Habiendo finalizado el debate al interior del Consejo nos aproximamos al final del segundo proceso constitucional en Chile. Si bien parece dudoso que una nueva Constitución sea el modo adecuado para solucionar problemas que aquejan a nuestra patria, de todos modos se trata de una oportunidad para reforzar ciertos elementos esenciales para un orden político justo. En esa línea, como Corporación expresamos lo siguiente:

1. El texto aprobado por el Consejo Constitucional da cuenta de una mejora considerable respecto del de la Comisión Experta (e incluso de la Carta actual), en materias de DD.HH. El texto de los Expertos recogía aspectos de nuestra tradición constitucional, pero no se hacía cargo de dilemas del actual momento social y, sobre todo, que dejaba desprotegidos ciertos elementos esenciales para un orden político justo. Un sensible vacío, por todos, era la omisión de la personalidad de los niños no nacidos y el consiguiente reconocimiento de sus derechos.

2. En ese escenario, constituye un clarísimo avance el haber reconocido que el que está por nacer es un “quien”, una persona.Sin duda, es positivo reconocer que todo ser humano es persona, incluyendo al ser humano no nacido, que es un “alguien”.

3. Otro avance relevante es el reconocimiento y protección reforzada del deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, así como a determinar de manera prioritaria su interés superior. De cara a los debates que ya están presentes en Chile, en los que los padres son vistos como “barreras” para el ejercicio de unos supuestos derechos de los niños, es una mejora sustantiva esencial reconocer expresamente y con fuerza el rol prioritario de los padres para definir qué es lo mejor para sus hijos.

4. También son importantes otras mejoras sustantivas: la autonomía de las confesiones religiosas y el reconocimiento de que los atentados contra los templos son contrarios a la libertad religiosa; la clarificación sobre la naturaleza y uso del soft law internacional; la promoción de conciliación entre trabajo y familia; los mecanismos de apoyo a la maternidad; y la garantía de que los establecimientos educacionales podrán elaborar libremente al menos la mitad de su curriculum. 

5. Sin embargo, la siguiente etapa del proceso entraña riesgos de retroceder en lo aprobado por los consejeros, como han adelantado presidentes de partidos políticos: peligra especialmente la norma sobre derecho a la vida de quienes no han nacido. Así, se ha propuesto negociar volver a la redacción constitucional actual, pues permite mantener el status quo de las tres causales de aborto, como si fuesen normas pétreas e inmodificables o inderogables.

6. Consideramos que explicitar que el no nacido es una persona constituye un avance esencial del cual no se puede retroceder. En efecto, el derecho a la vida es la bandera política en la que menos se avanzó, a diferencia de las relacionadas económicas, institucionales, o de seguridad. Resulta inconcebible que se establezcan deberes de protección, respeto y bienestar de los animales (art. 38.8), pero que no exista ninguna innovación sustancial en lo que se refiere a la protección de las personas más vulnerables: los que están por nacer. Quienes dicen defender como un principio no negociable la defensa de la vida del no nacido, deberían tenerla como prioridad en la última etapa del proceso constitucional.

7. Como Comunidad y Justicia, consideramos esencial que en materia de derecho a la vida al menos se mantenga lo aprobado por el Consejo Constitucional ―reconocer al no nacido como un “quien”―, y lo mismo respecto de otros bienes fundamentales para un orden político justo, de los cuales no se puede retroceder sin ser cómplices de un gravísimo daño a nuestra patria.