Nuestro asesor legislativo señaló que la propuesta introduce nociones imprecisas que comprometen el principio de igualdad ante la ley.

El 25 de marzo de 2025, ante la Comisión Mixta que analiza el proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.609 (Boletín N° 12748-17), también conocida como “Zamudio 2.0”, nuestro asesor legislativo Gustavo Baehr advirtió que su redacción actual excede los márgenes de una protección razonable y amenaza con debilitar la seguridad jurídica.

Durante su intervención, Gustavo Baehr destacó que, pese a su loable objetivo de combatir la discriminación, el proyecto introduce definiciones y mecanismos que podrían permitir la judicialización de hechos sin afectación concreta de derechos fundamentales. “Estamos todos de acuerdo en que la discriminación debe ser erradicada. El problema es qué entendemos por discriminación y cómo decidimos sancionarla”, señaló.

“Para promover la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, necesitamos más bien escudos que espadas. Lamentablemente, este proyecto opta por lo segundo”. 

Respecto a la tramitación, explicó que el proyecto nació en 2019 por moción parlamentaria, y fue aprobado en general por el Senado con 24 votos a favor. En la Cámara de Diputados, aunque obtuvo aprobación general en la Comisión de Derechos Humanos, fue rechazado en sala. El rechazo incluyó votos de partidos de centro y centroizquierda, lo que motivó la conformación de la actual Comisión Mixta.

Entre sus principales observaciones, nuestro asesor cuestionó la incorporación del concepto de “preferencias” como potencial criterio de discriminación arbitraria, indicando que una preferencia no implica por si misma una conducta ilícita. “Esto permitiría sancionar a un artista por emitir una opinión considerada ofensiva por un grupo”, advirtió.

También, criticó la definición autónoma de discriminación contenida en el proyecto, la cual elimina el requisito de que exista una afectación concreta a derechos fundamentales. Esto —señaló— permitiría activar el funcionamiento de la justicia por hechos que no necesariamente constituyen una lesión real. “Vamos a terminar activando juzgados de letras, que suelen ver pagarés o letras de cambio, para resolver asuntos constitucionales, solo porque algo ‘carece de justificación razonable’, aunque no afecte ningún derecho”,dijo.

Asimismo, Gustavo Baehr expresó reparos por la incorporación al proyecto del artículo 493 del Código del Trabajo, que establece una inversión de la carga de la prueba. Explicó que esta figura es aceptada en el ámbito laboral debido al desequilibrio estructural que existe entre empleador y trabajador, es decir, una asimetría de poder, recursos y capacidad probatoria que justifica un trato diferenciado para proteger a la parte más débil. Sin embargo, advirtió que esta lógica no es aplicable en relaciones horizontales entre ciudadanos, donde no existe una desigualdad estructural similar.

“¿Es justo que un trabajador deba explicar sus decisiones ante otro colega sin jerarquía? ¿O que una organización deba justificar por qué no incluyó a alguien en un debate? Ese tipo de dinámicas no responden a un contexto de poder desigual”, planteó.

Al finalizar su exposición, nuestro abogado agradeció la invitación a la Comisión y reiteró que el debate debe sincerarse, al señalar que todos estamos de acuerdo en la prohibición de la discriminación arbitraria y, que el punto central, son las diferencias que existen en cuanto a la noción de discriminación arbitraria y los mecanismos de sanción que el proyecto establece.

>> Puedes leer la presentación ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aquí.