Activismo judicial en el reconocimiento del “género no binario” en Chile
Las resoluciones judiciales que obligaron al Registro Civil a modificar el sexo registrado y la cédula de identidad de algunas personas por una letra X son contrarios a la ley vigente.
Durante los últimos meses han aparecido en los medios de prensa diversas noticias sobre el reconocimiento oficial que el Estado de Chile habría concedido al denominado “género no binario”. Esta “identidad de género” apuntaría a aquellas personas que “no se identifi[can] ni como hombre ni como mujer, como ambos de manera permanente o intermitente, o con algún otro concepto”. Al menos así se define en el proyecto de ley que pretende reemplazar en nuestro ordenamiento jurídico el sentido común por la ideología en materia de sexualidad.
El reconocimiento de esta identidad habría ocurrido a través de resoluciones judiciales que ordenaron al Registro Civil modificar el sexo registrado en las partidas de nacimiento de los solicitantes por “no binario” y la M o la F de la cédula de identidad por una X. Esta situación es un ejemplo del activismo judicial que lamentablemente ha llegado a una minoría de nuestros tribunales. Activismo judicial que se caracteriza por la falta de aplicación del derecho vigente y por el abuso de la función jurisdiccional para avanzar en la imposición de ciertas agendas ideológicas que no han logrado obtener reconocimiento a través de la deliberación legislativa y constitucional.
No olvidemos que hace muy poco tiempo una mayoría abrumadora de chilenos en un plebiscito con participación histórica rechazó una propuesta que buscaba, entre otras cosas, consagrar constitucionalmente la ideología de género. Tampoco se puede omitir que en Chile ya existe una Ley de Identidad de Género, la cual no reconoce la identidad no binaria, sino simplemente establece un procedimiento para solicitar la modificación del sexo registral de masculino a femenino, y viceversa. Por cierto, el resto del ordenamiento jurídico tampoco otorga tal reconocimiento; al contrario, todo el sistema funciona en base al dato de la realidad de que el ser humano ha sido creado varón y mujer, tal como leemos en el libro del Génesis. Del mismo modo, tampoco existe tratado internacional alguno que haya sido ratificado por Chile que reconozca o dé protección a la denominada “identidad o expresión de género”.
Por otra parte, es muy revelador que los mecanismos procesales que se han utilizado para obtener estas sentencias contrarias a derecho son procedimientos que se establecieron para otros fines, que suelen admitir la reserva o secreto del expediente y que prácticamente no incluyen una instancia de revisión ni la participación de una contraparte o terceros distintos al solicitante. O sea, la ideología de género ha avanzado en Chile de forma escondida y poco transparente.
La gravedad de este activismo judicial no solo se debe al desconocimiento de las normas jurídicas de fondo y el abuso de las formas procesales, sino especialmente al daño que se está generando a quienes sufren por una disforia o incongruencia de género y que, en vez de recibir la atención necesaria para poder integrar su realidad corporal y su autopercepción, están siendo avalados o confirmados en una mentira.
Roberto Astaburuaga: “Los pensamientos del Presidente en la última semana del año”
Fin de año y el Presidente mira por la ventana de su oficina en el segundo piso de La Moneda. Frunce el ceño y se acomoda los anteojos. Recuerda el suspiro luego de su primer discurso, y ojea el que le prepararon para Navidad, junto a la nota que dice “no improvisar”. Se pregunta si alguien le regalará un libro de poesías.
Vibra el celular y llueven mensajes sobre el mismo tema: el nuevo proceso constitucional. Ibáñez preguntándole hasta dónde se puede estirar el chicle con indicaciones a la reforma; Teillier recomendándole que la única forma de terminar con la ya no tan silenciosa guerra civil en el PC es regalando nuevos puestos; Tohá apurándolo por una definición sobre un pacto para las elecciones de consejeros constitucionales. Meza-Lopehandía le pregunta si quiere que se los responda. Llega un WhatsApp de Pato Fernández invitándolo a tomar una cerveza y conversar por la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre. Las cejas casi se juntan. No sabe cómo decirle al exconvencional que será muchísimo más moderado de lo que hubiera querido, igual que con la nueva Constitución que llevará su firma.
