Este viernes 30 de julio, el diario La Segunda publicó a nuestra coordinadora del área legislativa, Daniela Constantino, una carta a raíz del veto presidencial al proyecto de Garantías de la Niñez, declarado inadmisible esta semana en la Cámara de Diputados. Invitamos a leerla a continuación

Señor Director:

El 21 de julio, el Presidente de la República ingresó, a través de la Cámara de Diputados, el veto formulado al proyecto de ley sobre Garantías de la Niñez.

Dicho veto proponía corregir determinadas falencias técnicas del proyecto a través de la adición, sustitución y eliminación de partes específicas de este y, reforzar el derecho preferente de los padres de proteger la intimidad y propia imagen de sus hijos.   

Sin embargo, el jueves, con 66 votos a favor, 59 en contra y 1 abstención, la Cámara declaró inadmisible la totalidad del veto presidencial, sin decir si el fondo del veto era o no procedente. Para que un veto sea declarado admisible (de conformidad con el art. 168 del Reglamento de la Cámara y del art. 32 de la Ley Orgánica del Congreso) éste o una parte de él debe estar relacionada con las ideas matrices del proyecto de ley vetado.

¿Cómo es posible sostener que un veto que se limita a corregir aspectos técnicos del proyecto y a reforzar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos (explícitamente reconocido en el art. 11 del proyecto de ley) no guarda relación con las ideas matrices de éste?

Durante el debate no existieron argumentos jurídicos sustantivos que pudieran defender la inadmisibilidad del veto. Probablemente esta carencia se debe a que no existe ningún argumento que sostenga dicha inadmisibilidad.

Daniela Constantino Llaven

Área legislativa Corporación Comunidad y Justicia

El pasado sábado 24 de julio, nuestra integrante del Área Legislativa, Rosario Corvalán, escribió una carta al director publicada por La Tercera, a raíz de las discusiones en la Convención Constitucional sobre si los particulares pueden violar DDHH. Invitamos a leerla a continuación.

SEÑOR DIRECTOR

En la Convención se ha discutido grandilocuentemente si los particulares pueden o no violar derechos humanos. Si bien todos los derechos son humanos, la denominación “derechos humanos” se refiere a aquellos que emanan de un modo más inmediato de la dignidad inherente a todas las personas, por el hecho de serlo.

Para realmente ser coherentes con el respeto que exigen estos derechos, no se puede sostener que el carácter de “humano” del derecho depende de quién lo vulnere. Precisamente cuando decimos “derechos humanos” hablamos de algo inalienable; de algo que nadie -ni el Estado ni los privados- debe vulnerar. Así ha sido reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en la sentencia “López Soto y otros vs. Venezuela”, de 2018, concluyó que el Estado tiene el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos “inclusive aquellas cometidas por terceros particulares”.

Hay motivos que inducen a confusión: efectivamente muchas veces el Estado se encuentra en una posición de superioridad que lo constituye como una mayor amenaza a estos derechos, por tener la potestad de regular, por tener teóricamente el monopolio de la fuerza, entre otros motivos. Además, hay organismos que se dedican específicamente a defender las vulneraciones de derechos humanos provenientes del Estado.

Sería absurdo deducir de lo anterior que solo el Estado y sus agentes pueden incurrir en violaciones a los derechos humanos. Si la vida o el derecho a no ser torturado son derechos humanos, ¿cómo podría ser que, por un resquicio teórico, dejaran de serlo cuando quien los viola es un privado o un grupo de ellos? ¿Cómo se explica el antojo de algunos constituyentes de sostener que, si quien atenta contra ellos no es el Estado, no sería una vulneración a los derechos humanos? Hacer dicha distinción implica dejar de entender los derechos humanos como inalienables y universales, y por lo tanto dejar de entenderlos como derechos humanos.

