El miércoles pasado el Minsal entregó la Cuenta Pública sobre su gestión durante del 2023. Uno de los anuncios, calificado como prioritario para el Gobierno de Gabriel Boric, llamó la atención: la implementación y desafíos del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) para menores de 18 años. La ejecución de este programa social es contradictoria, y por ello, peligrosísima y dañina, con uno de los principios básicos de la atención sanitaria: basarse en evidencia.

Si bien la ministra se refirió escuetamente a este punto, el borrador de la Cuenta Pública entrega más información. El PAIG realiza “acompañamiento psicosocial” a niños y jóvenes “trans y/o género no conforme y sus familias” para “reducir la exposición a factores de riesgo de discriminación” y “promover el nivel más alto posible de salud física y mental, poniendo término a la patologización de la identidad de género” que abarca los ámbitos “individual, familiar o institucional, y comunidad educativa”. Ya está instalado en 37 establecimientos de salud pública y en septiembre del año pasado finalizó la contratación de los equipos profesionales. ¿Cuántos niños y jóvenes ingresaron durante el 2023? 1.202. ¿Cuántos ingresos adicionales nuevos se esperan para este año? 2.940. Para fines de este año, más de 4.000 menores de 18 años serán las víctimas de la pseudociencia de género, poniendo en riesgo su integridad física y mental.

¿Por qué el PAIG es peligroso y dañino? Por que contradice los estudios y cambios de tendencias de los países pioneros en los tratamientos transafirmativos en menores de edad, quienes adoptan enfoques muchísimo más prohibitivos y restrictivos para los tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores de edad. Especialmente el Informe de la Dra. Hillary Cass en Inglaterra (publicado en abril de este año), el de la Dra. Lisa Littman (2019), autora del concepto Disforia de Género de Inicio Veloz (DGIV), así como en Noruega (2023), Finlandia (2020) y Suecia (2019). Una segunda razón es que se han desmontado los mitos sobre lo beneficioso del método afirmativo, que es el ocupado por el PAIG. No se trata de un método flexible en cuanto a la exploración de la identidad de género, sino que direcciona al menor a tomar una decisión apresurada. Tampoco es cierto que casi el 100% de los menores no se arrepientan de su transición, sino que casi la totalidad de los menores supera la incongruencia de género en el camino a la adultez, de acuerdo a estudios de 1997, 2008, 2013 y 2024. Por último, no existe evidencia sólida de que este enfoque constituya un alivio psicológico y evite de mejor manera los riesgos de autolesión y suicidio.

Por supuesto, el Minsal puede intentar calmar las aguas señalando que se trata de una falsa alarma porque el PAIG sólo se refiere al enfoque social y no incluye tratamientos hormonales ni quirúrgicos. Pero sería reírse en la cara de los chilenos, especialmente de los padres angustiados que se compran esta estafa que tiene mucho de ideología y nada de ciencia. El PAIG no es sólo un enfoque social, ya de por sí preocupante porque considera a los padres como los principales factores de riesgo y que pueden ser demandados ante tribunales si se oponen a que su hijo ingrese al programa, y su principal riesgo es que confirma al menor y su familia en la vía afirmativa y, así, condiciona -por no decir exige- el paso siguiente: hormonas, cuando menos. El PAIG también incluye, como señala la “Orientación Técnica para la Implementación del PAIG” (Minsal, 2023), dentro de las prestaciones el “Acompañamiento en la toma de decisiones difíciles del NNA”… Decisiones difíciles como “tratamientos de afirmación corporal”, eufemismo de tratamientos quirúrgicos, que no son otra cosa que castraciones y mutilaciones (delitos castigados en los arts. 395 y 396 del Código Penal). Los tratamientos hormonales también se incluyen, puesto que la atención secundaria deberá organizarse para realizar la “derivación a servicios clínicos de endocrinología, ginecología, urología u otros servicios que sean requeridos acorde a las necesidades específicas en relación con la identidad o expresión de género de cada persona”. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) enumeró más de 41.000 reacciones adversas entre 2004 y 2019 asociadas con la leuprolida, que incluye Lupron y medicamentos similares utilizados en clínicas de género. Casi 26.000 de ellos fueron clasificados como “casos graves”, que incluyeron más de 6.000 muertes.

Esperemos que en la próxima cuenta pública del Minsal la Ministra informe que se ha detenido la ejecución del PAIG. Más de 4.000 niños pagarán el precio si no lo hace.

