El año negro del lobby trans que experimenta con niños
El 2024 no será recordado con alegría por el lobby trans, tanto en Chile como en otros países. Por supuesto que la victimización, la negación y la mentira han sido su principal respuesta, pero es imposible que sigan ocultando un escándalo médico sin precedentes en la historia y una violación sistemática de los derechos de los niños al someterlos a tratamientos experimentales y sin evidencia científica que provocan daños irreversibles. La verdad ha comenzado a salir a la luz.
La publicación del Informe Cass, por su irrefutable contundencia y seriedad, sólo aceleró un efecto dominó que comenzó en Europa a mediados de 2019. Pronto, los Estados europeos comenzaron a restringir o eliminar la posibilidad de que los niños autopercibidos trans puedan acceder a tratamientos hormonales. En esta línea se encuentran Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Francia, Suecia y Noruega. En otros países, el tema está siendo fuertemente discutido y puede ser que en 2025 existan avances, como en Alemania y Bélgica. Lo mismo ocurre en varios lugares de Estados Unidos, donde además hay casos de demandas que están siendo conocidas por la Corte Suprema. Sin embargo, Canadá, España, Australia y Nueva Zelandia insisten en mantener un enfoque afirmativo que es sólo ideología. A nivel latinoamericano, Chile destaca por liderar la ofensiva para salvar a los niños.
El caso chileno es similar al de David contra Goliat. Quienes defienden el enfoque afirmativo -comenzar a hormonizar y mutilar por la sola autopercepción del niño- encuentran apoyo en las universidades, asociaciones gremiales, clínicas, jueces, políticos, empresas farmacéuticas, medios de comunicación, municipalidades, instituciones estatales, redes de poderosos activistas y lobistas, etc. Contra ellos se enfrentan padres que han sido amedrentados por el chantaje emocional “hijo trans o hijo muerto”, e incluso a algunos les han quitado, por orden judicial, a sus hijos al oponerse a que ingresen a programas como el PAIG, como consta en un testimonio; doctores que han sido amedrentados; testimonios de detransicionadores que han sido perseguidos y acosados; etc.
Pero el mayor enemigo es el silencio cómplice: aquellos que teniendo el deber y la posibilidad de denunciar esta macabra situación se quedan callados, por temor a la funa de soltarse del yugo identitario, o a los doctores y funcionarios de salud que saben lo que está ocurriendo. Ellos, que saben lo que le está pasando a miles de niños confundidos y a padres angustiados, y que no están de acuerdo, prefieren mirar para otro lado. A la izquierda y a la derecha progresista les corresponde, como primera medida para comenzar a reparar el mal causado, alzar la voz y denunciar las barbaridades que ocurren en el sistema de salud, público y privado.
A pesar de lo anterior, ¿por qué, entonces, ha sido un año negro para el lobby trans?
Porque gracias a Sabine Drysdale, a Santiago Pavlovic y a la Agrupación Kairos conocimos la existencia de casos reales de padres a los que les han quitado a sus hijos y de las presiones a las que se ven sometidos para iniciar tratamientos hormonales en la primera consulta.
Porque gracias a testimonios como el de Santiago Hormazabal, Nicolás Raveau y Nael Condell se supo, de primera fuente, cuáles son los efectos de las hormonas y los daños y peligros del enfoque afirmativo.
Porque diputados y senadores, de distintos colores políticos, comprometidos con buscar el mayor bien de los niños, crearon una Comisión Investigadora en la que se supo cómo el PAIG, ese programa para niños entre 3 a 17 años, cual parásito, esta enquistado en el Estado y absorbe casos de menores que supuestamente son trans; que hay al menos 600 niños recibiendo hormonas; que existe, al menos, una derivación al PAIG de un niño desde un jardín infantil; que hay un número desconocido de municipalidades que entregan este tipo de “atención”, incluso medicamentos a través de las Farmacias Populares. Porque esos parlamentarios también recibieron, en la Comisión de Familia del Senado, a expertos que alertaron sobre el bajísimo y paupérrimo nivel de evidencia científica que respalda estos programas; y denunciaron ante la Fiscalía las decenas de operaciones de reasignación de sexo a menores de edad; impulsaron normas en la Ley de Presupuestos para disminuir el gasto público mediante la prohibición de las terapias hormonales y cirugías transafirmativas a menores de edad; y recurrieron ante el Tribunal Constitucional para defender dichas normas cuando el Gobierno solicitó que fuesen declaradas inconstitucionales.
