«Soberanía y maternidad» por Cristóbal Aguilera
Les dejamos a continuación esta columna del miembro de nuestro directorio Cristóbal Aguilera publicada el 29 de enero en Controversia.
Hace unos días leí un tuit de una candidata a la Convención Constituyente que decía lo siguiente sobre la maternidad: «la maternidad será elegida, deseada y preparada o no será«. La frase condensa muy bien el anhelo soberanista que tiene capturada a nuestra cultura. Todo aquello que no es obra de nuestra voluntad, que no es querido y escogido expresamente por nosotros, puede ser deliberadamente desechado, aunque se trate de un niño que aún no ha nacido. La autonomía de la voluntad o, para decirlo con todas sus letras, el individualismo egoísta, se erige, así, como el principal principio y valor político y moral.
La frase, obviamente, busca justificar el aborto libre. El propósito es el siguiente: que las mujeres embarazadas puedan abortar a sus hijos sin ninguna barrera que se los impida. Si no quieren que nazcan, porque sencillamente no los desean, entonces el Estado debe permitirles (y facilitarles) acabar directamente con sus vidas.
Olvidan, sin embargo, una verdad ineludible: que la maternidad no se origina con el nacimiento, y que un hijo muerto en el vientre no borra la marca de dicha maternidad (como tampoco el abandono borra la marca de la paternidad). Se puede elegir abortar o no, pero no se puede elegir dejar de ser madre o padre de un hijo abortado (o abandonado). Y es que la naturaleza impone límites que son inquebrantables, por más esfuerzos que se hagan por negarlos o transgredirlos (esto lo saben mejor que nadie las mujeres que han cargado toda su vida, y muchas veces sin poder encontrar consuelo, con el peso de haber abortado un hijo).
El aborto es de los crímenes más horrendos que puede existir. Y el sentido común se rebela permanentemente ante aquellos que, por estos días, buscan deshumanizar la maternidad del modo más burdo posible, que es intentando explicar que el hijo que no ha nacido no es un verdadero hijo. Nadie, en realidad, cree algo así. Puede ocurrir que uno se aliene a tal punto que pierda la conciencia de lo que está haciendo. Pero la realidad, de pronto, nos vuelve a golpear como una piedra en los dientes.
Por eso es que muchos médicos abortistas, luego de años de haber practicado cientos, miles de abortos, se convierten en activistas pro-vida (como le ocurrió a Bernard Nathanson). Y por eso, incluso gobiernos que han impulsado el aborto, tienen destellos de lucidez: el mismo Ministerio de Salud que presentó el proyecto de aborto durante la administración de la expresidenta Bachelet, impulsó una campaña para desincentivar el tabaquismo durante el embarazo con el mensaje: “si fumas, intoxicas a tu hijo”.
El individualismo nos nubla la visión de la realidad al hundirnos en nosotros mismos, y dificulta que aceptemos el hecho tan obvio de que los hijos son un regalo, el más grande que podemos recibir. La lógica soberanista es completamente ajena a esta esfera de la vida que llamamos paternidad y maternidad, que es pura donación gratuita.
Los padres saben esto. Han experimentado en carne propia lo que significa ponerse en el segundo, tercer, y hasta último lugar de prioridades (con todas las lágrimas, dolores y sacrificios que esto implica). Y lo saben, también, porque han hecho vida la verdad de aquella máxima según la cual la auténtica felicidad consiste en darse completamente a otro, no en buscarse a uno mismo.
Frente a los intentos de poner al individuo y sus deseos por sobre todas las cosas, hay una palabra muy potente en este mundo que constituye la principal piedra de tope de esta cultura individualista: “maternidad”. Es imposible poder comprender la maternidad (y paternidad) desde la lógica de la autonomía y la satisfacción de los propios deseos. El desafío cultural es, en cambio, volver a mirar la maternidad como un misterio insondable, que se trata de la transmisión y origen de una vida humana que nos convierte en padres y madres, ante lo cual nuestra primera reacción debería ser la gratitud y el homenaje.