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Existe una deuda con las iglesias cristianas. Uno de los símbolos del estallido social del 18-O fue la quema de iglesias. De acuerdo con el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, elaborado por Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), sólo entre octubre de 2019 y octubre de 2020 se cometieron en Chile actos vandálicos y daños en 59 iglesias de todo el país.

El 27 de octubre de 2019 la catedral de Valparaíso fue objeto de ataques e intentos de prenderle fuego y el 12 de noviembre la iglesia de La Veracruz fue incendiada. El 3 de enero de 2020 la iglesia San Francisco de Borja, ocupada para las ceremonias religiosas de Carabineros, fue blanco de bombas molotov que terminaron por quemar más del 60% de la infraestructura. Famoso fue el video del derrumbe de la cúpula de la iglesia de la Asunción con ocasión del primer aniversario de la revolucionara fecha.

Pero la obsesión por destruir y vandalizar los templos cristianos ocurre hace muchísimos años y no se detuvo luego del 18-O. De acuerdo con los registros del Barómetro de Conflictos con Connotación Indígena de la Multigremial de La Araucanía, entre 2015 y 2018, hubo más de 40 lugares de culto incendiados intencionalmente. Los ataques contra las iglesias continuaron luego de 2020, pero no existe un recuento oficial actualizado, y, sin embargo, las noticias sobre quemas y vandalismo de iglesias se cuentan por decenas.

En mayo de este año, dos noticias traen esperanza y justicia. La primera es el comienzo del diseño de la restauración de la iglesia de La Veracruz, gracias al trabajo conjunto del Arzobispado de Santiago y un grupo de fieles (Fundación Veracruz). La permisología, de la que se ha hablado en el último tiempo, también afecta la libertad religiosa, pues el atraso en el inicio de la reconstrucción se debe a la demora del Consejo de Monumentos Nacionales en entregar los permisos finales.

La segunda noticia fue que el Cuarto Tribunal Oral de Santiago declaró culpable al acusado (prófugo por dos años) por el delito de incendio, al arrojar líquido acelerante e intentar prender fuego a la iglesia San Francisco de Borja, así como lanzar bombas incendiarias a Carabineros, y cuya sentencia y pena se conocerá este miércoles. La justicia toma su tiempo, pero llega.

Existe una deuda con las iglesias cristianas. Durante demasiados años el país ha sido testigo de la destrucción de los lugares que manifiestan parte de nuestra identidad y cultura occidental y chilena. Pero no podemos dejar que sigan carbonizadas, grafiteadas y olvidadas.

Las iglesias son lugares de oración, conversión y encuentro con Dios, instituciones permanentes de nuestra historia e infaltables en la construcción urbana de cualquier ciudad o pueblo chileno. Desde la humilde capilla rural a la grandiosa catedral citadina, se trata de lugares sagrados. No son lugares corrientes, sino especiales, en los que se realizan aquellas acciones sagradas que vinculan con lo divino. Así, es su finalidad la que revela la especial consideración con la que deben ser cuidadas, y por lo mismo, el dolor que provoca su sacrilegio al ser vandalizadas, quemadas o rayadas no es sólo por el daño material provocado, sino que daña el bien común y desalienta las almas de los creyentes.

Las autoridades eclesiásticas, los chilenos y el Estado pueden (y deben) avanzar en un camino de restauración de las iglesias de Chile, pero no sólo una restauración material, sino también espiritual. Ellas también son, en cierto modo, parte del alma de Chile.

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En 1891, Mabel Suffield zarpó de Inglaterra a Sudáfrica para casarse con un hombre trece años mayor que ella y dedicado al negocio bancario. Cuatro años después, debido a la necesidad de un mejor clima para sus dos hijos, John y Hilary, volvió a su tierra natal, pero sin su marido. No lo volverían a ver, pues murió al año siguiente.

Mabel se alojaba en casa de sus padres, pero a fines de 1896 se trasladaron a Sarehole, un lugar con colinas y bosques, que tendría efectos permanentes en el mayor de sus hijos. Los niños gozaban jugando por el campo, imaginando aventuras con ogros y dragones. Su madre, preocupada por su educación y ante la falta de recursos, decidió enseñarles a leer y a escribir, así como latín y francés, aunque no tuvo éxito con el piano, cuya música ella gozaba tocar. La botánica y el dibujo fueron parte de los temas de clases.

