Video de Defensoría de la Niñez
El 02 de diciembre, nuestro Director Ejecutivo Álvaro Ferrer junto a Pablo Valderrama de Idea País y Claudio Alvarado del IES escribieron esta carta publicada en El Mercurio en respuesta al polémico video de Defensoría de la Niñez.
Señor Director:
El video de la Defensoría de la Niñez, divulgado el lunes en redes sociales, puede ser comprendido como un compendio de todas las banderas del progresismo; un acto de evidente instrumentalización política de muchos niños y un explícito llamado a la «revolución». Ahora bien, se trata simplemente de uno de tantos actos que exaltan una visión extremadamente individualista, cuya premisa es la soberanía individual absoluta e ilimitada . Así ocurre , entre otros, con el proyecto de ley de Garantías de la Niñez.
Lección para el futuro: pongamos de nuevo el foco en la comunidad familiar como un todo, como el entorno necesario para el pleno desarrollo de los niños, bajo la conducción y promoción de sus padres. Ante el paradigma de la emancipación es indispensable proponer una alternativa a la altura del desafío.
Álvaro Ferrer, Director Ejecutivo Corporación Comunidad y Justicia
Pablo Valderrama, Director Ejecutivo Idea País
Claudio Alvarado, Director Ejecutivo IES
«Titanic» por Vicente Hargous
Los invitamos a leer esta columna de opinión escrita por nuestro asesor legislativo Vicente Hargous publicada el 01 de diciembre en La Tercera. En ella, se cuestiona el rol del Ejecutivo en las últimas semanas ejemplificando con el proyecto de ley sobre Garantías de la Niñez y la modificación de la Ley Contra la Discriminación.
A estas alturas, no parece que se pueda hablar siquiera de buscar un poco de estabilidad o respaldo respecto del gobierno. La evidencia del desastre político está a la vista. Hay que reconocer que en sus inicios había una cierta unidad en torno a la figura del Presidente Piñera, respaldada por el capital político del 55% de las urnas, pero el carácter ficticio de esa unidad, más allá de la persona del Presidente, era algo obvio: falta de mística y épica, división en el sector de la derecha (incluyendo la variable sin resolver de la función que cumplirá el naciente Partido Republicano), ausencia total de relato político… La fragilidad salió a la luz durante la actual administración, con las sucesivas crisis que la han golpeado: en lo político y social primero, en lo sanitario y económico después. El buque ya no pasa de ser un frágil esquife… que se hunde inevitablemente.
Claramente, la administración de cosas es lo propio del gobierno, lo que explica que la crisis sanitaria y la económica estén -aparentemente- bajo control. El problema es el de las relaciones con las personas que, a fin de cuentas, es de lo que se trata la política. El Ejecutivo evidentemente busca quedar bien con todos, cosa que es imposible y que, unido a la falta de relato, pasa la cuenta. Al respecto, resultan muy llamativos los guiños a una izquierda progresista que lo odia y a una derecha liberal que ya está con él. Los ejemplos son muchos.
Resulta inexplicable que se haya vetado el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez (buque insignia del Presidente que viene a terminar con el Sename de una vez por todas), en aras de una defensa del derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos, y que a la vez ponga urgencia suma al proyecto de ley de Garantías de la Niñez. Este último, en efecto, presentado por la ex Presidenta Bachelet, ha sido altamente controversial por consagrar el derecho de los niños a una educación sexual integral laica y libre de prejuicios sexistas, el derecho de los niños de asistir a manifestaciones públicas sin permiso, una autonomía progresiva mal entendida y, sobre todo, un paradigma de familia en que los niños pasan a ser sujetos individuales autónomos y los padres potenciales opresores y violadores de sus derechos. La controversia fue tal que ningún senador de la UDI ni de RN votó a favor de la idea de legislar al respecto. En otras palabras: otro quiebre en uno de los momentos más delicados de nuestra historia reciente. ¿En qué está pensando el Ejecutivo? ¿No ve la contradicción entre el veto y esa suma urgencia?