«Ley Zamudio 2.0» por Álvaro Ferrer
Les dejamos a continuación esta columna escrita por nuestro Director Ejecutivo Álvaro Ferrer publicada el 27 de enero en Controversia.
Nuestro Congreso Nacional es muy hermético. Impresiona lo poco que se sabe en la calle e incluso en la opinión pública sobre lo que pasa adentro: algunos nombres que suenan (y que suelen coincidir con los que figuran en los matinales), algunos proyectos polémicos (retiro del 10%, 40 horas, la agenda del lobby LGBT, escaños reservados para pueblos “originarios”…), las infaltables chimuchinas politiqueras para la galucha… Pero hay proyectos que pasan completamente desapercibidos. Hasta cierto punto, no es algo que deba sorprendernos; después de todo, ¿qué otra cosa podríamos esperar si tenemos un Congreso que sesiona permanentemente regulando todo tipo de aspectos de nuestra vida, con casi cincuenta comisiones en ambas cámaras? La capacidad de los medios de comunicación simplemente no da el ancho para mostrar todo.
Uno de los proyectos que ha pasado desapercibido es el que modifica la ley contra la discriminación (mejor conocida como “ley Zamudio”). Resulta que a ciertos senadores (y, por cierto, a las organizaciones del lobby LGBT bajo cuyo alero esos senadores presentaron el proyecto), inspirados en la infaltable obediencia servil a un tratado no ratificado por Chile (la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia), les parecía poco sancionar la discriminación arbitraria, previo justo y racional procedimiento para acreditarla. ¿Por qué? La razón que ellos esgrimen es sencilla: no veían que hubiese suficientes personas condenadas por discriminación. Dado que somos un país estructuralmente discriminador —nos dicen— debería haber muchas personas condenadas por discriminación. Si no las hay —continúa su razonamiento— es porque la ley vigente es obstruccionista, protege al discriminador y resulta, por ende, insuficiente. Con semejantes premisas la discusión está ganada. La pregunta que sigue es qué precio estamos dispuestos a pagar para asegurar que el demandado sea siempre o casi siempre vencido en juicio. La respuesta que han dado es la de tirar toda la carne a la parrilla.
Para conseguir dicho cometido, entre otras medidas, el proyecto cambia la definición de discriminación, haciéndola autónoma, desvinculada de la vulneración a algún derecho distinto de la “no discriminación”, y dándole aplicación no sólo en los actos efectivos de diferenciación, sino también en las meras “preferencias” personales (¿qué significa eso? ¿cuál sería el límite? Cada vez que elegimos algo hay una preferencia: si Pedro le compra pan a doña Juana y no a don Jorge, en caso de que él pertenezca a una «categoría sospechosa”, como el ser adulto mayor o tener alguna discapacidad intelectual… ¿sancionaremos a Pedro?). Por otro lado, y mucho más importante todavía, en su estado actual el proyecto agrega una serie de requisitos imposibles de reunir en la práctica para lograr acreditar que un acto de diferenciación ha sido razonable (como lo son la inmensa mayoría). Hoy basta con justificar la distinción en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental o una finalidad constitucionalmente legítima (por ejemplo, la libertad de una empresa para contratar a una persona por sus competencias, y no por su pertenencia a un grupo oprimido, o la libertad de un colegio para tener profesores que sigan su proyecto educativo). Como eso parecía insuficiente para los autores, el proyecto hoy exige, además, una “justificación objetiva en atención a una finalidad legítima” (¿no es ya legítimo el ejercicio de un derecho?), que los medios para el acto de diferenciación sean “necesarios, idóneos y proporcionales” (debiendo probarse cada uno de estos elementos) y que ellos “no generen estigmatización o menoscabo de quienes se vean afectados por la distinción”. ¡Vaya a saber uno de qué manera podría no causarse ningún menoscabo con un acto de diferenciación! Por definición es imposible: si en un proceso de contratación de una empresa elijo a una persona competente por sobre otra que pertenezca a una “categoría sospechosa” (es decir, a una clase “oprimida”, a la que ha de pertenecer el sujeto que reclama discriminación), por cierto que le causaré un cierto menoscabo, pero la decisión sigue siendo perfectamente legítima.