Sin embargo, la enseñanza que los marcaría profundamente sería la religión y el sacrificio que implicó para ella, pues la familia Suffield era anglicana y el padre de Mabel había sido educado en una escuela metodista y no soportó que su hija se volviera una papista. Luego de la muerte de su marido, Mabel comenzó a frecuentar una iglesia católica y a recibir formación, para ser recibida en 1900, junto con May, su hermana, en la Iglesia Católica. Su cuñado, furioso, prohibió a May volver a entrar en un templo católico, y le retiró el apoyo financiero a Mabel. Sin embargo, en palabras de Carpenter, biógrafo de su hijo mayor, “nada conmovía su lealtad hacia su nueva fe, y contra toda oposición comenzó a instruir a sus dos hijos en la religión católica”.

Esto obligó a Mabel a cambiar de hogar varias veces, pero priorizó la cercanía de una nueva iglesia católica, y finalmente se asentó en el suburbio de Edgbaston, cerca del Oratorio de Birmingham, y que tenía una escuela en la que sus hijos podían recibir educación católica. Ahí conoció y recibió el apoyo y comprensión de un sacerdote de nombre Francis, de ascendencia española y con gusto por fumar pipa. Si bien ocurrieron nuevos cambios de casa, debido a las crecientes dificultades económicas, el padre Francis pasó a ser un soporte vital para la familia.

La salud de Mabel, producto del desgaste y cansancio, comenzó a deteriorarse, y estuvo internada por tres meses en 1904 con un diagnóstico de diabetes. Si bien pareció mejorarse, Mabel volvió a empeorar, entró en un coma diabético y falleció el 14 de noviembre de ese año.

John tenía 12 años cuando quedó huérfano. A los 21 escribió sobre su madre: “Mi querida madre fue en verdad una mártir, y no a todos concede Dios un camino tan sencillo hacia sus grandes dones como nos otorgó a Hilary y a mí, al darnos una madre que se mató de trabajo y preocupación para asegurar que conserváramos la fe”. Impresos quedaron en John lo que había recibido de su madre: una formación católica, el estudio por las lenguas y el amor por la naturaleza. Combinados, potenciados y fortalecidos en el tiempo, Mabel estaba presente en la mano de su hijo cuando escribía sus libros. John llegaría a ser uno de los escritores más reconocidos de todos los tiempos, identificable por su apellido: John Ronald Reuel Tolkien.

En una carta de 1953, señala que El Señor de los Anillos “es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica; de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. (…) Porque, a decir verdad, conscientemente he planeado muy poco; y debería estar agradecido por haber sido educado (desde los ocho años) en una Fe que me ha nutrido y me ha enseñado todo lo poco que sé; y eso se lo debo a mi madre, que se atuvo a su conversión y murió joven, en gran medida por las penurias de la pobreza, que fueron las consecuencias de ello”.

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Así será recordada la política pública de salud que ha experimentado y mutilado a los niños con disforia de género. Luego de la publicación del Informe Cass en abril pasado, los efectos se han hecho notar, sea con nuevas normativas que restringen o prohíben el uso de bloqueadores de pubertad para menores de edad o se comienzan a levantar solicitudes de investigaciones en otros países… salvo en Chile.

Pero en Chile el asunto sigue pasando desapercibido. El artículo 23 de la Ley de Identidad de Género regula los programas de acompañamiento profesional a los que podrán acceder los niños con disforia de género que incluye “acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial”. Como señala el reglamento de la ley, el programa es voluntario y sólo se entrega si es “solicitado por el niño (…) de acuerdo a su edad y grado de madurez, o su familia”, salvo que el niño se oponga. Pero si los padres se oponen, contra la decisión del hijo, su negativa es ineficaz. Lo que importa es la decisión del niño, no la de los padres.

Esos programas, a cargo de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social se han materializado en el “Programa de Apoyo a la Identidad de Género” o “PAIG” que se ejecuta en todos los servicios de salud del país. Un análisis de los informes presupuestarios de las versiones 5 y 6 del PAIG , correspondientes a los años 2021 y 2023, revelan que la agenda trans se aplica con toda su fuerza en todo Chile y aún no dimensionamos el daño, irreversible en muchos casos, que se causará.

La base de la ley, de su reglamento y del PAIG es que los problemas de salud física, mental o de conducta de los niños con disforia de género tienen su origen en las reacciones negativas de la sociedad (transfobia) más que en el niño. Es decir, en lugar de explorar y revisar otros antecedentes psicológicos del niño, se opta por la vía irresponsable: potenciar (afirmar) su autopercepción, aun cuando ello no resuelva su angustia, y, de pasada, “transformar” la sociedad y la cultura, que son las que realmente ponen en riesgo su vida. La gran cantidad de “detransicionadores” se explica en parte porque los tratamientos transafirmativos no miran el pasado, sino que sólo al futuro.

