El día 18 de noviembre, Cristóbal Aguilera, director de nuestra Corporación, publicó esta columna de opinión en La Segunda acerca del proyecto de Ley de Garantías de la Niñez.

Durante la discusión del veto al proyecto que crea el servicio de protección especializada, la ministra Rubilar argumentó que el Gobierno está comprometido con la aprobación del proyecto de Garantías de la Niñez. ¿De qué se trata?

Este proyecto fue la principal iniciativa en materia de infancia que presentó la expresidenta Bachelet durante su mandato. El proyecto, como lo explicaba en 2015 Estelan Ortiz, entonces secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, busca entrometerse en la relación de los padres con sus hijos. Así, frente a la pregunta sobre si una niña que va a pedir la píldora del día después debe comentarlo a su familia, Ortiz respondía: “No tiene por qué (…) derecho a la intimidad”. En este contexto, el proyecto tiene por objeto asignarle al Estado el deber de garantizar y resguardar la vida personal de la niña frente a la intromisión ilegítima y arbitraria de los padres. Hay que agradecer a Ortiz por su sinceridad.

No es extraño que la principal discusión sobre este proyecto diga relación con el derecho de los padres de educar a sus hijos. El proyecto debilita la autoridad de los padres y ensancha las potestades del Estado a fin de que pueda interferir en la vida familiar. Lo que subyace a la iniciativa es la noción según la cual los niños son absolutamente autónomos, por lo que las limitaciones que los padres puedan establecer en su rol educador deben ser juzgadas y valoradas por el Estado. En esta línea, algunos senadores han llegado incluso a decir que los niños, antes que hijos de sus padres, son ciudadanos. Se instala así una noción dialéctica de la relación filial, que desconfía de los padres y confía en el Estado como garante de los derechos de los niños.

La pretensión de resguardar la autonomía de los niños y oponerla al derecho de los padres no es nueva. La ley de aborto, a partir del concepto de “autonomía progresiva” que el proyecto de Garantías busca consolidar, permite que las niñas menores de 14 años puedan abortar sin el consentimiento y conocimiento de sus padres. Lo nuevo e insólito es el entusiasmo de la ministra Rubilar por aprobar la iniciativa con celeridad. Habrá que preguntarse si el oficialismo le permitirá nuevamente al Gobierno apoyar propuestas que atentan directamente contra principios fundamentales de su sector.