A estas medidas, completamente irracionales, los autores del proyecto suman otras más de grueso calibre, como la alteración de la carga de la prueba, para que empiece ganando el partido el demandante, borrando de un plumazo la presunción de inocencia. El texto en esa parte es una copia literal de una norma del Código del Trabajo, donde parece razonable que exista, pero que aquí es completamente improcedente por el número interminable de hipótesis de aplicación que esta ley podría tener. También destaca la absoluta desproporción de la multa, una indemnización con monto mínimo de 40 UTM, la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión” (incluso si las solicita el interesado por libre iniciativa), entre otras modificaciones igualmente injustas.
Lo que más llama la atención no es que este proyecto pase oculto frente a la opinión pública, sino el nivel de irracionalidad a que puede llevar el pensamiento ideológico.
«Proyecto Deficiente» por Daniela Constantino
Les dejamos a continuación esta carta publicada el 27 de enero en en La Tercera de Daniela Constantino de nuestro equipo legislativo.
Señor Director:
Se está tramitando en el Senado un proyecto de ley que propone reformar la “ley Zamudio”. Éste parte de la base que la baja aplicación de la ley se debe a su falta de rigor, por lo que intenta establecer mecanismos que, prácticamente, aseguren una condena al que ha sido demandado por discriminar.
Esto no suena tan mal, pero, en primer lugar, un demandado por discriminación no siempre ha cometido el hecho que se le imputa. En este proyecto se propone una alteración infundada de la carga de la prueba, lo que limita de forma injusta el derecho a defensa. A esto se suma la eliminación de la sanción por denunciar sin fundamentos.
Un segundo problema es la definición de discriminación arbitraria, que no solo es muy amplia, sino que confusa: incorpora como discriminatorias las meras “preferencias”, sin definirlas. Si alguien prefiere a una persona (para un trabajo, para lo que sea) y lo demandan por ello, será el demandado quien tendrá que demostrar por qué su preferencia tiene una justificación razonable, siendo esto último casi imposible de demostrar.
Esta ley es técnicamente muy deficiente y retrocede en triunfos que ya teníamos por alcanzados, que son básicos en un estado de derecho, atentando contra principios mínimos de racionalidad y justicia.
Daniela Constantino
Equipo Legislativo, Comunidad y Justicia
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«Nuestra especial singularidad» por Cristóbal Aguilera
Les dejamos a continuación esta columna publicada el 21 de enero en El Líbero del miembro de nuestro directorio Cristóbal Aguilera.
Siempre me ha parecido notable el comienzo de Grandes Esperanzas de Dickens. Pip, de pronto, como un hecho maravilloso y mágico, cae en la cuenta de que él es él. Lo hace, es cierto, en medio de un cementerio, de noche, apunto de ser amenazado de muerte por un delincuente prófugo de la justicia (¿qué diablos estaba haciendo ahí?). Lo importante es, sin embargo, y para efectos de nuestros desafíos culturales, que Pip se da cuenta de su propia personalidad. Por así decir, se mira al espejo –del alma– y descubre que él es unyo.
Si hay algún consenso en estos tiempos turbulentos, es que el individualismo es algo dañino. La pandemia nos ha ayudado a tomar consciencia de nuestra naturaleza social (aunque sea desde un punto de vista meramente instrumental). Se critica a aquellos que solo buscan su propio bienestar a costa de los demás, como lo hacen los empresarios que exprimen a sus trabajadores a fin de aumentar sus ganancias o como también lo hacen los jóvenes que se trasladan al litoral central a pasarlo bien sin distancia social. La cultura individualista es algo que, sin duda, debemos superar.