Rosario Corvalán Azpiazu

Asesora legislativa

Corp. Comunidad y Justicia

La Encíclica “Veritatis Splendor” fue publicada en 1993 para contrarrestar el auge de ciertas teologías morales que cuestionaban la base objetiva de la moral, provocando así graves distorsiones en temas tan importantes como la libertad humana, la conciencia individual o la autonomía de la esfera secular. Este mensaje resulta oportuno para reflexionar sobre el reciente debate respecto al rol de los católicos en la vida política, a raíz de un controvertido libro escrito por un ex Senador de la República. Recordemos que, en ese texto, el autor argumenta por qué su apoyo a proyectos en temas como la despenalización del aborto o la legalización del divorcio no sería problemático desde la moral católica. Para ello se apoya en tres puntos:

– La “apertura al mundo” de la Iglesia luego del Concilio Vaticano II. Con el reconocimiento de la autonomía del plano temporal respecto al sobrenatural, la Iglesia habría tenido un cambio de actitud con respecto al mundo: ya no de condena (como habría sido el Concilio de Trento), sino de diálogo y apertura.

– El surgimiento de la libertad religiosa de la mano del documento “Dignitatis Humanae” del mismo Concilio. Así, la Iglesia habría dado un giro, cambiando el fundamento de la verdad: ya no serían dogmas abstractos, sino la dignidad de todos los seres humanos. Esto le daría una nueva centralidad a la libertad religiosa.

– La emergencia de la conciencia individual como viga maestra de la deliberación política. El discernimiento en conciencia y de cara a Dios sería sagrado, pudiendo excluir incluso a la autoridad eclesiástica.

Se trata, por lo demás, de argumentos que de una u otra forma, suelen escucharse en la calle, en el debate público e incluso en ambientes católicos. Lo interesante es que esta Encíclica hace referencia a los tres argumentos señalados de forma directa. Veamos qué dice Veritatis Splendor al respecto:

– “El Concilio, no obstante, llama la atención ante un falso concepto de autonomía de las realidades terrenas: el que considera que «las cosas creadas no dependen de Dios y que el hombre puede utilizarlas sin hacer referencia al Creador». De cara al hombre, semejante concepto de autonomía produce efectos particularmente perjudiciales, asumiendo en última instancia un carácter ateo: «Pues sin el Creador la criatura se diluye… Además, por el olvido de Dios la criatura misma queda oscurecida»” (Párr. 39). Dicho de otra forma, si bien “las cosas creadas y las sociedades mismas gozan de leyes y valores propios que el hombre ha de descubrir, aplicar y ordenar paulatinamente” (Párr. 38) estas siempre son un reflejo de las normas y principios fijados por Dios, los cuales deben ser respetados.

Por lo demás, así como el Conclilio de Trento condenó el Humanismo Renacentista, el Papa Juan Pablo II no vacila en este documento en denunciar los abusos que muchas veces cometen las ciencias sociales. Estas, por un lado, cuestionan la libertad humana haciendo demasiado énfasis en los aspectos condicionantes de ésta. Por el otro, ciencias como la Antropología suelen negar la existencia de una Verdad al destacar la pluralidad de culturas y prácticas sociales que conviven en el mundo. Tampoco duda en denunciar a la filosofía cuando sostiene que la libertad es el fundamento último de la moralidad (Párr. 33).

– Respecto a la libertad religiosa, San Juan Pablo II concede que existe una mayor conciencia de su valor. Dice la Encíclica: “«Los hombres de nuestro tiempo tienen una conciencia cada vez mayor de la dignidad de la persona humana», como constataba ya la declaración conciliar Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa. De ahí la reivindicación de la posibilidad de que los hombres «actúen según su propio criterio y hagan uso de una libertad responsable, no movidos por coacción, sino guiados por la conciencia del deber». En concreto, el derecho a la libertad religiosa y al respeto de la conciencia en su camino hacia la verdad es sentido cada vez más como fundamento de los derechos de la persona, considerados en su conjunto” (Párr. 31). No obstante, “en algunas corrientes del pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los valores. En esta dirección se orientan las doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente ateas” (Párr. 32). En otras palabras, la libertad religiosa también puede verse despojada de lo que le es más propio: la búsqueda sincera y apasionada por la verdad última de nuestra existencia, que no es otra que Dios. Sin ese componente, la libertad religiosa se convierte en una convivencia aséptica de creencias subjetivas, incapaces de incomodarse mutuamente, recibir las exigencias de la razón, buscar la unidad en la verdad y darle alma al mundo moderno.