Porque distintas organizaciones sociales, centros de estudios y fundaciones alertaron y denunciaron lo que ocurría en Chile, informaron y pusieron el tema en la opinión pública.
Porque personas e instituciones, desinteresadamente y según sus especialidades y conocimientos, defendieron la idea de que la medicina está al servicio de la razón, no de la ideología, y debe curar, no dañar; que los niños son sagrados y no están para ponerlos primeros en la fila de la hormonación.
Falta mucho por conocer y responsabilizar. Ante el desorden provocado, la restauración se vuelve inevitable, y así ocurre en los países pioneros en estos “tratamientos”. Pero se requiere perseverar para que nunca más se experimente con niños, ni se chantajee a los padres, ni que el Estado imponga su visión ideológica. Ese es el trabajo que nos espera para el 2025: que los silentes, de todo tipo, saquen la voz y los que ya han hablado no se desanimen y persistan en luchar por salvar a nuestros niños.
El Tribunal Constitucional que inventa excepciones
La discusión de la Ley de Presupuestos estuvo marcada por controversias en distintos temas que se materializaron en normas, entre ellas, las referidas a la Ley Lafkenche, a Aula Segura, a las contribuciones o a la prohibición de financiamiento a tratamientos hormonales transafirmativos y cirugías de reasignación de sexo a menores de edad. Como todas fueron aprobadas, el gobierno solicitó la eliminación de 13 normas y al mismo tiempo se presentaron siete requerimientos parlamentarios que impugnaban solo algunas de ellas.
El Tribunal Constitucional resolvió el viernes pasado que conocería el fondo del requerimiento del gobierno y cinco de los siete requerimientos parlamentarios. Sin embargo, en la decisión de admitir del gobierno, el derecho fue dejado de lado.
Cuando el gobierno presentó su requerimiento, no acompañó determinados documentos y el Tribunal Constitucional le ordenó que lo hiciera en un plazo de tres días. El Ejecutivo corrigió lo hecho y envió los documentos, pero se le olvidó adjuntar un archivo y cuando lo hizo, el plazo ya había vencido.
Cualquier estudiante de Derecho sabe que si no se cumple lo ordenado por el tribunal, el requerimiento, simplemente, se tiene por no presentado. La propia ley que rige al Tribunal Constitucional (artículo 65, inciso 2º) señala expresamente: “Si así no lo hacen, el requerimiento se tendrá por no presentado para todos los efectos legales”. La norma no admite ningún tipo de excepción.
¿Cuál fue el archivo no acompañado? La Ley de Presupuestos. ¿Y que dijo el tribunal para salvar al gobierno de su propio error? Que el requisito establecido en la ley era “jurídicamente inconducente” ya que la Ley de Presupuestos se había publicado en el Diario Oficial. Es decir, el requirente no acompaña todos los documentos, el Tribunal Constitucional le indica que acompañe uno que falta, el gobierno lo hace fuera de plazo y el tribunal decide que da lo mismo porque, en verdad, no era necesario. ¡Plop!
Por otro lado, si el Tribunal Constitucional consideró que el documento no acompañado (el proyecto de Ley de Presupuestos 2025) era innecesario porque ya había sido promulgado y se presumía conocido, ¿para qué lo pidió en la resolución de no admisión a trámite, no solo respecto al requerimiento del gobierno, sino que también respectos a otros seis requerimientos parlamentarios contra distintas glosas de la mencionada Ley de Presupuestos (Roles 15.981, 15.993, 15.994, 15.995, 15.996 y 15.999)?, ¿a cuál resolución le creemos, a la que considera indispensable el documento ausente, de acuerdo a lo establecido por ley o a la que prescinde de aquel porque es la única forma de sanear de oficio el requerimiento del gobierno?