Pero el rechazo al individualismo también puede ser ideológico si este supone dejar de mirar por completo al individuo y olvidar su riqueza. En algún sentido, la persona es una parte del todo… pero, a su vez, la persona es un fin en sí mismo. La crítica al individualismo, así, no nos debe llevar a un colectivismo que pasa por alto la dignidad humana (más aún cuando ese colectivismo, como se propone hoy día, es sinónimo de estatismo). El problema, sin embargo, es que poco a poco hemos ido olvidando la relevancia de la dignidad humana, porque hemos también olvidado su fundamento. Así, por ejemplo, no es extraño escuchar reclamos en favor de la dignidad que van acompañados de funas o, incluso, de violencia en contra de los “enemigos” (que se nos olvida que también son personas).
Muchos de nuestros desafíos culturales suponen aceptar (o volver a) lo obvio, y este caso no es la excepción. En este sentido, debemos tomar consciencia –como lo hizo Pip consigo mismo– de que todos somos personas… es decir, de que todos somos valiosos por el hecho de ser tales, de que cada uno de nosotros es único e irrepetible, y de que esta especial singularidad exige un reconocimiento social que es nuestra dignidad. Muchos de los vicios de nuestra época, como el poco valor que le damos a la amistad, el tedio en que permanentemente estamos sumidos, la obsesión por la tecnología, se deben –en cierto modo– a que olvidamos que todos somos un “alguien” que tiene una riqueza inagotable por reconocer (y comunicar).
Si verdaderamente creyéramos esto, es decir, que cada uno es un tesoro por descubrir (y por donarse a los demás), muy diverso sería el panorama actual. Muchos debates contemporáneos serían abordados de distinto modo, como la eutanasia que termina directamente con la vida de una persona que sufre. El reto es, en consecuencia, salir de nosotros mismos, pero no para perdernos en la masa, sino para poder valorar con más perspectiva la riqueza propia y de los demás (de cada uno).
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«Contradicciones de la cultura de la muerte y reflexiones de la cultura de la vida» por Vicente Hargous
Les dejamos a continuación esta columna de nuestro investigador Vicente Hargous publicada el 15 de enero en «Voces» de La Tercera.
Toda postura sobre la eutanasia supone una visión de la persona, de la sociedad y de lo trascendente. Aquí nadie puede hablar desde el pedestal inmaculado de los datos empíricos: lo que ocurre de hecho no siempre es justo. La justificación de un acto siempre supone un criterio según el cual valoramos una conducta como buena o mala.
Más allá de los artículos del proyecto de ley en tramitación, vale la pena reflexionar sobre los argumentos más usados. A nivel de calle (y también en la sala de la Cámara de Diputados) se suelen poner ejemplos: casos hipotéticos en que un paciente especialmente débil —viejo, enfermo terminal, sin recursos suficientes para cubrir su enfermedad si quisiera dejar algo a su descendencia, etcétera— es coaccionado a permanecer vivo. Persuasivo: surge espontáneamente un sentimiento de compasión. Nos tienta a decir que es cruel mantener con vida al paciente. La eutanasia sería un acto de compasión.
Por otro lado, lo más frecuente, dentro y fuera del Congreso, es que la (supuesta) justificación de la eutanasia tenga su fundamento en la autonomía: el soberano que no le debe nada a nadie; el autónomo que busca imprimirle sentido a su vida mediante el control; el individuo que, sin ver nada más que su propio cuerpo, no quiere más que placer y bienestar corporal; el consumidor que quiere desechar la vida a la que le faltó “calidad de vida”. La eutanasia sería un acto de ejercicio de autonomía.
Entre ambos fundamentos existe una tensión interna que puede llegar a ser contradictoria, porque la compasión es siempre de un tercero (heterónoma), mientras que las decisiones autónomas son del paciente mismo. Eso, en última instancia, significa que existen dos fundamentos éticos contradictorios: el sentimentalismo hedonista contra el individualismo. Matar por compasión y obligar a los médicos a matar porque el paciente lo quiere: otra tensión entre la autonomía del paciente y la conciencia del médico (o, al menos, contra el ideario de una institución). La cultura de la muerte está plagada de contradicciones que son fruto, a fin de cuentas, del nihilismo que busca controlarlo todo (bajo el cual subyace a su vez la contradicción de una libertad vacía, dirigida a la nada, a la aniquilación). Se trata de una renuncia a la pregunta por el sentido del dolor y de la muerte… Una pregunta que es inevitable: el ateo tampoco puede escapar de la muerte.