Algo parecido ocurre con el proyecto de ley que modifica la ley contra la discriminación o “ley Zamudio”, frente al cual la actuación ha sido timorata y vacilante. Y lo mismo pasó con otros proyectos del “legado” de la ex Presidenta, como el de violencia contra la mujer y, sobre todo, con el de matrimonio homosexual (cuyo nivel de controversia no hace falta detallar). ¿Piensa acaso el Ejecutivo que le va a salir gratis en su sector prestarle ropa al lobby LGBT? No se trata solamente de un problema de fondo (que lo hay), sino que además es un error de táctica: dividir sin necesidad en el momento en que más unidad se requiere (unidad que, hasta que no cambie nuestro régimen constitucional, está encarnada en la figura de la Presidencia de la República).
Guste o no, la variable de la moral pública sigue siendo políticamente relevante y, hasta cierto punto (aunque cualquiera reconoce que su influencia es muy inferior a la que tenía hace algunos años), sigue siendo un criterio de diferenciación del espectro político. El mundo progre, aunque venda en Twitter, no siempre es el más popular (sobre todo dentro del sector que llevó al Presidente a gobernar). El Ejecutivo no tiene espaldas para maniobras díscolas, no hay agua en la piscina para piqueros como estos. Abrir más flancos, hacer más hoyos al casco de un buque que ya hace agua, solamente empeora la situación. Lo prudente, en pos de una mayor unidad, parece ser echar marcha atrás: quitarle la urgencia al proyecto de Garantías de la Niñez, desvincularse del proyecto de “Matrimonio” homosexual, oponerse con firmeza a las injusticias del proyecto de ley que modifica la “ley Zamudio”. No solo están en juego la defensa de los principios de su propio programa y de sus compromisos, no sólo está en juego el bien común (que debería ser el tema central), sino también el futuro de su propio sector de cara al debate constitucional.
¿Subsidiariedad? por Cristóbal Aguilera
Les dejamos a continuación esta columna de opinión escrita por nuestro Director Cristóbal Aguilera y publicada en El Líbero el 26 de noviembre.
Entre los principios sociales más cuestionados durante la discusión constitucional, se encuentra el principio de subsidiariedad. ¿Cómo debemos comprender este principio? La pregunta es crucial debido a la confusión –y muchas veces deliberada tergiversación– que de él se ha hecho, tanto por parte de sus críticos como de sus defensores.
Recientemente el Papa Francisco dedicó una audiencia general a explicar el principio de subsidiariedad, en el contexto de un ciclo de catequesis denominado «Curar al mundo». Lo hizo por medio del siguiente ejemplo: una persona que trabaja por los pobres, a la hora de explicar a qué se dedica, declara: «Yo enseño a los pobres, yo le digo a los pobres lo que deben hacer». Ante esto, el Papa replica con fuerza: «No, esto no funciona, el primer paso es dejar que los pobres te digan cómo viven, qué necesitan: ¡Hay que dejar hablar a todos!».
El ejemplo es magnífico para comprender este principio, por dos motivos.
En primer lugar, porque evidencia dos actitudes que son incompatibles con el principio de subsidiariedad. Por un lado, al Papa le preocupa que la ayuda a los pobres no sea un mero asistencialismo. El asistencialismo contraría la dignidad de los pobres, porque solo los considera como sujetos pasivos de las soluciones. En efecto, no tiene sentido suplir y anular («yo les digo lo que deben hacer») a quienes se busca ayudar. Pero al Papa también le preocupa que los pobres se vuelvan invisibles. Una sociedad que solo se guía por el mérito y la competencia es una sociedad que termina viendo a los pobres como una piedra de tope para el progreso.
