A raíz de la condena a Eduardo Macaya por delitos de abuso sexual a menores de edad, algunos parlamentarios anunciaron el ingreso de un proyecto de ley que incluya en la educación sexual la prevención del abuso sexual infantil y el respeto a la diversidad. Pese a los múltiples portazos que ha recibido la idea de imponer un adoctrinamiento ideológico a los alumnos -una y otra vez los chilenos les dicen que no- los mismos de siempre vuelven a insistir.

En 2020, la Cámara rechazó un proyecto de ley que introducía la ESI (Educación Sexual Integral) con elementos ideológicos y afectaba el derecho de los padres. En 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos del proyecto de ley de Garantías de la Niñez referidos a la educación no sexista y que afectaban los derechos parentales. En 2022, se rechazó el proyecto de Constitución que consagraba el carácter no sexista del derecho a la educación y el derecho a una educación sexual integral “que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad (…) el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad”, y que excluía a los padres a pesar de las decenas de miles de firmas de las Iniciativa Populares de Norma. En 2023, la prioridad para el Ministro de Educación fue la implementación de la ESI, lo que se vio reflejado en las cuestionadas Jornadas de Educación No Sexista y la actualización de una guía de sexualidad afectiva, que si bien terminó con una acusación constitucional rechazada, fue uno de los factores de su salida pocos meses después. En 2024, el Gobierno metió a último minuto el concepto de educación no sexista en el proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres, y si bien el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional el concepto, lo interpretó de una manera tan restringida que excluía cualquier componente ideológico. Y ahora escuchamos -por sexta vez- su grito de guerra: ¡seguimos!

Una y otra vez intentan meter la ESI a la fuerza y una y otra vez los padres les dicen que no. Ningún chileno quiere que un niño sea abusado sexualmente, pero tampoco quieren que se adoctrine sexualmente a sus hijos. El mismo sector que insiste en la idea de que existe evidencia de que la ESI sirve para prevenir el abuso sexual infantil, fue el que defendió que la evidencia respaldaba el cambio de nombre y sexo registral desde los 14 años, como quedó en la Ley de Identidad de Género del 2018. Resulta que ahora tenemos una comisión investigadora que debe averiguar cuántos niños y jóvenes con disforia de género han recibido tratamientos hormonales que carecen de evidencia científica sólida que los respalde y que traen daños irreversibles de por vida.

La ESI no es un programa de concientización de los riesgos de abuso ni ayuda a reforzar de manera consistente en los niños y jóvenes el rechazo a los contactos de carácter sexual, porque se contradice con la máxima de sus promotores que pontificando que los contactos sexuales, en cuanto consentidos, son inobjetables, no violentos y generadores de buenas sensaciones. La supuesta eficacia de la educación sexualizante de menores de edad en prevenir abusos sexuales es en realidad mera especulación-justificación ideológica, no empírica.

La oposición a la ESI se explica no sólo por el rechazo a la obsesión de exhumar el proyecto constitucional octubrista, ni por el historial de fracasos de imponerla, ni por la desconexión de atender situaciones educacionales graves que hoy requieren soluciones impostergables, sino que por tratarse de una ideología que excluye a los padres, adoctrina y confunde a los niños, carece de evidencia que respalde su rol preventivo y ofrece una visión materialista, reduccionista y hedonista de la sexualidad. Y los padres no quieren eso para sus hijos.

>> Leer columna en El Líbero

Los efectos del Informe Cass, que denunció la ausencia de evidencia científica sólida en los tratamientos hormonales a niños y jóvenes con disforia de género, siguen expandiéndose. En Chile, el 8 de julio pasado se aprobó la creación de una Comisión Investigadora y en el Reino Unido, el nuevo gobierno laborista decidió mantener la suspensión de realizar, en la salud pública y privada, tratamientos hormonales a menores de edad.

Sin embargo, quienes se han opuesto a las conclusiones y recomendaciones del Informe Cass, tanto en Chile como en el extranjero, no han dudado en, como lo llaman eufemísticamente, “desinformar”.

