El Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de la Mujer están trabajando en forma coordinada para introducir un proyecto de ley que asegure supuestos “derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres y hombres, incluyendo el acceso a ciertos tipos de aborto.

Este actuar responde una de las pocas interrogantes que quedaban sobre la agenda oficialista: ¿Sería la promoción del aborto parte de la agenda de salud del Gobierno? Hay antecedentes que hacen pensar no, en particular la ausencia de la Ministra de Salud en dicho trabajo –tratándose de la cartera que pareciera estar más directamente vinculada a este asunto, por ser de su competencia-. Esto no sorprende a quienes hemos seguido la discusión, considerando que importantes autoridades del Ministerio de Salud han defendido una posición pro-vida, conscientes de que la necesidad de legislar sobre el “aborto terapéutico” es un falacia que no tiene relación con la práctica médica de nuestro país. Tampoco es un tema de Salud Pública, pues es incuestionable que la mortandad materna ha disminuido, y no aumentado, luego de que se penalizara nuevamente el aborto a partir de 1989, como bien ha demostrado Elard Koch en su investigación. Las cifras de cientos de miles de abortos clandestinos no son más que un mito, repetido hasta la saciedad para que parezca verdad. En efecto, el empuje pro-aborto no tiene que ver con salud, sino con ideología.

La pregunta central es ésta: ¿Vamos a negar la protección del derecho más básico a los más indefensos de nuestra sociedad? ¿Negaremos su condición de personas? Estamos convencidos de que Chile dirá que no, como lo ha hecho consistentemente en el pasado tanto en su Constitución como en su adhesión al ordenamiento jurídico internacional, que en ningún caso consagra el presunto “aborto derecho”.