Los tratamientos de afirmación de identidad de género se pueden dividir en tres líneas de acción. La primera es la afirmación personal y social del niño o joven mediante atención “género afirmativa” (personal, familiar y educativa). La segunda es el tratamiento hormonal, que puede ser supresivo (reducción de los niveles de hormonas en la pubertad y adolescencia) o de reemplazo (busca un desarrollo físico acorde a los caracteres sexuales deseados). Por último, las terapias quirúrgicas consisten principalmente en genitoplastía (creación quirúrgica de una vagina), mastectomía (cirugía para extirpar el tejido mamario) y faloplastía (creación quirúrgica de un pene).

La versión de 2021 del PAIG tiene como población objetivo a 3.743 niños de 3 a 17 años cuya identidad de género no coincida con su sexo asignado al nacer, de una población potencial de 37.427 niños. Consideran que a los 3 años la mayoría de los niños tienen un sentido estable (y manifiestan) su identidad de género. Sin embargo, reconocen que no se cuenta con estudios epidemiológicos confiables sobre su prevalencia en la población infantil, y citan un estudio de Estados Unidos de 2013, en el que se utilizan datos de 2.730 niños desde los 11 a los 13 años. Es preocupante que el PAIG sostenga que los “cuidadores” (nunca se habla de padres) sean la principal fuente de riesgo para sus hijos. Esto explica que una de las medidas del programa sea “educar” a los padres y se les “entrenará para la puesta en práctica de un repertorio de estrategias parentales que le permitan demostrar el apoyo a su hijo”.

Esta versión del PAIG contempla sólo la primera línea de acción: apoyo psicosocial al niño mediante atención “género afirmativa”, “orientación familiar” e inclusión del niño en el entorno educacional. Medidas de esta última línea incluyen “sesiones de sensibilización y entrenamiento de los integrantes de la comunidad educativa”, así como sensibilización y capacitación sobre la existencia de protocolos “sobre la utilización del nombre social, acerca de los servicios higiénicos, camerinos (…)”. Para los niños de párvulo y primer ciclo se asesorará mediante la “recomendación de cuentos infantiles relativos a la inclusión o al género”. Todo en la línea de vulnerar el derecho de los padres de educar y criar a sus hijos conforme a sus convicciones.

La versión 2023 del PAIG sube el rango de edad (de 3 a 7 años), pero aumenta la población objetivo y las intervenciones son más radicales: son 61.376 personas trans y no binarias en Chile de 10 o más años, y que en 2024 correspondería a 6.138 personas, que pueden acceder a prestaciones no solo de afirmación social, sino que también hormonal y quirúrgica.

Es probable que los tratamientos hormonales para niños con disforia de género en Chile ya se hayan realizado de forma autónoma por los servicios de la red pública de salud desde hace muchos años. Desde 2023 el Hospital Las Higueras cuenta con un policlínico infanto juvenil que “entrega atención a 80 niñes de la jurisdicción y está integrado por un equipo multidisciplinario de especialidades como la endocrinología, pediatría, psicología y psiquiatría infantil». En 2018, el Hospital Gustavo Fricke atendía a 30 niños en proceso de transición y en el Hospital de La Serena se atiende a 50 niños.

Las líneas de acción del PAIG generarán un efecto de “contagio social” en niños con identidad de género, lo que a su vez provocará un aumento de la demanda de salud trans y esto generará una menor supervisión y cuidado en la realización de cualquiera de las líneas de acción. Tal como ocurrió en Finlandia, Suecia e Inglaterra.

En Chile no sabemos cuántos niños tienen disforia de género, ni cuántos reciben tratamiento hormonal, ni su edad, ni la rigurosidad científica de los protocolos hospitalarios, ni la cantidad de padres indefensos ante este nuevo cuento del tío. No necesitamos cometer el mayor desastre médico contra los niños de nuestra historia, cuando otros países están pagando las consecuencias. Aún hay tiempo para detener el PAIG.