Se sienta mirando la foto de su árbol magallánico. El mismo que sus twitteros adherentes ocupan, aunque algunos le agregaron una bandera chilena. Sirvió para la campaña y no resiste la tentación de intentar unos versos con referencias a un otoño que lo ha dejado sin hojas y un verano que lo sofoca, así como su Gobierno se va quedando con menos puntos de aprobación y el 62% asfixia sus intentos de sacar adelante el programa.
Vuelve a la ventana y a pensar en la Constitución. Su visita a la Convención hace casi un año, la elevación sacramental del texto en la ceremonia de salida y los dos frenéticos meses jugando a promocionar un texto -como olvidar a Camila en el kiosco-, a prepararse para resistir el golpe de la derrota y a una vía para tener una nueva Constitución, para terminar prometiendo que se abstendría de intervenir, mas no de monitorear el nuevo Acuerdo. La derecha le ganó. Es mejor un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Pero ¿será mejor una Constitución de derecha aprobada en democracia a esperar un nuevo momento para tener una más afín a sus ideales?
Tampoco tenía opciones. Aunque el discurso del 3 de septiembre eliminaba la posibilidad de una tercera vía, el 5 de septiembre ya la estaba impulsando. No llegar a un Acuerdo significaría ser acusado de inmovilista y protector del legado de Pinochet. Una sonrisa irónica fugaz le separa un poco las cejas.
Angustiado piensa sobre el futuro y las tres firmas de su carrera política: la del 15-N, la del día que asumió como Presidente y eventualmente, la de su nueva Constitución.
Jamás imaginó que la primera sería una de las razones por las que llegó a la segunda, pero no le gustaría llegar a la tercera. A no ser que la rueda de la fortuna le sea favorable. Escuchó el audio que le mandó Crispi y se resigna. Le advierte de los tres factores que incidirán en el plebiscito de salida: su gestión, el comportamiento de los órganos constituyentes y la inclinación política del nuevo texto. La combinación de estas tres opciones genera distintos resultados, pero la conclusión implícita está ahí: las transformaciones no serán constitucionales sino ejecutivas.
Rosario Corvalán: “El progreso y el alma: un comentario a la encíclica Populorum Progressio”
Este mes en la Revista Raíces de Idea País, nuestra abogada reflexiona sobre la carta de Pablo VI y su llamado a un desarrollo económico que esté al servicio de todas las personas.
No se trata, en absoluto, de romantizar la pobreza. Se trata, en cambio, de darle al progreso económico el lugar que le corresponde. Cuál es ese lugar ha sido una discusión que se ha dado por siglos y que está lejos de ser resuelta, y en dicha disputa la Doctrina Social de la Iglesia ha tenido un lugar central.
En este orden de cosas, la encíclica Populorum Progressio, de Pablo VI, es de una exigencia desafiante . Por esta característica, las encíclicas sociales han pasado a ocupar, a veces, el lugar del «pariente pobre» dentro del magisterio de la Iglesia. Preferimos no invitarlas a la mesa, porque incomodan. Nos inclinamos por considerarlas opiniones de un Papa en particular, porque sería todo un asunto tener que vivir conforme a ellas.
El rumbo de la sociedad moderna dificulta aún más las cosas: de una vereda y otra se presentan propuestas que cercenan un auténtico desarrollo integral, que es sobre lo que versa la encíclica. Sin duda, uno de los más grandes obstáculos para que este desarrollo tenga dicho apelativo es la consideración de que el progreso económico es un fin en sí mismo. Esto va de la mano con pretender que, precisamente por eso, dicho progreso se sustenta y se justifica por sí solo, sin necesidad de mirar fuera de la actividad económica para atender a criterios morales o «valóricos». Esos aspectos corresponderían a otras materias, generalmente «de la cintura para abajo».
