Roberto Astaburuaga: “Una Cuenta Pública ideológica: aborto, eutanasia y niños trans”
No esperábamos nada bueno y aún así nos decepcionó. La Cuenta Pública fue un tributo al octubrismo ideológico, una interpretación sesgada de las cifras y un intento de tapar con un dedo el sol que alumbra la deficiente gestión en todas las materias. Enfocando solo lo primero, Boric eligió un par de voladeros de luces que le permitieran esconder las malas cifras de su gestión. Y lo hizo anunciando medidas contra los más débiles, inocentes e indefensos: quienes se encuentran al inicio y al final de su vida; y al mismo tiempo, invocaba la clásica defensa irrestricta de los derechos humanos. Tampoco esperábamos coherencia.
“Aborto legal” fue el más polémico de los anuncios legislativos y que provocó la salida de una docena de legisladores del Salón de Honor del Congreso. En redes sociales, varios se manifestaron contra el aborto libre, pero ¿es lo mismo? No lo sabemos. Lo que queda claro es que se trata de “avanzar” en las tres causales y de no “retroceder”, como si destrozar guaguas a edades gestacionales cada vez más avanzadas o por nuevas “razones” fuera un “avance”.
La DC reaccionó molesta por poner en peligro la alianza con el Gobierno, pero nada que una negociación no pueda arreglar. En la oposición, las razones variaron desde la contradicción con la crisis de natalidad, la desconexión con las urgencias de la ciudadanía o la necesidad de hablarle a su “tribu” del 30%. Y todas esas razones son correctas. Pero la esencial sigue siendo siempre la misma: es inmoral toda acción que directa e intencionadamente acaba con la vida de un ser humano inocente e indefenso.
Unido a lo anterior, el anuncio para impedir que la objeción de conciencia obstaculice la realización de abortos. Si no tienen los votos para una ley de aborto, es probable que la negociación sea restringir la posibilidad de ser objetor, como lo preveíamos a principio de año. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional en 2017, las feministas siempre lo han denunciado como la letra chica que impide que la ley realmente sea aplicable. El ataque del Gobierno es contra aquellos que se mantienen firmes en su coherencia de vida y se niegan a doblegarse ante una ley injusta. Las propuestas pueden ir desde agregar más exigencias, listas “negras” de objetores, hasta amenazar con sanciones cada vez más severas. Es, en toda su extensión, un totalitarismo ideológico.
Con el anuncio de la eutanasia pasa lo mismo. Escudándose bajo un testimonio doloroso, se le pone acelerador a un proyecto de ley de “muerte digna”. Absolutamente incoherente con el discurso de la inclusión de los mayores de edad en la vida social. Todos sabemos, y la experiencia legislativa en el extranjero lo demuestra, que las causales se van ampliando con el tiempo -basta ver Canadá- y los indeseados -mayoría de edad, enfermedades mentales, etc.- son eliminados.
Otro tema fueron los niños. Pero si con una medida pretende resolver un problema, con otra lo crea. El Presidente enfatizó la necesidad de mejorar la institucionalidad del ex Sename, el actual Servicio Mejor Niñez, pero no se pronunció sobre la ejecución del Programa de acompañamiento de identidad de género (PAIG), que ofrece servicios transafirmativos a menores de edad, entre 3 a 17 años, incluyendo transición social, hormonal y quirúrgica. Lo anterior es extremadamente preocupante, pues es un enfoque que carece de evidencia científica sólida y contrario a la tendencia internacional europea que ha prohibido los bloqueadores de pubertad.
El legado del Presidente Boric, el mismo que se saca fotos con los niños, es dejar a más de 25.000 niños encadenados al PAIG y dependientes de los tratamientos transafirmativos, hormonizantes y mutiladores, dejándolos en las mismas condiciones que las relatadas en los horribles testimonios de 7 niños trans del reportaje de Radio Bío-Bío: tratamientos irreversibles, medicamentos sin aprobación del Instituto de Salud Pública, padres denunciados por oponerse, ausencia de consentimiento informado, etc.
Más abortos, más niños trans y comenzar con la eutanasia. Más ideología y menos razón. Más distractores y menos responsabilidad. Sigan haciendo historia, cabres. Historia de cómo hacerlo todo mal.
