Durante esta pandemia la libertad religiosa se ha visto entredicha en más de una oportunidad en nuestro país. Pero en ningún lado con tanto fuerza como en la región del Bío Bío. El mes pasado ya publicamos una nota sobre las complejas resoluciones emitidas por la SEREMI de Salud la Octava Región, que prometían seguir dando que hablar. Lamentablemente no nos equivocamos.

En efecto, el ir y venir de resoluciones emitidas y revocadas, terminó por confundir a las mismas fuerzas del orden, las que –pensando que las actividades religiosas habían quedado prohibidas– detuvieron a dos pastores evangélicos. En el caso de uno de ellos, las cosas fueron aclaradas inmediatamente, al punto que ni siquiera alcanzó a ser formalizado. El segundo tuvo que soportar algunos malos ratos adicionales, pues funcionarios de la SEREMI le pidieron expresamente que no siguiera haciendo cultos públicos y recibió presiones de Carabineros por el mismo motivo en su propia casa.

Ante ese escenario, Comunidad y Justicia ayudó a un grupo de pastores de la región a interponer un recurso de amparo por esta causa, al ver amenazada su libertad de personal. Este fue finalmente declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Concepción como recurso de protección.

Además, el equipo judicial presentó un informe en derecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo mucha publicidad desde el mundo evangélico. Al caso también ayudó un informe solicitado por nuestra ONG al INDH, para iluminar las acciones judiciales del concejal de Chigüallante, que buscaban volver a prohibir la realización de cultos públicos.