Lo cierto es que, aunque suene obvio, «la economía está al servicio del hombre», como recuerda Pablo VI en su encíclica. Ello exige que esta actividad se desarrolle no solo mirándose a sí misma, sino al hombre al cual debe servir. De este modo podrá evitarse que sea el hombre el que esté al servicio de la economía. Este problema se ha traducido incluso al lenguaje cotidiano: si los recursos son para el hombre, resulta preocupante hablar de recursos humanos (expresión que suele criticar Gastón Soublette), pues denota la inversión de roles que denunciábamos; las personas como recursos para desarrollar de forma exitosa una actividad económica determinada.
La frase anterior se complementa con otra de la misma encíclica: «El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre». Una síntesis de ambas citas nos permitiría decir que «la economía está al servicio de todo el hombre, y de todos los hombres».
Sobre ambos aspectos, Pablo VI profundiza: que esté al servicio de todo el hombre requiere no atender solamente a su bienestar material: «Efectivamente, el hambre de instrucción no es menos deprimente que el hambre de alimentos». Así que el crecimiento económico se aboque a educar e instruir responde a la necesidad de que el hombre se desarrolle integralmente, a su anhelo profundo de conocer, y no solo a una necesidad de educar para que dicha persona pueda convertirse en un recurso humano apetecible.
Pero sin duda la mayor exigencia se encuentra en la concreción de que la economía esté al servicio de todos los hombres. La encíclica propone que «el libre intercambio solo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social». En realidad, la lógica que parece imperar en nuestros días es que «el libre intercambio solo es equitativo si está sometido a las exigencias del libre intercambio», en el mismo sentido que el «auto sustento» argumentativo que denunciábamos.
Y esas exigencias de la justicia social no son bajas: «(.) La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario», señala el papa en línea con encíclicas sociales que le precedieron y con la enseñanza de los Padres de la Iglesia.
Obnubilados por la idea del progreso indefinido, solemos olvidar que, al igual que en todas las actividades humanas, hay que volver a preguntarse el para qué. La economía no se exime de este examen, y no basta que ella responda «para progresar económicamente», pues de ello surge inmediatamente de nuevo la pregunta de para qué. Y si la respuesta es «para el desarrollo integral de todos los hombres», dicho progreso tendrá que ajustarse a límites rigurosos. Estos cuestionamientos a la idea del «progreso por el progreso» son fundamentales, pues, «¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?».
Rosario Corvalán Azpiazu
Comunidad y Justicia
Roberto Astaburuaga: “La perseverancia de los apruebistas”
Rosario Corvalán expone a favor del proyecto «Yo cuido y estudio» que busca proteger a estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad
Este martes ante la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, nuestra abogada se refirió a la importancia de que el Estado y las leyes protejan y promuevan la maternidad y la paternidad como bienes.
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Lienzo conmemorativo del Día del que Está por Nacer y de la Adopción finalmente será instalado en edificio público de Valparaíso
Un acuerdo al que llegaron los abogados de nuestro Equipo Judicial con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso permitirá la instalación del lienzo conmemorativo dentro de los próximos días y garantizará acceso transparente a información sobre la posibilidad de poner carteles en edificios públicos.
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Nuevo libro “La Convención Constitucional Circo y máquina” fue presentado por sus autores en un evento organizado por Ediciones El Líbero
La obra ofrece una mirada detallada del proceso constitucional, que los autores pudieron observar de primera mano como asesores, y de los fundamentos ideológicos que inspiran la propuesta rechazada y la motivación de la nueva izquierda.
El 12 de diciembre en un evento organizado por Ediciones El Líbero, Roberto Astaburuaga, Rosario Corvalán y Vicente Hargous presentaron el libro “La Convención Constitucional Circo y máquina”, un análisis que profundiza en los fundamentos ideológicos de la Convención Constitucional y recoge la experiencia de sus autores como asesores de algunos convencionales durante el proceso constituyente. La obra ya está disponible en librerías, en el sitio web de Ediciones El Líbero y en Amazon.