¿Qué garantía de justicia y seriedad se puede esperar de un tribunal incapaz de obedecer la ley que rige su propio funcionamiento? Si operan de esta manera en este caso, qué impide que no inventen nuevos “casos excepcionalísimos” para salvar causas afines ideológicamente a la mayoría del Tribunal Constitucional. ¿Es esto una muestra más de que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un legislador, modificando los procedimientos a su gusto?
Así, el fundamento de los votos de los ministros ideológicamente afines al oficialismo, que estuvieron por admitir a trámite el requerimiento del gobierno, revelan su escaso apego por las normas y el Estado de Derecho, a diferencia de quienes se opusieron. Estos segundos, correctamente, señalaron que no le corresponde al Tribunal Constitucional subsidiar ni suplir los errores de los requirentes.
El precedente que se ha instalado es peligroso, porque el cambio de jurisprudencia no obedece a un control jurídico, sino a uno político. Si el Tribunal Constitucional inventó una excepción respecto al cumplimiento de los requisitos de forma, qué impide que haga algo similar respecto al fondo. Si el tribunal actuó arbitrariamente en esta causa, qué impide que lo haga en otras. La desconfianza en el Tribunal Constitucional, ya instalada, solo aumenta con este tipo de episodios.
Roberto Astaburuaga en ConectAR: “El Minsal capacitó a 200 funcionarios para derivar menores a tratamientos hormonales”
Durante su participación en el programa de Acción Republicana, nuestro asesor legislativo denunció que el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) no es inofensivo y que sus “terapias” carecen de respaldo científico.
“En enero, el Ministerio de Salud capacitó a 200 funcionarios para derivar a los niños desde el PAI hacia la hormonización”, reveló nuestro abogado Roberto Astaburuaga en el programa ConectAR, emitido el viernes 13 de diciembre. “Esto no es un proceso espontáneo, es una estructura del Estado que absorbe casos y los dirige hacia tratamientos irreversibles”, destacando cómo el programa está diseñado para conectar los casos con intervenciones médicas.
“El PAIG funciona como una esponja. Absorbe casos desde distintas instituciones y los concentra en un solo lugar, donde los derivan a la hormonización”.
Roberto Astaburuaga
En conversación con José Ignacio Palma, conductor de ConectAR, nuestro asesor legislativo Roberto Astaburuaga, criticó duramente el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), afirmando que no es un acompañamiento neutral, sino un paso previo hacia tratamientos hormonales irreversibles en menores de edad.
“El Ministerio de Salud sabe que la evidencia científica para el bloqueo puberal es extremadamente baja, mala y sesgada. Lo saben desde marzo del año pasado y lo actualizaron en mayo de este año, pero aún así no lo detienen”, afirmó.
Respecto a las cifras oficiales del PAIG, nuestro asesor denunció que están infladas y basadas en un estudio extranjero desactualizado: “La versión del PAIG dice que hay 37.000 niños beneficiarios, pero eso viene de un estudio de Estados Unidos hecho en 2013. Si aplicáramos un porcentaje serio, como el 0,02%, la cantidad real sería entre 50 y 400 casos”.
Además, describió al PAIG como un programa estructuralmente problemático que funciona de manera expansiva en el aparato estatal: “El PAIG funciona como una esponja. Absorbe casos desde distintas instituciones del Estado –salud, colegios, tribunales de familia– y los concentra en un solo lugar, donde los derivan a la hormonización”.
También, compartió el testimonio de un padre afectado, expuesto en la comisión investigadora: “En mayo del colegio, lo derivaron a la Oficina de Protección de Derechos y desde ahí fui llevado a tribunales, donde emitieron un informe que decía que yo había hecho una grave vulneración de derechos por no haber tratado a mi hija en su nueva condición”.
Para finalizar, nuestro abogado hizo un llamado a los padres afectados a romper el silencio: “Yo lo que le diría a los padres es que cuenten su caso con nombre y apellido, y que se haga público lo que le están haciendo a los niños en Chile. Ellos van a obtener mucho apoyo en distintos ámbitos”.
Agenda legislativa: 16 al 20 diciembre
Roberto Astaburuaga en ACI Prensa: “El PAIG es la puerta de entrada a la hormonación”
En una entrevista, nuestro asesor reveló los preocupantes detalles sobre el programa de identidad de género, advirtiendo que su aplicación impacta negativamente a menores y pone en riesgo los derechos de las familias chilenas.
