En esta reflexión nuestro asesor legislativo, Vicente Hargous, argumenta por qué ningún protocolo ni algoritmo podrá reemplazar el criterio médico.

Hace algunos meses comenzó a discutirse en los medios la pregunta sobre los criterios para determinar a qué pacientes asignar recursos médicos y a qué pacientes no. Hoy cuando los casos de coronavirus abarrotan nuestros hospitales y clínicas, la pregunta por el llamado «dilema de la última cama» dejó de ser un escenario probable para convertirse en una realidad.

Muchas universidades han elaborado ciertos documentos con propuestas traducidas en protocolos de acción. En muchos de ellos (al menos así ocurre en los que hemos podido revisar) se aprecia que la prudencia es pasada en silencio. La prudencia es la razón práctica del médico, su criterio, que determina en el caso concreto qué es lo que corresponde. Toda respuesta que se dé como solución previamente tomada “desde arriba”, por fuerza verá al médico como un técnico que aplica deductivamente una norma, sin margen de apreciación. Y es que las respuestas a las interrogantes éticas no son técnicas, ni son susceptibles de ser traducidas a nivel de política pública, sin caer en una visión ética utilitarista capaz de atropellar la dignidad humana y estar dispuesta a realizar actos injustos, para conseguir ciertos resultados.

Para resolver este problema la autoridad puede (y quizás debe) dar criterios —orientaciones, guías—, pero no algoritmos. Esperamos que en tales orientaciones se reafirme la dignidad intrínseca de cada persona y que no existen vidas más o menos valiosas que otras, cualesquiera sean las circunstancias.