En segundo lugar, el ejemplo es notable porque no habla del Estado. El Papa se refiere –aunque no emplea este concepto– a una «sociedad subsidiaria». ¿Qué significa esto? Significa una sociedad que entiende que la responsabilidad por el bien común recae primeramente en sus miembros. Dicho de otro modo: una sociedad que asume que a todos nos compete colaborar para que los demás puedan realizarse. Obviamente el Estado tiene una labor insustituible, por ejemplo, a la hora de asegurar una redistribución justa de la riqueza que garantice condiciones mínimas de igualdad y justicia (y por ello también es pertinente hablar de «Estado subsidiario»). Con todo, lo fundamental es que las personas, y las agrupaciones sociales, asuman un compromiso vital para con el resto de la sociedad. Así, por ejemplo, podríamos hablar de la función subsidiaria de la empresa, que se traduce –entre otras cosas– en que los empresarios se preocupen de generar las condiciones laborales para que los trabajadores se realicen como personas.
Subsidiariedad significa ayuda, asistencia. No suplencia. De algún modo, esa ayuda debe dirigirse a que todos asuman sus propias responsabilidades. De hecho, con esto termina el Papa su reflexión sobre la subsidiariedad. Y asumir las propias responsabilidades, en cualquier sociedad que se digne llamar como tal, significa preocuparse por el bien de los demás, principalmente de los pobres. Así, el principio de subsidiariedad puede plantearse, en definitiva, como un principio de justicia que exige que cada uno colabore con los otros para que también ellos puedan colaborar. De esto se trata, en último término, ser ciudadano.
¿Garantías de la niñez?
El día 18 de noviembre, Cristóbal Aguilera, director de nuestra Corporación, publicó esta columna de opinión en La Segunda acerca del proyecto de Ley de Garantías de la Niñez.
Durante la discusión del veto al proyecto que crea el servicio de protección especializada, la ministra Rubilar argumentó que el Gobierno está comprometido con la aprobación del proyecto de Garantías de la Niñez. ¿De qué se trata?
Este proyecto fue la principal iniciativa en materia de infancia que presentó la expresidenta Bachelet durante su mandato. El proyecto, como lo explicaba en 2015 Estelan Ortiz, entonces secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, busca entrometerse en la relación de los padres con sus hijos. Así, frente a la pregunta sobre si una niña que va a pedir la píldora del día después debe comentarlo a su familia, Ortiz respondía: “No tiene por qué (…) derecho a la intimidad”. En este contexto, el proyecto tiene por objeto asignarle al Estado el deber de garantizar y resguardar la vida personal de la niña frente a la intromisión ilegítima y arbitraria de los padres. Hay que agradecer a Ortiz por su sinceridad.
No es extraño que la principal discusión sobre este proyecto diga relación con el derecho de los padres de educar a sus hijos. El proyecto debilita la autoridad de los padres y ensancha las potestades del Estado a fin de que pueda interferir en la vida familiar. Lo que subyace a la iniciativa es la noción según la cual los niños son absolutamente autónomos, por lo que las limitaciones que los padres puedan establecer en su rol educador deben ser juzgadas y valoradas por el Estado. En esta línea, algunos senadores han llegado incluso a decir que los niños, antes que hijos de sus padres, son ciudadanos. Se instala así una noción dialéctica de la relación filial, que desconfía de los padres y confía en el Estado como garante de los derechos de los niños.
La pretensión de resguardar la autonomía de los niños y oponerla al derecho de los padres no es nueva. La ley de aborto, a partir del concepto de “autonomía progresiva” que el proyecto de Garantías busca consolidar, permite que las niñas menores de 14 años puedan abortar sin el consentimiento y conocimiento de sus padres. Lo nuevo e insólito es el entusiasmo de la ministra Rubilar por aprobar la iniciativa con celeridad. Habrá que preguntarse si el oficialismo le permitirá nuevamente al Gobierno apoyar propuestas que atentan directamente contra principios fundamentales de su sector.