Uno de los padres del reportaje de Sabine Drysdale relata que la psiquiatra que atendió a su hijo de 15 años y que creía ser una mujer, advirtió sobre la altísima tasa de suicidios en niños que no son apoyados por sus padres; misma advertencia recibida por otro testimonio. El argumento “hijo trans o hijo muerto” es, como describe un caso, la “espada de Damocles”, es decir, la amenaza constante de un daño o peligro o de apoyar la transición o de perder a un hijo. Ningún padre debería escuchar una insensibilidad de ese calibre. El Informe Cass concluyó que no existe respaldo sólido sobre la reducción del riesgo de suicidio debido a los tratamientos de afirmación de género, ya que la mayoría de los estudios que sostenían tal efecto tenían problemas metodológicos importantes, especialmente la falta de control adecuado de la presencia de comorbilidad psiquiátrica y su tratamiento.

Pero luego de la publicación del Informe y de la adopción de medidas por el NHS Reino Unido, activistas y agrupaciones trans denunciaron en redes sociales un gran aumento en el suicidio de pacientes actuales y recientes del Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género (GIDS) en Tavistock desde una restricción anterior de los medicamentos bloqueadores de la pubertad que siguió a una decisión judicial (Bell v. Tavistock) en diciembre de 2020: 1 suicidio en los 3 años anteriores a la sentencia y 16 muertes (en lugar de suicidios) en los 3 años posteriores. El Profesor Louis Appleby, asesor en prevención del suicidio del Departamento de Salud y Asistencia Social, realizó una revisión sistemática de los datos de muertes entre 2018 a 2024 para comprobar la veracidad de la denuncia y concluyó que no existía respaldo, puesto que, concretamente, en esos 6 años hubo 6 suicidios, 3 antes de 2020-21 y 3 después. La desinformación malintencionada, masiva y sin base estadística sobre el suicidio juvenil buscando adecuarlo a un relato ideológico y que tiene incidencia en el riesgo de suicidio de los menores con disforia de género, revela que los activistas hacen exactamente lo que decían que no había que hacer.

En Chile, la desinformación se ha dado por contar sólo una parte de la historia o por no decir nada sobre noticias preocupantes. Por ejemplo, la subsecretaria de Salud señala reiteradamente que el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) no incluye hormonoterapia. Pero mantiene absoluto y conveniente silencio respecto a la parte de las normas técnicas del PAIG que indican, si se solicita, derivar al menor de edad para tratamiento hormonal, que puede ser en cualquier establecimiento de salud público o privado. También intenta “combatir la desinformación” cuando sostiene que las familias son integradas en el PAIG, lo que es cierto… sólo si están de acuerdo en que sus hijos ingresen. Sin embargo, no escuchamos ni una palabra sobre las, al menos, 5 referencias técnicas respecto a denunciar a los padres que se oponen al ingreso de su hijo al PAIG, lo que se confirma con los testimonios, públicos y privados, de familias citadas a tribunales de familia, y que en algunos casos han perdido el cuidado de sus hijos. Eso sí pasa en Chile.

Tampoco se ha referido sobre el Programa de Salud Trans (PST), que sí contempla la hormonación desde los 10 años y está implementado en 21 hospitales públicos. Según un documento del Minsal de abril de 2023, más de 1.300 niños y jóvenes chilenos están dentro la población bajo control para recibir hormonas y más de 400 en lista de espera. El PST ¡vaya coincidencia! trabaja coordinadamente con el PAIG.

Otro ejemplo lo encontramos en la columna “Asedio a la niñez trans”, que señala que muchas entidades internacionales (la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Americana de Endocrinología, la Sociedad Canadiense de Pediatría, entre otras) han mantenido sus guías clínicas a favor de la terapia género afirmativa, y cita uno que está en contra (el Colegio Americano de Pediatras). Lo que no dice es que también existe un gran número de asociaciones gremiales internacionales que han manifestado su apoyo al Informe Cass o que han seguido direcciones similares (la Sociedad Europea de Psiquiatría Infantil y Adolescente, el Colegio de Psiquiatras del Reino Unido, la Sociedad Alemana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, el respaldo de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y niñas de la ONU, etc.).

Pero más reveladora es la omisión del descubrimiento del Informe Cass respecto a que las guías clínicas de las asociaciones internacionales que mantienen su postura transafirmativa no siguieron los estándares internacionales para su elaboración, se basaron en evidencia deficiente y se citaban entre sí de forma circular generando un aparente y falso consenso científico, es decir, un cartel de citas. Cambia bastante el panorama con la información completa.