En un contexto de intensos debates políticos y sociales, el Congreso de Chile abordó desde mediados de este año normativas sobre la “reasignación de género” en niños y menores de edad. Entre las medidas destacadas, en noviembre se aprobó una norma en la Ley de Presupuestos que prohíbe el financiamiento público de estos tratamientos. Esta decisión generó un enfrentamiento legal en el Tribunal Constitucional, promovido por el gobierno del presidente Gabriel Boric y 42 diputados, quienes buscan declararla inconstitucional.
En la nota “La batalla legal por el cambio de sexo de niños en Chile” de ACI Prensa, nuestro abogado legislativo Roberto Astaburuaga, advirtió que el PAIG permite hormonación en menores, intervenciones quirúrgicas y habilita denuncias en contra de los padres que se opongan, representando una amenaza para los derechos de las familias.
“El PAIG es la puerta de entrada a la hormonación”.
A continuación, compartimos la participación de Roberto Astaburuaga:
Roberto Astaburuaga, de la plataforma Comunidad y Justicia (C y J) —que sigue de cerca el tema— explicó que el gobierno de Boric “y un grupo de 42 diputados, ambos de tendencia izquierda radical y progresista, le solicitaron al Tribunal Constitucional” el 2 de diciembre “que la norma sea declarada inconstitucional”.
“Si eso ocurre, en la red pública de salud se contaría con financiamiento para seguir realizando este tipo de tratamientos a niños y jóvenes”, advirtió.
Un programa del gobierno con ideología de género
A mediados de noviembre y por siete votos a seis, la comisión investigadora especial de la Cámara de Diputados aprobó su informe sobre los casos de menores que reciben tratamiento psicológico, hormonal y quirúrgico en la red pública de salud. El texto recomienda “enérgicamente la suspensión inmediata de todos los programas relacionados con la llamada ‘transición de género’ de los niños”, destacó Astaburuaga.
El experto jurista dijo también a ACI Prensa que el documento aprobado revela que “entre abril de 2023 y agosto de 2024, más de 2.500 menores han ingresado al PAIG (también llamado Crece con Orgullo), y cerca de 50 tienen menos de 10 años”.
El Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) es la concreción de una “política gubernamental dirigida a los menores chilenos, entre 3 y 17 años, que expresan confusión sobre identidad de género”, que asegura que la percepción de los niños no debe cuestionarse y que sólo ofrece acompañamiento psicológico, indica el abogado de Comunidad y Justicia. Por último, advierte, “el PAIG es la puerta de entrada a la hormonación”.
La agenda valórica de los presidenciables de derecha
Llevamos varios meses escuchando nominaciones, apoyos, estrategias, sondeos, primarias, relatos y equipos de los posibles candidatos presidenciales para el próximo año. En cuanto al contenido de un programa presidencial y de medidas algo más concretas, no se ha dicho tanto, quizás buscando seguir con los diagnósticos para “conectar” con la ciudadanía. De lo que se ha escuchado poco y nada es del mal llamado “tema valórico”, salvo un par de excepciones.
Podrán ser muchos o pocos votantes a los que les importe; podrán comunicar su postura temprano o tarde; podrán hacerse cargo o esquivar el tema; podrán hablar o callar; podrán tener una postura de “avanzar, mantener o retroceder”. Pero la pregunta aparecerá: ¿Qué le proponen Carter, Kaiser, Kast o Matthei a Chile en temas como el aborto, la eutanasia o los tratamientos transafirmativos a niños?
Sin duda, es lamentable que la importancia de estos temas dependa de la contingencia electoral y no de la gravedad propia que tienen. O que referirse a ellos sólo se hará bajo el prisma de los “bolsones electorales” que se deben asegurar o, al menos, no espantar. Sin embargo, estos tres temas, al menos, pueden ser abordados de dos maneras, que no son excluyentes: disminuir y eliminar el mal que atenta contra ellos o promover y proteger el bien que atenta contra ellos.
