos permitiría decir que «la economía está al servicio de todo el hombre, y de todos los hombres».
Sobre ambos aspectos, Pablo VI profundiza: que esté al servicio de todo el hombre requiere no atender solamente a su bienestar material: «Efectivamente, el hambre de instrucción no es menos deprimente que el hambre de alimentos». Así que el crecimiento económico se aboque a educar e instruir responde a la necesidad de que el hombre se desarrolle integralmente, a su anhelo profundo de conocer, y no solo a una necesidad de educar para que dicha persona pueda convertirse en un recurso humano apetecible.
Pero sin duda la mayor exigencia se encuentra en la concreción de que la economía esté al servicio de todos los hombres. La encíclica propone que «el libre intercambio solo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social». En realidad, la lógica que parece imperar en nuestros días es que «el libre intercambio solo es equitativo si está sometido a las exigencias del libre intercambio», en el mismo sentido que el «auto sustento» argumentativo que denunciábamos.
Y esas exigencias de la justicia social no son bajas: «(.) La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario», señala el papa en línea con encíclicas sociales que le precedieron y con la enseñanza de los Padres de la Iglesia.
Obnubilados por la idea del progreso indefinido, solemos olvidar que, al igual que en todas las actividades humanas, hay que volver a preguntarse el para qué. La economía no se exime de este examen, y no basta que ella responda «para progresar económicamente», pues de ello surge inmediatamente de nuevo la pregunta de para qué. Y si la respuesta es «para el desarrollo integral de todos los hombres», dicho progreso tendrá que ajustarse a límites rigurosos. Estos cuestionamientos a la idea del «progreso por el progreso» son fundamentales, pues, «¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?».
Rosario Corvalán Azpiazu
Comunidad y Justicia