– Sobre la conciencia, la Encíclica nos recuerda que “al presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la conciencia. Pero, de este modo, ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceridad, de autenticidad, de «acuerdo con uno mismo», de tal forma que se ha llegado a una concepción radicalmente subjetivista del juicio moral” (Párr. 32). Por el contrario, no se puede “teorizar una completa autonomía de la razón en el ámbito de las normas morales relativas al recto ordenamiento de la vida en este mundo” (Párr 36).

En resumen, Veritatis Splendor nos advierte sobre las erradas interpretaciones que se pueden hacer del Concilio Vaticano II cuando olvidamos el papel central que juega la Verdad en la moral católica. Son interpretaciones que, como hemos visto, siguen teniendo importante arraigo entre católicos, muchas veces (como es el caso) con altas responsabilidades en el ámbito público.

Reconocer lo anterior no debiera abrumarnos. Más bien debiera generar un doble movimiento: primero de agradecimiento, pues la sola existencia de Veritatis Splendor nos recuerda que a lo largo de la historia de la Iglesia, no han faltado pastores valientes que no temen hacer denuncias proféticas, tan incómodas como necesarias. Y, segundo, de responsabilidad, pues si creemos en los argumentos aquí esgrimidos, respaldados con audacia por la autoridad papal, ¿no debiéramos nosotros hacer otro tanto? El mundo y la Iglesia lo necesitan.

Les dejamos a continuación la traducción a un excelente artículo escrito por Monseñor James Conley, Obispo de la Diócesis de Lincon en Nebraska. El texto, escrito a raíz de las opiniones de ciertos Obispos durante el Sínodo de la Familia del año 2014, tiene plena actualidad. Agradecemos a la Revista «First Things» por permitirnos reproducir aquí esta iluminadora reflexión.

En su libro “Carta al duque de Norfolk”, el beato John Henry Newman sugiere valientemente que la religión nunca debe ser el tema de los brindis sociales después de la cena. Pero, dice, «si me veo obligado a llevar la religión a los brindis después de la cena, beberé –por el Papa, si le complace– sin embargo, primero por la Conciencia y por el Papa después».

Newman prometió beber primero por la conciencia antes que por el Papa porque creía firmemente en la primacía de la conciencia. Newman entendió que la conciencia impone una obligación, que la integridad personal dicta el deber humano fundamental de escuchar la voz interior de nuestra conciencia y de seguir sus demandas.

El primado de la conciencia se ha convertido en un tema de discusión en el Sínodo Ordinario de los Obispos sobre la Familia, que ahora tiene lugar en Roma. La cuestión es qué deben hacer los creyentes cuando la conciencia parece sugerir una desviación de la doctrina católica, y cómo deben responder los pastores y obispos. Esta pregunta es especialmente relevante para los debates sobre la recepción de la Eucaristía por parte de los católicos divorciados y vueltos a casar, y sobre el cuidado pastoral adecuado de los católicos en las relaciones del mismo sexo.

Newman creía que la modernidad había dejado de escuchar la voz real de la conciencia; citándola en su lugar para validar las elecciones libertinas. Decía que un verdadero sentido de conciencia había sido «reemplazado por una falsificación», a fin de hacer valer el «derecho a la voluntad propia».

Cuando sus contemporáneos hablaban de la conciencia, Newman decía que “en ningún sentido se refieren a los derechos del Creador, ni al deber hacia Él, en pensamiento y obra, de la criatura; sino el derecho de pensar, hablar, escribir y actuar, según su juicio o su humor, sin pensar en Dios en absoluto. . . [La conciencia] se convierte en una licencia para tomar cualquier religión o ninguna, para tomar esto o aquello y dejarlo ir de nuevo «.

El tiempo de Newman no es muy diferente al nuestro. Y la conciencia “falsa” parece haberse alojado hoy entre los creyentes fieles, que se sienten cómodos al explicar que su integridad exige que rechacen las enseñanzas de la Iglesia. Hoy, en la vida de la Iglesia, muchos creyentes afirman que su conciencia contraviene el Evangelio. Que la conciencia les exija usar o recetar anticonceptivos. O ignorar las obligaciones de la indisolubilidad matrimonial. O complacer las inclinaciones sexuales desordenadas.