La cultura de la vida, en cambio, intenta responder a la pregunta del sentido… Y viene la caricatura: “¡eso es religioso! ¡tenemos un Estado laico! ¿¡Cómo es posible que en el siglo XXI digan esas cosas!?”. Ciertamente, los católicos sabemos que el fundamento último de la dignidad de la persona humana reside en ser imagen y semejanza de Dios por creación, pero no por eso vamos a usar ese argumento de cara a los no creyentes para “imponer nuestras creencias religiosas”. Esa convicción, más bien, sostiene nuestro ánimo, pero los argumentos que exponemos, por regla general, sí pueden llegar a conocerse sin la fe.
No hace falta ser católico para ver que una sociedad que descarta a sus enfermos graves es una sociedad enferma, que ve la vida como un bien de consumo funcional al placer o a la producción. Frente a ella, la cultura de la vida se alza con firmeza como una propuesta sólida que apuesta por la dignidad inherente de la persona, por su rol en la sociedad y por la apertura a la trascendencia. La vida jamás es indigna (ni puede decirse que debe pasar cierto “control de calidad”): puede ser dolorosa, pero nunca su dignidad puede depender de la falta de “calidad” que otros puedan atribuirle (por “compasión”) ni de la autonomía vacía de un sujeto que considera que su vida carece de sentido. La dignidad de la persona es intrínseca. Ella nos obliga a aliviar el dolor del que sufre y a acompañarlo, y nos impide en cualquier caso matar directamente a una persona inocente. La pregunta por el sentido es misteriosa… la persona humana es un ser inevitablemente encaminado hacia la muerte (aunque no parece que seamos para-la-muerte), pero a la vez es un ser que, por su sed de inmortalidad y la angustia o indigencia frente a la muerte, parece ser para-lo-absoluto. Quizás alguno no crea en eso, pero que toda la sociedad renuncie a la pregunta sería un fracaso ético y político que nos saldrá caro en el futuro.
Entrevista a Ignacio Suazo por Proyecto de Ley de Eutanasia
El 10 de enero el Encargado del Área de Investigación de nuestra Corporación Ignacio Suazo fue invitado por el canal Tendencias Prime para hablar acerca del proyecto de ley de Eutanasia y nuestro libro «Un Atajo Hacia la Muerte» publicado en mayo del 2020.
Te dejamos la entrevista completa en el siguiente enlace:
EWTN Noticias: Entrevista a Vicente Hargous por Proyecto de Ley de Eutanasia
El miércoles 13 de enero Vicente Hargous, miembro del Equipo de Investigación de nuestra Corporación fue invitado a EWTN Noticias para hablar acerca del proyecto de ley de Eutanasia que se encuentra tramitando actualmente en el Congreso.
Nuestro investigador también habló acerca del libro lanzado en mayo del 2020 por el encargado del Área de Investigación de Comunidad y Justicia Ignacio Suazo junto a la abogada Sofía Huneeus titulado «Un Atajo Hacia la Muerte» . Texto que presenta las principales problemáticas relacionadas con la aplicación de la Eutanasia, basándose en la experiencia internacional.
Te dejamos la entrevista completa aquí:
«Del rol social del Estado al rol de la persona en sociedad» por Cristóbal Aguilera
Les dejamos a continuación esta columna escrita por el miembro de nuestro directorio Cristóbal Aguilera publicada el 07 de enero en El Líbero.
