Les dejamos a continuación esta carta escrita por Daniela Constantino de nuestro equipo legislativo publicada el 01 de febrero en La Tercera en respuesta a la realizada por la Fundación Iguales.

En carta del sábado, Jorge Lucero, de Fundación Iguales, responde a mi carta del día 27 de enero señalando que nuestro análisis de este proyecto de reforma a la Ley Zamudio sería errado.

Al respecto, señala que el objeto del proyecto es “erradicar, prevenir, sancionar y reparar la discriminación”. No ponemos en duda la intención del proyecto, pero sí cuestionamos el modo en que se intenta concretar dicho propósito.

Hemos señalado que se altera la carga de la prueba, no que se invierte: que la sola presentación de indicios obligue al demandado a justificar su actuar (como dice Lucero) sí implica una alteración de la carga de prueba, como hemos señalado.

También, señala que la eliminación de la sanción para quien denuncia sin fundamentos se justifica por la existencia de la condena en costas. Conforme a la regla general dicha condena se aplica a la parte totalmente vencida, no a quien abusa del proceso sin justa causa. Esto es lo que se pretende remover.

Efectivamente el Código del Trabajo regula los actos de discriminación permitiendo, no obstante, las distinciones justificadas en las calificaciones que requiere un empleo determinado. En cambio, el proyecto de ley elimina la justificación razonable imponiendo un nuevo paradigma: toda distinción (e incluso preferencia) basada en categorías protegidas es considerada arbitraria, salvo prueba del demandado en contrario.

Daniela Constantino

Equipo Legislativo Comunidad y Justicia