La presentación la comenzó nuestra abogada Rosario Corvalán, quien explicó el título sosteniendo que: “fuimos desmitificando la idea de que eran personas que no trabajaban o de que era puro caos. Había una máquina que trabajaba y que elaboró más de 500 artículos antes de pasar por el cedazo de la armonización”, dijo.
Luego continuó el autor Roberto Astaburuaga, quien argumentó que el resultado del plebiscito no representa una derrota definitiva para el apruebo: “la izquierda seguirá luchando por su propuesta, ya que cree que la Constitución actual tiene ‘candados’ que impiden cambios importantes. La izquierda argumentará que el nuevo proceso y la eventual nueva Constitución también tendrán estos ‘candados’. La derecha, por otro lado, ve el resultado del plebiscito como una conclusión, mientras que la izquierda lo ve como un proceso en el que sólo estarán satisfechos cuando tengan una Constitución que refleje sus intenciones o su ideología política”.
El lanzamiento lo concluyó Vicente Hargous con un análisis sobre las ideologías refundacionales que se vieron reflejadas en la Convención, enfatizando la probabilidad de que estas persistan en el nuevo proceso: “Una nueva Constitución, aunque tenga una redacción entre comillas más moderada, con una cosmética más moderada, probablemente lo que se discuta en el futuro mantendrá una tónica similar y seguirá promoviendo las mismas ideologías dañinas”.
A continuación compartimos el video del lanzamiento del libro “La Convención Constitucional: Circo y máquina”, de Roberto Astaburuaga, Rosario Corvalán y Vicente Hargous, y una versión resumida de las tesis del libro publicada en la Revista Suroeste:
>> Leer reseña en la Revista Suroeste: Presencia y acción de la nueva izquierda
Roberto Astaburuaga: “El calvario para llegar a una nueva Constitución”
El proceso para tener una nueva Constitución consta de varias etapas y los políticos recién terminaron la primera. Las conversaciones y decisiones que se han ventilado anticipan un proceso bastante más complejo y controlado. Pero ese afán de impedir fisuras que posibiliten un Rechazo 2.0 abre nuevas dudas y deja cabos sueltos. Aun con el acuerdo, las contingencias surgen en cada etapa y cada una afectará, en mayor o menor medida, el resultado del plebiscito de salida.
Firmado el acuerdo, se elaborará el proyecto de reforma constitucional, tal como en 2019. Tendrá el desafío de tener, en un tiempo acotado, una discusión sobre las 12 detalladas bases que establecen un mínimo protegido.
Lo anterior no es menor, pues existirá una mayor posibilidad de judicialización del proceso. Por otro lado, en una de las sesiones de la Mesa Técnica de 2019 se afirmó que, ante un fracaso del proceso, sería necesario un nuevo acuerdo político para seguir con el proceso constitucional. Pues bien, si fracasa el segundo proceso, ¿existirá un tercer acuerdo político? ¿Esta segunda oportunidad, es la última o siempre se podrá invocar el comodín del plebiscito de entrada del 25-O? Por último, ¿el proyecto de reforma contará con una norma similar al inciso final del artículo 142 de la Constitución vigente y una promesa de cerrar el tema, cualquiera sea el resultado?
Redactado el proyecto de ley, el Congreso deberá abocarse, rápidamente, a su tramitación. Pero la elección del presidente de la Cámara de Diputados o del Fiscal Nacional en el Senado no son señales que aseguren su aprobación.
El sabor de ser el voto decisivo ha sido probado por demasiados, independientes y partidos nuevos o quebrados, y sin duda lo harán valer. ¿Garantías de ordenar coaliciones, bancadas o partidas? Pocas o ninguna: retiros del 10%, acusaciones constitucionales, estados de excepción, plebiscito de salida y elecciones administrativas constituyen importantes precedentes. Por otro lado, ¿se respetará el acuerdo o existirán proyectos de ley que alteren las reglas del juego como ya ocurrió? Hasta el momento se ha denunciado esos errores, pero ¿se incluirán en el proyecto de reforma?