Pero la conciencia nunca puede obligar a una persona a actuar en contra del precepto divino. De hecho, la conciencia es, como escribió Newman, «la voz de Dios», un canal de comunicación divina, «el vicario aborigen de Cristo». Newman entendió que la conciencia revela la ley de Dios, que es un «profeta» que prepara el alma en el camino del Señor.

Newman también entendió que los pastores tienen la obligación de ayudar a los fieles a escuchar la conciencia, comprender su voz y responder a ella. Newman comprendió que la conciencia no es fácil de escuchar. Su voz, escribió, «puede sufrir refracción al pasar al medio intelectual de cada uno». Y sabía que escuchar la conciencia requiere santidad y una guía seria.

Newman aconsejó que el hombre que busca seriamente escuchar la conciencia “debe vencer ese espíritu mezquino, poco generoso, egoísta y vulgar de su naturaleza, que, al primer gesto de una orden, se opone al Superior que la da, preguntándose a sí mismo si no está acaso él no estaría excediendo su derecho, y se regocija, en un asunto moral y práctico para comenzar con escepticismo. No debe tener la determinación voluntaria alguna de ejercer el derecho a pensar, decir, hacer lo que le plazca, la cuestión de la verdad y la falsedad. . . siendo simplemente descartado «. La tarea de los pastores, según él entendía, era ayudar a sus rebaños en la tarea de autoexamen y verdadero discernimiento. La tarea de los pastores es ayudar a los fieles a comprender que la conciencia nunca puede contradecir la verdad.

Una guía pastoral de ese tipo puede parecer severa, pero, para Newman, era completamente necesaria. En opinión de Newman, validar un falso sentido de la conciencia sería una especie de negligencia pastoral; le robaría al creyente la oportunidad de escuchar la voz de Dios.

Desafortunadamente, las discusiones del sínodo revelan que un sentido falso de la conciencia parece informar la opinión de algunos líderes eclesiales, que sienten que deben apoyar las decisiones tomadas «en conciencia», incluso cuando esas decisiones contravienen la verdad revelada. Esto no es nada nuevo. En las postrimeras de la Humana Vitae, el apoyo pastoral a la “conciencia falsa” fue rampante. Pero la consecuencia de reprimir e ignorar la voz de Dios, la conciencia auténtica, se confirma en los bancos vacíos y en los seminarios menguantes en los lugares donde la “disidencia consciente” fue más desenfrenada.

Hoy, en el sínodo, la Iglesia discute el respaldo total a la conciencia falsa. Ese respaldo sería desastroso, especialmente para aquellos a quienes sus pastores les enseñarían a ignorar el poder salvador del precepto divino.

Un católico que cree que la conciencia realmente podría anular el Evangelio, ha abandonado la fe en la normatividad de la ley divina y su contribución al florecimiento humano. Y un pastor que no instruye a una conciencia equivocada, parece haber olvidado que las apelaciones a la falsa conciencia no ofrecerán protección en el juicio final.

Por supuesto, el proceso de formación de la conciencia lleva tiempo. Una persona que comienza en oposición al Evangelio puede muy bien llegar a ser obediente con gratitud. Y los pastores deben ayudar con el proceso de discernimiento, por mucho que sea necesario. Pero los pastores también deben ser claros: ciertas decisiones realmente pueden convertir a un católico fuera de los límites de la comunión eclesial, con las implicaciones que ello conlleva. Nuestras decisiones, incluso hechas apelando a una conciencia informe, siempre tienen consecuencias en esta vida y consecuencias en la próxima.

«La obediencia a la conciencia conduce a la obediencia al Evangelio», escribió Newman, «que, en lugar de ser algo completamente diferente, no es sino la culminación y perfección de la religión que enseña la conciencia natural». La conciencia es un don y una gracia. Como Newman, antes de brindar por alguien más, debemos beber por ese regalo, y luego debemos ayudar a los creyentes a escuchar la “voz apacible y delicada” del Señor en nuestros corazones.

