La abogada de nuestra corporación Rosario Corvalán expuso ante la comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado sobre el proyecto de ley que establece «derechos» en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica.
Este martes, la abogada de nuestra corporación Rosario Corvalán expuso ante la comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado sobre el proyecto de ley que establece «derechos» en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica.
En su exposición, señaló que el proyecto de ley presenta falencias graves tanto a nivel de técnica legislativa como de fondo. Entre los problemas del proyecto, Rosario Corvalán destacó que este da por hecho que el aborto es un derecho en nuestro ordenamiento jurídico, cuando en realidad eso es un error, pues solo existe una despenalización en 3 causales, lo que no conlleva un derecho a exigirlo.
Otro de los problemas del proyecto de ley, según nuestra abogada, es la mención de “la madre o persona que lo gestó” en relación con el hijo. La abogada argumentó que esto es problemático porque sugiere que puede haber una persona que geste al niño pero no sea considerada su madre, lo que va en contra del ordenamiento jurídico chileno, puesto que de acuerdo a nuestro Código Civil “la maternidad queda determinada legalmente por el parto”. Además, como en Chile la materia de los vientres de alquiler no está regulada, la aprobación de esta frase en el proyecto de ley podría dar lugar a abusos. Incluso algunos grupos feministas radicales se han opuesto a esta práctica debido a la cosificación del cuerpo de la mujer que implica.
También, nombró que hay aspectos del proyecto que no solo no resuelven el problema de violación de derechos en el ámbito de la gestación y el parto, sino que pueden crear otros problemas. Por último, destacó que ya existen herramientas jurídicas que permiten abordar estos problemas, por lo que la solución no necesariamente pasa por una nueva ley, sino por una mejor aplicación de las normas vigentes.