El siguiente Gobierno tendrá que hacerse cargo del legado inmoral que está dejando Boric y el Frente Amplio: ampliar el aborto (llevamos más de 5.000 niños no nacidos asesinados) y restringir la objeción de conciencia; aprobar (o no) el proyecto de ley de eutanasia, como si la decisión de pesar la propia vida no fuese una “elección” esencialmente cruel, que nadie jamás debería ser forzado a tomar; y tener una política nacional para hormonizar a niños desde los 9 años, que ya debe bordear los mil casos.
Por otro lado, cada tema plantea sus propios desafíos, en cuanto a promover aquello que promueven como bueno y deseable para la persona y para la sociedad. La crisis de natalidad exigirá medidas concretas -y no cuñas ni tweets, tan abundantes como inútiles- para que, ante la llegada de un nuevo integrante, el Estado ofrezca su ayuda en sus, al menos, primeros mil días de vida. La crisis del abandono y soledad de los adultos mayores, población que crecerá cada vez más, exigirá redestinar recursos financieros y humanos para que reciban una atención acorde a su dignidad, en donde los cuidados paliativos sean la única opción, y no terminar en un genocidio canadiense; y la crisis de salud de los miles de niños a los que les dijeron que si se sentían del sexo opuesto, no había problemas con empezar a meterse hormonas, para ofrecerles una política pública basada en la ciencia y no en la ideología.
Ojalá que los presidenciables se pronuncien sobre estos temas de Estado y los votantes tengamos claridad no sólo sobre qué piensan según lo que aparezca en la entrevista dominguera de turno, sino qué es lo que proponen y cómo se harán cargo.
Agenda legislativa: 9 al 13 diciembre
Rosa Puelma analiza la crisis de natalidad en Chile
En una entrevista en Radio Alborada, nuestra investigadora abordó las causas por las que los jóvenes deciden no tener hijos, sus consecuencias en el tejido social de nuestro país y la relevancia del matrimonio a la hora de ser padres.
Con solo 1,2 hijos por mujer, Chile se posiciona con la tasa de natalidad más baja de América Latina. El pasado 4 de diciembre, nuestra investigadora, Rosa Puelma, analizó en el programa “Hora Clave” de Radio Alborada de Chillán cómo el debilitamiento del matrimonio y la maternidad solitaria moldean esta crisis que afecta nuestro país.
En la entrevista, Rosa Puelma explicó que el problema de la natalidad en Chile va más allá de lo económico, abordando también causas culturales y sociales. “Hoy en día, la idea de formar una familia está siendo desplazada por otras prioridades, como la estabilidad económica o la realización profesional”, comentó. En esta situación influye un elemento material —el efectivo encarecimiento de la vida, que hace que a la generación más joven le sea más difícil obtener un estilo de vida con el que sus padres formaron familia—, y uno cultural.
Sobre este segundo punto, nuestra investigadora señaló que los jóvenes tienden a considerar que sus aspiraciones personales se materializan más en lo profesional que en lo familiar, y que en muchos casos se considera que formar una familia es un estorbo para concretar su proyecto de vida, más que una parte importante de dicha realización.
“En ese mismo estudio (UDP), el 88% dijo que no necesitaba del matrimonio. Demos vuelta la cifra. Un 12% cree que la institución matrimonial sería necesaria o beneficiosa para formar mi familia. Aquí se ve una tendencia en la que se entiende que la maternidad es un proceso solitario”.
Cabe destacar que un estudio reciente de la Universidad Diego Portales reveló que solo el 12% de los jóvenes considera el matrimonio como un requisito para tener hijos. Esta visión, según nuestra investigadora, ha normalizado la maternidad solitaria, lo que deja a muchas mujeres en una posición de vulnerabilidad y refuerza el círculo vicioso de la baja natalidad.