Les dejamos a continuación una columna de nuestro asesor judicial, Roberto Astaburuaga. El texto, publicado este sábado 28 de noviembre por el medio digital Controversia, recuerda algunos de los principales hitos en la lucha por la defensa de la vida en los últimos meses. Sin duda, son motivos para tener esperanza.

Cuando hablamos de aborto es común escuchar cosas como: “¡Pero si es algo inevitable! Hacia allá marcha el mundo”. Es que para muchas personas el avance de la llamada agenda de los derechos sexuales y reproductivos parece ser algo casi tan inexorable como el paso mismo del tiempo; como una gran marejada que se cierne irremediablemente sobre la humanidad. Y basta ver muchos medios de comunicación tradicionales para, en efecto, perder la fe en la humanidad: marchas “por el derecho a decidir”, intervenciones con pañuelos verdes, encuestas indicando que el número de partidarios del aborto libre aumenta y un largo etcétera. Sin embargo, una mirada más serena sobre estas aguas turbulentas permite ver otras cosas bajo ella. En el último tiempo han surgido políticas que tienen por objeto restringir la aplicación del aborto en distintos lugares del mundo. Y no son pocas.

En primer lugar, el jueves 22 de octubre el Tribunal Constitucional de Polonia dictó un fallo declarando que el aborto por malformación del feto es inconstitucional. Con ello los supuestos legales que lo permiten, terminaban reducidos a violación, incesto y grave riesgo para la salud de la madre o daño irreversible del feto. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2019 se practicaron en Polonia apenas 1.110 abortos legales, de los cuales 1.074 (96%) se llevaron a cabo por malformación del feto.

El mismo día, 32 países, representando a más de 1.600 millones de personas, firmaron virtualmente la Declaración del Consenso de Ginebra en la que se cuestiona ciertas normas internacionales en materia de aborto. Respecto a este último, la declaración indica que no existe un “derecho al aborto” y expresaron la prioridad fundamental de proteger el derecho a la vida, el cual es inherente a la persona humana. Chile, de forma lamentable (aunque esperable) no fue uno de los países firmantes. 

El 27 de octubre el Senado de Estados Unidos confirmó a Amy Coney Barret como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, consolidando una mayoría de 6 magistrados de tendencia conservadora en el tribunal. Su nombramiento como mujer católica, casada y madre de 7 hijos, significaría abrir la posibilidad de revertir políticas abortistas que han tenido lugar a partir de la dictación del controvertido fallo Roe vs. Wade. En la misma línea, el Juez Don Willet, del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, en un voto disidente en un caso que involucraba un aborto, expresó su desacuerdo con la normativa, y detalló gráficamente el procedimiento de aborto, calificándolo como un acto barbárico.

Centrémonos ahora en Latinoamérica. Tenemos en primer lugar el caso de Ecuador, cuyo Presidente, Lenin Moreno, decidió vetar el pasado 25 de septiembre el proyecto de ley sobre el nuevo Código Orgánico de Salud, aprobado en agosto por la Asamblea Nacional. Dicho proyecto tenía previsto ampliar las condiciones de acceso al aborto y la anticoncepción para menores de edad y de esta forma eliminar las restricciones relacionadas con el aborto en caso de “emergencia obstétrica”, entendida como un peligro para la salud de la madre o el bebé. Incluso, el proyecto establecía la prohibición de acudir a la objeción de conciencia por parte de los doctores. Sin embargo, con la interposición del veto será necesario esperar un año para volver a discutir el asunto.

Así también, en Guatemala, el 2 de noviembre, el Presidente Alejandro Giammattei aseguró en un tweet que no permitirá el funcionamiento de Planned Parenthood en el país, luego de que el Ministerio de Gobernación autorizara el funcionamiento de la empresa abortista y permitiera abrir una sucursal en dicho país. El Presidente ya dictó las instrucciones necesarias para que ese acuerdo gubernativo se derogue y aceptó la renuncia del Ministro de Gobernación, reconociendo el error cometido.