Gustavo Baehr: “Matrimonio religioso”
SEÑOR DIRECTOR:
La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que extiende el plazo para inscribir el matrimonio religioso, lo cual constituye un significativo avance en materia de libertad de religión, al facilitar el reconocimiento de sus efectos civiles.
La ampliación del término de 8 a 15 días y la posibilidad de que los contrayentes constituyan un mandato son medidas concretas que facilitarán -a quienes profesan una determinada fe- a celebrar su alianza matrimonial ante su confesión religiosa.
El matrimonio no se reduce a un mero contrato, aunque algunos así lo entiendan. Es, ante todo, una institución natural y religiosa. Por esto, se puede afirmar que tiene un profundo “sentido religioso” (CDSI N° 220), el cual inicia cuando podemos celebrarlo, en primerísimo lugar, ante Dios.
Gustavo Baehr
Abogado
Comunidad y Justicia
Cámara de Diputados aprueba proyecto para extender plazo de inscripción de matrimonio religioso
La iniciativa, presentada por parlamentarios de diversos sectores políticos, extiende de 8 a 15 días el plazo para inscribir el matrimonio religioso en el Registro Civil, y fue despachada al Presidente de la República para que, si no formula observaciones, se convierta en ley.
La Cámara de Diputados, por 112 votos a favor y 2 abstenciones aprobó, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que amplía el plazo para la inscripción del matrimonio religioso, siendo despachado del Congreso Nacional.
Este hito, representa un importante avance en materia de libertad religiosa.
Este logro se debe, en gran medida, al trabajo de nuestra área legislativa, que realizó gestiones con distintos diputados y senadores, a fin de impulsar su tramitación. Además, colaboró con los parlamentarios y sus equipos, mediante la formulación de propuestas de indicaciones, la confección de intervenciones, entre otras.
La ley actual establece un plazo de 8 días para realizar la inscripción, generando dificultades para quienes se casan en lugares remotos o que, por alguna razón, no pueden realizar el trámite dentro del término establecido. Al no poder realizar esta diligencia, la ley impide que el matrimonio religioso produzca efectos civiles.
Entre las principales modificaciones realizadas a la iniciativa original se encuentran:
- Extensión del plazo de inscripción de 8 a 15 días.
- Permiso para que la inscripción pueda ser realizada por un tercero mediante mandato.
- Extensión del plazo hasta el siguiente día hábil si el último día del plazo es inhábil.
Con esta nueva ley, se espera que el trámite de inscripción sea más accesible y se eliminen las barreras que impiden a los cónyuges ratificar su unión ante la ley.
Agenda legislativa: 27 al 31 de mayo
Roberto Astaburuaga: “4.000 niños trans en Chile”
El miércoles pasado el Minsal entregó la Cuenta Pública sobre su gestión durante del 2023. Uno de los anuncios, calificado como prioritario para el Gobierno de Gabriel Boric, llamó la atención: la implementación y desafíos del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) para menores de 18 años. La ejecución de este programa social es contradictoria, y por ello, peligrosísima y dañina, con uno de los principios básicos de la atención sanitaria: basarse en evidencia.
Si bien la ministra se refirió escuetamente a este punto, el borrador de la Cuenta Pública entrega más información. El PAIG realiza “acompañamiento psicosocial” a niños y jóvenes “trans y/o género no conforme y sus familias” para “reducir la exposición a factores de riesgo de discriminación” y “promover el nivel más alto posible de salud física y mental, poniendo término a la patologización de la identidad de género” que abarca los ámbitos “individual, familiar o institucional, y comunidad educativa”. Ya está instalado en 37 establecimientos de salud pública y en septiembre del año pasado finalizó la contratación de los equipos profesionales. ¿Cuántos niños y jóvenes ingresaron durante el 2023? 1.202. ¿Cuántos ingresos adicionales nuevos se esperan para este año? 2.940. Para fines de este año, más de 4.000 menores de 18 años serán las víctimas de la pseudociencia de género, poniendo en riesgo su integridad física y mental.