A su vez, destacó cómo esta crisis de nacimientos tiene consecuencias profundas que trascienden lo demográfico, ya que influye e influirá también en la vida diaria de las personas, debido a que perpetúa una estructura social con menos vínculos. En este sentido, formuló una crítica a los sectores que manifiestan su preocupación por el problema de la natalidad, pero al mismo tiempo, impulsan medidas que van en contra de ella; como la degradación de la institución matrimonial, la anticoncepción y el aborto. Rosa afirmó que “la natalidad es un problema estructural que debe ser abordado con políticas públicas efectivas”, es decir, que atiendan a las necesidades de la familia y no vayan en contra de ellas. Al respecto, enfatizó que se deben incentivar propuestas que apoyen realmente la formación de la familia, poniendo como ejemplo las medidas profamilia promovidas por el gobierno de Hungría.
Finalmente, Rosa Puelma advirtió que, si continuamos no fortaleciendo el matrimonio y la familia, la fisonomía de la vida social en Chile podría transformarse completamente y la caída de la natalidad seguirá en picada. “Estamos viendo cómo el debilitamiento de la estructura familiar incrementa la soledad, un problema que ya está afectando a países como Japón y China”, concluyó.
Gustavo Baehr en FIDEI TV: “La libertad religiosa y el derecho a la vida están en juego en Chile”
Nuestro abogado fue entrevistado en el programa Cristianos en Política de Argentina, donde analizó los desafíos legislativos que enfrenta nuestro país en temas como el aborto, la ideología de género y la eutanasia.
El 29 de noviembre, nuestro abogado Gustavo Baehr participó en el programa Cristianos en Política, emitido por FIDEI TV, canal argentino donde conversó sobre las amenazas que enfrenta Chile en temas como la libertad religiosa, el aborto y la objeción de conciencia. “Estamos en un momento crucial donde el respeto por los derechos fundamentales está siendo puesto a prueba por una agenda ideológica que no busca el bien común”, afirmó.
Durante la entrevista, Gustavo Baehr analizó los proyectos de ley que se están discutiendo en Chile y explicó cómo las políticas impulsadas por el gobierno de Gabriel Boric buscan legalizar el aborto libre, restringir la objeción de conciencia e implementar programas de ideología de género en las aulas.
Hace unos meses el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de aborto libre para diciembre, una medida que ampliaría la ley vigente, que permite esta práctica solo en casos específicos: riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal de caracter letal y embarazo por violación. Una iniciativa que abre la puerta a un sistema que normaliza el aborto sin restricciones claras.
“Estamos en un momento crucial donde el respeto por los derechos fundamentales está siendo puesto a prueba”.
Ideología de género y derechos de los niños
Otro tema central de la conversación fue la implementación de políticas relacionadas con la identidad de género y la hormonización de menores. Gustavo Baehr explicó que la Ley de Identidad de Género de 2018 permite a adolescentes entre 14 y 18 años cambiar su sexo y nombre registral con un procedimiento judicial, pero expresó preocupación por cómo esto afecta a niños más pequeños.
Incluso, hay casos donde los padres han sido judicializados por oponerse a estos procedimientos. “Hemos visto cómo se presiona a las familias y se les quita su derecho a decidir sobre la salud y bienestar de sus hijos. Es una situación alarmante que requiere atención urgente”, añadió.
Ataques a la libertad religiosa
También, habló sobre los posibles cambios en la educación religiosa en los colegios. Señaló que existe una propuesta para modificar la normativa que regula la enseñanza de Religión, lo que podría afectar la libertad de culto y la autonomía de las confesiones religiosas en el ámbito educativo.
“Se pretende que cualquier persona pueda impartir clases de Religión, sin necesidad de pertenecer o adherir a la fe que enseña. Esto es una clara intromisión del Estado en asuntos religiosos y vulnera el derecho de las comunidades a educar según sus convicciones”, expresó.
Eutanasia: implicancias éticas y sociales
En cuanto a la eutanasia, nuestro asesor informó que existe un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional y que cuenta con el respaldo del Gobierno. “La eutanasia es la acción de poner fin a la vida de una persona de manera intencional. Legalizarla abre puertas peligrosas, especialmente cuando en otros países se ha extendido su aplicación a personas con problemas de salud mental”, advirtió.
Al concluir la entrevista, Gustavo Baehr agradeció la invitación y expresó su disposición a seguir trabajando en la defensa de los derechos fundamentales. “Vamos a seguir a disposición no solo de Chile sino de Latinoamérica para poder defender los derechos y los bienes fundamentales”, declaró.