«La mal entendida subsidiariedad: ¿Ayuda, ausencia, suplencia?» por Cristóbal Aguilera
Les dejamos a continuación esta columna escrita por el miembro de nuestro directorio Cristóbal Aguilera publicada el 12 de noviembre en el Diario Financiero
Uno de los principios sociales que más críticas ha recibido en el contexto del debate constitucional es el de subsidiariedad. El problema es que muchos de los cuestionamientos parten de un supuesto equivocado: la subsidiariedad necesariamente pugnaría con un Estado activo en el ámbito social. Por el contrario, una correcta comprensión de este principio puede ayudarnos a comprender el papel que le corresponde al Estado en esta esfera.
El principio de subsidiariedad se funda en la siguiente premia: la realización de los miembros de toda comunidad política supone que estos puedan asumir sus propias responsabilidades en la vida social. Sobre esta base, la subsidiariedad constituye un criterio de justicia que, en concreto, permite determinar a quién le corresponde la realización de las diferentes actividades de la vida en sociedad. De ahí que este principio, que es sinónimo de ayuda o asistencia, tenga por objeto precisamente ayudar y asistir a las personas para que alcancen sus fines en virtud de sus propios esfuerzos, lo que normalmente realizan por medio de agrupaciones sociales que forman para estos efectos.
En este contexto, el concepto de “Estado subsidiario” enfatiza la idea de que la labor del Estado debe orientarse a prestar esta ayuda, a la vez rechaza dos perspectivas incompatibles con él. Por un lado, es incompatible con la subsidiariedad un Estado que sustituye a los ciudadanos y agrupaciones en la consecución de sus metas, pues carece de sentido suplir y anular a quienes se busca precisamente asistir.
Por otro lado, también es contrario a este principio la tesis del “Estado mínimo”, según la cual el Estado no debería intervenir en la vida social salvo contadas excepciones. La subsidiariedad no es ausencia del Estado ni desprecio del mismo, sino presencia; pero presencia que se orienta a ayudar, no a suplir.
De este modo, podríamos definir el papel que le cabe al Estado en el ámbito social como colaborativo. En ciertos casos, esto se debe traducir en generar condiciones para que los ciudadanos puedan libremente organizarse y desarrollar las actividades que se proponen (en el ámbito educativo, cultural, etc.). En otros casos, la subsidiariedad exige asistir directamente a las familias que viven en situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza, para ayudarles a que ellas mismas se hagan cargo de sus vidas.
No es incompatible con el principio de subsidiariedad una política que busque otorgarles una vivienda digna a ciertos sectores de la población. Tampoco lo es el establecimiento por ley de un sueldo digno o la imposición de una política de redistribución de la riqueza para crear mejores condiciones sociales.
Es fundamental que la discusión constitucional tenga a la vista este principio, que permite delinear correctamente la labor del Estado en materia social, con el fin de que las personas y las agrupaciones puedan realizarse asumiendo sus propias responsabilidades en la vida en común.
Mater et Magistra: una reflexión
Les dejamos a continuación el análisis que nuestro investigador, Ignacio Suazo, preparó sobre esta Encílica de San Juan XXIII para el primer número de nuestro boletín formativo, Veritas et Bona. Pueden suscribirse a esta nueva iniciativa de Comunidad y Justiciaaquí.
El año 1961, el entonces Papa, Juan XXIII, promulgó una encíclica poco antes de la inauguración del Concilio Vaticano II (CVII). Tal vez por eso, este documento papal no tuvo la difusión ni el impacto que han tenido otros documentos magisteriales. Sin embargo, como veremos, se trata de un texto de enorme riqueza.
En este documento se pueden distinguir dos partes: una en que intenta sistematizar los principales puntos de las encíclicas sociales anteriores y otro en que responde a los principales desafíos contemporáneos.
El Papa Juan XXIII identifica al menos cinco ideas presentes en las encíclicas de sus predecesores:
1) La economía requiere de una oportuna intervención estatal, en aras de la justicia y basada en el principio de subsidiariedad (51-58).