Por último, en Chile, el 1 de noviembre, un grupo de más de 250 doctores e internos, bajo el título de “Médicos por la Vida”, firmaron una carta exigiendo la derogación de la ley Nº 21.030, primera puerta de entrada del aborto en nuestro país. Los firmantes se oponen a leyes que socaven los derechos de los más débiles -y el niño que está por nacer entre ellos-, mientras denuncian el adormecimiento colectivo de la conciencia frente a la muerte provocada de los que aún no han nacido.

Como vemos, la aceptación del aborto como un “derecho universal” para las mujeres está lejos de constituirse como un hecho incuestionable, y que sea una posición absoluta, dominante e inamovible constituye una aspiración utópica. La defensa de la vida del que está por nacer se mantiene presente a lo largo de todo el mundo y los intentos por restringir o eliminar el aborto producen frutos. Una vez que un país ha incluido dentro de su legislación “la interrupción voluntaria del embarazo”, quienes defienden la vida del inocente e indefenso suelen abandonar la lucha y resignarse a dar por perdido cualquier intento de revertir tal “política pública de salud sexual y reproductiva”. Sin embargo, los hechos reseñados permiten percibir que el sentido natural prima e interpela a retroceder en esta (des) “planificación familiar”, tanto en América Latina como en otras regiones.

En Chile debemos sacar lecciones de esto en nuestro futuro inmediato. En la redacción de la nueva Constitución Política, existirá un enorme y profundo debate sobre este tema, buscándose, por un lado, la inclusión del “derecho al aborto libre” como parte de la agenda feminista y, por otro, la protección constitucional especial –y ya no un principio de reserva legal– del que está por nacer. Esto es algo que debemos tener en cuenta a la hora de votar este 11 de abril por los futuros constituyentes.

Pero nuestro compromiso no puede quedar ahí. Es necesario que se presenten proyectos de ley que, buscando la derogación del aborto, sean complementados con políticas públicas y programas de acompañamiento a la mujer en las etapas pre y post aborto, tanto para aconsejarla y ofrecerle alternativas reales, como para acompañarla en su sufrimiento. Aristas como la implementación de una verdadera objeción de conciencia, el reconocimiento del derecho y deber del padre de proteger a su hijo no nacido, la regulación del destino de los fetos abortados para evitar su comercialización o investigación, y tantas otras materias relacionadas, permiten que, paso a paso, se logre el diseño de instrumentos que permiten proteger la vida del que está por nacer. La batalla por la vida desde la concepción hasta la muerte natural no termina con la aprobación de una ley que permite el aborto, sino que se inicia con su restricción y completa eliminación.

Les dejamos a continuación una Carta al Director del miembro de nuestro Directorio, Cristóbal Aguilera, publicada por El Diario Financiero este viernes 20 de noviembre.

Señora Directora:

Agradezco los comentario del economista Juan José Balsa (17 de noviembre) a mi columna sobre el principio de subsidariedad. La verdad, estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que sostiene, por lo que sólo enfatizaré dos puntos.

Coincidimos en el diagnóstico: el principio de subsidariedad ha sido mal interpretado, al punto de que se ha asimilado con la idea de “Estado mínimo”.

Agregaría que quienes lo han malentendido han sido primeramente sus defensores, que lo que en realidad han promovido es un principio de “no intervención estatal en materia económica”. Esto, por supuesto, no es subsidariedad como bien expone Balsa a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.

El principal error de entendimiento radica en la absolutización del principio en su faz negativa, obviando la positiva. El deber subsidiario del Estado implica primeramente ayudar y asistir a las agrupaciones sociales para que alcancen sus fines, pero –y aquí la relevancia de la faz negativa, que es la otra cada de la moneda– sin suplirlas, anularlas o capturarlas. Comprendido así, me parece fundamental tener presente este principio en la discusión constitucional, para delinear la labor del Estado en materia social.

Cristóbal Aguilera Medina

Profesor de Derecho Universidad Finis Terrae

Los invitamos a continuación a leer este breve Carta al Director de nuestra Asesora Legislativa, Daniela Constantino, publicada este lunes 9 de noviembre por El Líbero. La carta hace referencia a los costos de haber aprobado el Veto Presidencial en el Senado.