¿Por qué el PAIG es peligroso y dañino? Por que contradice los estudios y cambios de tendencias de los países pioneros en los tratamientos transafirmativos en menores de edad, quienes adoptan enfoques muchísimo más prohibitivos y restrictivos para los tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores de edad. Especialmente el Informe de la Dra. Hillary Cass en Inglaterra (publicado en abril de este año), el de la Dra. Lisa Littman (2019), autora del concepto Disforia de Género de Inicio Veloz (DGIV), así como en Noruega (2023), Finlandia (2020) y Suecia (2019). Una segunda razón es que se han desmontado los mitos sobre lo beneficioso del método afirmativo, que es el ocupado por el PAIG. No se trata de un método flexible en cuanto a la exploración de la identidad de género, sino que direcciona al menor a tomar una decisión apresurada. Tampoco es cierto que casi el 100% de los menores no se arrepientan de su transición, sino que casi la totalidad de los menores supera la incongruencia de género en el camino a la adultez, de acuerdo a estudios de 1997, 2008, 2013 y 2024. Por último, no existe evidencia sólida de que este enfoque constituya un alivio psicológico y evite de mejor manera los riesgos de autolesión y suicidio.
Por supuesto, el Minsal puede intentar calmar las aguas señalando que se trata de una falsa alarma porque el PAIG sólo se refiere al enfoque social y no incluye tratamientos hormonales ni quirúrgicos. Pero sería reírse en la cara de los chilenos, especialmente de los padres angustiados que se compran esta estafa que tiene mucho de ideología y nada de ciencia. El PAIG no es sólo un enfoque social, ya de por sí preocupante porque considera a los padres como los principales factores de riesgo y que pueden ser demandados ante tribunales si se oponen a que su hijo ingrese al programa, y su principal riesgo es que confirma al menor y su familia en la vía afirmativa y, así, condiciona -por no decir exige- el paso siguiente: hormonas, cuando menos. El PAIG también incluye, como señala la “Orientación Técnica para la Implementación del PAIG” (Minsal, 2023), dentro de las prestaciones el “Acompañamiento en la toma de decisiones difíciles del NNA”… Decisiones difíciles como “tratamientos de afirmación corporal”, eufemismo de tratamientos quirúrgicos, que no son otra cosa que castraciones y mutilaciones (delitos castigados en los arts. 395 y 396 del Código Penal). Los tratamientos hormonales también se incluyen, puesto que la atención secundaria deberá organizarse para realizar la “derivación a servicios clínicos de endocrinología, ginecología, urología u otros servicios que sean requeridos acorde a las necesidades específicas en relación con la identidad o expresión de género de cada persona”. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) enumeró más de 41.000 reacciones adversas entre 2004 y 2019 asociadas con la leuprolida, que incluye Lupron y medicamentos similares utilizados en clínicas de género. Casi 26.000 de ellos fueron clasificados como “casos graves”, que incluyeron más de 6.000 muertes.
Esperemos que en la próxima cuenta pública del Minsal la Ministra informe que se ha detenido la ejecución del PAIG. Más de 4.000 niños pagarán el precio si no lo hace.
Roberto Astaburuaga: “La restauración de las iglesias”
Existe una deuda con las iglesias cristianas. Uno de los símbolos del estallido social del 18-O fue la quema de iglesias. De acuerdo con el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, elaborado por Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), sólo entre octubre de 2019 y octubre de 2020 se cometieron en Chile actos vandálicos y daños en 59 iglesias de todo el país.
El 27 de octubre de 2019 la catedral de Valparaíso fue objeto de ataques e intentos de prenderle fuego y el 12 de noviembre la iglesia de La Veracruz fue incendiada. El 3 de enero de 2020 la iglesia San Francisco de Borja, ocupada para las ceremonias religiosas de Carabineros, fue blanco de bombas molotov que terminaron por quemar más del 60% de la infraestructura. Famoso fue el video del derrumbe de la cúpula de la iglesia de la Asunción con ocasión del primer aniversario de la revolucionara fecha.