2) la importancia del bien común en tiempos de una creciente interdependencia planetaria (59-67).
3) La estimación del salario debe considerar criterios de justicia: este debe dar lo suficiente para una vida digna (73-77; 82-84), debe ayudar a generar una cierta igualdad dentro de los países (78-79) y en el orden internacional (80-81).
4) Se debe aspirar a que los trabajadores tengan una participación en la empresa (91-96) y colaboren con el empresariado y la actividad económica en asociaciones, como sindicatos (97-103).
5) La propiedad privada nace de la misma naturaleza humana, por lo cual la Iglesia defiende el derecho a poseerla (109-112). Justamente por su importancia, es fundamental permitir que la mayor cantidad de personas posibles puedan poseer algún patrimonio (113-115). Lo anterior no impide que el Estado pueda poseer y administrar propiedades, si es lo mejor para el bien común (116-118). No se debe olvidar que la propiedad tiene una función social: aquellos que tienen, deben compartir sus bienes con aquellos más desfavorecidos (119-121).
En la segunda parte, el Papa destaca tres temas contemporáneos: la importancia de revalorizar el mundo agrícola (123-156), la solidaridad como respuesta a la desigualdad entre países ricos y pobres (157-184), el llamado problema de “desnivel entre la población y los medios de subsistencia” (185- 199) y los desafíos de una mayor colaboración en el plano mundial (200-211).
Como punto de fondo a estos tres temas, la encíclica recuerda el rol que juega la religión en general y la Iglesia en particular en el desarrollo. El llamado “Papa bueno” indica enfáticamente que el sentido religioso es natural al hombre y no habrá paz ni justicia sin la religión (214-217). En esa línea, el documento hace una profética advertencia: un exacerbado desarrollo técnico, unido a un pobre desarrollo espiritual, lleva a un debilitamiento del sentido de dignidad humana (242-247).
Juan XXII advierte de otra vulneración a la dignidad humana: la santificación de las fiestas. El Papa señala la importancia de que las personas dejen el primer día de la semana para dedicar tiempo al descanso y al cultivo de los bienes espirituales. (248-253).
Si el progreso sin Dios produce distorsiones, el trabajo en el mundo, cuando está arraigado a la Gracia, es más fecundo: “Así el trabajo humano se eleva y ennoblece de tal manera que conduce a la perfección espiritual al hombre que lo realiza y, al mismo tiempo, puede contribuir a extender a los demás los frutos de la redención cristiana y propagarlos por todas partes” (259).
“Mater et Magistra” fue escrita hace casi 49 años. Sin duda, muchas cosas han cambiado. Sin embargo, hay aspectos de este documento que no dejan de interpelar. En primer lugar, en como hace frente al miedo neo-malthusiano; al temor que el desarrollo económico no sea suficiente para sostener a la creciente población. Parecen ser miedos de otra época, pero lo cierto es que los llamados derechos sexuales y reproductivos (que se traducen en acceso universal a anticonceptivos y aborto a demanda) se hacen eco a esta inquietud. La Iglesia responde afirmando la importancia de la familia y el matrimonio, al tiempo que recuerda que Dios da todo lo necesario para que sus hijos vivan dignamente. Si esto no ocurre, es justamente por habernos alejado del recto uso de estas cosas (199).
Otro aspecto que resulta interpelador es la advertencia sobre el peligro de un desarrollo técnico sin Dios. Probablemente ni el mismo Juan XXIII imaginó en que devendría esto y hasta qué punto se puede negar la naturaleza humana: clínicas especializadas en abortos, refinadas técnicas eutanásicas, desarrollo de tratamientos de reasignación de género, criopreservación de embriones humanos, etc. No puede pasar desapercibida la conexión que el Papa del CVII hace entre la ciencia y la defensa del tercer mandamiento. Puede ser una buena pista para hacer frente a la avalancha secularizadora en la que ya nos encontramos envueltos. Puede ser incluso, una buena clave en una mejor comprensión de la libertad religiosa hoy.