Con la instalación de la Comisión Investigadora y el inicio de su trabajo de recopilación de información, podremos tener mayor certeza de la preocupante realidad en Chile, pero está claro que seguir tratando no es una opción neutra.

>> Leer columna en El Líbero

Chile siempre ha sido un país cristiano. Su identidad y su historia no se entienden sin ese elemento presente desde la cotidianeidad de la familia hasta la solemnidad de los actos estatales. Sin embargo, a lo largo de las décadas los cimientos cristianos han sido horadados por el liberalismo y el socialismo, y que actualmente se encarna en el progresismo de izquierda, por acción, y de derecha, por omisión.  

El significado de la dignidad humana es el origen de las diferencias entre cristianismo y progresismo. Mientras los segundos equiparan la dignidad a la autonomía personal o al ilimitado ejercicio de la voluntad en todo orden de cosas, que deben ser proveídas casi exclusivamente por el Estado, los primeros la defienden como inherente a todo ser humano por el hecho de existir y de haber sido creada por Dios y que permanece más allá de toda circunstancia.

Ambas comprensiones manifiestan sus diferencias en materias delicadas como son la vida, la conciencia, la educación y la familia. En Chile esto se ha apreciado con claridad en los últimos cinco años.

Si la Convención Constitucional intentó realizar una transformación radical a partir de una propuesta de Constitución, el actual Gobierno no la guardó en un cajón, sino que hizo “copypaste” y le cambió el título de “Propuesta de Constitución” por proyectos de ley, programas sociales, resoluciones, etc. La coalición de gobierno ha fracasado en dejar un legado de prometidas transformaciones sociales y políticas, y sus victorias son más bien pequeñas e intrascendentes. Sabiendo el feroz bloqueo que enfrentan en pensiones, seguridad y economía han presionado por impulsar agendas identitarias que no provocan la misma resistencia en la oposición.

Sobre el derecho a la vida, los atentados al inicio y al final de la misma, con la ampliación del aborto y la innovación en eutanasia, se han encaminado mediante anuncios legislativos para seguir “avanzando” en atentar contra la vida de los más indefensos. El impulso a dicha agenda también afecta la libertad de conciencia y de asociación, pues la nueva versión del reglamento sobre objeción de conciencia que debe ser revisado por la Contraloría, establece discriminaciones arbitrarias para la contratación de profesionales objetores y que, en último término, la objeción de conciencia no pueda impedir la realización de abortos, pues no ven en el que está por nacer la misma dignidad de los que ya han nacido.

Por último, la familia, núcleo fundamental de la sociedad, enfrenta su desintegración física y moral con los programas de acompañamiento a la identidad de género del Minsal que, invocando la autonomía progresiva de los niños, son separados judicialmente de sus padres o ingresan y son hormonados dejando, en el peor de los casos, daños irreversibles de por vida. Programas, en coordinación con el Mineduc, que proponen “educar” y “entrenar” a las familias, y “sensibilizar” a profesores y directores. A la diferencia sexual constitutiva en el hombre y la mujer se le intenta y a la dignidad del cuerpo inseparable de la dignidad propia, desde la más tierna infancia, se le intenta oponer estatalmente la fluidez de la autopercepción y el financiamiento para las modificaciones corporales.

La radicalidad de las “transformaciones” deja cada vez menos espacio a los que se han refugiado en las zonas grises de los acuerdos y negociaciones, y exige aún más esfuerzo de quienes advierten los peligros y luchan contra el éxito de estas revoluciones que ponen en riesgo la vida de hijos no nacidos y ancianos, la conciencia de los profesionales, la inocencia y educación de los niños, la paz y unidad familiar, y en realidad, la verdadera estabilidad e identidad de una nación. Como señaló San Juan Pablo II en su visita a Chile: “El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre”.

>> Leer columna en El Líbero

El viernes recién pasado, la subsecretaria de Salud señaló en una entrevista que “la importancia de la terapia de género afirmativa son políticas de Estado, no están en discusión”, ya que “la evidencia muestra efectos positivos de la terapia de género afirmativa, incluida la terapia hormonal, en la salud mental de jóvenes trans”. Así, el principal desafío “es ofrecer lineamientos técnicos claros sobre el uso de la hormonoterapia en la niñez y adolescencia trans”. La convocatoria del Minsal a expertos y organizaciones de la sociedad civil para que revisen la evidencia científica y formulen lineamientos técnicos sobre el uso de la terapia hormonal, respondería a dicho desafío.