Señor Director:

El miércoles de la semana pasada, la Sala del Senado terminó de votar el veto presidencial al proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada. Sin embargo, esta votación no estuvo exenta de polémica.

El Senado logro ponerse de acuerdo para aprobar el veto que pone fin al amarre de este proyecto de ley con el proyecto de Garantías de la Niñez, pero ¿a qué costo?

A cambio de contar con algunos votos de oposición, el Gobierno se comprometió a acelerar la tramitación del proyecto de ley de Garantías de la Niñez, el que contraría abiertamente el ideario su sector. En efecto, este proyecto debilita el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos y promueve una visión del Estado como garante de los derechos de los niños según la cual, en palabras de ciertos congresitas, “los niños son antes ciudadanos del Estado que hijos de sus padres”.

Cabe preguntarse dónde ha quedado aquella consiga de “poner a los niños primero”.

De: Daniela Constantino, Asesora Legislativa de Comunidad y Justicia

¿Tiene sentido para Comunidad y Justicia inmiscuirse en el proceso constituyente? En la siguiente nota, Ignacio Suazo explica por qué sí y qué hemos hecho al respecto como Corporación en el último tiempo.

¿Tiene sentido para una ONG de Derechos Humanos especializada en vida, familia y libertad religiosa entrar al debate constitucional? Por cierto que sí y por una doble razón.

En primer lugar, porque de los tres principios ya mencionados, al menos los dos primeros estarán en juego en la discusión por una nueva Constitución. Por cierto, nuestra actual Carta Magna protege expresamente la vida del que está por nacer (Art. 19) y el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos (Art. 10) ¿Se mantendrán ambas indicaciones en el nuevo texto constitucional? La actual composición del Congreso y las tendencias en la opinión pública hacen pensar que es poco probable. A su vez, sin estas garantías constitucionales, hay altas chances que en mediano plazo se aprueben leyes que debiliten la autoridad de los padres o consagren el aborto libre. En el actual proceso constituyente hay, entonces, mucho en juego en nuestra propia cancha. Y debemos hacer algo al respecto.

Pero esto no es sólo una cuestión restringida a los derechos del que está por nacer y de la familia. La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) –nuestra fuente de inspiración– es un corpus de ideas que busca iluminar toda la vida, por lo cual está lejos de circunscribirse únicamente a los temas ya mencionados No hay tema ni problemática en la cual la DSI no tenga algo que decir, motivo por el cual siempre tendremos la oportunidad de contribuir en los grandes debates nacionales.

Cabe destacar que los “aportes” que pueda hacer la DSI a la contingencia política no son meros complementos accidentales o circunstanciales. Muy por el contrario: los principios señalados desde la DSI son nada menos que los pilares esenciales de un orden social y político justo. Es por este motivo que los cristianos involucrados en política tienen el derecho y el deber de buscar estructurar la Constitución en función de estos principios, considerando que de ello depende la que la Constitución sea o no un aporte en conformación de una sociedad asentada en la justicia.

Dicho lo anterior, hay al menos dos principios fundamentales para la DSI, en los cuales tenemos algo que decir. El primero de ellos es el principio de subsidariedad. Todo apunta a que estará en tela de juicio, en buena parte por malas interpretaciones realizadas en el pasado. Habrá, en ese sentido, múltiples voces que llamen a que el Estado asuma un rol más garantista, con miras a asegurar ciertos derechos sociales. Lo anterior, sin embargo, plantea un gran riesgo, a saber, olvidar que las primeras llamadas a hacerse cargo de los desafíos del Bien Común, son las sociedades menores.

Esto último no quita que el Estado pueda y deba asumir ciertas responsabilidades, pero lo hará siempre y cuando estas sociedades menores o grupos intermedios no sean capaces de hacerse cargo de dichas tareas. En ese sentido, imputar todas las responsabilidades al Estado pueda inhibir el desarrollo de grupos y asociaciones que hagan el trabajo de mejor forma y más eficiente que el mismo Estado, dado que estas realizarían unos fines que les son propios.