La discusión constitucional parece capturada por la pregunta sobre el rol del Estado en materia social. Sin embargo, la otra cara de la moneda de esta interrogante –que suele no advertirse– es la pregunta sobre el rol de la persona en la sociedad. Ambas cuestiones, en efecto, están íntimamente implicadas y se unen en el concepto de bien común.
La nuestra es una época que exalta equivocadamente la dimensión individual de la persona. Toda referencia a lo social parece ser algo meramente instrumental. De este modo, cuando se habla de bien común, generalmente se habla de la satisfacción de las necesidades del individuo, necesidades que solo son sociales en el sentido de que requieren a otros para satisfacerlas, pero no para compartirlas y realizarlas. Esto ha llevado, casi inevitablemente, a desvalorizar los vínculos. A tal punto ha ocurrido esto, que hoy predomina también una cultura según la cual la verdadera libertad del individuo (del yo) consiste en emanciparse de las relaciones sociales, olvidando que el bien para la persona es siempre un bien compartido, un bien que se da en y con los demás (el polémico video de la Defensoría de la Niñez de hace un tiempo nos ofreció una evidencia paradigmática de esto último).
Exaltar ideológicamente la dimensión individual de la persona –es decir, olvidar que su propia plenitud se encuentra precisamente en sociedad– es un error. Con todo, no toda comprensión y referencia a la individualidad de la persona lo es. No es posible, de hecho, hablar de la dimensión social de la persona sin pensar que cada uno es máximamente individual: único e irrepetible.
Cada uno tiene (es) una riqueza o dignidad interna –su propia personalidad– que está llamada precisamente a comunicar a los demás. La individualidad es lo que hace posible la vida en comunidad o, dicho de otro modo, la individualidad es lo que hace posible la amistad. En este sentido, la dimensión social de la persona es su propia apertura a los otros. Incluso podemos decir que en esto consiste el mayor bien social: en la propia donación de la persona a los demás. Bajo esta perspectiva, los vínculos sociales no son cadenas que haya que quebrar para conseguir la verdadera libertad, para que pueda surgir el verdadero yo, sino que son bienes en sí mismos en los cuales nos realizamos. Así, la comunidad política o la familia, por poner dos ejemplos, no son medios o instrumentos para la satisfacción individual, sino que son relaciones en sí mismas valiosas, aún cuando impliquen sacrificios personales en favor de ella (de los demás, de todos).
Del modo en que se comprenda la realización de la persona en comunidad (y, consecuentemente, del modo en que se valoren los vínculos sociales), se sigue el modo en que se comprende el rol de la persona en la sociedad. Es obvio que el hecho de hablar de comunidad supone pensar en que hay algo que nos une, algo que es común. Sin embargo, ¿en qué consiste eso que es común? ¿El bien común es únicamente la satisfacción de las necesidades de la vida a fin de que cada uno haga con su vida lo que mejor le plazca, o hay algo más? ¿Existe un deber de los ciudadanos de colaborar en la consecución de este bien común? ¿Es posible que la sociedad pueda progresar sin una verdadera amistad social?
El rol del Estado en materia social, a su vez, se sigue de lo anterior. Si pensamos que no existe el deber de los ciudadanos de contribuir al bien de la sociedad de la cual son miembros y que este bien consiste únicamente en la satisfacción de las necesidades de la vida (algo en lo cual ciertos liberales de izquierda y derecha estarían de acuerdo), podemos concluir que el Estado puede –e incluso debe– asumir la titularidad de actividades como educación, salud o pensiones (alguien debe hacerlo). En cambio, si aceptamos una postura contraria, se puede defender que el rol del Estado es promover y colaborar con la realización del bien común, el cual supone mucho más que la provisión de bienes esenciales para la vida, y que por lo mismo le corresponde primera y principalmente a los ciudadanos. En algún sentido, la disputa constitucionalmente relevante entre proyectos que –matices más, matices menos– denominamos Estado de Bienestar y Estado Subsidiario encuentra sus fundamentos en este nivel de reflexiones.