Como dicen por ahí, vamos viendo.

¿Las terapias de género afirmativas no están en discusión? La verdad es que sí. En Chile y en el extranjero. En nuestro país porque lo que ha provocado la discusión actual son los testimonios de padres valientes cuyo sentido común les alertaba de la irracionalidad de un tratamiento que considera absolutamente correcto lo que diga un niño y peligroso lo que crea su padre, aun cuando corra el riesgo de ser judicializado. En el extranjero, porque el Informe Cass es la evidencia más sólida, pero no la primera, según el cual no existe a la fecha ninguna evidencia favorable a los tratamientos transafirmativos en menores de edad (ni a la transición social, ni a los bloqueadores de pubertad, ni a las cirugías). Si no fuese así, la subsecretaria debería explicar los retrocesos y restricciones que países pioneros en aplicar este enfoque han ejecutado en los últimos años (Inglaterra desde el 2020, Finlandia en 2020, Noruega en 2023, Suecia en 2022) o las felicitaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres por el Informe Cass, señalando sus hallazgos y recomendaciones son fundamentales y “ha mostrado muy claramente las consecuencias devastadoras que las políticas sobre tratamientos de género han tenido sobre los derechos humanos de los niños”.

Además, eso de que haya temas sobre los cuales no se pueda discutir y que son políticas de Estado fijadas en piedra, está en las antípodas de la democracia con la que hacen gárgaras…  La ministra Orellana debe estar indignadísima: “No vetamos ninguna discusión”… ¿o sólo las que no les conviene?

¿La evidencia muestra efectos positivos de la terapia de género afirmativa, incluida la terapia hormonal? Afortunadamente, el Informe Cass se encarga de hacer trizas esta afirmación. Dicha investigación revisó 50 estudios sobre los bloqueadores de pubertad y concluyó que 24 eran de calidad baja, 25 de calidad moderada y 1, sólo 1, era de alta calidad. También revisó 53 estudios sobre hormonas masculizantes / feminizantes, y la cosa no mejoró: 19 de calidad baja, 33 de calidad moderada y nuevamente sólo 1 de calidad alta.

Esperemos que los estudios citados en los documentos del Minsal y sus programas sociales tengan una mejor calidad. Sería impensable que un Gobierno progresista implemente políticas públicas de salud destinadas a los más pequeños y vulnerables sin un respaldo científico sólido y en línea con los países desarrollados y progresistas que les gusta citar. Los efectos positivos de estos “tratamientos” no lo reciben los niños, sino los bolsillos de activistas, farmacéuticas, académicos y, por supuesto, burócratas.

¿El Minsal convocó a expertos y organizaciones de la sociedad civil para revisar la evidencia científica y formular lineamientos técnicos para la terapia hormonal? Se esperaría que la seriedad, rigor e imparcialidad de nuestras sociedades científicas y organizaciones sin fines de lucro podría dar luz sobre estas materias y seguir el camino de los países desarrollados. Pero la realidad es otra. De las cinco sociedades médicas, tres ya sacaron una declaración apoyando el enfoque afirmativo y de las 10 integrantes nombradas dichas asociaciones, seis están explícitamente a favor de hormonar niños. Como si fuera poco, las organizaciones sociales invitadas son las mismas que han defendido y promovido el enfoque afirmativo hace años. Cierto comediante de traje blanco me quita las palabras de la boca.

Mejor ahorrémonos esta farsa de prohibir discusiones, de designar a dedo a los aliados que ya escribieron las conclusiones, de gastar recursos y tiempo en fingir neutralidad. Ya se acabó junio, y los menores de edad sometidos a estos tratamientos que conllevan riesgos médicos tales como infertilidad y esterilidad, problemas de salud ósea, problemas cardiovasculares, alteraciones cerebrales, cáncer, entre otros, necesitan recibir una atención de salud que los beneficie, no que los dañe.

>> Leer columna en El Líbero

Ante el aumento de voces y testimonios que reclaman por la hormonación estatal a menores de edad, el Minsal ha respondido de la peor manera posible: seguimos. Ese amén propio del progresismo identitario revela que no están dispuestos a reconocer la evidencia científica. El Gobierno, habiendo perdido las batallas por la seguridad y la economía, ha decidido dar la pelea por la transformación cultural de la sociedad chilena, defendiendo a “las niñeces trans”, hormonando niños y demandando a los padres que se opongan. Así, en complicidad con algunas sociedades médicas y fundaciones pro trans ha comenzado la defensa y contraataque.