Un segundo principio que estará en juego es la solidaridad. A diferencia de la subsidariedad, este principio no se encuentra claramente presente en la actual Constitución. La discusión por venir dará entonces la oportunidad de buscar bajadas concretas a este principio que el Magisterio contemporáneo ha llamado con tanta urgencia a poner en el centro. Pues bien, en el actual momento constituyente tendremos esa oportunidad.

Dicho todo lo anterior ¿qué rol es el que corresponde a Comunidad y Justicia en este debate? No es en primer lugar asumir una postura contingente particular, sino dar voz a los principios ya mencionados. En otras palabras, dar voz a la DSI. En esa linea, nuestra Corporación ha trabajado y seguirá haciéndolo en tres lineas de acción.

La primera, será elaborando documentos pensados en informar a la opinión pública. En esa linea escribimos y lanzamos durante octubre un documento sobre aquellos principios que rigen un orden social y político justo. Dicho documento fue por lo demás comentado en su lanzamiento por los profesores Cecilia Rosales (Profesora de Derecho UC), Enrique Navarro (Director del Departamento de Derecho Público UCh) José Ignacio Martínez (Decano Facultad de Derecho, ULA) e Ignacio Covarrubias (Decano Facultad de Derecho UFT), quienes destacaron acertadamente algunas de sus tesis fundamentales: la inconveniencia de entender la Constitución como un “pacto social” y la importancia de considerar principios como el Bien Común, la Solidaridad o la Subsidariedad en el nuevo texto constitucional.

Al respecto, los cuatro académicos se mostraron de acuerdo en que una Constitución, incluso si se la considera como un “pacto social”, debe ajustarse a los elementos identitarios de la nación. Como bien dijo Cecilia Rosales, “los fundamentos de esos acuerdos son el producto de siglos de historia”. Los profesores invitados concordaron además en que lo propio de una constitución es limitar el poder del Estado dentro de un país y establecer los derechos fundamentales de las personas que lo habitan. En ese sentido –como señalaron los profesores José Ignacio Martínez y Enrique Navarro– es problemático esperar que un texto constitucional se arrogue pretensiones refundacionales y capacidad de resolver conflictos sociales, algo que escapa completamente al sentido y alcance de un texto constitucional.

En este último punto profundizó el profesor Ignacio Covarrubias , al indicar que para la ética clásica “la soberanía se encuentra delimitada por ciertas realidades anteriores”. Dicho de otra forma, lo que da eficacia a una constitución política es la virtud de los ciudadanos, algo que el constitucionalismo contemporáneo –al menos mayoritariamente– suele perder de vista.

La elaboración del documento en cuestión nos permitió desarrollar una visión y perspectiva del actual proceso a partir del cual generar charlas. Es así como tuvimos la oportunidad de exponer sobre el proceso constituyente para alumnos de DUOC UC, de las sedes San Carlos de Apoquindo y Plaza Norte. Además, nuestro Director Ejecutivo, Álvaro Ferrer, realizó charlas sobre este tema para religiosas de San Bernardo y al clero de dicha diócesis en general, a dos centros asociados al Opus Dei y una última para el Liceo José María Caro.

En tercer lugar, como Corporación hemos intentado aportar al debate a través de la prensa. Es así como Vicente Hargous ha escrito columnas sobre derecho del niño por nacer y plebiscito, la disyuntiva entre votar apruebo o rechazo y sobre el rol del principio de Solidaridad en la Constitución. Además, nuestro Director Ejecutivo escribió una columna sobre escaños reservados para la población indígena. Por último, el miembro de nuestro directorio, Cristóbal Aguilera, escribió una reflexión sobre el riesgo de sobre dimensionar el rol de las estructuras sociales en la política,a propósito del proceso constituyente.

Cuando hay claridad que en algunos meses más una Convención Constituyente estará redactando una nueva carta fundamental para el país, como Comunidad y Justicia entendemos que tenemos un rol que jugar ahí en aquello nos es más propio. No podemos hacer menos, pues como hemos visto, hay muchas cosas en juego. Y nosotros queremos salir jugando.