Aprobada la reforma por el Congreso, el camino se bifurca: nombramiento de los expertos para que trabajen en un anteproyecto y de los árbitros del proceso, y elección de los consejeros constitucionales.
La soberanía popular será bypasseada, y no solo por excluir un plebiscito de entrada. Ya conscientes del problema que generó no tener un control estricto y cercano sobre las candidaturas, los partidos evitarán malas sorpresas y propondrán pocos e intachables nombres. Nosotros, el pueblo, no seremos expuestos a listas interminables de candidatos, ya que los partidos nos harán el trabajo, presentando un ramillete de opciones cuidadosamente elegido y revisado. Por supuesto, un requisito para el trabajo, aparte de la docilidad, será no ser bueno para el show.
La Comisión Experta elaborará un anteproyecto, aunque nada se dice en el acuerdo sobre el reglamento, procedimiento e insumos que ocuparán, salvo el quorum de 3/5, y habrá que esperar la decisión del Congreso.
El Comité Técnico de Admisibilidad tendrá su primer trabajo, si es que 10 expertos recurren a él. Sin embargo, se trataría de un órgano que revisaría la compatibilidad con las bases constitucionales una vez votadas, y no presentadas, como pareciera que sugiere su nombre. Convendría aclarar que también tendrá facultades para resolver las reclamaciones por vicios formales o si se mantendrá la acción del artículo 136 del proceso anterior.
Para abril de 2023, los expertos tendrán a la vista la integración del Consejo Constitucional y es probable que la votación de las normas cruciales se retrase para un momento posterior a esa fecha.
Si bien los integrantes del Comité y la Comisión son designados por el Congreso en proporción a las fuerzas parlamentarias, el Consejo puede resultar integrado con una proporción favorable a las fuerzas políticas que no gozan de una gran representación parlamentaria. PDG y Republicanos analizarán la fórmula que les garantice una mayor representación en el Consejo, considerando su influencia en el norte y sur de Chile, respectivamente.
Pero Amarillos y Demócratas siempre pueden sorprender. Electos los convencionales y aprobado el anteproyecto por los no expertos, el trabajo tomará un rumbo cínico y monótono. Lo esencial ya estará decidido, por lo que las modificaciones que se aprueben no serán sustanciales y los expertos tendrán su poder de veto al final del proceso. En esta etapa, el control de los partidos será mayor para evitar a toda costa episodios como el de Rojas Vade o Elsa Labraña, o normas maximalistas, absurdas o impertinentes que auguren el enojo de los votantes. Basta que exista un solo episodio, y ni siquiera tan grave, para echar todo el trabajo por la borda.
La vara de paciencia de la ciudadanía, en medio de una crisis de seguridad y economía, será alta y no estará dispuesta a aguantar que se rían en su cara… por segunda vez.
Redactado y aprobado en su totalidad el proyecto de Constitución por los consejeros, antes del plebiscito de salida, la Comisión Experta lo revisará. Si no les gusta o lo consideran “refundacional” o “neoliberal”, pero a la ciudadanía (o a las encuestas) sí, ¿Se atreverán a realizar modificaciones profundas y oponerse a lo decidido por los consejeros o escucharemos una nueva versión de “La ley lo arreglará”?
Futura Ley Adriana presenta varios problemas que vulnera otros derechos
La abogada de nuestra corporación Rosario Corvalán expuso ante la comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado sobre el proyecto de ley que establece «derechos» en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica.
Seguir leyendo «Futura Ley Adriana presenta varios problemas que vulnera otros derechos»Roberto Astaburuaga: “Las concesiones constituyentes de Apruebo Dignidad”
Las concesiones de Apruebo Dignidad en la discusión constitucional son profundas. Ceder en la fórmula del órgano redactor (mixto o designado) se considerará una traición a su proyecto político, la independencia del mismo una ilusión y la participación ciudadana un blanqueamiento del proceso.