Estos aspectos nos recuerdan lo siempre actual que resulta ser la DSI. Por tratarse de principios perennes, siempre tendrán algo que decirnos sobre la realidad humana.
Destaca, además, una segunda faceta: la armonía que existe entre la moral social y la individual. En boca de muchos, es como si la Iglesia debiera optar entre la opción preferente por los más pobres y una vivencia tradicional de la sexualidad. No es esto lo que ocurre en “Mater et Magistra”. Los temas más relevantes de la encíclica sin duda son los sociales: el salario, la desigualdad entre países ricos y pobres, etc. No obstante, existe una suerte de marco que permite ordenar ese desarrollo correctamente: la primacía de los bienes espirituales, la importancia del matrimonio y la santidad de la vida, por nombrar los principales.
Desconocer este orden natural y objetivo, conlleva un crecimiento desordenado. Más aún, inhibe el desarrollo: como se advierte entre los párrafos 203 y 205, la interdependencia entre los pueblos y las personas no ha sido mayor en parte por la desconfianza que existe entre países y entre personas ¿Cuáles son las causas de esta desconfianza? En último término, el desconocimiento de un orden moral objetivo, de modo que el concepto de “justicia” se ve relativizado. Sin ética, se debilitan los vínculos. Sin vínculos, se ve socavado el desarrollo. Quienes pagan estas consecuencias son, por supuesto, los más pobres.
En resumen, “Mater et Magistra” es una encíclica que vale la pena leer. Sintetiza el magisterio anterior en unos pocos puntos prácticos y visualiza de forma general, pero increíblemente certera, el mundo post CVII. Sin duda, un gran texto para aproximarse a la DSI.
Carta al director sobre libertad religiosa
Les dejamos una Carta al Director publicada en El Mercurio hoy 1° de mayo, de nuestros directores Cristóbal Aguilera y Tomás Henríquez. En ella se critica la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, sobre el cierre de la Catedral de Los Ángeles. La misma carta fue publicada también por el medio Nuevo Poder. Ve la carta abajo.
Discusiones legislativas en tiempos del COVID-19
Prácticamente todos los proyectos de interés para el foco de Comunidad y Justicia se han visto paralizados desde que la pandemia llegó a nuestro país. Sin embargo, hemos seguido muy de cerca las discusiones que se han dado en el Congreso y hemos adelantado mucho trabajo para el momento de retorno a la «nueva normalidad».
A grandes rasgos, podemos decir que el Congreso se está centrando en aliviar económicamente a las familias por los golpes que han recibido o que recibirán por la crisis sanitaria. Sin embargo, muchas veces los parlamentarios han actuado sin conciencia de las consecuencias económicas (y, por ende, humanas) que eventualmente podrían producir ciertas iniciativas que se presentan de manera positiva. En más de una ocasión, el impulso populista ha sido lo que tristemente ha llevado a que se aprueben o a que avancen iniciativas que pueden ser muy perjudiciales para los chilenos. Otras veces, las rencillas políticas entre partidos han impedido lograr acuerdos sobre temas en los que existe un cierto consenso técnico. No obstante, al menos se percibe un tono de discusión centrado en las personas y las familias, lo que constituye un cambio radical de paradigma que es muy positivo para enfrentar el debate público.