Pero la obsesión por destruir y vandalizar los templos cristianos ocurre hace muchísimos años y no se detuvo luego del 18-O. De acuerdo con los registros del Barómetro de Conflictos con Connotación Indígena de la Multigremial de La Araucanía, entre 2015 y 2018, hubo más de 40 lugares de culto incendiados intencionalmente. Los ataques contra las iglesias continuaron luego de 2020, pero no existe un recuento oficial actualizado, y, sin embargo, las noticias sobre quemas y vandalismo de iglesias se cuentan por decenas.
En mayo de este año, dos noticias traen esperanza y justicia. La primera es el comienzo del diseño de la restauración de la iglesia de La Veracruz, gracias al trabajo conjunto del Arzobispado de Santiago y un grupo de fieles (Fundación Veracruz). La permisología, de la que se ha hablado en el último tiempo, también afecta la libertad religiosa, pues el atraso en el inicio de la reconstrucción se debe a la demora del Consejo de Monumentos Nacionales en entregar los permisos finales.
La segunda noticia fue que el Cuarto Tribunal Oral de Santiago declaró culpable al acusado (prófugo por dos años) por el delito de incendio, al arrojar líquido acelerante e intentar prender fuego a la iglesia San Francisco de Borja, así como lanzar bombas incendiarias a Carabineros, y cuya sentencia y pena se conocerá este miércoles. La justicia toma su tiempo, pero llega.
Existe una deuda con las iglesias cristianas. Durante demasiados años el país ha sido testigo de la destrucción de los lugares que manifiestan parte de nuestra identidad y cultura occidental y chilena. Pero no podemos dejar que sigan carbonizadas, grafiteadas y olvidadas.
Las iglesias son lugares de oración, conversión y encuentro con Dios, instituciones permanentes de nuestra historia e infaltables en la construcción urbana de cualquier ciudad o pueblo chileno. Desde la humilde capilla rural a la grandiosa catedral citadina, se trata de lugares sagrados. No son lugares corrientes, sino especiales, en los que se realizan aquellas acciones sagradas que vinculan con lo divino. Así, es su finalidad la que revela la especial consideración con la que deben ser cuidadas, y por lo mismo, el dolor que provoca su sacrilegio al ser vandalizadas, quemadas o rayadas no es sólo por el daño material provocado, sino que daña el bien común y desalienta las almas de los creyentes.
Las autoridades eclesiásticas, los chilenos y el Estado pueden (y deben) avanzar en un camino de restauración de las iglesias de Chile, pero no sólo una restauración material, sino también espiritual. Ellas también son, en cierto modo, parte del alma de Chile.
Agenda legislativa: 13 al 17 de mayo
Roberto Astaburuaga: “Mabel Suffield”
En 1891, Mabel Suffield zarpó de Inglaterra a Sudáfrica para casarse con un hombre trece años mayor que ella y dedicado al negocio bancario. Cuatro años después, debido a la necesidad de un mejor clima para sus dos hijos, John y Hilary, volvió a su tierra natal, pero sin su marido. No lo volverían a ver, pues murió al año siguiente.
Mabel se alojaba en casa de sus padres, pero a fines de 1896 se trasladaron a Sarehole, un lugar con colinas y bosques, que tendría efectos permanentes en el mayor de sus hijos. Los niños gozaban jugando por el campo, imaginando aventuras con ogros y dragones. Su madre, preocupada por su educación y ante la falta de recursos, decidió enseñarles a leer y a escribir, así como latín y francés, aunque no tuvo éxito con el piano, cuya música ella gozaba tocar. La botánica y el dibujo fueron parte de los temas de clases.
Sin embargo, la enseñanza que los marcaría profundamente sería la religión y el sacrificio que implicó para ella, pues la familia Suffield era anglicana y el padre de Mabel había sido educado en una escuela metodista y no soportó que su hija se volviera una papista. Luego de la muerte de su marido, Mabel comenzó a frecuentar una iglesia católica y a recibir formación, para ser recibida en 1900, junto con May, su hermana, en la Iglesia Católica. Su cuñado, furioso, prohibió a May volver a entrar en un templo católico, y le retiró el apoyo financiero a Mabel. Sin embargo, en palabras de Carpenter, biógrafo de su hijo mayor, “nada conmovía su lealtad hacia su nueva fe, y contra toda oposición comenzó a instruir a sus dos hijos en la religión católica”.