El Minsal, mediante la Circular Nº7, del 14 de junio, señalo que el PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género) “no incluye tratamiento hormonal”. Pero lo cierto es que una de las prestaciones de dicho programa es el “acompañamiento en toma de decisiones difíciles”, como los “tratamientos de afirmación corporal”, según la Orientación Técnica para la implementación del PAIG: “si una persona solicita asesoramiento sobre tratamiento hormonal”, se le debe “entregar orientación y atención de acuerdo con la capacidad de resolución de la red de salud”. En la misma circular señala que “sugiere diferir el inicio de nuevos tratamientos con bloqueadores” y “terapia hormonal”… Es una sugerencia, no una orden… ¿y si un Hospital rechaza la sugerencia? ¿Se hará responsable la subsecretaria por no ser tajante en prohibir y detener los tratamientos hormonales?

Además, la respuesta es pésima porque, en el fondo, lo que importa es saber si la hormonación se realiza en la red pública de salud. De hecho, en la misma circular el Minsal señala que lleva un año y medio “analizando la evidencia internacional sobre terapia hormonal género afirmativa” para menores de edad “preparando los lineamientos técnicos correspondientes”. Además, en enero de este año, el Minsal realizó una capacitación virtual a través de tres videos del canal de YouTube de Salud Digital, en los que se explica la derivación de menores ingresados en el PAIG a la Terapia Hormonal Género Afirmativa… los que fueron borrados la semana pasada.

¿Quién elaborará esos lineamientos técnicos? Las mismas sociedades médicas que apoyan el enfoque afirmativo, como lo demuestra la declaración del 18 de junio, firmada por las sociedades chilenas de Pediatría, Ginecología Infantil y de la Adolescencia, y de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia. Las conclusiones de los lineamientos ya están escritas en esa declaración: “La manera en que cada NNA trans realiza su transición es única y depende, entre otros factores, de su edad, desarrollo físico y estado emocional, por lo que las prestaciones de salud que se entreguen deben ser adecuadas a cada realidad en particular, garantizando siempre el bien superior del NNA.”. Ah, ¿pero quién determina cuál es ese bien superior? ¿los padres? No, salvo si lo meten al PAIG y lo hormonan, porque si se oponen pueden ser denunciados… y cada vez aparecen nuevos casos de padres “judicializados” que pierden la tuición. Entonces, ¿los doctores? Sólo si apoyan el enfoque afirmativo, pues quienes realizan psicoterapia o enfoques distintos, como la espera vigilante, sufren el riesgo de ser acusados de ocupar “terapias de conversión”. No es posible esperar objetividad de esos lineamientos y mucho menos si algunas de esas sociedades imparten cursos pagados sobre el enfoque transafirmativo.

El último integrante del triunvirato son las fundaciones que apoyan la hormonización de niños, quizás con muchos integrantes actuando de buena fe, pero que en algún momento la evidencia científica será un balde de agua fría. En Holanda, país pionero en los tratamientos transafirmativos, han comenzado a aparecer demandas por la negligencia y rapidez con las que se empezó a hormonar a los niños, por lo que no debería sorprendernos que en el próximo tiempo esto se comience a replicar, especialmente cuando existen dudas sobre el cumplimiento de los requisitos normativos para realizar este tipo de acompañamientos, y que en los tribunales de familia han hecho la vista gorda. Sus cartas han apuntado a la descalificación y el lobby que han hecho a las autoridades sanitarias para no detener la hormonación se refleja en la reunión que tuvieron con el Minsal y una orden de la circular Nº7 ya mencionada: “Adicionalmente, se instruye a los equipos tratantes reforzar el acompañamiento psicosocial en personas que se encuentren a la espera del inicio de tratamiento hormonal”… no vaya ser que algunos padres empiecen a despertar y oponerse a que su hijo siga un camino de dolorosos efectos irreversibles y luchar contra los “rescates” de los activistas.

La intención de asegurar que no existan desistimientos refleja el grado de desesperación por mantener, cueste lo que cueste, el encanto del hechizo trans. Y el Minsal sigue agitando la varita.

>> Leer columna en El Líbero