Ahora bien, algunos proyectos de los que seguimos han avanzado. Sobre todo, los proyectos de ley de violencia contra la mujer (puede ver nuestra minuta más reciente sobre ese proyecto aquí) y de Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez han avanzado un poco. Además, ha estado presente en tabla el proyecto de ley de filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo (puede ver nuestra minuta más reciente sobre el proyecto aquí), pero siempre se pone en un un lugar demasiado lejano dentro del orden del día, lo que hace que no se alcance a discutir (ha estado en torno al 10° lugar del orden del día). El proyecto de violencia contra la mujer, al menos en su marco teórico, concibe a la mujer como dotada de una autonomía mal entendida, que la desprende de su entorno familiar, de la maternidad y de la complementariedad con el hombre, de modo que pasa a ser una clase estructuralmente enfrentada con la clase masculina o patriarcal. Aprovechando la excusa de que durante la cuarentena habrían aumentado los casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, se ha movido el proyecto, con toda su carga ideológica implicada. Hemos continuado con la asesoría a las senadoras que pertenecen a la comisión donde se están votando las indicaciones. Aun queda mucho para que termine la discusión en la comisión, pero avanza a ritmo constante.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados hubo una polémica en torno a la nueva Mesa, el principal órgano político directivo de la Corporación, integrada por un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. Dos miembros de la Mesa recientemente electa pertenecen al oficialismo, lo que en un comienzo había levantado rumores acerca de un eventual reclamo (mal llamado ‘censura’) para remover a sus miembros. Consideramos que un reclamo así en estas circunstancias sería contrario al Reglamento. Hicimos una minuta que difundimos digitalmente entre muchos diputados y asesores, con una interpretación de la norma del Reglamento de la Cámara en que se establece el reclamo de la conducta de la Mesa (puede ver esa minuta aquí y una versión resumida de la misma aquí).
Además de todo lo anterior, hemos investigado acerca del llamado ‘debate de la última cama’. Pretendemos publicar dentro de poco un informe sobre los criterios para encontrar soluciones adecuadas en esta discusión tan compleja.
Fides et Ratio y la comprensión de los DD.HH.
«la gran esperanza de la encíclica es que todo conocimiento racional –humanístico o científico– puede trascender a su dimensión técnica y convertirse en saber sapiencial. En otras palabras, la investigación puede hacer de nosotros no sólo un experto, sino un sabio»
¿Tiene algo que decir una encíclica dedicada a la relación entre fe y razón a la comprensión y la defensa de los DD.HH.? Si el estudio de los DD.HH. tiene la pretensión de ser una disciplina sistemática y científica, capaz de iluminar un aspecto de lo humano, entonces la respuesta es un rotundo sí. Dicho de otro modo: si los DD.HH. son racionales, entonces la fe, que es otra manera de iluminar la realidad, tiene algo que decir sobre ellos.
En lo fundamental, el documento apunta a que la razón se perfecciona ella misma gracias a la fe, volviéndose “más aguda y perspicaz” (párr. 107). Pero este cambio es más que un simple cambio aditivo: la fe ayuda a que la razón sea transformada integralmente. Es que la gran esperanza de la encíclica es que todo conocimiento racional –humanístico o científico– puede trascender a su dimensión técnica y convertirse en saber sapiencial. En otras palabras, la investigación puede hacer de nosotros no sólo un experto, sino un sabio.
Tener esto en mente nos debiera llevar a tener una actitud distinta frente a la actividad racional, pues lo importante ya no será tanto acumular información técnica (siempre necesaria de ser actualizada), sino buscar que ella nos abra a la contemplación del Hombre –y porque no– del Misterio de Dios.
Para lograr dar ese paso de la abundante información contingente y fungible al conocimiento necesario y perenne, “Fides et Ratio” da al menos seis consejos emanados de la experiencia de la fe:
1. El conocimiento es un camino, no un descanso (párr. 18). Toda formulación humana, si bien capta un aspecto de la realidad, es contingente: siempre puede ser planteada de otra forma. Debe entonces evitarse la “soberbia filosófica” de erigir la propia perspectiva incompleta en lectura universal (párr. 4).
2. El conocimiento nunca es fruto del puro esfuerzo personal. Siempre somos inspirados y ayudados por otros (cfr. párr. 18).