Esto obligó a Mabel a cambiar de hogar varias veces, pero priorizó la cercanía de una nueva iglesia católica, y finalmente se asentó en el suburbio de Edgbaston, cerca del Oratorio de Birmingham, y que tenía una escuela en la que sus hijos podían recibir educación católica. Ahí conoció y recibió el apoyo y comprensión de un sacerdote de nombre Francis, de ascendencia española y con gusto por fumar pipa. Si bien ocurrieron nuevos cambios de casa, debido a las crecientes dificultades económicas, el padre Francis pasó a ser un soporte vital para la familia.
La salud de Mabel, producto del desgaste y cansancio, comenzó a deteriorarse, y estuvo internada por tres meses en 1904 con un diagnóstico de diabetes. Si bien pareció mejorarse, Mabel volvió a empeorar, entró en un coma diabético y falleció el 14 de noviembre de ese año.
John tenía 12 años cuando quedó huérfano. A los 21 escribió sobre su madre: “Mi querida madre fue en verdad una mártir, y no a todos concede Dios un camino tan sencillo hacia sus grandes dones como nos otorgó a Hilary y a mí, al darnos una madre que se mató de trabajo y preocupación para asegurar que conserváramos la fe”. Impresos quedaron en John lo que había recibido de su madre: una formación católica, el estudio por las lenguas y el amor por la naturaleza. Combinados, potenciados y fortalecidos en el tiempo, Mabel estaba presente en la mano de su hijo cuando escribía sus libros. John llegaría a ser uno de los escritores más reconocidos de todos los tiempos, identificable por su apellido: John Ronald Reuel Tolkien.
En una carta de 1953, señala que El Señor de los Anillos “es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica; de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. (…) Porque, a decir verdad, conscientemente he planeado muy poco; y debería estar agradecido por haber sido educado (desde los ocho años) en una Fe que me ha nutrido y me ha enseñado todo lo poco que sé; y eso se lo debo a mi madre, que se atuvo a su conversión y murió joven, en gran medida por las penurias de la pobreza, que fueron las consecuencias de ello”.
Gustavo Baehr: “Soft law y derechos humanos: ¿para qué?”
Durante estos días, la Cámara de Diputados discute un proyecto de ley que pretendería promover la información y discusión, en la Cámara de Diputados, de soft law en materia de derecho internacional de los derechos humanos.
Como en todo acto de naturaleza normativa, conviene preguntarse: ¿Cuál es la necesidad de que este proyecto se convierta en ley? Para responder a esto, resulta suficiente constatar que los antecedentes cuya información desea promover el proyecto se encuentran mediante una simple búsqueda en internet. Además, el soft law no es una fuente de derecho internacional establecida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, por lo que no tiene carácter vinculante.
En tales circunstancias, por tanto, resulta difícil encontrar un elemento que justifique la existencia del proyecto de ley.
Entonces, ¿qué hay detrás de este proyecto? Es la propia moción la que, en su fundamentación, entrega un indicio que podría dar una respuesta. En ella, se señala que, el (supuesto) deber de nuestro país, de revisar la legislación interna, para adaptarla a lo que la iniciativa llama “estándares de Derechos Humanos”, está íntimamente relacionado con lo señalado por órganos de supervisión de tratados. “A modo de ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile (…) evidenció la necesidad de aprobar el proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.”
¿Es casual esta referencia? Seguramente, no. La “recomendación” efectuada por el CEDAW constituye una más de los habituales pronunciamientos de organismos internacionales, en los que reina una visión sesgada, discutible y distorsionada de los derechos humanos. Ejemplos sobran: en 2018, el mismo CEDAW recomendó a Chile ampliar la ley 21.030, a fin de “despenalizar” el aborto en todos sus casos; y en 2019, una serie de Estados extranjeros solicitaron a Chile lo mismo, en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU).
Como se puede apreciar, el proyecto de ley es aparentemente inocuo, pero constituye una ingeniosa herramienta para promover, con supuestos ropajes de infalibilidad, una visión ideológica de los derechos humanos, que en numerosas ocasiones encuentra un lugar para promover atentados en contra de bienes fundamentales, como la vida del no nacido, la familia, entre otros.