De este modo, una buena forma de avanzar en el debate sobre el rol del Estado que la Convención Constitucional deberá abordar, y así salir de una discusión que a ratos parece un diálogo de sordos, consiste en indagar en los fundamentos antropológicos que subyacen a cada una de las propuestas, los cuales usualmente no son advertidos ni explicitados.
Ciclo de Conversaciones: Bases para un Acuerdo Constitucional «Derechos Sociales y Económicos»
El 6 de enero se desarrolló el penúltimo conversatorio del Ciclo de Conversaciones: Bases para un Acuerdo Constitucional organizado por Corporación Comunidad y Justicia junto a Fundación Jaime Guzmán, Idea País, Horizontal Chile, Instituto de Estudios de la Sociedad, Libertad y Desarrollo, Fundación Piensa, Instituto Res Pública, Instituto Libertad, Acción Educar y Ciudad Austral.
El conversatorio tuvo como invitados a Magdalena Ortega, Directora del Área Constitucional de IdeaPaís; Víctor Manuel Avilés, miembro del directorio del Instituto Libertad; Vicente Hargous Investigador de nuestra Corporación; Magdalena Vergara, Directora Ejecutiva de Acción Educar; y moderado por Juan Pablo Rodríguez, Director Ejecutivo de la Fundación Piensa.
Vicente Hargous, señaló que los «derechos sociales son prestaciones materiales mínimas y necesarias para que las personas puedan desenvolverse en sociedad para que puedan alcanzar su propia plenitud».
Además, destacó la importancia de la subsidiariedad y la solidaridad en la discusión constitucional explicando que el primer principio no solo se reduce a que el Estado debe hacerse cargo de ayudar a la sociedad, sino que todos los miembros deben colaborar unos con otros.
Sin embargo, aclara que «ayudar nunca puede significar ahogar o restringir la libertad» y añadió que «la subsidiariedad exige un respeto irrestricto a la libertad para establecer colegios y universidades privadas con ideario propio, el derecho y deber de los padres de educar a sus hijos», entre otros.
Nuestro investigador sostuvo que la solidaridad es una virtud que corresponde a la «determinación perseverante por buscar el bien común» y el «principio rector del orden social». Añadió que la persona no puede alcanzar su fin en su propia individualidad, sino que vive en sociedad y gracias a este principio todo Estado debe encaminarse hacia el bien común.
Puedes encontrar la charla completa en el siguiente enlace:
«Eutanasia y falta de diálogo» por Vicente Hargous
Les dejamos a continuación esta carta publicada el 07 de enero en La Tercera escrita por Vicente Hargous, Asesor Legislativo de nuestra Corporación.
Señor Director:
Esta semana, en la Comisión de Salud ocurrió un hecho realmente impactante. Los doctores Carolina Valdebenito y Juan Pablo Jaeger fueron tratados sin ningún respeto por ciertos miembros de la comisión. Iban a exponer acerca de los cuidados paliativos y el enfoque que tienen en el proyecto. Si bien es verdad que fueron invitados a pronunciarse sobre aspectos particulares del articulado, se los trató bruscamente desde un comienzo, se les insistió en ser breves y referirse solamente a un artículo y alguna vez no se les concedió la palabra para responder a las preguntas legítimas de los diputados de la comisión (incluyendo las de algunos que están a favor de la eutanasia, como el diputado Juan Luis Castro). Los comentarios de los expositores eran también pertinentes al tema en votación. A todo esto se suma el hecho de que no fueron oídos médicos paliativistas en la discusión general del proyecto, siendo que precisamente ellas son las personas más calificadas para hablar acerca del sufrimiento de los pacientes y el modo de enfrentar la muerte. Me parece que ha quedado en evidencia la actitud de cierta izquierda ideológica, cerrada a escuchar opiniones distintas, incluso de quienes tienen más experiencia y conocimiento en el tema. Al parecer, únicamente buscan que la eutanasia sea aprobada del modo más “liberal” posible (es decir, sin trabas, como la de aliviar el sufrimiento del paciente antes de tomar una decisión de ese calibre).
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