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Las últimas semanas, después de leer distintas noticias, terminé preocupado por cierto hilo conductor que intuía en ellas, pero no sabía explicar. Todas referían a cuestiones relacionadas, de alguna u otra manera, con el ejercicio de la sexualidad: la influencia de la IA en la reproducción asistida, la disminución del embarazo adolescente por uso de anticonceptivos, el descenso de la natalidad y las razones ecologistas, el maltrato y abuso sexual contra menores de edad en redes sociales, los peligros de los tratamientos transafirmativos en menores de edad, la creación de un barrio rojo en Santiago, la tendencia al alza de la aceptación social del aborto bajo cualquier circunstancia de la encuesta Bicentenario UC, el ideológico fallo del Tribunal Constitucional sobre la educación no sexista, la preferencia por los AUC en lugar de los matrimonios y el aumento de madres solteras.

Existen ciertas ideas comunes entre algunas de ellas. La primera está relacionada con las consecuencias de la liberalización sexual (prostitución y uso de anticonceptivos); la segunda, con el abuso y mal uso de la tecnología (técnicas de reproducción asistida, abuso sexual en redes sociales y tratamientos transafirmativos); y la tercera, consiste en los efectos sociales (menos matrimonios y más AUC, aceptación social del aborto, descenso de natalidad, educación sexual ideológica y crianza de niños sin padres).

Los más liberales y progresistas de izquierda y derecha dirán que no es motivo de preocupación, sino de alegría. Son los “avances civilizatorios” de la Modernidad, y estamos en el siglo XXI. Pero hay un desorden y es imposible no verlo.

El invierno demográfico ha llegado a Chile y no sabemos cuánto durará. Revertirlo requiere de una política coherente que enfrente un escenario cultural adverso. Así, por un lado, sería inconsistente que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia promoviera un aumento de los nacimientos, mientras el Ministerio de la Mujer intenta avanzar en la aceptación social del aborto.

Pero no basta con que nazcan más niños, sino que se requiere que sean criados y educados en el mejor entorno posible, que es el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, preocupados por la educación de sus hijos. Si la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el matrimonio es la base principal de la familia, debería gozar de preferencia en su protección y promoción. Esto se refleja en los indicadores de menor pobreza, menor riesgo de deserción escolar y mejor desempeño escolar. Choca con lo anterior, la tendencia al aumento de los AUC y de disminución de matrimonios, considerando la mayor facilidad para romper el vínculo que tienen los primeros así como el daño para los hijos de las madres solteras que recurren a las clínicas de fertilidad y que crecen sin un padre. En este último caso, el derecho de los padres a tener un hijo -un “embrión de buena calidad”- refuerza que el problema de la natalidad se trate en términos “técnicos”, de política pública o estadística, sin considerar que se trata de un ser humano.

Por último, no sabemos las consecuencias que tendrá la forma en que se han educado las generaciones desde el 2000 en adelante. Las ideologías identitarias ya han demostrado sus efectos en desacreditar el matrimonio al proponer una alternativa más cómoda al difícil compromiso que lo involucra, en desincentivar la procreación y cuidado de una nueva vida por la conservación de plantas y animales, y en debilitar la autoridad de los padres por ser “adultocéntrica” y atentar contra los “derechos” de las “niñeces”. La tecnología de los últimos años ha significado para los niños un encierro en sí mismos, expuestos a la pornografía, bullying y toda clase de material sin control. Los niños y jóvenes han sido educados en un mundo de derechos y no de deberes, de exigir y no de ser responsables. Y esto ha llegado a la locura de considerar normal, e incluso a promocionar, que se medique, muchas veces de forma irreversible, y mutile a los niños que se autoperciben del sexo opuesto, aun sin evidencia científica.

Está claro que los slogans “sexo sin compromiso” y “mi cuerpo, mi decisión” han pasado la cuenta, pero no podía ser de otra manera. La siembra fue persistente, y la cosecha ha sido abundante. Y aun así, a pesar de todo, el matrimonio, la familia y la sana educación siguen existiendo y sorteando, consciente o inconscientemente, cada nuevo escollo que aparece. Hay esperanza.

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La semana pasada el Gobierno publicó en la cuenta de X del Ministerio de Salud una invitación a participar en el proceso de consulta pública del documento “Política Nacional de Salud para Personas Trans y de Género Diverso”. En resumen, se trata de una propuesta sobre un enfoque integral que incluya las acciones afirmativas de género en salud pública para las personas trans.