El diseño que actualmente se discute corresponde al de una Convención Mixta, solo que, en vez de ocupar un criterio de integración en un mismo espacio temporal (que sería la propuesta del Partido Demócrata), separa sus funciones en dos momentos, y tal como ocurre con la idea de Amarillos (100% designados) serían variantes de fórmulas rechazadas o no contenidas en la segunda papeleta del plebiscito de entrada.
La izquierda radical (promotora de un órgano 100% electo) advirtió esto, pero Jaime Ravinet, en una carta del jueves 24 de noviembre en El Mercurio, señaló que el efecto del plebiscito de entrada se agotó legal y constitucionalmente. ¿Cuál sería entonces la justificación de un nuevo acuerdo y Constitución? Para el ex ministro, se trataría del respaldo de una mayoría de la población chilena. ¿Y cuál es la forma de verificar la existencia de ese respaldo? Las encuestas. Pero son esas mismas temidas y escrutadas encuestas, las que señalan que el tema constitucional no es una prioridad para los chilenos o que tiene que haber un plebiscito de entrada.
Ante las declamaciones sobre el omnipotente poder constituyente originario, el oficialismo ofrece un mecanismo que deja en el Congreso el control en 3 aspectos. El Congreso redactará el Reglamento (aplicándose supletoriamente el del Senado) del nuevo órgano redactor; elegirá a los integrantes del Comité de Expertos que elaborará la nueva propuesta constitucional que será votada por el Cabildo, y como vimos, es una mera formalidad, y nombrará al Comité Técnico que deberá resolver las controversias respecto a doce bases intocables que, cual norma convencional, destacan por su extensión y detalle, con un procedimiento bastante menos rígido y abierto a la judicialización del nuevo proceso.
A su vez, a la fiscalización -“participación”- de los expertos durante el trabajo de los convencionales, se sumará la de los políticos, especialmente de los que han llevado adelante el acuerdo, pues ninguno querrá ser sindicado como responsable de un segundo Rechazo por cometer el mismo error… ¿Qué tipo de autonomía existe con este nivel de control?
Esta materia en Apruebo Dignidad es especialmente sensible. Desde 2019 defienden que el órgano redactor debe ser 100% electo, pues mantener esta posición asegura la fidelidad de las bases. Sin embargo, existe el riesgo de un bloqueo o punto muerto de las negociaciones debido a su intransigencia, y acumular una segunda derrota histórica. Ceder a una integración designada o mixta sería un paso más que los aleja de su proyecto político y disminuye las posibilidades de lograr una integración favorable, pero permite lograr el sueño de tener una nueva Constitución.
¿Fidelidad a las bases o tener una nueva Constitución? ¿(Segunda) oportunidad desperdiciada o darle viabilidad al proceso constitucional? Como si se tratara de la apertura del Gambito de Reina en ajedrez, la casa política del Presidente se enfrenta a esa decisión: aceptar el gambito, significa ceder el corazón de su postura, renunciando a sus expectativas de obtener una integración favorable. ¿Y que obtiene a cambio? Llegar a un acuerdo que permita comenzar el camino para obtener un segundo borrador constitucional. Pero si lo rechazan, a diferencia de lo que ocurre en el ajedrez, se acaba el juego. Por eso no sorprenden las interpelaciones que se han escuchado en los últimos días para que tome una decisión.
Alguno podrá sostener que durante el trabajo del órgano redactor se incluirán mecanismos de participación ciudadana, pero se trataría de un blanqueamiento y no de una verdadera oportunidad de incidir.
En efecto, la propuesta del oficialismo contempla dos periodos de cinco meses para la redacción de la nueva Constitución: primero por los expertos y luego por los convencionales, en donde los segundos votarán el borrador que elaboren los primeros. Por supuesto, se trata de una votación simbólica para dar la imagen de que el órgano redactor, en virtud de su poder constituyente originario, decidió por sí y ante sí, aprobarlo. No porque hubo un compromiso político o por el trabajo previo de expertos… ¿Qué efecto tendría en el plebiscito de salida que los convencionales rechazaran la propuesta de los expertos, cuando los primeros gozan de pésima fama y los segundos de gran popularidad?