3. La razón debe reconocer a Dios en “su trascendencia soberana y su amor providente en el manejo del mundo” (párr. 18).
4. La actividad intelectual debe orientarse a entender el sentido último de la realidad (párr. 83).
5. Debemos conservar la esperanza de que el hombre es capaz, con esfuerzo constancia, realmente de entender la verdad de las cosas (cfr. párr. 83).
6. La actividad intelectual, especialmente la filosofía, debe cultivar una actitud auténticamente metafísica, en el sentido de reconocer la existencia de una realidad más allá de los datos meramente fácticos o empíricos (párr. 83).
Ahora bien ¿Cómo podemos llevar estas improntas al estudio y sobre todo, a la aplicación DD.HH.? Sin pretender agotar el tema, creemos que ellas invitan a desarrollar una doble actitud de confianza y humildad.
Confianza, pues el ser humano es capaz de verdad. Puede comprender el sentido último de la realidad y acceder a la esencia de las cosas. En ese plano, no podemos olvidar que el Sistema Internacional de los DD.HH. Y toda la ley positiva, están orientados a un hecho que las trasciende: la dignidad humana. Por ello, quienes trabajamos en su defensa y promoción, debemos recordar que el concepto de DD.HH. no puede quedar confinado al sistema legal. Más aún: nuestra vida entera debe ser un ejemplo de respeto a la dignidad humana. Alta y ardua tarea.
Humildad, pues si bien la capacidad de la razón puede llevarnos a niveles de comprensión de la realidad asombrosos, incluso el más robusto sistema de pensamiento es limitado. Por otra parte, nadie puede arrogarse verdaderamente la autoría de tal o cual argumento, pues pocos campos son tan comunitarios como el del conocimiento. Realmente, si podemos ver algo, es porque estamos parados en hombres de gigantes.
Ser conscientes de este punto, nos debería llevar a ser más dialogantes y serenos a la hora de discutir, sabiendo que –al decir de Aristóteles– “el ser puede ser dicho de muchas formas”. También debiera ayudar a inmunizarnos de egos personales, sabiendo que todo lo que sabemos, lo sabemos por alguien. En una esfera donde el debate y las rencillas intelectuales son el pan de cada día, ser conscientes de estas limitaciones nos debiera llevar a tener una actitud más cordial y receptiva hacia los argumentos ajenos.
Fides et Ratio tiene mucho decir en la mejor comprensión de los DD.HH., pero no es el único campo en el que tiene algo de aportar. Sin duda, recomendamos vivamente su lectura a todos quienes se dedican a la investigación y divulgación de cualquier ámbito del conocimiento.
Lanzamiento: «Un Atajo hacia la Muerte»
Cuando ya llevamos algunas semanas de tele trabajo en medio de cuarentenas obligatorias y voluntarias, hemos visto con alegría como conversatorios online y paneles académicos por internet tienen un éxito significativo. Es por eso que nos hemos decidido a saldar una antigua deuda: lanzar nuestro libro “Un Atajo Hacia la Muerte”.
El libro recoge lo que son, a nuestro juicio, los mejores argumentos para oponerse a la eutanasia en poco más de 100 páginas. Su lanzamiento estaba originalmente planeado para comienzos de noviembre, debiendo ser suspendido con la intempestiva crisis nacional.
El libro no deja de tener actualidad, considerando los recientes debates en torno al llamado dilema de la última cama. En efecto, el libro da elementos para entender en qué medida privar a un paciente de ciertos medios médicos no es eutanasia. Así mismo, puede ayudar a identificar qué lógicas para elegir cómo asignar esos recursos sí podrían llegar a atentar contra la dignidad de la vida humana.
El lanzamiento se realizará a través de la plataforma Zoom el día jueves 7 de mayo a las 14:30. Para poder ingresar ese día, solicite el ID de la actividad y la contraseña al correo isuazo@comunidadyjusticia.cl
Esperamos que pueda acompañarnos en este importante día para la Corporación, la que no generaba una publicación desde el compendio sobre ideología de género, publicado a fines del 2014.