El enfoque es afirmativo, es decir, la atención sanitaria comienza asumiendo que la mejor (y única) opción para el paciente es afirmar su identidad de género, en lugar de indagar el origen del malestar en otras causas. Acciones afirmativas que se realizan en Chile incluyen el uso de nombre social y/o modificación legal de sexo registral, uso de hormonas, cirugías estéticas de cuello o cara, cirugías de mamas, cirugías de genitales o reproductivas, modelación estética corporal y otras formas. En este sentido, se destaca que, en relación al uso de hormonas, los estudios han relevado que cerca del 70% mantiene su administración después de cuatro años, siendo más para aquellos que buscan la feminización (81% versus un 64,4% para masculinización) y para los que inician antes de los 18 años (74,4% versus a 64,4% en edades superiores a la mayoría de edad). En el caso de las cirugías, existe una baja tasa de arrepentimiento y alta satisfacción, relacionado con la aceptación social de la nueva identidad de género”.

Dejando de lado las preocupantes cifras, el Ministerio de Salud justifica la necesidad de avanzar en prestaciones específicas en razón de «la evidencia disponible sobre los efectos positivos que estas generan en la vida de las personas que las solicitan. Por ejemplo, cerca de un 80% de quienes pasaron por procesos de hormonación y cirugías afirmativas logra insertarse a la vida laboral y mejoran su calidad de vida, y un 72% mejora también su bienestar sexual. Asimismo, intervenciones psicosociales muestran resultados positivos en la disminución del aislamiento, aumento del conocimiento y mejora en el apoyo social para personas trans y sus grupos familiares«.

¿Cuál es el problema de todo esto? Al menos, identificamos tres.

El primero es que se trata de un documento no vinculante, pero que tiene efectos esenciales en la vida de las personas, especialmente en los casos de los niños y de sus padres. Como se plantea desde un punto de vista transafirmativo, no se nombra el derecho de los padres de decidir en estas materias.

El segundo es que la supuesta evidencia científica en la que funda la necesidad de avanzar en prestaciones está altamente cuestionada luego de la publicación del Informe Cass, que reveló las autoridades médicas crearon una falsa legitimidad, ya que el consenso científico sobre el respaldo a la transición juvenil se creaba en un círculo cerrado de referencias cruzadas entre los mismos autores y documentos. Es decir, los tratamientos que el Ministerio de Salud pretende entregar no cuentan con respaldo científico mínimo y por tanto proponen actuar en base a una pseudo ciencia que diluye la ideología que la sustenta. ¿Quién paga? Los niños.

En tercer lugar, el documento del Gobierno, en un conveniente silencio, no hace mención a los cambios más recientes en Europa (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Inglaterra, Francia), en donde las legislaciones de los países pioneros en tratamientos transafirmativos en menores de edad han comenzado a retroceder al comprobar las trágicas consecuencias y la baja calidad de la evidencia sobre la que se han elaborado las políticas públicas. Estas consecuencias negativas no se advierten en los documentos gubernamentales y, además, están desactualizados.

En Chile no existen cifras oficiales sobre la atención en salud a niños con disforia de género. De acuerdo a un artículo chileno de marzo de este año que cuestiona el modo de tratar estos casos, constataron que entre 2021 y 2022, en al menos 4 hospitales públicos habrían realizado cerca de 10 casos de “cirugías consideradas de reasignación de sexo a menores de edad”. No sabemos la cantidad total de niños que se han sometido a este tipo de mutilaciones, o el total de los que han aceptado la terapia de hormonas masculinizantes o feminizantes, o la cantidad de niños que se han arrepentido (detransicionado). No sabemos la cantidad de padres afectados por decisiones unilaterales e inapelables de burócratas, sean jueces asesorados por activistas o funcionarios de salud.

Lo que sucede es gravísimo y escandaloso… aunque a la “Defensoría” de la Niñez, sabiendo esto, no haya hecho nada. Mientras Chile empuja a los niños con disforia de género en tratamientos sin evidencia científica, Europa trata de revertir el desastre que han provocado. El Congreso debe formar una Comisión Investigadora que revise la situación en el sistema de salud y que se entreguen los antecedentes que justifican la experimentación hormonal y mutilación de los tratamientos transafirmativos en niños. Los partidos políticos que se comprometen con la familia, con los niños primeros en la fila o con el interés superior del niño no tienen excusa para no hacerse cargo de esta gravísima situación. No tenemos cifras sobre la magnitud de este desastre en nuestro país. El Gobierno debe abandonar su identitarismo ideológico propio de la Convención y que ha demostrado su fracaso en todas las áreas de sus transformaciones históricas, y revocar su Política Nacional de Salud Trans.

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